La mina Himalaya es el símbolo del despojo y la injusticia y una muestra de lo que ocurre en Bolivia con la complicidad del gobierno. El avasallador Andrés Villca, es candidato a senador por Oruro representando al MAS.
Un dirigente cuenta los equipos antimotines que quedaron en poder de los comunarios, cuando la policía intentó retomar la mina para devolverla a sus legítimos propietarios. Ocurrió en abril pasado (foto La Prensa)
El problema de la mina Himalaya muestra de manera descarnada el rumbo que están tomando las cosas y ojo que se trata tan solo de un anuncio de lo que vendrá a partir de diciembre próximo en caso de que el MAS consolide su proyecto indígena-totalitario.
Este asunto tiene varias facetas que bien vale la pena recapitularlas. En primer lugar se debe recordar que esta mina fue “desarrollada”, según la terminología minera, en el curso de 22 años y con la inversión de 9 millones de dólares. Esto significa instalar la infraestructura y la maquinaria, ubicar las vetas y otras tareas propias de esa actividad.
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Cuando la mina estaba ingresando en plena etapa de producción a un grupo de comunarios indígenas se les ocurrió que los propietarios de la mina eran ellos, por un supuesto derecho ancestral. El gobierno hizo un tímido intento de recuperar la mina que se tradujo en policías heridos y vehículos quemados.
Han transcurrido 22 meses desde la toma y la empresa y los propios mineros, confrontan una terrible situación sin que el gobierno, por razones estrictamente políticas, se atreva a dar una respuesta. Ocurre que el presidente Evo Morales es prisionero de su propia demagogia e irresponsabilidad.
Sin embargo no se podía esperar otra cosa cuando la propia constitución vigente y aprobada a las patadas establece que los indígenas son los propietarios de todos los recursos naturales y niega por tanto cualquier derecho al resto de los ciudadanos y precisamente de aquellos que producen y generan fuentes de trabajo.
Ex mineros de la mina Himalaya protestan en La Paz, tras 22 meses de estar en la calle, luego de la toma de la empresa por parte de supuestos comunarios.
El gobierno no hace mayores esfuerzos por solucionar el problema o sencillamente no le interesa hacerlo. Numéricamente los comunarios que tomaron la mina Himalaya son más que los mineros y eso en una época electoral es determinante.
Es por eso que el ministro de Minería, Alberto Echazú, quiere eludir su responsabilidad y afirma que esta corresponde al Ministerio de Gobierno. Sin embargo, el viceministro de Gobierno, Marcelo Farfán, responde muy suelto de cuerpo que no es posible la devolución de la mina a sus legítimos propietarios porque ello significaría que “corra sangre”. Estamos, entonces, ante una política de hechos consumados, que ya suman decenas de casos no solo de empresas sino también de haciendas, casas y bienes de propiedad privada, ante la permisividad y hasta la complacencia gubernamental.
Estas «autoridades» llegan al extremo de justificar la toma e indican, erróneamente, que el propietario, Gerardo Killman, habría sido presidente de la Comibol “durante los gobiernos neoliberales” y que por tanto los reclamos de los mineros de la empresa, que solo quieren retornar a sus fuentes de trabajo, tendrían un objetivo político.
Según esa lógica, quienes hayan cometido el imperdonable “pecado” de trabajar durante los “gobiernos neoliberales” tendrán que resignarse a que en cualquier momento las “organizaciones sociales” tomen sus empresas y hasta sus viviendas (recordemos el caso de Víctor Hugo Cárdenas) sin que tengan derecho a reclamo.
Pero existe otro elemento que debe ser tomado en cuenta. Resulta que según la documentación mostrada por los mineros de Himalaya, el presidente de la “cooperativa” que tomó la mina Himalaya es Andrés Villca, máximo dirigente de la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin), quien acompañó al presidente Evo Morales durante su huelga de hambre y ya se ha autopostulado candidato a una senaturía por Oruro representando al MAS.
Villca, es en realidad un próspero empresario minero que de manera permanente se muestra ante las cámaras de televisión disfrazado con un “guardatojo”. Se ha enriquecido súbita y sospechosamente propiciando la toma de centros mineros productivos, alegando el derecho comunitario.
Por supuesto que no se trata de un hecho aislado sino un antecedente más que muestra la forma abierta en que un grupo de caciquillos, a nombre de sus “bases o supuestos “derechos ancestrales”, se están apoderando paulatinamente del país con la complicidad del gobierno de Evo. Las funestas consecuencias de esta política de latrocinio no tardarán en manifestarse.
