Gobierno exige arraigo a vinculados en caso Rózsa y también la anotación preventiva de los bienes de las personas que están fuera del país.
Despedida. Rubén Costas estuvo dos días en Sucre en los festejos del Bicentenario
Costas pide a Sosa citación inmediata
Terrorismo. El prefecto solicitó al fiscal Sosa que lo convoque de una vez para terminar con el ‘show’, pero no irá a La Paz. Dirigentes de empresarios creen que debe llegar a la sede de Gobierno
Crece la polémica en torno a la posibilidad de que el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, sea citado a declarar en La Paz por su presunta vinculación con el supuesto grupo terrorista que lideraba el extinto Eduardo Rózsa Flores. Por lo pronto, la Fiscalía apunta a los directivos de Cotas y de Fegasacruz.
Ayer, a su retorno de Sucre, donde participó de los festejos del Bicentenario, el prefecto Rubén Costas pidió al fiscal que investiga el caso de supuesto terrorismo, Marcelo Sosa, que lo cite de “una vez para terminar con el show mediático que se asemeja a una telenovela mal contada”; sin embargo, reiteró que no irá a La Paz.
“La Constitución Política que pregona el fiscal Sosa y que ha sido promovida por su partido, el MAS, dice que se debe respetar la competencia y jurisdicción. Por ello, debo someterme a un juez natural y por eso le digo a Sosa que me cite de primero para acabar con la telenovela chavista”, dijo Costas, que reiteró que su declaración la realizará en Santa Cruz.
Según ABI, para los empresarios privados de Bolivia, Rubén Costas debe presentarse a declarar en la Fiscalía de La Paz para demostrar su inocencia y descartar su vinculación con supuestos actos secesionistas y terroristas.
El vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Fernando Antezana, señaló que todo ciudadano citado por la ley debería cumplir con ese compromiso.
Para Carlos Flores, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), la primera autoridad política de Santa Cruz debe declarar en la ciudad de La Paz como cualquier otra persona. «Como todo ciudadano está obligado a cumplir, si él tiene que venir (a La Paz), tiene que venir. El que nada tiene, nada teme, y yo creo que él no puede ser la excepción», precisó Flores.
Ayer, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Óscar Urenda, rechazó toda intervención o citación de la Fiscalía que no se adecue a los procedimientos regulares y que esté fuera de la jurisdicción del juez natural del lugar de los hechos que se investigan.
Demandan consenso sobre bienes
El debate entre Poder Ejecutivo y los empresarios privados de Bolivia, realizado ayer en La Paz, sobre el decreto supremo que decomisa bienes, llegó a la conclusión de que la nueva norma requiere un estudio más detenido y profundo para buscar consensos y garantizar la tranquilidad, la seguridad y los bienes de los bolivianos.
Por el Gobierno participaron los ministros Walker San Miguel y Héctor Arce; los que consideraron los aspectos negativos del decreto fueron: la Defensora del Pueblo, Rielma Mencias; Bernardo Wayar, Audalia Zurita y Carlos Alarcón.
Para el titular de la CEPB, Gabriel Dabdoub, el Gobierno tiene la obligación de proteger a la sociedad y al Estado de los embates terroristas, pero debe hacerlo enmarcado en la ley.
Gobierno exige arraigo a vinculados en caso Rózsa
Terrorismo. Los abogados del Ministerio de Gobierno también piden la anotación preventiva de los bienes de las personas que están fuera del país. Emitieron citación contra directores de Fegasacruz
Implicado. Juan Carlos Gueder (derecha) hoy le explicará al fiscal Velásquez la forma violenta en que fue detenido
El Deber
M. Chuquimia / C. Peña y Lillo
El arraigo a las personas comprometidas en los supuestos hechos de terrorismo y la anotación preventiva de los bienes de los que ya dejaron el país, fueron las solicitudes que presentaron ayer los abogados del Ministerio de Gobierno ante la jueza décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles. El fiscal Marcelo Sosa, que investiga el caso, negó tener conocimiento de la petición.
El representante del Ministerio Público dijo que citará a las personas que salieron del país a través de edictos públicos. “Si no se presentan, el siguiente paso es recurrir a la Interpol para que emita una orden de captura internacional”, señaló.
Luis Hurtado Flores, Alejandro Melgar Pereira, Hugo Achá, Juan Carlos Velarde y Lorgio Balcázar son las personas que están fuera del país, según se conoció oficialmente.
El abogado del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, señaló que el pedido se sustenta en el hecho de que varios de los implicados, después de conocerse una convocatoria de la justicia, se fueron al exterior. “Para estas personas deben cerrarse las fronteras”, afirmó.
Según el fiscal, los involucrados en el caso están en su derecho de pedir las medidas que consideren adecuadas para impulsar la investigación, pero puntualizó que le corresponde a la jueza Siles la decisión de arraigar o no a los implicados.
Hasta el momento sólo existen tres imputados, se trata del húngaro Elöd Tóásó, el boliviano-croata Mario Tadic y el denominado ‘testigo clave’, Ignacio Villa Vargas. El fiscal recibió las declaraciones de al menos 50 personas y ayer, por la mañana, envió otras 35 notificaciones para que declaren otros dirigentes.
El titular de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, César Navarro (MAS), informó de que todos aquellos que fueron citados por esta instancia abandonaron el país. Dijo desconocer el paradero de Carlos Guillén, que no declaró ante los diputados. Sin embargo, esa versión del congresista no fue confirmada.
Navarro reveló que en las audiencias en Santa Cruz, una persona que compareció ante los parlamentarios y que solicitó el anonimato, dijo que tres dirigentes campesinos frecuentaban las oficinas de La Torre, que era la casa de campaña por la Autonomía. Ellos habrían recibido apoyo, según el diputado del oficialismo.
Ayer, Sosa también informó que hoy a las 9:00 el perito informático le entregará los resultados de los dispositivos electrónicos y las cinco computadoras que la Policía encontró en el hotel Las Américas.
Indicó que no existe fecha para conocer qué elementos contenían las laptops incautadas a los supuestos terroristas y afirmó que desde hoy los investigadores analizarán toda esta información en espera de las declaraciones de directivos de Cotas y de Fegasacruz, que fueron incluidos en la lista de los citados hecha pública ayer por el Ministerio Público.
Investigan denuncias de torturas
Una comisión de la Fiscalía de La Paz, presidida por Roger Joaquin Velásquez Alcázar, está en Santa Cruz de la Sierra para conocer los detalles de las presuntas torturas a las que fueron sometidos Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, implicados en un supuesto grupo terrorista desarticulado el pasado 16 de abril.
El representante del Ministerio Público se entrevistó ayer con Mendoza y se espera que hoy preste su testimonio Gueder, que dice tener dolores corporales por los golpes que recibió cuando lo llevaron por tierra de Santa Cruz a La Paz en un vehículo pequeño.
De acuerdo con Denver Pedraza, abogado de Gueder y de Mendoza, este último señaló en su declaración que cuando fue detenido observó al fiscal Marcelo Sosa y al agente del Ministerio de Gobierno Norberto Clavijo, que le hizo seguimiento al presunto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa.
“El fiscal debió haber precautelado los derechos de los detenidos y no lo hizo. Ellos fueron golpeados durante todo su viaje hasta la sede de Gobierno”, afirmó Pedraza, que en la tarde esperó en la casa de Gueder la llegada de la comisión que investiga el delito de incumplimiento de deberes en contra de los policías y el fiscal Sosa. Sin embargo, no llegó el representante del Ministerio Público y se espera que lo hagan en esta jornada.
Fiscal pide no especular con el caso
En el Ministerio Público hablan de indicios que vincularían a la empresa de juegos CorHat Bolivia S.A. con el financiamiento a la presunta organización del terrorismo, desarticulada el 16 de abril.
“Estamos indagando, no quiero que se especule al respecto”, dijo el fiscal, quien anunció la anotación preventivamente de los bienes de Hugo Antonio Achá Melgar y de Alejandro Melgar, porque supuestamente financiaron al presunto grupo terrorista liderado por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores.
El fiscal asignado al caso terrorista, Marcelo Sosa, recibió la semana pasada las declaraciones del representante legal de CorHat, Ronald Alberto Suárez Salvatierra, quien negó haber entregado recursos económicos al grupo denominado La Torre, a la Unión Juvenil Cruceñista y a la agrupación subversiva de Rózsa.
Por su parte, el representante de CorHat, Ronald Suárez, calificó sus posibles implicaciones con el grupo de Rózsa como una broma de mal gusto, al considerar que no tuvo ningún tipo de relación con ninguna organización irregular, menos con actividades terroristas en el país. /ANF
Más detalles
– En la lista de los directivos de Fegasacruz que serán citados por la Fiscalía están: Guido Nayar, Eduardo Cronenbold Arias, Eduardo Jiménez Flores, Luis Alberto Molina, Marcos Fernández M., María Antonieta Colamarino di Silvio, Hugo Salces Santistevan y Alberto Vásquez Escalante.
– De acuerdo con el fiscal Marcelo Sosa, estas personas deben presentarse entre mañana y el viernes en las oficinas del Instituto de Investigaciones Forenses, en la sede de Gobierno.
– Un grupo de organizaciones sociales del departamento emitió un voto resolutivo en el que declaran personas no gratas a los fiscales paceños. Además, se ponen en estado de alerta permamente y respaldan a los dirigentes Martha Lazo, Marcial Fabricano y Víctor Hugo Velasco.
– En la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, se debatió el alcance del decreto de confiscación.