Dictadura. En Santa Cruz la resistencia buscó salvar la democracia

Las voces contrarias al golpe y el ex prefecto cruceño del régimen de García Meza hablan sobre ese 17 de julio. Una guerra subterránea combatió al poder anclado en La Paz

Desaparecidos, la deuda pendiente de García Meza

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Prueba. El periodista Kreidler guarda el sello rojo que alguien de Migración le puso en su pasaporte el 24 de julio de 1980

El Deber

Roberto Navia

A las 8:30 del 17 de julio de hace 29 años, el mirista Rolando Aróstegui estaba en el centro de la ciudad, eligiendo el color de su terno para asistir a la posesión de Hernán Siles Suazo que en unos días, el 6 de agosto de ese convulsionado 1980, tendría que haber recibido el poder de manos de la presidenta Lidia Gueiler Tejada. Pero nada de eso ocurrió.

A esa hora, también recibió un mensaje en su bíper y se enteró de que el general Luis García Meza le había dado un nuevo tiro a la democracia a través de un golpe de Estado. Esa misma mañana, sacó una bolsa con ropa de su casa, se declaró en la clandestinidad y desde la sombra de unos bigotes obligados y unos lentes transparentes dirigió la resistencia popular en un tiempo en el que la comunicación boca a boca, los grafitis, los manuscritos en cualquier pedazo de papel y la prensa artesanal eran las armas más temidas por la bota militar.

A Rolando Aróstegui alguien le había soplado de que no pase por la Federación de Fabriles porque le dijeron que ahí estaban matando. El que sí estaba era Nicolás Ribera (que ahora es segundo vicepresidente del Comité Cívico), cargando la fuerza de sus 17 años y el socialismo taladrándole gozosamente la cabeza. En las afueras del búnker de los fabriles, Ribera sintió los zumbidos de las balas merodeándole las orejas y a tres  insurgentes vio caer con botones de sangre en el cuerpo. Antes de que la barricada quede a merced de la furia paramilitar, el joven socialista se camufló entre otra gente y se perdió por las calles de una ciudad que acababa de enterarse de que una nueva dictadura gobernaba a sus anchas desde Palacio Quemado.

  El golpe se veía venir, recuerda la analista política Susana Seleme, y dice que así lo anunciaban descaradamente los sectores más trogloditas de las FFAA, pues la democracia, recién conquistada, no iba con ellos y que el brutal asesinato de Luis Espinal, en marzo del ‘80, fue premonitorio.

El 17 de julio, a las 8:45, Seleme recibió una llamada de la dirección del MIR: “El golpe ha empezado en Trinidad”, le dijeron. Avisó a la dirigencia de su partido y algunos de ellos, como en todo el país, se reunieron en las centrales obreras, desde donde y al amparo de los Comités de Defensa de la Democracia, pensaban tomar acciones para defenderla. “Nada se pudo. Ese golpe era para matar a la democracia, a sus hombres y mujeres. Con la pesadumbre por los muertos, sin saber el destino de los heridos, los presos, ni de muchos compañeros, entramos a la clandestinidad”, rememora Seleme. 

Ese mismo día cayeron detenidos cuatro hombres de la oposición: Guillermo Capobianco, Jorge Méndez, Guido Áñez y Ronelo Barbery.

Paradojas de la vida, diez años después de aquel alzamiento militar, Luis Arce Gómez fue arrestado en la gestión de un Guillermo Capobianco que ocupaba el mismo Ministerio, el del Interior, con el que Arce Gómez cogobernó el país junto a Luis García Meza.  

Desde la otra vereda de la historia, Oscar Román Vaca también tiene su versión. Él era el prefecto de Santa Cruz durante el año de la dictadura. Desde su consultorio médico de una clínica de la ciudad y con el peso de sus 68 años, ahora recuerda que fue uno de los que se opuso a que el golpe empiece en Santa Cruz (se gestó en Trinidad) y que ese mismo 17 varios civiles empezaron a buscar pegas en  la Aduana, en la Renta y que el entonces comandante de la Octava División, el general Echeverría, le preguntó si quería ser prefecto. “Acepté con la condición de que a los detenidos no se los lleven a La Paz”, enfatiza.

La prueba de fuego no tardó en llegar. Al enterarse de las detenciones, cuenta que llamó al Presidente de facto y que éste, desde su trono de Palacio en La Paz, le preguntó ¿quién lo nombró Prefecto a usted? Puso a disposición su cargo, pero el general hizo memoria y recordó que Román Vaca fue el presidente del Comité pro Santa Cruz (entre el 72 y 76), cuando él estaba de comandante en Roboré. “Hugo Banzer nos tenía jodidos a los dos”, cuenta que le dijo García Meza. Ahí quedaron en que los detenidos sean llevados en una avioneta a Paraguay.

De las salas de tortura, Román Vaca afirma que había cosas que el prefecto no sabía.  Rolando Aróstegui es uno de los que dice que existieron. Pero ahora que el tiempo ha pasado, lo que no ha podido olvidar es que durante nueve meses no habló con su familia y que para ver a sus hijos, gente de su confianza los llevaba a alguna esquina de la ciudad para que cuando él pase en un vehículo por ahí, los pueda ver desde la ventanilla de ese motorizado, que seguía camino con rumbo desconocido.

  Testimonios 

Guillermo Capobianco, Ex ministro del Interior

A eso de las 10:00 junto a Jorge Méndez fuimos detenidos en la calle Junín. Veinte paramilitares prepararon armas y yo pensé que nos fusilaban. Nos trasladaron a una casa y nos metieron en un clóset, después en un ropero hasta que logramos tener una empatía con nuestros captores a tal punto que  conversamos de política y hasta estaban dispuestos agarrarse a tiros con otros paramilitares para evitar que seamos llevados a La Paz. Al quinto día, cuando nos subimos a una avioneta rumbo a Paraguay, la despedida fue muy emotiva.

Rebeca Ibsen C., Activista contra las dictaduras

Mi padre y mi hermano fueron asesinados en la dictadura de Hugo Banzer. Entonces, con ese antecedente, nos autoexiliamos en la casa. Yo tenía 18 años. Estudiaba Derecho, pero mi permanencia en la Universidad era condicional porque por el tema político me pusieron el rojo. Ya como abogada investigué las dictaduras desde Barrientos. Todas han sido abusivas. La tortura es el corazón de la dictadura y se la practica incluso en democracia. Tengo procesos contra el Estado por 15 violaciones a los DDHH.

Bismarck Kreidler, Periodista

Yo era ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. El 24 de julio, por razones particulares yo estaba viajando a Buenos Aires y en El Trompillo un funcionario de Migración, cuyo director era José Canudas, me puso el sello de deportado. Atiné a salir del lugar. Si hubiera llegado a Ezeiza seguramente iba a desaparecer. Después fui a la oficina de Migración y dijeron que había una equivocación y me pusieron  el sello azul. A partir de ahí mi trabajo se encaminó al periodismo deportivo porque no había condiciones laborales.

Un golpe más y el daño al país

Carlos Valverde  Bravo | Analista Político

Yo diría que Santa Cruz vivió el golpe con expectativa; la mayoría de las instituciones ‘del oficialismo’ cruceño no estaban de acuerdo con la señora Gueiler; muchos de sus componentes habían aplaudido el golpe de Natusch. Recordemos que aún eran reacios a la idea de una democracia que se veía tenía que funcionar sin ellos en el poder, aunque había otro grueso de personas que lo tomó con preocupación; un golpe más, le hacía daño al país, sobre todo si García Meza y Arce Gómez estaban a la cabeza; ambos eran conocidos como militares duros y con vínculos con el narcotráfico. Yo viví aquel momento con temor; por dos cosas: traté de organizar una especie de resistencia desde la universidad, salimos hasta el cine Florida a enfrentar el golpe, lo hicimos con piedras… Mi segundo temor era que no sabía de mi hermano que estaba resistiendo cerca de lo que hoy es Destellos y que en el lugar hubo bajas. No supe de él hasta tres días después; estaba escondido y de ahí salió al exterior.

Desaparecidos, la deuda pendiente de García Meza

Dictadura. El régimen de facto gestó un plan de persecución y asesinatos que siguen teniendo repercusiones hasta hoy. El proceso que juzgó a los autores condenó a 46 de los 56 acusados

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Terror. La asonada fue brutal. Los militares no escatimaron esfuerzos para repeler a la población. Los excesos no cesaban

Gustavo Ondarza, El Deber

La deuda pendiente que tiene el Gobierno de facto del dictador militar Luis García Meza con la historia y los familiares son los desaparecidos durante su régimen.

Hasta hoy, según datos oficiales, existen 27 personas que fueron detenidas por motivos políticos en ese entonces y nunca más se supo de ellas.

Con la encarcelación del ex ministro del Interior Luis Arce Gómez  en Chonchocoro, se tiene la esperanza de saber el destino que tuvieron los aprehendidos, pero hasta ahora el encargado de dirigir la represión no ha abierto la boca.

Juan del Granado, actual alcalde de La Paz y el principal abogado de la parte civil que llevó adelante el juicio de responsabilidades contra el régimen de García Meza, señaló que pese a la insistencia no se pudo saber sobre los desaparecidos.

“En 1993, cuando concluyó el proceso, se tenía la esperanza de que comenzaran a hablar los sentenciados, pero no fue así. Ahora esperemos que hable Arce Gómez”, comentó.

El proceso del que habla y que posibilitó sentenciar con la pena máxima que prevén las leyes bolivianas a los principales gestores del gobierno de terror, como lo califican algunos, hizo posible que se sienten en el banquillo a casi la totalidad de los 56 acusados, 46 de los cuales recibieron su respectiva condena.

Wálter Delgadillo, que en esa época también impulsó el juicio de responsabilidades, dijo por su parte que la ubicación de los cuerpos de los desaparecidos es una exigencia que no debe cesar y que se tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para ubicarlos.

Por su parte, familiares de Carlos Flores Bedregal, uno de los desaparecidos, y que estuvieron el día que llegó Arce Gómez expulsado de EEUU, exigieron a las autoridades competentes ver la forma legal para hacer que el ex ministro dé pistas sobre el lugar donde está enterrado el cuerpo de su allegado.

El reclamo es una constante desde hace 29 años. La Asociación que aglutina a los familiares de desaparecidos ha realizado permanentes gestiones para tal fin, pero sin resultados, confesó su representante Delia Cortez.

Así, este régimen, el más cruel de acuerdo con testigos y víctimas y el que puso al país en el ojo del mundo por su relación con el narcotráfico y que llegó al poder mediante el terrorismo, sigue con una deuda de peso: ¿dónde están los desaparecidos?

La versión corresponde al periodista Iván Canelas, hoy en función de portavoz presidencial. “Por eso seguirá abierta la herida, una herida que lacera”, apuntó.

La maquinaria represiva al frente de Arce Gómez la conformaba un ejército de unos 800 paramilitares dispersados en todo el país.

Éstos, en coordinación directa con el mandamás del terror, ejecutaban las redadas y detenciones a quienes consideraban peligrosos para el Gobierno de facto.

Los actuales miembros del Alto Mando Militar aseguran que las Fuerzas Armadas no tienen registros que permitan ubicar a los desaparecidos, aunque más de uno lo duda.

En ese sentido, según fuentes de la institución castrense, se ha aceptado la presencia de expertos en documentación clasificada para que indaguen  sus archivos. Quizás con ello, se pueda encontrar cómo cerrar esa herida lacerante.

Suárez Gómez, el enlace narco

Roberto Suárez Gómez, primo hermano del Cnl. Luis Arce Gómez, fue el enlace principal del Gobierno de García Meza con el narcotráfico. Según su propia versión, el entonces llamado ‘rey de la cocaína’ fue convocado por el régimen de facto para sacar a Bolivia de la pobreza extrema.

La declaración está señalada en una biografía autorizada por Suárez Gómez desde la cárcel en la que se encontraba confinado a finales de la década de los 90.

En el escrito señala que los cabecillas de la dictadura militar le propusieron elaborar un plan a base de la producción y venta de cocaína para financiar programas estatales.

Resalta que fue inducido a traficar cocaína “no solamente por el Gobierno de García Meza, sino por la Agencia de Lucha Antinarcóticos (DEA) y por la Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos”.

Al otrora rey de la cocaína, Arce Gómez le dio como apoyo para que realice sus actividades ilícitas un escuadrón de paramilitares a los que se los conocía como los ‘Novios de la muerte’. Estaban comandados por el criminal nazi Klaus Barbie o Klaus Altman que cumplía el rol de asesor de la dictadura en Bolivia.

Suárez, en su biografía, da cuenta de que los militares de entonces y que estaban en el gobierno, le indicaron que no debía espantarle la idea de delinquir, “porque era por una buena causa, que era la de promover el desarrollo y sacar a Bolivia de la pobreza”

El enlace del ‘narcogobierno’ con Suárez Gómez era tan directo que éste tenía conocimiento en detalle de las acciones antinarcóticos para zafarse de las mismas. Murió el año 2000.

Es difícil que se repita la experiencia

Róger Tuero | Politólogo

No creo posible que se pueda imitar un régimen como el que impuso García Meza por un factor principal: el mundo ahora es unipolar, no existen dos polos ideológicos que se enfrenten y estén apadrinados por las potencias.

Además, con los convenios internacionales y la cohesión de los organismos de asociación democrática sería complicado que algún dictador trate de imponer un gobierno sustentado, por ejemplo, en el narcotráfico.

Sin embargo, el riesgo siempre existe, pero, insisto, lo veo muy difícil.

En cuanto a la deuda que tiene el Gobierno de García Meza, es infinito. Cómo va a poder pagar el daño que ha causado con la muerte de personas, eso es impagable. Pero debo resaltar que este legado viene de todos los gobiernos de facto militares y, por lo tanto, es una sombra que nos perseguirá siempre.

  Cifras negras 

Asesinatos. Organizaciones de DDHH dicen que en el régimen de García Meza se asesinó a 500 personas y hubo 4.000 detenciones ilegales.

Desaparecidos. Juan Aramayo Vallejos, Ariel Valdivieso, Bernardino Félix Cazas Rojas, Julio Condori Chura, Julio C. Delgado Echenique, Gregorio Escalera Mendoza, Carlos Flores Bedregal, Carlos Gutiérrez Gutiérrez, Miguel Huarachi Mamani, Carmelo Lima Mamani, Ernesto F. Laime Choque, Ester Tita Manzano Coronado, José L. Martínez Machicado, Ludgardo Medrano Sanjinez, Octavio Mendoza Arismendi, Francisco Poma Mamani, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Freddy Quisbert Montes, Elías Raphael Flores, Eduardo Rodríguez Mattos, Germán Terceros Gutiérrez, René Chalco Sánchez, Renato Ticona Estrada, Ángel R. Tarquino Sánchez, Ademir Villegas Landívar, Ismael Torres y Gualberto Vega.

Robo. En el régimen de facto se sustrajo de las bóvedas del Banco Central el diario del Che Guevara. También los vidrios ray ban de la piscina olímpica de La Paz y se hizo un contrato de concesión ilegal para la explotación de piedras semipreciosas de La Gaiba.