Reos de Chonchocoro podrán tomar sol sólo una hora al día. Los presos coordinan acciones de resistencia. Gobierno viola la ley dice Defensor del Pueblo.
EN GUARDIA. Dos policías vigilan el ingreso al penal. A la derecha, se divisa una de las torres.
La Razón
Daniela Romero – La Paz
Chonchocoro se agita por comercio de armas y drogas
Poder. El Gobierno sostiene que la complicidad de los miembros de seguridad permite el comercio ilegal
El control del mercado de drogas, armas, alcohol, teléfonos celulares y tarjetas de recarga motiva las pugnas y enfrentamientos entre tres grupos de reos del penal de Chonchocoro de La Paz. Eliminar al adversario es parte de la disputa.
El Gobierno estableció que la situación de violencia que se vive en el penal se debe a deficiencias en el control del reclusorio, hecho que atribuye a quienes hasta el lunes ejercían la seguridad; a esta gente se le acusa de permitir el ingreso de este tipo de objetos y productos prohibidos.
“La pugna (entre reos) se da porque existe un mercado de cocaína, marihuana, anfetaminas, celulares, alcohol y tarjetas de recarga. Todo esto ingresa porque hay complicidad con ciertos miembros de seguridad”, informó a La Razón el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico.
Agregó que los prisioneros consiguen incluso internar armas; la finalidad, dijo, es lograr el monopolio del comercio de estos objetos, lo que desemboca en peleas y muertes.
La autoridad explicó que se identificó a tres grupos de reclusos que se dividen en pabellones. En el “A”, donde viven bolivianos, están al mando del ex policía Blas Valencia; en el “B” la mayoría es peruano; y en el “C” hay reos de diversas características.
“Los del pabellón B han estado agrediendo a los del A porque éstos controlan el comedor por donde ingresan los elementos (mencionados). Ahora existe una especie de alianza entre los reos del A con los del C para defenderse de las agresiones del pabellón B”, explicó Torrico, y añadió que los cabecillas de estos grupos ya fueron aislados de sus compañeros.
CASTIGO. Al margen del aislamiento y luego de que el domingo se produjera una explosión y el lunes una agresión con arma de fuego, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó ayer que los reos estarán bajo un régimen cerrado.
“Saldrán una hora a tomar sol y el resto de las 23 horas se van a quedar en sus celdas en el marco de las normas mínimas de las personas privadas de libertad, lo cual establece incluso las Naciones Unidas”, explicó Llorenti en contacto con la red Erbol.
El vicepresidente Álvaro García habló sobre la necesidad de modificar el funcionamiento del régimen penitenciario. “Se garantizará el control del Estado dentro de los penales, que no se sigan cometiendo delitos y la reinserción. Pero tal como funciona hoy, no cumple su función”, dijo.
Entre el domingo y el lunes, los reclusos que resultaron heridos son Johnny Villarroel, Juan Villalobos y Rodrigo Frías. Éste último recibió un disparo de un revólver calibre 38, luego de que en la explosión de una granada la noche anterior, no resultara herido, explicó el ministro Llorenti.
Torrico aseveró que lo que más le preocupa es la facilidad con que ingresan objetos letales. “Si hicieron ingresar una granada limón y un arma calibre 38, quién podría asegurar que no entraron cinco, ocho o 10 de esos objetos. Podría haber una fuga masiva o hacer volar el puesto de control”.
Afirmó que existe una distensión de la disciplina dentro del reclusorio. “Por lo pronto se suspendió a los policías del penal. En un futuro habrá que poner penalidades, por ejemplo que a un policía que violente las reglas pase a ser reo”, sostuvo Torrico.
El viceministro anunció que se inaugurará un nuevo centro penitenciario en Viacha con una capacidad para 100 internos. “Lo que queremos es dar mayor espacio. Los más jóvenes de San Pedro serán trasladados”, señaló.
Cónsul de Perú visita el penal
El cónsul de Perú en Bolivia, Czibor Chicata-Sutmöller, estuvo ayer en la cárcel de Chonchocoro con el fin de conocer las necesidades y situación en la que viven los reclusos peruanos.
El diplomático dijo que dentro de la cárcel cumplen su pena ocho reos peruanos. Señaló que si hay conciudadanos implicados en los últimos hechos, serán investigados por la Fiscalía.
Fiscal imputará a los autores de la explosión y del disparo
Luego de tomar declaraciones a los presuntos responsables de ocasionar una explosión en una de las celdas y de herir a un recluso con arma de fuego, entre el domingo y el lunes, el fiscal Julián Marca imputará a los autores.
“Tomé declaraciones a los dos presuntos autores de los dos hechos que ya fueron identificados. Hasta mañana (hoy) se tendrá la imputación correspondiente”, informó este martes el representante del Ministerio Público.
Aunque el fiscal no quiso dar los nombres de los sindicados por razones de seguridad, se conoció extraoficialmente que el reo de nacionalidad peruana, Poma Pocoma, fue quien disparó a Rodrigo Frías la madrugada del lunes.
Pocoma está recluido en el penal por asesinato, por lo que cumple una condena de 30 años.
Reos de Chonchocoro podrán tomar sol sólo una hora al día
Lectura: una obra del criminal Hermann Goring en la biblioteca de García Meza
La Prensa
Drasticidad: La medida regirá hasta que el Estado recupere el control del penal. Los reos coordinan acciones de resistencia. Los guardias, anteriores y actuales, son procesados por la Policía.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció ayer a radio Erbol que mientras el Estado recobre el control interno del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, todos los reos permanecerán en sus celdas y pabellones durante 23 horas al día y sólo podrán salir a los patios y lugares de esparcimiento durante una hora para gozar de la luz solar.
De esa manera se impedirá que los internos tengan la posibilidad de pelear entre sí, luchar por el control de determinadas áreas o llevar adelante actos de violencia.
“Se determinó mantener en un régimen cerrado, es decir, en el marco de las normas de las personas privadas de libertad que establecen las Naciones Unidas. (Los reos) van a salir una hora a tomar un poco el sol, el resto de las 23 horas se van a quedar en sus celdas”.
El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, admitió la existencia de pugnas por el control de servicios dentro de esa cárcel y por ello se dispuso el aislamiento de los presuntos cabecillas.
Los castigados son el ex teniente coronel de Policía Blas Valencia, además de Hilario Cruz, Carlos Aliaga y Sergio Aráoz.
Llorenti admitió que los responsables policiales y de Régimen Penitenciario perdieron autoridad sobre los presos, por lo que “operan organizaciones mafiosas que generaron hechos de violencia, como la explosión de una granada el domingo y un tiroteo que dejó tres reos heridos”.
Sin embargo, las autoridades del sector, según el viceministro Torrico, no definieron aún la forma.
Todos los ex gobernadores de ese recinto y ex directores de Régimen Penitenciario son sometidos a un proceso para determinar cuáles eran los mecanismos que daban lugar a la absoluta ausencia del Estado en las cárceles.
La primera medida fue la destitución del director, coronel Gilmar Oblitas, sus asistentes y los 80 policías de ese centro, quienes fueron relevados por efectivos del Distrito Policial 3, de El Alto. El nuevo gobernador es el coronel Wilfredo Palacios.
La segunda fue la reclusión de los reos en sus pabellones.
Llorenti añadió que “estamos elaborando un programa completo, (a pesar de) las limitaciones que tiene el Estado para garantizar que las cárceles sean un lugar donde se brinde la sanción y se dé la debida reinserción” de los presos.
El vicepresidente Álvaro García Linera aplaudió la firmeza de Llorenti y dijo que es necesario realizar “algunos ajustes a la Ley de Ejecución Penal y al Código Penal” para mejorar el sistema penitenciario, pues una parte muy importante de la seguridad ciudadana es el régimen carcelario.
“Se requiere modificar ese funcionamiento para garantizar tres cosas. Primero, el control del Estado dentro de los penales; segundo, que no se siga cometiendo delitos, y tercero, la reinserción de las personas con sentencia al ámbito de la vida ciudadana”.
Sin embargo, reconoció que la retoma del control de las prisiones del país demorará bastante tiempo, pero “hay que hacerlo porque no se puede permitir las irregularidades; grupos de poder, la venta de celdas y otros privilegios”.
Presos adinerados consiguen un espacio en los penales para construir sus celdas, que se convierten de su propiedad, y al recuperar su libertad, las venden, alquilan o ceden en anticrético, pues el Estado no invierte en el mantenimiento de los recintos carcelarios.
Por ejemplo, Luis Fernando Córdova, imputado por el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es propietario de dos celdas en San Pedro y ofrece una de ellas en anticrético.
Según el Viceministro, esas irregularidades “se acabarán con un cambio drástico en el régimen penitenciario, sobre todo para quienes gozan de privilegios como el ex dictador Luis García Meza, quien cumplía su condena no en una celda, sino en un departamento con todas las comodidades”.
Al conocer la intención gubernamental de poner orden en los penales, los delegados de las cárceles paceñas, Chonchocoro, San Pedro, Obrajes y Miraflores, los dos últimos femeninos, mantuvieron una conferencia telefónica desde las 14.00 de ayer y resolvieron mantenerse en alerta y no dar lugar a la supresión de sus privilegios.
Uno de los delegados de San Pedro advirtió de que, en caso de producirse alteraciones en el ritmo habitual de su reclusión, se declararán en una huelga de hambre, medida de presión que puede tener alcance nacional.
El juez de ejecución penal José Ayaviri rechazó la aplicación de medidas drásticas en las cárceles, pues será “difícil acabar con los privilegios”.
Recordó que la Ley de Ejecución Penal, así como prohíbe ciertas cosas, también permite otras, como el ingreso de familiares, alimentos y objetos autorizados para uso y consumo personal de los privados de libertad.
Allanamiento de celdas
Ayer por la mañana, los fiscales Eduardo Morales, Julián Marca y Fernando Mita allanaron las celdas de Luis García Meza, quien desde hace dos meses permanece internado en el Hospital Militar, y de Luis Arce Gómez.
Marca informó que el lunes comenzó la incautación de documentos en soporte electrónico y en papel con la finalidad de encontrar pistas para hallar los restos de los desaparecidos en las dictaduras.
El director general de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, informó ayer que solicitará un informe sobre el estado de salud del ex dictador para definir su retorno a uno de los tres pabellones, aunque si temiera por su vida, “se le podría construir una celda sin lujos, pero aislada”.
Según ANF, el fiscal Eduardo Morales declaró ayer que “Arce Gómez ha manifestado que si tuviera alguna información, la entregará, pero él espera un nuevo juicio. ‘Si yo colaboro, el Estado tendría que colaborarme’, nos dijo”.
El juez José Ayaviri se opone a las medidas. Teme más violencia.
Los fiscales allanaron las celdas de García Meza y Arce Gómez.
Dos reos son sospechosos de violencia en penal altiplánico
Los fiscales Julián Marca, Fernando Mita y Eduardo Morales tomaron ayer declaraciones a los reos Carlos Alberto Junco Cáceres y Juan José Poma Pocacoma, de quienes se sospecha que participaron, el domingo, en el estallido de una granada de guerra que hirió a tres reclusos en un parente intento de fuga.
Junco Cáceres negó toda vinculación con los hechos, en tanto que Poma Pocacoma se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio.
Junco Cáceres es un reo peruano de alta peligrosidad, quien se declaró en varias ocasiones ex integrante de Sendero Luminoso. Estuvo involucrado en dos intentos de fuga del mismo penal y en una oportunidad fue sorprendido en poder de granadas de guerra y armas de fuego dentro del reclusorio. En su prontuario figuran atracos, robos agravados y asesinatos. Por su peligrosidad fue remitido a Chonchocoro, pese a no tener sentencia ejecutoriada. Fue beneficiado al menos dos veces con libertad condicional.
Poma Pocacoma violó y asesinó a la niña Estéfany Mallku el 11 de julio de 2005, delito por el que fue condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto.
Entretanto, Sergio Rodrigo Frías se recupera en un nosocomio de una herida de bala recibida en el abdomen, en otro hecho de violencia registrado el lunes por la mañana.
Defensor habla de violación de ley
Roberto Quiroz, representante de la Defensoría del Pueblo en El Alto, afirmó que las medidas que el Ministerio de Gobierno pretende ejecutar en el penal de Chonchocoro y, posiblemente, otros recintos carcelarios del país transgreden las disposiciones de la Ley de Ejecución Penal y los derechos de los presos.
Quiroz recordó que un régimen cerrado, en el que las personas privadas sólo van a salir una hora a tomar un poco de sol, el resto de las 23 horas se quedarán en sus celdas, no está establecido en la mencionada ley.
El Defensor alteño recordó que sólo las personas que infringieron determinadas normas dentro de las cárceles son sometidas a castigos como el aislamiento, siempre y cuando lo autorice un juez. Aplicar una sanción de esa naturaleza a toda la población penitenciaria, como pretenden el ministro Sacha Llorenti y las autoridades de Régimen Penitenciario, viola esa disposición. “La Ley de Ejecución es la guía de todos los centros penales. Se debe respetar los artículos 5, 6 y 7, que refieren el respeto a la dignidad humana, la preservación de la imagen y la igualdad jurídica”.
Quiroz recordó a las autoridades que deben obrar con equidad en el marco de los derechos humanos para evitar una confrontación con los privados de libertad, que en todo el país carecen de programas de rehabilitación y reinserción social.
Hace un mes, la Defensoría de El Alto remitió una carta a Llorenti para solicitarle que convoque a una reunión interinstitucional para analizar la problemática penal del país y en especial la situación de Chonchocoro.
“Se ha puesto en evidencia en la última gestión que han muerto cuatro personas en ese centro y que las autoridades han cometido abusos al impartir sanciones arbitrarias”.
Para destacar
Desde 1992, cuando se inauguró el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, 17 personas murieron violentamente.
El último caso fue el de Félix Braulio Flores Catacora, degollado la medianoche del lunes 18 de enero pasado.
La Policía sospecha que dos grupos se disputan el control interno del comedor, lo que ocasionó los crímenes.
El único reo fallecido por causas naturales fue el ex jefe de la Dirección de Investigación Criminal Guido Benavides.
El cónsul peruano, Czíbor Chicata, visitó ayer por dos horas a sus compatriotas recluidos en el penal altiplánico.
El representante consular aseguró haber visto a sus compatriotas en buenas condiciones físicas, aunque nerviosos.