El tema será analizado en una reunión de Sala Plena, que aún no tiene fecha. Gobierno llevará a 3.000 familias a Pando hasta diciembre. Cívicos pandinos denuncian a Quintana y Almaraz.
Asentamiento: emigrantes de Chapare arman una carpa en el sector Bernardino Racua, ayer en Pando
LA PRENSA
La OEP analizará en Sala Plena el traslado de colonos a Pando
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LOS EMIGRANTES YA COMENZARON A REGISTRARSE EN EL PADRÓN ELECTORAL BIOMÉTRICO
Comicios. La vocal del OEP Roxana Ibarnegaray anuncia que este tema será analizado en una reunión de Sala Plena, que aún no tiene fecha, y explica que los empadronadores tienen la obligación de registrar a quienes se presenten en los puntos habilitados. Hoy comienza en las ciudades la inscripción en el biométrico
El Gobierno tiene previsto llevar a 2.999 familias a Pando hasta diciembre para dotarles de tierra.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) analizará en una reunión de Sala Plena el traslado de campesinos a Pando, mientras los emigrantes que llegaron a esa zona empezaron a inscribirse en el padrón biométrico.
La vocal responsable del área de Educación Ciudadana, Roxana Ibarnegaray, admitió ayer que el organismo electoral no podrá impedir que los colonos que se asentaron en Pando puedan inscribirse en el registro biométrico, pues existe un principio constitucional de que todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho al sufragio.
El Gobierno puso en marcha el lunes su Plan de Asentamientos Humanos con la llegada de más de 500 campesinos del Chapare y otras regiones.
La vocal Ibarnegaray afirmó que “todas las personas tienen el derecho, según la Constitución, de ser empadronadas en el centro de empadronamiento donde se presenten, no hay posibilidades de negar absolutamente a nadie (que se registre)”.
No obstante, dijo que el “problema” del traslado de personas hacia Pando será analizado en Sala Plena, aunque no precisó ninguna fecha.
“No quisiera dar ninguna información sobre eso, simplemente dar esta información general, que todo ciudadano boliviano, varón o mujer, que tenga 18 años y más si se acerca a un centro de empadronamiento debe ser registrado”.
Rubén H., un representante de la comunidad Bernardino Racua, fundada el lunes en las cercanías del municipio de Santa Rosa de Abuná, confirmó ayer que él y cinco compañeros del campamento se inscribieron en el punto de registro ubicado en la población de Humaita.
“Otros compañeros fueron a Santa Rosa, sólo están pidiendo carnet, libreta o RUN”.
La Corte Departamental Electoral (CDE) de Pando no pudo confirmar esta información porque no tiene acceso a los registros que hacen los centros de captura del área dispersa.
Un funcionario que pidió guardar su nombre en reserva comentó: “No sabemos quiénes son del occidente o del Chapare, no podemos discriminar”.
La entidad electoral departamental en Pando habilitó 14 puntos de registro fijos en esa región y al menos 70 unidades móviles. No existe la instrucción de que las brigadas ingresen en los campamentos; sin embargo, los emigrantes estarían inscribiéndose “voluntariamente”.
La instrucción de la CDE pandina y las cortes departamentales en todo el país es que todo ciudadano que se presente en un punto de empadronamiento debe ser registrado.
Ibarnegaray dijo ayer que Pando tiene su propia planificación para el registro biométrico, pues en esa región ya comenzó la inscripción en la ciudad capital y en los centros urbanos.
El Gobierno, hasta fin de año, tiene previsto llevar al departamento de Pando a 2.999 familias, es decir más de 4.000 votantes tomando en cuenta dos adultos por familia.
La oposición y los cívicos pandinos denunciaron que el traslado masivo es una estrategia electoral para aumentar la votación del Movimiento Al Socialismo en la región amazónica.
Sin embargo, el oficialismo justifica este programa alegando que busca mejorar la calidad de vida de los campesinos que no tienen tierras y sentar soberanía en la frontera con Brasil, aunque los colonos viven actualmente en el corazón de Pando.
Los emigrantes están asistidos por el Gobierno que les da alimentación y capacitación.
Cívicos pandinos denuncian a Quintana y Almaraz
Los cívicos de Pando presentaron este viernes a la Fiscalía de ese departamento una denuncia en contra del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, por el delito de traslado fraudulento de personas con fines electorales.
La asesora jurídica del Centro de Acción Cívica Pandina, Carmen Gonzales, informó que entregaron un memorial al Ministerio Público mediante el que se argumenta que Quintana y Almaraz llevaron a más de 500 familias a menos de 180 días de las elecciones generales del 6 de diciembre para favorecer la votación del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El traslado fraudulento de votantes es un delito sancionado por el Código Electoral que en su artículo 202 señala: “La autoridad política o administrativa, el funcionario público, el dirigente político o cualquier ciudadano que promueva el traslado masivo de ciudadanos con la finalidad de su inscripción y sufragio en lugar distinto al de su domicilio comete delito de traslado fraudulento de ciudadanos y sufrirá la pena de reclusión de dos a cinco años. Su procesamiento corresponderá al tribunal ordinario”.
El lunes empezó oficialmente el Plan de Asentamientos Humanos del Gobierno en Santa Rosa de Abuná y prevé consolidarse hasta diciembre en otras provincias con el traslado de 2.999 familias.
Gonzales explicó que el Ejecutivo incurrió en este delito porque, supuestamente, aceleró la llegada de los emigrantes. “Tenemos videos donde el ministro Quintana pide disculpas por haberles traído improvisadamente, pues recién en dos o tres meses les construirán viviendas, eso es una intención”.
La Fiscalía recibió la denuncia y en los próximos días designará una comisión para que investigue.
Los trasladados comenzaron a anotarse en el padrón pandino
Proceso. Cívicos pandinos presentaron una denuncia contra el traslado
Defensa. El Gobierno anuncia que responderá la acusación, pero la califica de absurda. Justifica el asentamiento
EL DEBER
Rubén H., un representante de la comunidad Bernardino Racua, fundada el lunes en las cercanías del municipio de Santa Rosa de Abuná, confirmó ayer que él y cinco compañeros del campamento se inscribieron en el punto de registro ubicado en la población de Humaita.
“Otros compañeros fueron a Santa Rosa, solo están pidiendo carnet, libreta o RUN”, sostuvo.
La Corte Departamental Electoral (CDE) de Pando no pudo confirmar esta información porque no tiene acceso a los registros. Un funcionario que pidió guardar su nombre en reserva comentó que “no sabemos quiénes son del occidente o del Chapare, no podemos discriminar”.
La instrucción de la CDE pandina y las cortes departamentales en todo el país es que todo ciudadano que se presente en un punto de empadronamiento debe ser registrado.
Entre tanto, el Comité Cívico de Pando, amparado en el artículo 202 del Código Electoral, presentó ayer, ante el Ministerio Público de Cobija, una denuncia en contra del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, por el delito de traslado fraudulento de ciudadanos.
La asesora jurídica de la entidad cívica, Carmen González, explicó que la Fiscalía deberá poner el caso en conocimiento de la Corte Superior de Justicia, para que ésta se pronuncie y determine si hay delito, y lo haga conocer al órgano electoral.
Al respecto, el viceministro Almaraz calificó de “absurda y tonta” la sindicación. Indicó que una vez reciban la notificación responderán jurídicamente, de acuerdo a lo que establezca la acusación.
Almaraz reiteró que el objetivo del traslado es resguardar el territorio nacional. “Que demuestren que están cuidando bien el territorio, porque si fuera así, no tendríamos centenares de familias brasileñas asentadas”.
Código electoral
Art. 202. La autoridad política o administrativa, el funcionario público, el dirigente político o cualquier ciudadano que promueva el traslado masivo de ciudadanos con la finalidad de su inscripción y sufragio en lugar distinto al de su domicilio, comete delito de traslado fraudulento de ciudadanos y sufrirá la pena de reclusión de dos a cinco años Su procesamiento corresponderá al tribunal ordinario. Los delegados de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que sean acreditados en lugar distinto al de su domicilio, no incurren en este delito.
Art. 207. Los funcionarios electorales que no dieran a conocer oportunamente violaciones a las normas electorales, de las que tengan conocimiento durante el desarrollo del proceso electoral, serán sancionados con multa establecida por la Corte Nacional Electoral y tres días de privación de libertad.
Justificación. Los cívicos pandinos se amparan en los dos artículos anteriores, porque están convencidos de que el traslado a Pando tiene fines electoralistas.
Muestran tres videos como pruebas
El Comité Cívico de Pando presentó como prueba tres videos en los que se muestra el arribo de los colonos que fueron llevados de Chapare y otras zonas del país para poblar comunidades rurales en esa región. De acuerdo con la denuncia, se ha hecho con fines electorales.
La carpeta también contempla recortes de prensa y otros documentos que registran las acciones del Gobierno.
Con todo el memorial, el fiscal de distrito conformará una comisión para que constate lo denunciado en el lugar donde están asentadas las familias.
Luego del pronunciamiento del Ministerio Público, será la Corte Superior de Justicia la que establezca si constituye o no delito, y el veredicto se tiene que hacer conocer a la Corte Nacional Electoral.
Antes de la denuncia, la Corte Nacional Electoral adelantó que si se presentara una situación de esta naturaleza, será un juez el que determine si la migración conducida es legal, en el marco del actual empadronamiento.
De este modo, el proceso en Pando continúa y ha quedado en manos lo han dejado en manos de la justicia.
Por otro lado, se espera inscribir en ese departamento a unas 35.000 personas, de las cuales 20.000 estarán en la zona urbana y 15.000 en la rural. Son 53 equipos de registro biométrico que serán utilizados para empadronar a los ciudadanos pandinos.
