Belga que tuvo condena por desviar insumos para drogas asesora a Evo

BELGA Guillermo Roelants du Vivier es secretario general del Comité Científico de Investigación para industrializar el litio.

Arica – Un desenlace ignorado en Chile tuvo en Bolivia la operación "Frontera 2000", que con el apoyo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA) desplegaron en agosto de ese año el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de nuestro país y la boliviana Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn).

El operativo, descrito por el CDE como "de grandes proporciones en el ámbito de las investigaciones asociadas al narcotráfico del Cono Sur", no logró consolidar su meta de desbaratar la planta de ácido bórico boliviana que, según autoridades de ambos países, fue una "pantalla" que de 1995 a 1999 desvió 3.244 toneladas de ácido sulfúrico a producir cocaína en el Chapare.



El ácido sulfúrico es un insumo necesario para convertir el mineral de ulexita en ácido bórico, pero también es un elemento indispensable para elaborar clorhidrato de cocaína.

La planta construida por la empresa Tierra S.A. en la localidad de Apacheta, a pocos metros de la frontera chilena, ya no está intervenida por la justicia boliviana y se encuentra en plena operación.

Su propiedad y la administración volvieron a manos del físico nuclear belga Guillermo Roelants du Vivier, el mismo que el 28 de julio de 2003 fuera condenado a 12 años de cárcel por el Juzgado 1º de Sustancias Controladas de Bolivia por tráfico de químicos, cohecho activo y asociación delictuosa, en un fallo que en Chile el CDE lo calificó como "histórico".

Cargo honorífico

Hoy, Roelants du Vivier está lejos de ser perseguido por la justicia de su país. El gobierno del Presidente Evo Morales lo designó como uno de los cerebros que le ayudarán a definir la mejor estrategia para explotar el litio y otros recursos mineros cristalizados en los salares del altiplano.

"No soy funcionario público ni recibo sueldo, pero por mi trayectoria y mi aporte técnico y científico fui solicitado para este cargo, que es honorífico", explicó Roelants a "El Mercurio".

Ese cargo es el de secretario general del Comité Científico de Investigación para industrializar los Recursos Evaporíticos, según confirmó el Ministerio de Minería de Bolivia.

El paso fronterizo de Apacheta, vecino a la planta, que había caído a una actividad cero tras el operativo, vuelve a registrar un intenso envío de ácido bórico y otros derivados del boro a Antofagasta, coincidente con la creciente exportación de ácido sulfúrico desde este puerto chileno, según cifras oficiales de ambos países, pese a los resquemores del CDE y de la Felcn, que aseguraban que en el pasado ello posibilitó el "enorme desvío" de químicos al narcotráfico.

El CDE, que sigue definiéndolo en su página web como "el principal inculpado de una organización criminal binacional", declinó comentar la nueva figuración de Roelants como personalidad científica.

El abogado Juan Ramón Zúñiga, que defiende en Chile al socio argentino del belga, Abel Alberto, asegura que el CDE intentó sin éxito someterlo a proceso en la contraparte chilena del caso, que hasta hoy sustancia sin arribar a ningún fallo el 17º Juzgado del Crimen de Santiago.

La clave de lo ocurrido en Bolivia está en un fallo que dictó el 26 de agosto de 2003 el Tribunal Constitucional de ese país, señalando que el proceso contra Roelants le había vulnerado un derecho fundamental, el "non bis íbidem": nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Ello ocurrió porque mientras el tribunal de La Paz lo condenaba por desvío, un juez de Potosí lo castigaba por contrabando y tráfico de influencias, ya que parte del ácido sulfúrico ingresaba irregularmente hacia territorio boliviano.

La suerte hasta entonces adversa de Roelants comenzó a cambiar debido al contexto en que ocurrió el fallo de la alta corte de Bolivia, que ordenó aunar los dos procesos en ese país en una sola causa que se retrotrajo a la etapa de pruebas.

Tal como Chile, Bolivia experimentaba la modernización de su sistema judicial y la ley que creaba el nuevo sistema penal daba tres años de plazo para resolver los casos pendientes del sistema antiguo. La causa contra Roelants legalmente se extinguió antes de que pudiera volverse a examinar el mérito de los antecedentes, y con ello toda su eventual responsabilidad penal.

El Mercurio – Chile