Chuquisaca festeja 201 años del Primer Grito de Libertad sin el Presidente. El “Vice” sí llegó y dijo que hay decisión de tenderle la mano a la Capital. Como en años pasados, no hay obras, sino anuncios.
Caso racismo: La víctima Dora Copa dijo que gente allegada al MAS le ofreció beneficios si incriminaba a los dirigentes del Interinstitucional
Sucre/CORREO DEL SUR
Vicepresidente ofrece reconciliación a Sucre
HUBO SESIÓN DE HONOR DEL CONCEJO MUNICIPAL
LOS NUEVE GOBERNADORES JURAN ESTE DOMINGO EN LA CAPITAL
Trece personalidades recibieron la Medalla Juana Azurduy de Padilla
No estuvo el presidente Evo Morales. En su lugar, asistió el vicepresidente Álvaro García Linera, en calidad de Presidente en ejercicio. No hubo nuevos anuncios para el Departamento, pero sí una oferta clave para su destino: el Gobierno ofreció reconciliación, trabajo conjunto y una visión de desarrollo.
García Linera dejó ese mensaje anoche, en Sucre, en la sesión de honor del Concejo Municipal, que se celebró con motivo de los 201 años del Primer Grito de Libertad en América Latina, en el ex Cuartel de San Francisco.
«Nos hemos enfrentado de una manera innecesaria, y se ha perdido esfuerzo, tiempo, vidas… Al final, el resultado es que nuestra ciudad, nuestro departamento (refiriéndose al desarrollo de la región) sigue siendo el mismo de hace cinco, diez, quince años. Luchas innecesarias, tensiones –yo diría–, no propias, que nos han separado», comenzó diciendo el Presidente en ejercicio, en alusión al conflicto de la Capitalidad de 2007, que terminó con tres muertos.
«Estamos para tender la mano, para reencauzar, para trabajar, con seguridad, con humildad. Queremos levantar Chuquisaca, queremos levantar Sucre», añadió.
Foto:La sesión de honor del Concejo Municipal de Sucre.
García Linera basó su ofrecimiento diciendo que en los últimos diez años, los ingresos de Chuquisaca se multiplicaron por cinco, de 250 millones de bolivianos a alrededor de Bs 800 millones. «La reflexión colectiva que hay que hacer, es qué vamos a hacer o qué estamos haciendo con ese dinero como chuquisaqueños, y qué horizonte le podemos dar en los siguientes cinco, diez, quince años», propuso, recogiendo las palabras del constitucionalista y periodista Gabriel Peláez, condecorado ayer con la Medalla Juana Azurduy de Padilla, junto con otras 12 personas seleccionadas por su aporte al desarrollo de la región.
Luego, García Linera lanzó la visión de desarrollo que él y el gobierno de Evo Morales tienen en mente: «(…) Está aquí su Gobierno, para impulsar, para apoyar, para potenciar todo lo que tenga que ver con igualdad, con justicia, con soberanía, con equidad. Si el horizonte que definen ustedes como sociedad es ese, somos sus sirvientes», remató.
LOS CONDECORADOS
Recibieron la Medalla Juana Azurduy de Padilla, en el grado de Honor Cívico, Gabriel Peláez, Rolando Careaga, Herbert Müller, INFOCAL, Gastón Cavero Cavero, la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, el Instituto Superior de Educación Comercial, Martha Terrazas, Wálter Tórres, Orlando Nut, Cirilo Tórres, Savina Cuéllar y Julio Garrett Aillón.
Marcha da plazo a la Fiscalía
VÍCTIMAS EXIGEN UN INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AGRESIONES A CAMPESINOS DEL 24 DE MAYO
La marcha de campesinos recorrió varias cuadras, desde la zona de El Abra hasta confluir en Plaza 25 de Mayo.
La víctima Dora Copa dijo que gente allegada al MAS le ofreció beneficios si incriminaba a los dirigentes del Interinstitucional
Sucre/CORREO DEL SUR
Corre un plazo de 30 días para que el Ministerio Público entregue a la Federación de Pueblos Originarios un informe completo de los resultados de la investigación sobre los hechos de violencia contra campesinos registrados el 24 de mayo de 2008. Así lo ratificó la marcha de desagravio realizada ayer, en la que las víctimas no pudieron ocultar su impotencia y hasta advirtieron con asumir medidas de hecho contra la Fiscalía General y la Fiscalía de Distrito, tras dos años de espera para que se haga justicia.
¡»Jatarikusajku»! Tal vez esa frase, que en castellano significa «nos levantaremos», pueda resumir todo un sinnúmero de sensaciones que ayer sintieron las víctimas de los hechos de vejación a los que fueron sometidos en 2008. La frase le corresponde a Feliciana Pórcel, una oriunda de Zudáñez, quien rememoró las agresiones que vivieron y pidió cárcel para los culpables.
VÍCTIMAS
Horacio Torres y Ángel Vallejos, también víctimas, se animaron a apuntar a los culpables y levantaron los nombres de las cabezas del Comité Interinstitucional. Varios de ellos ya no son representantes ni autoridades públicas, excepto por Jaime Barrón, a quien tildaron de comandar los ataques.
El nuevo ejecutivo campesino, Gregorio Vela, fue el encargado de recordar el mandato con el que asumió su cargo, el pasado domingo: esperará 30 días para que el Ministerio Público les dé una respuesta sobre cuánto se ha avanzado en la investigación del caso de racismo.
La marcha comenzó recién a las 15:00, algo tímida y con no más de 150 personas. La banda policial de música le dio el toque de fervor a la movilización que se fue nutriendo en su trayecto hasta la Plaza de Armas. Con la frente en alto, como desafiando a los agresores de 2008, la movilización fue encabezada por las víctimas y la Federación de Campesinos, se unieron también la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), Derechos Humanos, el Centro Juana Azurduy y militantes del Movimiento Al Socialismo. En el camino se sumaron los asambleístas departamentales electos y el Defensor del Pueblo, Rolando Villena; ya en la plaza central también estuvieron la ministra de justicia, Nilda Copa, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Denis Racicot. Los globos y bufandas blancas se entremezclaron con las whipalas y algunos carteles que censuraban el racismo. En el trayecto no se registraron incidentes; la Policía, que resguardó la movilización, no tuvo mayores inconvenientes.
Una hora de marcha con gritos de pedido de justicia fue seguida por otra hora de discursos en el mismo lugar donde, hace dos años, los campesinos fueron agredidos y obligados a quemar sus ponchos y banderas: en el frontis de la Casa de la Libertad.
TRIBUNA
Allí, la Comisión de Derechos Humanos abrió una tribuna en la que se escucharon los relatos de las víctimas y las críticas a las actitudes de discriminación racial advertidas en un grupo de sucrenses, según coincidieron los oradores. Racicot recordó que su informe de 2008 relevó los «violentos incidentes» acontecidos en la ciudad en los que el Alto Comisionado vio un «trasfondo racista». Villena, con tono más conciliador que en el acto que participó en la mañana, respondió a las amenazas que lanzaron los representantes campesinos afirmando que nadie quiere que haya sangre. «Hasta aquí el racismo», enfatizó al criticar al Ministerio Público por la falta de resultados, a dos años de los hechos. Buscando equilibrio en su discurso y tras las preguntas de los periodistas, también se refirió a los hechos de La Calancha y pidió que continúe la investigación.
JUSTICIA
La ministra Nilda Copa destacó su tarea de velar por un mayor acceso a la justicia y su «compromiso» de seguir luchando contra las élites que humillaron a los campesinos. En esa parte del acto, también tomó la palabra la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Marianela Paco, quien dijo que no defraudará en su servicio al pueblo y lanzó un desafío: pidió a los sucrenses «romper el silencio» y denunciar a los responsables de los hechos de 2008.
La marcha cerró con la entrega del proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación a una de las víctimas.
El proyecto elaborado por Paco establece delitos de tipo racial y delitos de discriminación. «Hay una sanción punitiva en contra de quienes vayan a cometer actos racistas y de discriminación, entre cuatro a seis años de prisión con sus agravantes propias, además que se está planteando que estos delitos que se tipifican en este proyecto de ley son de carácter imprescriptible», así resumió Paco el proyecto, durante su presentación.
Las sanciones tendrían mayores agravantes si quienes incurren en los delitos son funcionarios públicos: serían retirados del cargo. Del mismo modo las agresiones físicas serían otro agravante.
Denuncias y acusaciones en segundo aniversario
Ayer en el segundo año de conmemoración de los hechos violentos de 2008, no faltaron las denuncias y acusaciones por el estado del avance de las investigaciones fiscales.
Por ejemplo, el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos y el ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, Gregorio Vela, coincidieron al señalar que las víctimas fueron utilizadas para que sus abogados accedieran a cargos públicos.
«Nos han utilizado a nosotros para tener cargos, lo digo de frente, están en cargos del Gobierno», dijo Vallejos. Vela acotó que por ese motivo decidieron nombrar sus propios abogados para que se dediquen exclusivamente al caso.
Según Vela, tras dos años de los hechos, no hay avances sobre el proceso en contra de Savina Cuellar, Aydeé Nava, Jaime Barrón, Jhon Cava y Fidel Herrera y «todavía Barrón quiere ser alcalde».
Ayer, los dos dirigentes campesinos denunciaron que el Ministerio Público «está a favor de los imputados» y prueba de ello es que no agiliza la investigación y no explica por qué la demora. Las críticas contra el Ministerio Público también se repitieron por parte del Defensor del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos que recordó que incluso hay una denuncia contra uno de los fiscales por supuesta «extorsión» para incriminar a las autoridades del Comité Interinstitucional.
Ayer, la ex militante del MAS y víctima, Dora Copa, volvió a denunciar que le hicieron firmar dos papeles en blanco para que otros llenaran el contenido de una de sus declaraciones ante la Fiscalía; para ella, estos acontecimientos sirvieron como bandera política para algunos.
Advirtió que lejos de la reconciliación, el Gobierno sigue utilizando a los campesinos como en las campañas políticas: «Ahora también están siendo utilizados para un fin político, donde ganan los dirigentes del MAS y las bases siguen postergadas, confrontadas, no hay cambios».
Copa dijo que ese 24 de mayo, surgió una convulsión por razones que tuvieron ambas partes, campesinos y citadinos. Señaló también que la entonces diputada Elizabeth Salguero, el abogado de las víctimas Felipe Molina y otras autoridades le visitaron en su casa para ofrecerle beneficios si incriminaba a las autoridades del Comité Interinstitucional, y que incluso el abogado Molina le hizo firmar papeles en blanco para presentar memoriales que jamás vio.
En medio de estas denuncias, ayer por la tarde, uno de los miembros del Control Social, Wilber Flores, presentó al Alto Comisionado de Derechos de la ONU y la Ministra de Justicia un video sobre un supuesto intento de soborno a Víctor Cutipa (víctima) por parte de los implicados en el caso Jamill Pillco y Epifania Terrazas acompañados por Dora Copa, quien habría recibido un monto de dinero para levantar la acusación en contra de los aludidos.
Con esa misma intención habrían ofrecido Bs 5.000 a Cutipa, pero éste se habría negado a levantar la acusación, tal como hizo Copa.