El Ejecutivo es el responsable de la inversión pública a nivel nacional y los dos brazos operativos para llevar adelante esa tarea son, por un lado, la ABC y, por otro, YPFB. En ambas instituciones no sólo hay problemas de gestión, sino también denuncias de irregularidades.
Editorial La Razón
En una reunión ampliada del gabinete ministerial y de sus aliados sociales y políticos, el gobierno de Evo Morales reconoció que incurrió en tres errores en su gestión fiscal, lo que es ya una muestra de sinceramiento parcial, porque existen otros aspectos en los que también hay deficiencias.
De todos modos, lo que vale es que se informó a la prensa que tales errores son: el bajo nivel de la inversión pública, la falta de coordinación en el aparato estatal y, en general, una deficiente gestión fiscal. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue quien admitió la existencia de aquellas falencias, al hacer un balance del encuentro efectuado en un centro de reuniones en Huajchilla. La versión de Quintana más adelante fue corroborada por el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
La explicación de Quintana acerca de aquellos errores fue: “Como todo Gobierno, cometemos errores, tenemos debilidades muchas veces en la gestión; no aceleramos otras veces la inversión pública, no hacemos en algunos casos las coordinaciones, pero estamos para eso, para la evaluación, para la enmienda”.
Es saludable que, finalmente, Quintana reconozca que la administración actual comete también errores. En sus alocuciones, no deja de condenar a sus antecesores, con las palabras más duras. Ahora, resulta que existen similitudes con el pasado y el presente, lo que es un acercamiento a la admisión universal de que los seres humanos son falibles. En efecto, nadie tiene dotes excepcionales, salvo que sólo se trate de eficiencia y deficiencia en los conocimientos y la experiencia práctica.
La prensa independiente, con la oportunidad del caso, coincidió en señalar que había falta de coordinación en el accionar del Gobierno, lo que es atribuible a que la cabeza de éste, que es el presidente Morales, por lo general se halla fuera de su despacho del Palacio de Gobierno, viajando casi siempre en campaña electoral. Unas veces entregando dinero, otras haciendo impactantes entregas de equipos de trabajo —tractores, ambulancias y otros vehículos— y, por último, inaugurando obras o entregándolas, sin que se justifique mayormente su presencia, a menos que forme parte de su proselitismo político.
En cuanto a la inversión, no sólo hay que hablar del sector público, sino también del privado —nacional y extranjero—. Es responsabilidad del Estado destinar fondos para el desarrollo tanto nacional, departamental y local. En los tres casos el dinero sale del TGN, pero el Ejecutivo es el responsable de la inversión pública a nivel nacional y los dos brazos operativos para llevar adelante esa tarea son, por un lado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y, por otro, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En ambas instituciones no sólo hay problemas de gestión, sino también irregularidades.
El Gobierno tendrá que trabajar arduamente para limpiar la imagen de corrupción que instaló en la petrolera nacional Santos Ramírez, cuanto estuvo en la presidencia, además de presentar y desarrollar un plan que permita un mejor uso de ese recurso natural, sea para exportarlo o en beneficio de los bolivianos. En cuanto a la ABC, sus acciones no llegaron al escándalo —como YPFB—, pero será necesario mayor transparencia y celeridad en la licitación para la construcción y mantenimiento de carreteras, que son la base para la interrelación en el país.