El Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU) pidió a las autoridades bolivianas “investigar con imparcialidad” el supuesto terrorismo.
CONFERENCIA. El representante de Naciones Unidas Racicot (der.) informa sobre situación de DDHH.(foto La Razón)
El Día
Jueves, 25 de Marzo, 2010
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia pidió ayer a las autoridades "investigar con imparcialidad" la supuesta banda terrorista desarticulada el año pasado y que la Fiscalía ha vinculado con varios líderes opositores.
El representante del organismo en Bolivia, Denis Racicot, se refirió al tema al presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en este país durante la gestión pasada.
En su informe, la ONU "insta a las autoridades bolivianas a investigar con imparcialidad las actividades y conexiones de los imputados en relación al supuesto grupo terrorista en Santa Cruz , y garantizar el derecho a debido proceso a los detenidos".
El caso detonó el 16 de abril de 2009 cuando la policía abatió a tres extranjeros en un hotel de Santa Cruz y detuvo a otros dos miembros de la supuesta banda que, según la Fiscalía, iba asesinar al presidente Evo Morales y promover la separación del territorio de Santa Cruz con milicias armadas.
Desde entonces han sido detenidas nueve personas presuntamente vinculadas y han sido acusados por el fiscal Marcelo Soza de La Paz varios líderes empresariales y políticos cruceños que han denunciado persecución política.
Algunos de los acusados, entre ellos los empresarios Branko Marinkovic y Guido Náyar, abandonaron el país para evitar ser detenidos, si bien la Fiscalía defendió su investigación y sostuvo la presunta implicación de ellos con la supuesta banda terrorista.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU también dijo que un decreto de Morales que trasladó a La Paz la jurisdicción de casos de terrorismo, sedición y alzamiento armado "violaría el principio de reserva legal al regular materia de procedimiento penal".
Este es otro asunto polémico porque con el decreto el Ejecutivo posibilitó el cambio de la jurisdicción del caso hacia La Paz, en lugar de Santa Cruz donde ocurrió el operativo policial en abril del año pasado y residían los miembros de la supuesta banda. /Agencias
Hubo menos violencia
En sus recomendaciones, el Alto Comisionado también señala que en 2009 hubo menos violencia política, "aunque la división política entre el Gobierno" y "la oposición continuó a lo largo del año con repercusiones sobre la situación de los derechos humanos".
Señala que la justicia continúa sumida "en una profunda crisis estructural y de larga data" y agrega que "como resultado de las presiones regionales, políticas y económicas el sistema judicial sufre de tráfico de influencias, corrupción y falta de independencia".
Señala que siguen "de cerca" la situación de cuatro ex presidentes que pueden ser sometidos a juicios a instancias de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Los ex mandatarios han denunciado que el Gobierno de Morales impulsa juicios ilegales en su contra.
Observaciones
El debido proceso
Es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez.
Principio de legalidad
Es conocido como Primacía de la ley. Señala que todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.
Violación de la jurisdicción
Toda persona tiene derecho a ser juzgado en el lugar de su residencia o donde se cometió el delito que se investiga. La ONU cuestiona que con un decreto Evo haya cambiado eso.