La Corte Superior resolvió que un juez en Santa Cruz sea el que atienda la investigación del caso de terrorismo. Pese a la nueva disposición, el fiscal Soza hizo colocar en la puerta de la casa de Branko Marinkovic una citación para que declare en La Paz. El ex cívico demandará incompetencia.
EL DÍA
Jueves, 3 de Septiembre, 2009
La sala penal primera de la Corte Superior de Distrito cruceña resolvió ayer que las investigaciones y el control jurisdiccional del caso de presunto terrorismo deben ser llevadas a cabo en el distrito judicial de Santa Cruz y no en La Paz como ocurría.
Los vocales Teresa Vera y Lourdes Ardaya resolvieron que el juez octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi es el competente y no la juez paceña Betty Yañíquez.
Los magistrados explicaron que de ese modo resolvieron el conflicto de competencia en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que les delegó esa tarea en atención a que el juez que primero conoció las investigaciones fue Tapia luego del atentado a la casa del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, el 1 de abril pasado, quince días antes que un explosivo derribara la puerta del cardenal Julio Terrazas y del asalto policial al hotel Las Américas que acabó con la vida del presunto cabecilla de la organización, Eduardo Rózsa y dos extranjeros.
El fallo cruceño fue emitido horas antes que el fiscal Marcelo Soza emitiera once citaciones para que los involucrados se presenten en La Paz, entre ellas la del ex cívico Branko Marinkovic.
“El fiscal Soza está desesperado ante qué juez va a presentar a los acusados y quién va a controlar sus actuaciones”, respondió el juez Luis Tapia Pachi, quien hasta ayer no fue notificado para asumir la competencia; sin embargo, señaló que corresponde trasladar el expediente y los tres detenidos a Santa Cruz para que fiscales cruceños que ya estaban investigando el caso se hagan cargo.
Los fiscales que investigaban los atentados son Henry Flores y Oscar Flores. Sobre el tema, el fiscal de distrito, Jaime Soliz, dijo que no tiene información oficial sobre el fallo de la Corte Superior de Santa Cruz
La resolución de la Corte cruceña fue desconocida por el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez y su colega de Justicia, Cecilia Rocabado, quienes calificaron de ilegal esta determinación, recordando que un amparo constitucional había declarado nula cualquier actuación sobre el conflicto de competencias. En este marco, el Gobierno anunció que iniciará un proceso contra los jueces cruceños por prevaricato.
Los vocales de la sala penal primera de la Corte Superior de La Paz, Willam Alave y Blanca Alarcón en una conferencia de prensa en la sede de Gobierno se ratificaron en su fallo y explicaron que el juez Luis Tapia no tiene competencia para la investigación y ratificaron al fiscal Soza para llevar adelante las investigaciones /ED/Agencias
las idas y venidas del caso rózsa
Los atentados • Se produjeron el 28 de mayo en la casa del viceministro de Autonomías, Saúl Avalos el 15 de abril en la casa del cardenal Terrazas y el 16, el asalto al hotel Las Américas, donde la Policía mató al presunto cabecilla de la organización, el húngaro boliviano Eduardo Rózsa, el irlandés Michel Dwyer y el húngaro Magyarosi Árpád
En La Paz • El fiscal Marcelo Soza empezó las investigaciones bajo el control de la juez paceña Betty Yañíquez hasta donde fueron citados al menos una treintena de supuestos involucrados.
El conflicto • El juez cruceño Luis Tapia promovió el conflicto de competencias porque había conocido primero el caso de Saúl Avalos y la Corte Suprema delegó a la Corte Superior de Santa Cruz resolverlo.
Fallo de La Paz • La sala penal tercera falló en forma favorable al fiscal Marcelo Soza que estaba paralizado en las investigaciones.
Fallo de Santa Cruz • La sala penal primera después de diez días del mandato de la Suprema resolvió el conflicto y dijo que el juez Tapia es el competente.
Viceministro demandado
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aseguró ayer que algunos de los jueces cruceños actúan con “obediencia ovejuna” al ex cívico Branko Marinkovic.
Chávez al recordar que una de las vocales cruceñas que dictó el fallo, Teresa Vera, “encadenó el Palacio de Justicia cuando el entonces cívico Marinkovic llamó a un paro”.
Las reacciones no se dejaron esperar y la vocal Teresa Vera se presentó ayer en la Policía Técnica Judicial y formalizó una denuncia contra Wilfredo Chávez por el delito de desacato y lo conminó a que pruebe las acusaciones que alegremente le formuló.
El viceministro Sacha Llorenti se molestó anoche con los periodistas cuando le preguntaron si valía más la justicia de La Paz o la de Santa Cruz.
punto de vista
WILMAN DURAN RIBERA
Ex Pdte. del Tribunal Constitucional
‘Nuevo fallo se ajusta a la ley’
‘El fallo que acaba de dictar la sala penal primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz se ajusta a la legalidad y el derecho y era lo que correspondía después que el proceso tuvo un desvío innecesario que le restó limpieza, respeto y transparencia y se fue en contraflecha, sin respetar la competencia en razón de territorio, pero la jurisprudencia que disciplina los procesos en materia ordinaria se impuso porque así lo habían definido antes, como lo están definiendo ahora, por el derecho que tienen los imputados de un delito a ser procesados por el juez natural porque no puede ser que un delito que ocurre en Tarija o en Santa Cruz tenga que ser investigado desde La Paz porque eso significa un atropello a los derechos de los procesados y al costo de dejar a su familia, su trabajo y su medio ambiente para asumir su defensa y eso ocurre no sólo en Bolivia si no en todas las partes del mundo.
Precisamente el derecho al juez natural obedece a una lógica porque es el lugar donde viven los imputados y donde pueden encontrar las pruebas en un sentido lógico y racional, pues no se puede decir tengo mi Ejército y mi Policía y hago el juicio donde yo quiero, eso es uso abusivo y repugnante a la libertad humana y los fines que tiene el Estado de velar por el respeto de sus ciudadanos y juzgarlos con reglas de juego claras y transparantes como manda
Un juzgado cruceño atenderá el caso Rózsa
Proceso. La Sala Penal Primera de la Corte de Distrito de Santa Cruz declaró competente al juez Luis Tapia Pachi para que se ocupe del caso de supuesto terrorismo. El fiscal Soza citó a Branko Marinkovic
Juicio. Vera y Ardaya demandaron ayer a Wilfredo Chávez ante la Fiscalía
EL DEBER
Guider Arancibia/Pablo Ortiz
La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, a través de las vocales de la Sala Penal Primera, Teresa Vera y Teresa Lourdes Ardaya, declaró competente al juez octavo de instrucción cautelar, Luis Tapia Pachi, para conocer el denominado caso Rózsa. El fallo desató la molestia del Gobierno que, a través de los viceministros de Coordinación Gubernamental y de Justicia, Wilfredo Chávez y Cecilia Rocabado, respectivamente anunciaron que enjuiciarán por prevaricato a las vocales. Vera y Ardaya no se quedaron con los brazos cruzados y presentaron una demanda por desacato contra los funcionarios del Poder Ejecutivo.
El veredicto de la Sala Penal Primera pone fin al conflicto de competencia entre los jueces Betty Yañíquez, de La Paz, y Luis Tapia Pachi, de Santa Cruz, que se habían declarado competentes para tratar el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz, desatado el 16 de abril, cuando un grupo de policías irrumpió en el hotel Las Américas y mató a Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. También arrestó a Elöd Tóásó y a Mario Tadic. Ellos son los supuestos responsables de los atentados contra las casas del viceministro Saúl Ávalos y del cardenal Julio Terrazas, hechos que estaban siendo procesados por Tapia.
Sin embargo, el Gobierno había interpuesto una denuncia en La Paz por estos sucesos, por lo que la jueza Yañíquez ofició como tribunal cautelar. Esto derivó en que Tapia previniera ante la Corte Superior de Distrito sobre un conflicto de competencia. Yañíquez se declaró igualmente competente para conocer la causa y remitió los legajos a la Corte Suprema de Justicia, que decidió que debió ser el Distrito de Santa Cruz el que defina el caso.
En cumplimiento al auto supremo, las magistradas decidieron dar la razón a Tapia, fundamentándose en los artículos 49 y 54 del Código de Procedimiento Penal, que establece que los delitos que se cometen en una jurisdicción deben ser juzgados por autoridades de ese mismo lugar (ver recuadro).
Sin embargo, Chávez y Rocabado consideran que la Sala Penal Primera de Santa Cruz obró mal, ya que un fallo de la Sala Penal Tercera de La Paz, que declaró procedente un amparo presentado por Soza, anula todos los actos después de la acción de libertad interpuesta por Sejas y Saucedo. Para ellos, el fallo deja fuera de discusión el problema de competencia. Sin embargo, el conflicto de competencia ya estaba instalado antes de que los ex dirigentes interpusieran la acción de libertad y el juez Tapia ya había reclamado la jurisdicción.
Chávez acusó a Vera de estar pagando favores a Marinkovic. Esto motivó a que Vera interpusiera una demanda por desacato a Chávez.
Este fallo, sin embargo, no detuvo al fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, que ayer entregó 11 citaciones en Santa Cruz. Miguel González, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, informó de que una de ellas es para Branco Marinkovic y las 10 restantes a empresas solicitándole que informen sobre algunas personas. Entre las instituciones notificadas están la Prefectura, la Alcaldía, la Cámara de Industria y Comercio y las casas de diversión La Fortuna. También dejó una lista para que se investiguen los antecedentes de dichas personas. El abogado de Marinkovic, Víctor Peralta, informó de que su defendido no irá a La Paz y calificó de ilegal la citación.
El ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, aseguró también que hay una orden de detención en su contra y pidió al pueblo cruceño levantarse para evitarla. Él, junto al también ex dirigente Afredo Saucedo, se encuentra refugiado en el Comité pro Santa Cruz.
El fallo no es apelable en la vía ordinaria
Jorge Asbún / Constitucionalista
La resolución de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz está fundada en el auto de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que este tribunal debía dirimir el conflicto de competencia suscitado entre Santa Cruz y La Paz. Ese auto nunca fue impugnado por el fiscal Marcelo Soza, que no ha desconocido su vigencia.
Sin embargo, Soza interpretó de forma equivocada el fallo de la Sala Penal Tercera de La Paz, que en ningún párrafo dice que devuelve la competencia a esta jurisdicción.
El fallo de ayer se ampara en el artículo 49 del Código de Procesamiento Penal. Habérselo llevado a La Paz fue una arbitrariedad que hace pensar que los intereses del Gobierno no son esclarecer la verdad.
En la legislación vigente, una resolución de un tema de competencia no tiene recurso ulterior en materia ordinaria, es decir, no se lo puede apelar.
Además, como el último fallo de un tribunal es el que cobra vigencia, está garantizado que el caso Rózsa debe ser procesado en Santa Cruz de la Sierra.
Argumentos
– Artículo 49. Reglas de competencia territorial. Serán competentes:
– El juez del lugar de la comisión del delito. El delito se considera cometido en el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado.
– El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido.
– El juez donde se descubran las pruebas del hecho.
– Artículo 51. Las cortes superiores de distrito son competentes de conocer:
La sustentación y resolución del recurso de apelación según las reglas ya establecidas.
La sustentación y recusación del recurso de apelación restringida interpuesto contra sentencias.
Las excusas o recusaciones contra los jueces unipersonales
– Artículo 311. Si dos jueces o tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Corte Superior de Distrito judicial del juez o tribunal que haya prevenido primero. Los conflictos de competencias entre cortes superiores de distrito serán resueltos por la Corte Suprema.
– Sin exposición. Marcelo Soza lleva tres días en Santa Cruz de la Sierra pero no se ha dejado ver. Ayer repartió citaciones y se rumorea que prepara una serie de citaciones y pedido de detención contra líderes y empresarios cruceños. Asegura que está dispuesto a venirse a vivir a Santa Cruz, con tal de seguir en el caso de supuesto terrorismo