La juez dijo que la ex asesora de Santos Ramírez es con probabilidad autora.
Niegan libertad a Ticoco, implicado en asesinato. Defensa de Ramírez suspendió petición de libertad
Asesoramiento: el abogado de Carmona (centro) lee un documento para su defensa
La Prensa
La defensa de Esther Carmona dijo que ella fue directora legal de YPFB por “azares del destino”.
Esther Carmona, asesora legal y “brazo derecho” del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, fue remitida preventivamente a la cárcel de Obrajes por estar presuntamente implicada en la constitución irregular de la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) y en la firma de un contrato para la recalificación de garrafas y del alquiler de un taladro.
Carmona es la primera acusada encerrada por este caso. Otro de los implicados, Guillermo Aruquipa, ex superintendente de Hidrocarburos, declarará el lunes.
Entretanto, el ex gerente de YPFB-SIPSA Rogelio Ashimine, sobre quien pesaba un mandamiento de aprehensión, reapareció ayer y fue notificado por la Policía a través de su abogado, Gary Peña. Se prevé que en los próximos días declare en la sede del Gobierno.
En este mismo proceso, al menos 16 personas están siendo investigadas.
La juez Cuarta de Instrucción en lo Penal Cautelar de la Corte de Distrito de La Paz, Margot Pérez, ordenó su detención en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en la audiencia de medidas cautelares desarrollada ayer.
La autoridad judicial concluyó que existe riesgo de obstaculización de la justicia porque la acusada podría influir en las personas procesadas en este mismo caso y existe la probabilidad de que Carmona sea autora o haya participado en la constitución irregular de esa empresa.
Los presuntos delitos por los que la Fiscalía la investiga son uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
La sociedad anónima mixta (SAM) YPFB-SIPSA fue constituida por Ramírez el 4 de septiembre del año pasado. Por ese entonces, Carmona era asesora legal de la estatal petrolera.
Sin embargo, esa alianza adolece de irregularidades. Para empezar, el ex titular de Yacimientos compró, en agosto de 2008, las acciones de Full Industry, una empresa recalificadora de garrafas que estaba en quiebra.
Según la Fiscalía, en su calidad de asesora, Carmona debió haber advertido que la compañía estaba en bancarrota, por lo que incumplió sus deberes.
Los abogados de la ex asesora alegaron que su defendida no fue contratada como asesora jurídica y que “por azares del destino” llegó a ocupar el cargo de directora legal. Ambos hechos fueron tomados por la juez Siles como elementos que demuestran que la acusada podía negarse a formar parte del Directorio después de conocer las irregularidades en su constitución.
Carmona arguyó que no existen legajos que la relacionen con la conformación de la cuestionada empresa.
Sin embargo, la juez Siles consideró el hecho de que la acusada fue vicepresidenta del Directorio de esa compañía.
Precisamente, otra de las irregularidades fue que el Directorio, integrado por el ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio (presidente), Reynaldo Marín (Director) y Nelly Salvatierra (síndico), aprobó el Testimonio 669/2008, el cual confiere una amplia potestad a Ashimine para el manejo de los recursos de la empresa.
Los defensores de Carmona no pudieron demostrar que ella no participó en las reuniones de esa instancia en las que se aprobó el Testimonio 669/2008 a favor de Ashimine y alegaron desconocer la existencia de ese poder.
Empero, la Fiscalía entregó una copia a la juez Siles, quien concluyó que YPFB pagó por los contratos con el dinero de la población, lo que significa daño económico.
La ex asesora de Yacimientos también es investigada por daño económico al Estado porque YPFB-SIPSA recibió un desembolso de 1,8 millones de dólares.
Sin embargo, durante su intervención, la ex asesora de Ramírez negó la existencia de documentos que prueben el desembolso de dinero a favor de YPFB-SIPSA.
Más irregularidades
Entre otras anomalías en la administración de YPFB-SIPSA, Yacimientos contrataba y pagaba a los empleados.
Además de ello, dos semanas después de la constitución de esa empresa, Ramírez ordenó a las gerencias nacionales de Planificación y Administración Financiera la entrega a esa compañía de equipos para la recalificación de garrafas que eran propiedad de YPFB.
Carmona también afronta otro proceso, por la contratación de la sociedad accidental Catler-Uniservice y YPFB, proceso en el que se le acusa de haber formado parte de la comisión de calificación que favoreció a la firma con la adjudicación del contrato.
Aruquipa se desvincula de Santos, niega ser allegado
El ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa negó ayer que fuera hombre de confianza del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, quien se encuentra recluido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz como sospechoso de corrupción.
En declaraciones a la Red Erbol, la ex autoridad relató que en 2003 fue contratado como asesor de la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados por invitación del presidente Evo Morales. Dijo que dos años antes había empezado a trabajar con la bancada del MAS en el Congreso, incluso ad honorem (sin salario) y que en ese tiempo conoció a Ramírez.
“Pero yo nunca fui amigo de años (de Santos Ramírez) porque le conocí en los pasillos del Congreso”. Añadió que en 2005 el MAS logró el control de la Comisión de Desarrollo Económico, oportunidad en la que lo contrataron como secretario técnico para llevar adelante la redacción de una nueva Ley de Hidrocarburos, por la experiencia adquirida en el trabajo congresal.
“Ahí no tuve nada que ver tampoco con Santos Ramírez, sino me designaron por una decisión política. Nada tuvo que ver Santos para llevarme, aunque en esos dos momentos dicen que fui su hombre de confianza y que fui incluso su asesor, pero no fue así”.
Aruquipa declaró que fue invitado por el presidente Morales para ocupar los cargos de Viceministro de Explotación y Producción en el Ministerio de Hidrocarburos en 2006, Presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en 2007 y Superintendente desde abril de 2008 hasta el miércoles pasado. Dijo que en ninguno de los casos influyó Ramírez.
El funcionario renunció a su cargo el 2 de abril a raíz de su implicación en la investigación sobre la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA). En esa indagación, el ex Superintendente pasó de ser testigo a sospechoso tras conocerse la Resolución 0895/2008, que benefició a la empresa cuestionada.
Edictos para citar a Melano
El Ministerio Público convocará mediante edictos al representante legal de la asociación accidental Catler-Uniservice Agustín Melano para que declare sobre la firma del contrato para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Para ello, los fiscales esperan que la juez Cuarta de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, apruebe el documento.
Melano firmó el contrato respectivo con el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez el 18 de julio del año pasado.
El argentino es el principal ejecutivo de la firma Catler Corporation International, que formó parte de la sociedad accidental a la que se adjudicó el proyecto.
Sin embargo, no tiene domicilio conocido en el país puesto que cuando se le adjudicó el proyecto gasífero indicó como dirección la oficina de la firma boliviana.
Los fiscales comenzaron a investigar la contratación de Catler-Uniservice tras el robo y asesinato a uno de sus socios, Miguel O’Connor D’Arlarch.
Juez niega libertad a Ticoco, implicado en un asesinato
Defensa de Ramírez suspendió petición de libertad
Regreso: un policía conduce a Fernando Córdoba de regreso al penal
Santos podría pedir su libertad después de que Rogelio Ashimine declare o sea aprehendido.
Bajo el argumento de que puede influir sobre otros testigos, protagonistas y peritos investigadores del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, el juez Williams Dávila declaró improcedente el pedido de cesación de la detención preventiva de Luis Fernando Córdoba, “Ticoco”, mientras la defensa dejó en suspenso el pedido de libertad de Santos Ramírez.
El 27 de enero, el empresario tarijeño fue asesinado en el zaguán del edificio donde reside Gonzalo Aramayo —primo hermano de la aún esposa del ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jiovana Navia Doria Medina—, en la avenida Tejada Sorzano, hecho de sangre que destapó irregularidades en el manejo de la empresa nacionalizada.
O’Connor D’Arlach era gerente de la sociedad accidental Catler-Uniservice, contratada por YPFB para construir una separadora de líquidos en Río Grande, departamento de Santa Cruz.
Córdoba, junto con su hermano Ernesto, están acusados de ser los autores intelectuales de ese crimen, por lo que ambos permanecen recluidos en el penal de San Pedro.
El juez Dávila, para asumir la determinación, consideró también el dudoso prestigio de los negocios de Córdoba vinculados a locales nocturnos y lenocinios.
El abogado del acusado, Williams Sánchez Peña, sostuvo que en la audiencia cumplida ayer se desvirtuaron cuatro de los cinco motivos por los que su cliente permanece en prisión, pues demostró que tiene domicilio fijo, un trabajo estable, mostró voluntad para colaborar en el proceso de investigación y no interferirá en ella, pero el juez valoró la posibilidad de que podría influir sobre los peritos.
“Solicitaremos una certificación a la Fiscalía en sentido de que mi cliente no buscó o trató de influir sobre los peritos que realizan estudios sobre el caso”.
Sánchez Peña estimó que contará con ese documento en el plazo de unos 15 días, cuando volverá a presentar una solicitud similar, que el juez Dávila deberá considerar, y expresó su esperanza de que lo haga a favor de su defendido.
José Luis Paredes, abogado de Santos Ramírez, planteó suspender la audiencia de cesación de la detención preventiva de la ex autoridad de YPFB porque todavía no han prestado declaraciones ocho personas vinculadas al caso, pues consideró que la juez observaría que su cliente pueda influir sobre ellas.
Ésa fue la única razón por la que la juez Siles dispuso la detención preventiva de Ramírez, el 12 de febrero, que en materia penal es el peligro de obstaculización a la investigación.
Hasta el momento, cinco de esas personas ya comparecieron ante los fiscales y restan Rogelio Ashimine, José Baldivieso y Nelson Cabrera. Los dos últimos ni siquiera fueron citados por el Ministerio Público, en tanto que cuando el primero comparezca o sea aprehendido se podrá plantear la solicitud respectiva.
Sin embargo, el fiscal Edward Mollinedo criticó que la defensa de Ramírez hubiera pedido suspender esa audiencia en razón a que “no estaba segura de lo que estaba haciendo”. El representante del Ministerio Público aseguró días antes que “haría hasta lo imposible” para evitar la libertad del enjuiciado”, por cuanto existen los indicios de comisión de irregularidades en YPFB.
Abogado denuncia demora
Jorge Gutiérrez Clavijo, defensor de Rufino Rodríguez Coca, sindicado de ser el autor material del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, el pasado 27 de enero, denunció ayer que el Ministerio Público demora la ampliación de las declaraciones confesorias de su cliente en forma injustificada, por lo que solicitará al juez de control jurisdiccional, Williams Dávila, pida un informe a la Fiscalía para que explique las razones de esta dilación.
La respuesta a esta solicitud aún estará en suspenso, porque el fiscal asignado, Luis Mamani, está en vacación, y el fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, quien ya tiene el cuaderno de investigación en sus manos, designará a otro representante del Ministerio Público para que continúe con la investigación.
“Mi cliente se autoincriminó porque le hicieron firmar a golpes unos papeles en blanco que, posteriormente, fueron llenados con una declaración que nunca hizo, pero no podemos cambiar aquello, mientras el Ministerio Público no nos lo permita”.
Cuando Rodríguez Coca hizo esta denuncia, efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Cochabamba, donde formuló esa confesión, desmintieron el exceso y aseguraron que hizo la declaración en forma voluntaria.