Los Tiempos
Editorial
El narcotráfico, en sus diferentes manifestaciones, ha recobrado fuerza desde la llegada del MAS al Gobierno de la nación.
No existe un control efectivo en el inicio del circuito: las plantaciones de coca
Los resultados podrían hacer pensar que Bolivia está logrando un éxito espectacular en la lucha contra el tráfico de drogas, con una fuerza policial que no se cansa de descubrir fábricas a lo largo y ancho del país. Se trata de una visión engañosa y que, por el contrario, está confirmando que esa actividad ilícita crece en una proporción que hará imposible controlarla.
Las cifras son elocuentes y demuestran que la situación, lejos de estar bajo control, amenaza con rebasar la acción policial, por más efectiva que esta sea. En los primeros ocho meses de este año se han destruido 3.411 laboratorios de cocaína, con un promedio de 426 mensuales y 14 diarios.
Las actividades de los traficantes se están diseminando por el todo el territorio nacional, lo que hará más difícil tanto la destrucción de las fábricas como los decomisos del alcaloide. En sólo tres días, 186 laboratorios fueron hallados en una operación de «barrido total» de la zona del Valle Alto del Departamento de Cochabamba, un indicativo fehaciente de que la pasta base está siendo trasladada desde el Chapare hacia centros urbanos provinciales donde se completa el proceso de cristalización.
Es un negocio asegurado, al que nunca le faltará la materia prima; si hasta el 31 de agosto se destruyeron 5.421 pozas de maceración en el Chapare, cabe preguntarse cuántas más existen en esa extensa zona tropical o cuántas más se instalan en reemplazo de las descubiertas. El decomiso de cocaína en Bolivia es otra señal del auge en que se encuentra esta floreciente industria. Hasta esa misma fecha fueron incautadas 19, 2 toneladas de droga con diferentes grados de pureza; de acuerdo a estadísticas, las capturas no pasan de la mitad de lo que efectivamente se produce.
Las tareas de interdicción no serán satisfactorias mientras no se encare con resolución el control de los cultivos de coca. El Gobierno sostiene que mantendrá inalterable la erradicación forzosa en las zonas prohibidas; tal propósito no es fácil si se tiene al frente a un sector envalentonado, cuyo máximo líder es el propio Presidente de la República. Los cocaleros se sienten protegidos y con licencia para hacer lo que les venga en gana; la semana pasada, pretextando ser «colonos», intentaron tomar el campamento de la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la erradicación, exigiendo se les autorice el cultivo de un cato, en Yapacaní, zona declarada libre de la hoja.
Bolivia se encuentra, por lo tanto, ante un problema que puede tener repercusiones muy graves. La imagen del país está en entredicho ante una comunidad internacional preocupada por los altos índices del consumo de drogas y conocedora de que el circuito de la cocaína se inicia en las plantaciones de coca, hacia las cuales el régimen masista muestra una peligrosa permisividad.
El narcotráfico, en sus diferentes manifestaciones, ha recobrado fuerza desde la llegada del MAS al Gobierno de la nación; si no se controla a quienes comienzan esta cadena delictiva que, dicho sea de paso, constituyen el bastión del régimen, las posibilidades de combatirlo son escasas.