La norma prevé que el pago sea retroactivo a abril. El Gobierno aún no definió los montos que serán destinados a cada persona en la lucha antinarcóticos.
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La Prensa
El Gobierno aprobó un decreto supremo que repone el bono a militares, policías y personal civil que trabajan en la lucha contra el narcotráfico, con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). El pago será retroactivo a abril y, además, se prohíbe cualquier otro aliciente económico.
En febrero, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, oficializó que la Narcotics Affairs Section (NAS, Sección de Asuntos de Narcóticos) de Estados Unidos dejaba de financiar los bonos para los erradicadores de cocales ilegales, que dependen de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Entonces anunció que ese pago sería efectuado con fondos del TGN provenientes de la partida 26990, “Otros”.
El Decreto Supremo 0282, aprobado el 2 de septiembre por el gabinete de ministros, establece en su artículo primero: “Otorgar un reconocimiento económico mensual al personal policial, militar y civil que trabaja en la lucha integral contra el narcotráfico, con la finalidad de compensar los esfuerzos, riesgos y presión permanente a los que está expuesto el personal comprometido en la lucha contra este delito de lesa humanidad”.
Al respecto, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Óscar Nina, destacó que ésta “es la verdadera expresión de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, porque es el nuevo paradigma del Gobierno, a partir de la salida de la DEA (Agencia Estadounidense Antidrogas, ausente desde noviembre). El Estado se hace cargo del reconocimiento que hacía el Gobierno norteamericano, o sea la NAS, a efectivos de la FELCN”.
La norma también prohíbe “a los ministros de Gobierno y de Defensa otorgar cualquier reconocimiento económico” al margen del presente.
En su artículo siete establece que el pago de este bono será retroactivo al 13 de abril de este año, cuando fue creada la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), encargada de administrar los recursos asignados al programa.
Sin embargo, aún no se han establecido los montos que corresponderán y cómo se harán las diferencias, ya que, según apuntó Cáceres, “un oficial, en este caso el comandante, tenía un bono de más o menos 3.800 bolivianos y un policía raso, entre 1.200 y 1.300.
“Por una cuestión de dignidad y soberanía nacional —dijo Cáceres en febrero—, desde marzo los bonos serán pagados con recursos propios a través del Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Defensa Social. Es cierto que hay que hacer un ajuste pues un oficial, en este caso el comandante, tiene un bono de más o menos 3.800 bolivianos y un policía raso gana entre 1.200 y 1.300”.
Los conscriptos recibían un socorro mensual entre 700 y 800 bolivianos”.
Pese a que la NAS dejó de financiar bonos en febrero, aún apoya en la lucha a través de un convenio con el Gobierno. Su labor está centrada en áreas técnicas y de logística, así como de capacitación a los efectivos antidroga del país.
Unidades y grupos beneficiados
El artículo 2 del Decreto Supremo 0282, que aprueba la bonificación de estas personas, especifica que esta disposición normativa favorece al personal que interviene “en forma directa” en la lucha integral contra el narcotráfico y delitos conexos de direcciones, unidades, agrupaciones y grupos con tareas diferenciadas.
Ellos son la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DGFELCN), dependiente del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno. También están la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de la Policía Nacional; y las fuerzas de tarea Diablos Verdes (FTDV) del Ejército; Diablos Rojos (FTDR), Diablos Negros (FTDN), de la Fuerza Aérea; y Diablos Azules (FTDA), de la Armada Boliviana.
Asimismo, son beneficiados los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, componentes militar, policial y civil (Digprococa), y los integrantes de los grupos especiales de Inteligencia, Investigación y Operación que trabajan directamente en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos.
Los encargados de ejecutar y dar cumplimiento a la norma son los ministros de Estado en los despachos de Gobierno, de Defensa, y de Economía y Finanzas Públicas.