DANTE N. PINO ARCHONDO
Tenemos treinta mil hectáreas de coca, es decir 18 mil más de las permitidas por la ley, que manda la mantención de doce mil en aquellas zonas declaradas como tradicionales en su cultivo y que se entiende son para atender el acullico de la población indígena que tiene esta costumbre.
Con una disposición de orden menor a la ley, el gobierno por decreto, decide elevar el número de hectáreas a veinte mil, lo hace porque le dio la gana, así de simple. O no tan simple, lo hace porque tiene que pagar el voto condicionado que le dieron. El hecho es que lo hace. Y la comunidad internacional, esa que antes echaba el grito al cielo, cuando los gobiernos anteriores no erradicaban el cupo que les asignaban y lanzaban denuestos y cortaban la ayuda, en señal de disconformidad con lo actuado, esa misma comunidad hoy día mira al cielo y se hace de la “vista gorda”.
Esto ayuda a los cocaleros en función de gobierno a proseguir con la expansión de la hoja de coca, que se han atrevido a declararla en la constitución política del Estado, como patrimonio nacional. Declaración que implica cuando menos que la hoja de coca no puede ser extinguida, menos erradicada y al contrario, debería ser cuidada y venerada allí donde crezca.
En otras palabras el narcotráfico tiene un país donde la coca es sagrada y patrimonio nacional, por tanto, tiene materia prima asegurada para su negocio. En este sentido, los dirigentes cocaleros, nombrados como funcionarios gubernamentales para, paradójicamente, asegurar que el Estado no incentive ni favorezca su cultivo y menos producción fuera de los alcances que la ley manda, han ideado nuevas condiciones, que les permitan hacer todo lo contrario a lo que la ley manda.
Y dicho y hecho. Ahora resulta que el 62 por ciento de la población boliviana acullica. Es decir, mastica coca en la boca y absorbe con la saliva sus componentes orgánicos. Como el 62 por ciento, para los extranjeros, puede parecer algo normal, o sea, cultural en Bolivia, ya que consideran a este país, como país de indígenas, que viven con plumas en la cabeza y lanzas en la mano, el porcentaje no resulta increíble, ni raro.
Partiendo de este porcentaje, el gobierno de la coca, mediante declaraciones de su senador: Vilca, del Vice Ministro de la coca: Cáceres y la misma Presidencia de la República, lanza la idea de que la expansión del cultivo de la coca, debe alcanzar las 30 mil hectáreas. Es que un gobierno como este, no puede dejar de escuchar la demanda y pedido del pueblo boliviano que en el 62 por ciento, dice, que mastica la hoja de coca.
De acuerdo a datos que se tienen en el blog de Ernesto Justiniano, en la producción de cocaína, hemos pasado de 113 en 1997 a 200 toneladas este año. Por eso las incautaciones de pasta básica subieron de 4 mil a 26 mil en el período 1998-2008 y las de cocaína cristalizada de 362 a 7.200 kilos.
Es decir a mayor producción de la hoja de coca, mayor producción de pasta básica y cocaína. Una relación directa, que se siente en los bolsillos de los cocaleros, en el Chapare, en los Yungas, sino, véase el tema de La Asunta, cuyo crecimiento exponencial de la coca, la sitúa como el segundo productor de los Yungas, que de la nada ahora tiene más de 4 mil hectáreas de coca.
Todo esto viene acompañado de una gratificante donación, que los cocaleros harán al candidato Evo Morales en coca para financiar su campaña. Pocos podrían dudar ahora, de las manos en las que ha caído el Estado Plurinacional, de los fines que persigue y de la economía en la que se sustenta.
No contentos con generar este escenario dibujado para hacer del Estado Plurinacional territorio libre del narcotráfico, comienzan a prepararnos para hacer un referéndum que pregunte a ese 62 por ciento por qué les dicen masca coca-pico verde.