Editorial de Los Tiempos.
Los bolivianos estamos pues, ante este como en muchos otros casos, viviendo una situación límite. Estamos a punto de cruzar un punto sin retorno lo que hace más urgente que nunca una muy vigorosa reacción de la sociedad para detener, antes de que sea demasiado tarde, la abolición de nuestros derechos fundamentales.
Hace unos días, la 64ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que tuvo lugar en Madrid, España, emitió un documento en el que se puntualizan diversas obstrucciones y violencias que sufren los medios de prensa en la región. Y confirmando una tendencia que no deja de agravarse con cada día que pasa, Bolivia ocupa, con Cuba y Venezuela, un lugar destacado entre los países que más contribuyen a que balance de este año sea por demás negativo.
En las conclusiones de la Asamblea, la SIP identifica cuatro principales amenazas contra la libertad de expresión en América: La violencia física contra los periodistas, el deterioro de las relaciones entre los Gobiernos y la prensa, el uso de fondos públicos para presionar sobre la labor periodística y las leyes de acceso a la información pública.
Como es fácil verificar, pues no hay día que pase sin que alguna acción gubernamental dé pie a ello, en Bolivia esos cuatro factores ya son algo más que simples amenazas. Son ya hechos consumados que permiten afirmar, sin riesgo de caer en exageraciones, que la libertad de prensa en nuestro país está en su peor momento desde que hace 26 años se recuperó la democracia y la vigencia del Estado de Derecho.
Pero como si las acciones de hecho no fueran suficiente motivo de alarma, el gobierno del Movimiento al Socialismo se propone legalizar el espíritu de intolerancia que anima sus actos mediante su proyecto de Constitución Política del Estado.
Como se sabe, entre los muchos excesos contenidos en tal documento figura el artículo 108, mediante el que, por encima de la Ley de Imprenta, vigente desde 1925, se pretende aplicar un sistema de control de la actividad periodística asignando al gobierno de turno la facultad de decidir quién informa u opina con objetividad y veracidad y quién no.
El proyecto de Constitución del MAS literalmente plantea que “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”. Elocuentes muestra de cómo ese artículo sería interpretado lo dan frecuentemente tanto funcionarios gubernamentales como dirigentes de los “movimientos sociales”, que poco dispuestos a que su labor sea objeto de críticas, dirigen cada vez más agresivos ataques verbales cuando no físicos contra periodistas y medios de comunicación.
Los bolivianos estamos pues, ante este como en muchos otros casos, viviendo una situación límite. Estamos a punto de cruzar un punto sin retorno lo que hace más urgente que nunca una muy vigorosa reacción de la sociedad para detener, antes de que sea demasiado tarde, la abolición de nuestros derechos fundamentales.
Desgraciadamente, y eso también hay que decirlo, la tarea de defender las libertades básicas se ve dificultada por la acción de provocadora de individuos y organizaciones que, a nombre de la oposición, actúan tan irresponsablemente como algunos agentes gubernamentales con lo que allanan el camino a las acciones de hecho.
Lo ocurrido durante las últimas horas con motivo de la detención de dirigente riberalteño que desde un medio de comunicación instigó a delinquir, y la manera como fue detenido por fuerzas represivas del gobierno, es un ejemplo de lo anteriormente dicho.