Recluido en Chonchocoro, cumple una condena de 30 años por los crímenes de la dictadura. El ex ministro repasará algunas de sus anotaciones para ver si «recuerda algo importante para la investigación», dijo su abogado.
Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior. – Los Tiempos Foto | Los Tiempos
Por Efe | – Agencia – 14/08/2009
LA PAZ |Arce Gómez, de 71 años, fue interrogado en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde está recluido desde el pasado 9 julio para cumplir una condena de 30 años por los crímenes de la dictadura.
El abogado de Arce Gómez, Milton Suaznábar, dijo que su defendido sostuvo ante los fiscales que no recuerda nada porque han transcurrido muchos años y considera que por el momento no sería prudente hacer una declaración.
«Tiene la intención de colaborar en la medida de sus posibilidades. Si no recuerda o no sabe nada sobre algún hecho tampoco podría colaborar. No puede inventar hechos, ni lugares, ni momentos», dijo el defensor, a las puertas del penal, donde habló con la prensa.
El ex ministro repasará algunas de sus anotaciones para ver si «recuerda algo importante para la investigación», agregó Suaznábar.
Arce Gómez, quien en su momento fue conocido como el «ministro de la cocaína», se encuentra en Chonchocoro tras ser expulsado de Estados Unidos, donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico.
Según el Gobierno, durante la dictadura de Luis García Meza fueron asesinadas 93 personas y 27 desaparecieron.
Una de las investigaciones está referida al maestro boliviano Renato Ticona, quien desapareció el 22 de julio de 1980, cuando fue detenido por una patrulla del Ejército en las cercanías del puesto de control de Cala-Cala, en Oruro.
En diciembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Costa Rica, sentenció que el Estado debe indemnizar a la familia de Ticona con 435.000 dólares y sancionar a los culpables.
La fiscalía también investiga la desaparición de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otros dirigentes políticos que murieron el 17 de julio de 1980, día del golpe de García Meza, cuando paramilitares asaltaron la Central Obrera Boliviana (COB).
Los fiscales también tenían previsto tomar declaración a García Meza, preso desde 1995 para cumplir una condena de 30 años, pero ninguna fuente precisó si se produjo o no ese acto y la prensa no pudo entrar al recinto carcelario.
Fiscal: Arce Gómez sufre de amnesia no recuerda sobre violación de los derechos humanos
Chonchocoro (Bolivia), 14 ago (ABI).- El Fiscal Leopoldo Ramos, que investiga las desapariciones forzadas en el gobierno de facto de Luis García Meza (1980-81), informó que su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, no recuerda nada sobre la violación de los derechos humanos en ese régimen, como afirmó en una audiencia a la que fue convocado a declarar.
«Es lamentable que los tres ex militares, sobre todo, Arce Gómez, que fue uno de los principales artífices de la dictadura y la violación de los derechos humanos no recuerden nada», señaló tras la fallida audiencia.
El fiscal recordó que convocó a declarar a Arce Gómez para cumplir con el fallo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ordenó una investigación para encontrar los restos de Renato Ticona Estrada, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Bedregal y otros desaparecidos en el golpe cruento de García Meza.
«En ese marco la comisión se traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a fin de tomar las declaraciones de tres ex militares, entre estos de Arce Gómez, quien precisó que cuando el recuerde, tenga alguna información o documentación nos hará llegar», argumentó el Fiscal.
Ramos informó que, «así como Arce Gómez, los ex militares, Roberto Melean y René Veizaga, respondieron que no conocen, no saben nada, no tiene idea».
A pesar de esta situación, aseguró que la comisión de fiscales que, además está conformada por las fiscales Rosario Venegas y María Eugenia Iriarte, seguirá con la investigación sobre las desapariciones forzadas entre el 80 y 81, en el marco del fallo de la CIDH de la OEA.