La legisladora, de la que no se conoce su nombre, habría informado a Doria Medina sobre vinculaciones de funcionarios de gobierno con el narcotráfico
eju.tv /Video:DTV
El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Badani, ofreció garantías de seguridad a la legisladora que habría brindado información al empresario y político Samuel Doria Medina sobre supuestas vinculaciones de funcionarios del Gobierno con el narcotráfico, con el fin de que identifique a los involucrados.
Asimismo, la autoridad demandó a Doria Medina revelar las identidades de los funcionarios del gobierno de Rodrigo Paz relacionados con los delitos denunciados, para que «sus declaraciones no sean simplemente al calor de los eventos, sino que sepa rendir cuentas y pueda decir realmente de quiénes se trata».
Doria Medina reveló previamente en una entrevista que «en el Gobierno del MAS se cobraba 50.000 dólares por cada avioneta que sacaba 500 kilos de cocaína (…) Este Gobierno [de Rodrigo Paz] habría negociado subir esta tarifa a 70.000 u 80.000 dólares».
Además, el empresario aseguró que una senadora de Beni, de quien no precisó la identidad, le informó sobre el hecho. Ante las inmediatas reacciones de la opinión pública que exigían revelar nombres, la autoridad aclaró este martes que puso dicha información en conocimiento del jefe de Estado.
Ante esto, Badani garantizó la protección de la asambleísta para que se apersone ante las instancias correspondientes y dé cuenta de todo lo que sabe, permitiendo activar una investigación inmediata que determine responsabilidades.
«En el tema de la legisladora, el Gobierno va a dar todas las garantías. No estamos luchando contra la ciudadanía, estamos luchando contra el narcotráfico y contra la criminalidad. Queremos avanzar, no queremos ocultar ni tapar nada. Este es un Gobierno decidido a trabajar y a limpiar nuestra nación», afirmó en entrevista con el canal DTV.
Un día antes, la autoridad había emplazado a Doria Medina a acudir al Ministerio Público y presentar pruebas, advirtiendo que no hacerlo implica «perjudicar y obstaculizar la lucha contra el narcotráfico».
