La creciente inseguridad ciudadana que impera en Santa Cruz viene a ser tan lamentable para la población como desalentadora la evidente incapacidad de las autoridades departamentales y nacionales para encontrar una solución definitiva al asunto. El problema de fondo es que, desde un tiempo a esta parte, ha faltado un nivel mínimo de coordinación y trabajo conjunto, con responsabilidades establecidas entre las instituciones llamadas a ofrecer las garantías que por ley se debe ofrecer a la ciudadanía en cuanto a protección de la propiedad privada, la propia personal y la de las instituciones. Como consecuencia de estas desinteligencias es que la delincuencia ha sembrado terror y violencia como nunca antes.
En los hechos, tanto la Prefectura como el Gobierno se han esmerado en poner en práctica sus propios planes de seguridad ciudadana, sin tomar en cuenta –las más de las veces obviando el parecer contrario- a la otra parte, poniendo de relieve la existencia de un pernicioso divorcio entre estos niveles de administración pública. Esta deplorable situación ha permitido que los actos delictivos se sucedan a plena luz del día y con una violencia inusitada. Cada vez son más frecuentes los casos de asalto a mano armada con víctimas heridas con arma de fuego o simplemente victimadas por un simple celular o una cartera.
La Prefectura ha anunciado la implementación de un moderno sistema de vigilancia que permita al menos la identificación de los delincuentes cuando cometen sus fechorías, pero salta a la vista que ha dejado de lado el importante aspecto de la prevención y las imprescindibles tareas de auxilio inmediato y posterior detención de los transgresores de la ley. Esto se debe a que la coordinación con la Policía ha fracasado pese a los intentos y el Gobierno departamental ha decidido seguir adelante con lo suyo. En otras palabras, no se hace ni se deja hacer, y las consecuencias de estas peleas intestinas las paga la ciudadanía.
Hasta donde se sabe, el Gobierno central ha vetado todo intento de implementar planes locales de seguridad ciudadana que no cuenten con su aval. Todavía más, se ha insinuado que de seguir ese curso habrá consecuencias legales. Todo indica que la pugna política entre la oposición y el oficialismo prevalece hasta el punto en que se olvida que la población sufre la arremetida de la delincuencia, hoy impune y cada vez más violenta. El problema sin duda es estructural, pero también se trata de una visión que se presenta como mezquina y sumamente peligrosa porque la gente tiende a hacerse justicia por mano propia.
Conviene tener presente que cuando la población pierde la confianza en sus autoridades en materia de seguridad ciudadana, la situación puede salirse de control. No sólo que la gente aprende a vivir fomentando la defensa propia, sino que incurre también en el delito al armarse por su cuenta y actuar en consecuencia. Entonces el círculo vicioso se cierra y la delincuencia se consolida hasta que es prácticamente imposible reducirla. Las autoridades locales y nacionales están obligadas a deponer sus posturas contrarias al bienestar ciudadano. Y para evitar situaciones extremas deben ponerse de acuerdo cuanto antes, porque ya es hora de escuchar y atender el clamor ciudadano por la seguridad.
Las autoridades locales y nacionales están obligadas a deponer sus cerradas posturas contrarias al bienestar ciudadano.
El Día – Editorial