Editorial de La Patria.
En nuestro país cada día es más difícil expresarse libremente, pretender hacerlo sin limitaciones es una aventura peligrosa que puede terminar con un allanamiento de vivienda o del sitio de trabajo, simplemente porque la opinión vertida no satisface las expectativas políticas del poder vigente o porque revela hechos irregulares cometidos por sus protagonistas.
En todo caso las libertades ciudadanas están siendo conculcadas con aval del propio Gobierno cuyos dignatarios, por lo que dicen las denuncias, son directos impulsores de la violencia contra ciudadanos que se animaron a denunciar lo que está fuera de la ley o aquello que representa flagrante injusticia.
Algún político que pasó por otras épocas en las que el país se sumió en la vorágine del terrorismo de Estado y se conculcaron los derechos ciudadanos no ocurrió lo que ahora acontece con abierta alevosía contra periodistas y sus instrumentos de trabajo, pero inclusive contra sus familiares y puede suceder que se vean afectados también algunos medios de comunicación.
Decir la verdad es un riesgo latente y es tan peligrosa la situación que algunos ministros, a los que con mucha aproximación los llamaron “del Apocalipsis”, están en abierta y denodada tarea de acallar a los que “mienten” aunque sus opiniones sean verdades que no pueden taparse con una mano ni el montaje de videos y menos con la violencia protagonizada por “encapuchados”, son tiempos peligrosos y de mucha preocupación.
Por todas estas circunstancias a las que se suma la incertidumbre sobre el futuro de la libertad de expresión cuando todavía persiste la intención de aprobar un texto en el que se afectan las libertades de expresión y de prensa como sucede con el Art. 108 y su inciso II que señala: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”, sale lo más claro quién definirá lo que no es veraz o responsable…? Serán los censores que puedan designarse y los que definan la suerte de los periodistas, vulnerando el derecho ciudadano a informarse veraz y responsablemente. Este artículo debe ser excluido como lo han planteado los organismos del periodismo nacional, tanto en sus organizaciones gremiales, profesionales y empresariales porque constituye un flagrante atentado a la libertad de expresión en toda su magnitud.
Frente a la intención de limitar las libertades más preciadas de las personas, la respuesta de todo el sector de la información es que eliminando ese artículo se respete y se dé mayor vigencia a la Ley de Imprenta, el instrumento más idóneo para regular el trabajo de los periodistas y el respeto al derecho de opinión y expresión que tiene cualquier ciudadano.
Cuando se debaten los temas más sensibles de la Ley de Leyes es oportuno insistir en adecuar la misma a las exigencias colectivas y no a las ideas de los sectores políticos que en este tiempo quieren imponer consignas que están fuera de la Ley. Respetar la libertad de expresión es respetar la democracia.