No cuentan con el permiso de la Alcaldía de La Guardia. La urbanización Los Piyos comprende de 160 casas de las cuales 60 están terminadas y que forman parte del Programa de Vivienda Social y Solidarias financiada por el Gobierno actual.
Gobierno va tras Linares y 4 arquitectos son liberados
• Lomas de Arena • Construyeron una urbanización sin autorización de la Alcaldía de La Guardia.
El Nuevo Día
Un total de 60 casas, de las 160 previstas, están listas para ser habitadas, pero son ilegales. Estas viviendas financiadas por el Gobierno fueron construidas sin permiso del municipio de La Guardia hace dos meses.
En el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia (entrando ocho kilómetros) se edificaron las casas que forman parte del Programa de Vivienda Social y Solidaria del Gobierno.
En la urbanización Los Piyos las casas están terminadas. Sin embargo, la obra ha sido paralizada hace dos meses, los motivos se desconocen, tampoco se sabe qué banco o cooperativa fue la intermediaria porque los adjudicatarios se niegan a dar datos. Incluso al sereno que cuida las viviendas le ordenaron que no deje ingresar a la prensa.
“Me ordenaron que no deje tomar fotos y que filmen, pero el terreno es grande para estar de un lado a otro”, dijo el sereno.
La empresa Casas Novas construyó las viviendas, según algunos vecinos lo hicieron rápidamente. En el letrero ubicado en la entrada a la Urbanización Los Piyos dice que el financiamiento del Gobierno es por 10.560.000 bolivianos.
En el Plan Regulador de la Alcaldía de La Guardia no existe la documentación que avale esta construcción, como ser el permiso para el uso de suelo y plano de ubicación de la obra.
El alcalde Jorge Morales se mostró sorprendido por la edificación de esta urbanización y ha ordenado una investigación para esclarecer este caso. No se descarta que existan otras urbanizaciones que fueron edificadas sin autorización.
No es la primera vez que las casas financiadas por el Gobierno han sido observadas. En Montero, Puerto Suárez y Guarayos los adjudicatarios se quejaron porque no les terminan sus viviendas y algunos casos por el retraso en la construcción. En Puerto Suárez, un adjudicatario que prefirió el anonimato, informó que la construcción de su casa no avanza.
Destrucción de viviendas destapó corrupción
Urbanización La Comarca • La destrucción de más de 100 casas el 28 de octubre por parte de la Alcaldía de Santa Cruz en la urbanización La Comarca, ubicada en el kilómetro 9 de la carretera al Norte, destapó un escándalo donde se vio involucrada la Cooperativa Sudamérica. Las casas demolidas formaban parte del Plan Nacional de Vivienda.La cooperativa Sudamérica pagó $us 400.000 al Banco Unión por los terrenos y que luego fueron vendidas al Gobierno por más de $us 2 millones. Para ello Sudamérica usó a Miciel Alma Rodríguez Suárez, trabajadora de la estación de servicios Ametauná de propiedad de Miguel Ángel Linares.
entrevista
‘La empresa constructora debe mostrar el permiso’
Jorge Morales, alcalde de La Guardia
¿Sabía usted sobre la construcción de esta urbanización en el Kilómetro 9, toda vez que está ubicada en el municipio de La Guardia?
Sabía algo, pero pensé que se habían seguido todos los pasos como dice la norma. Desde el municipio de La Guardia no se ha emitido permiso para construir alguna urbanización. De todas maneras la empresa constructora tiene que mostrar los documentos, eso se investigará.
¿Es la única urbanización ilegal en La Guardia financiada por el Gobierno?
Estoy a la espera de toda la documentación, habrá que ver si existen otras urbanizaciones. El departamento encargado de las construcciones tomará cartas en el asunto porque no se puede construir viviendas sin previo permiso del municipio.
¿Sabe si es que la cooperativa Sudamérica fue la intermediaria en esta urbanización?
No tengo esa información, después de las investigaciones daremos con los responsables y los notificaremos. No sabemos si es que la empresa constructora les vendió directamente a los adjudicatarios las viviendas, hay varias cosas que aclarar.
Gobierno va tras Linares y 4 arquitectos son liberados
Demolición. El presidente de la cooperativa Sudamérica es investigado por su actuación en la quiebra del banco Bidesa. Los ex funcionarios municipales no pagarán la fianza de Bs 20.000
Apelaron. Los cuatro ex funcionarios municipales lograron su libertad irrestricta para defenderse en el juicio oral
El Deber
Igor Ruiz
Luego de 35 días de que 104 casas de la urbanización Vallecito I fueran demolidas por el municipio de Santa Cruz de la Sierra, hoy el Gobierno presentará la ampliación de querella ante el Ministerio Público contra el presidente de la cooperativa Sudamérica, Miguel Ángel Linares, y pedirá que le revoquen las medidas sustitutivas para que sea detenido en la cárcel de Palmasola. Por su parte, en la audiencia para resolver las medidas cautelares contra los cuatro ex funcionarios de la oficialía mayor de Planificación, fueron levantadas por lo que los sindicados se defenderán en libertad irrestricta y ya no deberán pagar los Bs 20.000 de fianza que le habían impuesto a cada uno.
El asesor jurídico del Ministerio de Obras Públicas, Humberto Quispe, reveló que hoy presentará el requerimiento ante la comisión de fiscales que investiga el caso de presunta corrupción en la adquisición de los lotes para la construcción del programa habitacional que apoya el Gobierno en Vallecito I, II y III.
“Estamos acopiando las pruebas contra Miguel Ángel Linares, para ello hemos pedido la colaboración de la Superintendencia de Bancos y del ente regulador de las cooperativas en el país para ver por qué no objetaron a la cooperativa Sudamérica, cuyo presidente tiene arraigo del caso Bidesa, aquí parece que hubo tráfico de influencias. Luego solicitaremos la revocatoria de la medida sustitutiva y hasta el 20 de diciembre esperemos que esté detenido”, dijo.
La comisión de fiscales, que indaga estos hechos, recibió el 1 de diciembre de parte del Ministerio de Obras Públicas la querella “en contra de los que resultaren autores, instigadores, cómplices y encubridores por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes”, reza el pedido.
Se agregó que ante el peligro que hay de fuga y el riesgo de obstaculización de parte de los autores, por lo que solicitaron la detención preventiva de los mismos en la cárcel de Palmasola. Esta investigación también incluirá a los funcionarios y ex funcionarios del Viceministerio de Vivienda.
Acerca de la querella por complicidad en el uso indebido de influencias, el abogado defensor de Linares, Abel Montaño, dijo que no puede enmarcarse en dicha figura, porque su cliente no es funcionario público. “No he sido notificado sobre la intención del Gobierno de ampliar la querella contra mi cliente”, aseveró.
Por otra parte, en la audiencia desarrollada ayer en la sala penal segunda de la Corte Superior de Justicia, el tribunal compuesto por Adhemar Fernández Ripalda y Édgar Molina Aponte determinó que Álvaro Enrique Mier Barzón, Isabel Vera Cañellas, María Ernestina Costas Aguilera y Percy Vargas Brítez se defiendan en libertad irrestricta, porque consideraron que la jueza que atendió la audiencia cautelar se contradijo, porque al mismo tiempo de reconocer que no corre el peligro que fuguen del país, ya que tienen domicilio y actividad laboral conocidos, les impuso una fianza de Bs 20.000. Tampoco ven la posibilidad de que los imputados obstaculicen el proceso de investigación, toda vez que tras ser destituidos de sus cargos no volvieron por las oficinas municipales.
Terminada la audiencia, Isabel Vera, la ex jefa del departamento de Regulación Urbana, indicó que “es diferente sentirse en libertad irrestricta sin la humillación de acudir cada semana a firmar un libro. Seguiremos defendiéndonos para demostrar que sólo hicimos cumplir la normativa”, refirió.
Por su parte, la ex directora de Regulación Urbana María Ernestina Costas manifestó que “se hizo justicia y demostraremos que actuamos en el estricto cumplimiento de nuestro deber como funcionarios municipales”, acotó.
Sin embargo, el representante del Gobierno, Humberto Quispe, anunció que planteará un amparo constitucional contra la referida sala penal y luchará porque el juicio se traslade a Cochabamba, por ser el distrito judicial más cercano a Santa Cruz.
Paso a paso
– 28 de octubre. La demolición de las casas financiadas por el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) en la zona de Vallecito comenzó a las 9:30, por órdenes de funcionarios de la oficialía mayor de Planificación del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Debido a la gravedad del hecho, el alcalde Percy Fernández destituyó a seis funcionarios, entre ellos al oficial mayor de Planificación, Álvaro Mier.
– 31 de octubre. El Ministerio de Obras Públicas pidió la detención de Percy Fernández y el resarcimiento de daños por Bs 17,6 millones.
– 2 de noviembre. La presunta vendedora de los terrenos de Vallecito I, Miciel Rodríguez, declaró ante los fiscales luego de conocerse un presunto caso de corrupción por sobreprecios en la venta de los lotes. Se conoce que la cooperativa Sudamérica era la intermediaria en los préstamos que daba el Gobierno.
– 4 de noviembre. Declararon las ex autoridades de la oficialía mayor de Planificación y los fiscales ordenaron su detención. Dos días después recibieron medidas cautelares, con fianzas de Bs 20.000 y fueron liberadas.
– 15 de noviembre. Luego de ser buscado durante varios días, Miguel Ángel Linares, presidente de la cooperativa Sudamérica, se presentó ante la Fiscalía en la clínica Kamiya, donde estuvo internado. Al día siguiente fue liberado bajo fianza de Bs 50.000.
Ronald Choque fue citado dos veces por edicto
Luego de ser citado dos veces mediante edictos de prensa, al no ser habido en los domicilios conocidos, Ronald Choque Aguilar, el guardia de seguridad de los surtidores del presidente de la cooperativa Sudamérica, Miguel Ángel Linares, y que aparece como ‘palo blanco’ de éste, será imputado por los fiscales que indagan sobre la presunta corrupción en la compra y venta de lotes donde se construyeron varias urbanizaciones que fueron financiadas por el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS).
El hombre no fue visto nunca más por la calle 27 de Mayo de la zona El Bajío, donde convivía con Miciel Alma Rodríguez Suárez, otra ex funcionaria de Linares que ofició de compradora de los terrenos donde se ejecutaron las viviendas del programa Vallecito en una zona en litigio entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes.
Los fiscales aseguraron que la querella contra Miciel Rodríguez está lista desde la anterior semana, pero aún no se la presentó hasta que se defina la situación de Linares, de que si le revocan o no las medidas sustitutivas que le impuso el juez Zenón Rodríguez.