La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cuestionó ayer la falta de "independencia e imparcialidad" de la justicia boliviana, a la que considera más vulnerable a los factores políticos que en años pasados. También instó a las autoridades a investigar con imparcialidad el caso terrorismo y “garantizar el derecho a debido proceso a los detenidos". El representante del organismo en Bolivia, Denis Racicot, se refirió a estos y otros temas al presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país durante la gestión pasada. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, rechazó esos cuestionamientos y aseguró que en Bolivia no hay juicios políticos contra ex autoridades afines a la oposición y que todos los procesos, como en el caso terrorismo, se están llevando adelante “en estricto respeto a los derechos y garantías de todos los ciudadanos". El caso “terrorismo” detonó el 16 de abril de 2009 cuando la Policía abatió a tres extranjeros en un hotel de Santa Cruz y detuvo a otros dos miembros de la supuesta banda que, según la Fiscalía, iba a asesinar al presidente Evo Morales y promover la separación del territorio de Santa Cruz con milicias armadas.
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