Fiscal Soza anunció que recibirá las declaraciones el próximo jueves. Gobierno acusa a opositores de defender a célula terrorista.
El fiscal Marcelo Soza, exhibió fotografías de los mercenarios internacionales abatidos por la policía local a mediados de abril en Santa Cruz (foto archivo)
La Paz, 18 mayo (ABI).- El fiscal Marcelo Soza, que investiga el grupo irregular de mercenarios europeos desarticulado hace un mes en Santa Cruz, anunció que recibirá las declaraciones informativas de Ignacio Villa Paz, alias El Viejo, el próximo jueves y, más tarde, a cívicos, empresarios y políticos de ese departamento en el este de Bolivia, tal vez involucrados en la gestación secesionista encomendada al boliviano-croata-húngaro, Eduardo Rózsa.
«El viernes, luego de haber declarado en Cochabamba (ante la Comisión Especial Multipartidaria donde confirmó los nexos de personalidades de Santa Cruz con la célula de milicianos), funcionarios policiales han citado a esta persona a efectos que preste declaración en calidad de imputado. El jueves prestará declaración en horas de la mañana», dijo en declaraciones a la ABI.
Aseguró que a «El Viejo» se le tomará declaración en calidad de denunciado y, en esos términos, la Fiscalía decidirá su situación jurídica, una vez escuche su confesión.
Villa Paz, que se alineó en el grupo de Rózsa, se encuentra en Cochabamba (centro de Bolivia) bajo estrictas medidas de seguridad.
Asimismo, dijo que resta por declarar «un montón de gente», entre los que se encuentran representantes del Comité Pro Santa Cruz, empresarios y autoridades políticas de ese departamento, aunque no especificó la fecha en que se tomará declaraciones.
Varios testimonios de testigos y acusados en el caso de terrorismo han identificado al líder cívico y acaudalado empresario y terrateniente Branko Marinkovic y al prefecto Rubén Costas, entre otros, de haber apoyado a la célula de milicianos contratados para promover, por la vía armada, la secesión de Santa Cruz de Bolivia.
«Estamos en eso», dijo Sosa quien anunció también que en las próximas horas podrá tomar causa de toda la información almacenada la computadora de Rózsa, que se valía del húngaro Tibor Révész para generar un grupo subversivo de ultraderecha en el país.
La información contenida en ordenador incautado a Rózsa y Révész develará nuevos datos sobre las acciones terroristas que planeaba este grupo y también nombres de otros implicados.
«Estamos esperando la apertura de la computadora, de los «flashes» (memoria digital) y de las cámaras que tenía el grupo. En el transcurso de hoy (lunes) me harán la entrega», señaló.
El fiscal manifestó que extenderá el espectro de su investigación a Pando, Beni y Tarija donde presumiblemente, el grupo armado tendió enlaces para crear y armar mercenarios para dividir geográficamente Bolivia.
«Hay bastante gente que está siendo investigada. Estamos gradualmente haciendo la investigación. Si es que hay involucrados en esos departamentos, los vamos a tomar en cuenta», afirmó.
Gobierno lamenta que algunos opositores se conviertan en defensores de oficio de célula terrorista
La Paz, 18 mayo (ABI).- El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, lamentó el lunes que algunos políticos de la oposición se han convertido en «defensores de oficio» de la presunta célula terrorista que comandaba el boliviano-croata-húngaro, Eduardo Rózsa, desbaratada el pasado 16 de abril en Santa Cruz.
«El gobierno está muy preocupado no sólo por algunos diputados de la oposición, que son miembros de la Comisión investigadora, sino de senadores de la misma línea que se están convirtiendo en defensores de oficio de quienes están siendo investigados en este caso», argumentó en Palacio de Gobierno.
Llorenti mostró un diario de Santa Cruz que, con declaraciones del diputado Pablo Benegas, del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), afirma que «sin evidencias, el caso de terrorismo quedó en show».
El Viceministro dijo que esas afirmaciones alimentan una «lógica distractiva que pretende tender un manto de impunidad y de olvido sobre uno de los episodios más graves que la historia registra en el país».
A su juicio hay hechos absolutamente verificables en el caso, por declaraciones de los miembros del grupo irregular desarticulado en Santa Cruz, cuyo objetivo final era la división de Bolivia, además que ese grupo separatista y terrorista, planificaba un magnicidio y el asesinato de otras personalidades.
«¿Alguien tiene alguna duda sobre eso?», preguntó Llorenti justificando su acusación contra los opositores.
Agregó que queda por investigar «quiénes son los que los han traído al país, quiénes financiaron sus actividades y quienes aportaron con decenas de miles de dólares para la consolidación de este grupo terrorista».
«Hacemos un llamado a los miembros de la oposición de esta comisión y a otros que aparecen oficiosamente para tratar de tender este manto de impunidad en este caso», subrayó al exigir al Ministerio Publico y al Poder Judicial de ser implacables contra aquellos que han pretendido, actuado y han financiado acciones con el propósito de dividir Bolivia.