Ministro admite fracaso del Plan Vivienda

Hoybolivia.com denunció en marzo que la corrupción hizo fracasar plan de vivienda solidaria del gobierno

LA PAZ. Fuente: HoyBolivia.com

image El ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, confesó este jueves que el publicitado Plan de Vivienda Social (PVS) que anunció el gobierno al inicio de su gestión y que contaba supuestamente con casi 100 millones de dólares resultó un fracaso, confimando de esa manera la denuncia que hizo Hoybolivia.com en el mes de marzo.



El ministro, en declaraciones exclusivas a la Red Erbol, anunció además que el gobierno no podrá ni siquiera cumplir ni siquiera con todas las solicitudes de construcción de unidades habitaciones que hasta el momento ya fueron aprobadas.

Explicó que en lista hay 82 mil solicitudes de unidades habitaciones, de los cuales el Comité de Administración ya aprobó 28.858; sin embargo, de esa cantidad sólo podrán entregar 10 mil viviendas este año, publica la red Erbol en su portal.

“Con las 28.858 solicitudes de viviendas, que ya fueron aprobadas, no se va poder cumplir, eso lo aclaro para que no creemos falsas expectativas, cuando la gente hace que su proyecto se apruebe cree que ya está construido, no, no, no, o sea, aquí estamos trancados y el país lo tiene que saber”, manifestó.

Indicó que con el PVS histórico o anterior prevén entregar ocho mil viviendas este año y con el nuevo Plan de Vivienda Social y Solidaria de Transición (PVS – T) dos mil unidades más, haciendo un total de 10 mil, mientras 30 mil estarán en proceso de construcción.

“Pero hemos fracasado en la primera etapa de este plan, no hemos construido ni mil viviendas en el primer tramo, por eso mejor no crear falsas expectativas y nos trazamos un horizonte alcanzable”, agregó.

Señaló que en el PVS histórico el monto de inversión para construir unidades habitaciones alcanza al menos 90 millones de dólares y en el PVS – T 60 millones de dólares.

“En total el plan de vivienda nacional tendrá una inversión de 150 millones de dólares. Tenemos un histórico y una transición, porque queremos transitar a una política nacional de vivienda, ahora tenemos programas pero no una política, es decir, sólo hacemos casas pero no soluciones, como los servicios básicos, para eso tenemos que abrir otro proyecto”, puntualizó.

HOYBOLIVIA DENUNCIÓ LA CORRUPCIÓN

El pasado tres de marzo, Hoybolivia.com denunció que el plan de vivienda del gobierno había fracasado por la corrupción de sus funcionarios y por el manejo discrecianal de sus recursos. La nota de Hoybolivia a continuación.

El Plan de Vivienda Solidaria diseñada y ejecutada por el gobierno con un fideicomiso de 130 millones de dólares fracasó debido a la enorme corrupción imperante en niveles superiores del Poder Ejecutivo y, por consecuencia, instancias de intermediación que hasta el momento permanecen impunes pese a anuncios oficiales de investigación y sanción.

Se trata de un escándalo mayor al de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) donde la corrupción, hasta el momento, alcanza a un proyecto de 86,3 millones de dólares. En este caso, se trata de 130 millones de dólares pero, además, desembolsos por 50 millones de dólares, incumplimiento de contratos e inexistencia de éstos, adelanto de cheques sin proyectos aprobados, falta y vencimiento de boletas de garantía y otras irregularidades y delitos atribuidos a, por lo menos, cuatro ministros y cinco viceministros.

De acuerdo a los datos investigados, conocidos y denunciados reiteradamente por la red de televisión “Cadena A”, el fideicomiso significaba la adjudicación, construcción y entrega de 14.000 viviendas, pero sólo 300 fueron entregadas en dos años pese a que 50 millones de dólares, el 40 % del monto total ya fue pagado, y sólo se cumplió con el 2 % de las viviendas.

LAS “IRREGULARIDADES”

En las últimas horas se conoció de varias “irregularidades” cometidas en la planificación, licitación, adjudicación y ejecución de los distintos programas y proyectos del Plan de vivienda gubernamental, sin embargo, estas “irregularidades” se encuentran tipificadas como delitos en la Ley del Sistema de Administración, Control y Fiscalización (SAFCO), el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y, por tanto, exigen la inmediata intervención del Ministerio Público en cumplimiento de su función constitucional y la norma que rige sus actuaciones.

De acuerdo con la documentación mostrada en las emisiones informativas por “Cadena A”, la mayor parte de los cheques de adelanto y pago fueron emitidos a empresas constructoras sin que los proyectos siquiera hayan sido aprobados y por la sola urgencia de que el jefe cocalero y presidente, Evo Morales, los entregue en actos públicos.

Se reveló que, por ejemplo, la empresa Prisma fue acreedora a Bs. 6 millones, pero durante un año no tuvo orden de ejecución de obras a tal extremo que, en este y otros casos, venció la boleta de garantía por Bs. 14 millones. Los proyectos en las urbanizaciones El Piyo, Chiriguano, Terrado, Buena Vista, El Porvenir, San Blas, Vallecito I y II y otros fueron “apurados” sólo con la finalidad de lograr la promoción del Plan por parte de Morales Ayma, empero, no se cumplieron derivando en una “monumental corrupción”, pese a que el actual ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, minimizó su gravedad al proponer “ver el futuro”, no el pasado.

FRACASO TOTAL

La ahora ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, reconoció la existencia de “irregularidades” en el Plan de Vivienda Solidaria comprometida por el jefe cocalero y presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, quien hasta ahora no cumplió no obstante el tiempo transcurrido y sus efectos sociales.

“Nos aplazamos en vivienda”, sostuvo el diputado de la línea dura del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, a tiempo de admitir que el Ministerio Público y el propio gobierno deben realizar una ”profunda investigación”  para establecer el destino de los 130 millones de dólares entregados a FONDESIF y de éste a intermediarios financieros y empresas constructoras.

Nombres de varios presuntos responsables comenzaron a circular en esta ciudad, entre ellos, el ministro de Hacienda, Luis Arce, ministros y viceministros del área como Jerjes Mercado, Oscar Coca, Rogelio Ashimine, José Kinn, Gabriela Montaño, Salvador Ric, lo mismo que aquellos intermediarios que manejaron millonarios recursos como Miguel Linares, de Cooperativa Sudamericana, la empresa Jerusalem, Mutual Guapay y firmas constructoras.