Por Eduardo Mackenzie – Informe Uruguay
1. Las FARC y el narcotráfico
Para los que tienden a olvidar que las FARC son un cartel de la droga al mismo tiempo que un movimiento armado comunista con pretensiones expansionistas continentales, David Johnson, el brazo derecho de Barack Obama en materia de lucha contra el tráfico de drogas, dijo esto a finales de marzo pasado: “Las FARC siguen siendo la organización más poderosa en tráfico de cocaína y siguen siendo una amenaza significativa para la salud y el bienestar de Estados Unidos”. Johnson estimó, por otra parte, que las intenciones de las FARC contra el Estado colombiano “no han cambiado”, aunque sí sus capacidades para hacer daño, gracias a los golpes que ellas han recibido de parte de las fuerzas militares y de policía de Colombia, y de la exitosa política de “seguridad democrática”, concebida y dirigida por el presidente Álvaro Uribe desde agosto de 2002.[1]
La mala noticia que David Johnson llevó a esa capital fue que la ayuda norteamericana al Plan Colombia[2]. será mermada, a pesar de los éxitos de éste en materia de reducción de cultivos ilícitos (un 29% en 2008) y de un aumento en los decomisos y desmantelamiento de laboratorios y depósitos clandestinos de drogas.
Es cierto que Colombia sigue siendo el principal receptor de ayuda norteamericana en todo el Hemisferio y que esa reducción no equivale a una sanción contra Bogotá. La razón de esa medida habría que buscarla del lado de la crisis financiera internacional y de la atención que en materia de drogas Washington debe prestarle ahora a nuevos países, como Venezuela y Ecuador, los cuales se han ido convirtiendo, por la presencia allí de bastiones de las FARC, en puertos de salida de la droga hacia África Occidental y Europa (pasando por República Dominicana, Brasil y Haití), y hacia Estados Unidos y Asia (a partir, sobre todo, del Ecuador).
“Venezuela es el punto de partida de la mayor parte de la cocaína que entra en Europa Occidental”, reveló la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la ONU, en su informe de 2009. "El creciente número de remesas de cocaína de América del Sur a países de Europa oriental muestra la tendencia relativamente nueva de este tráfico", asegura dicho informe. [3]
En efecto, los éxitos anti subversivos del Estado colombiano han empujado la actividad narco traficante hacia otras aéreas, como Venezuela[4], Ecuador, México, Perú, Ecuador y Bolivia. Lo que ocurre en este último país sería más que todo la consecuencia de la nula voluntad política de Evo Morales para frenar el crecimiento de esos cultivos.
El informe de JIFE, señaló, por ejemplo, que en el 2008 la fabricación de cocaína aumentó en Perú a 302 toneladas y en Bolivia a 113 toneladas, lo que equivale al 36% y al 13 %, respectivamente, de la fabricación mundial de ese alcaloide. Pese al incremento en esos dos países, en América Latina la producción de drogas bajó de 994 toneladas en el 2007 a 845 toneladas en el 2008, lo que representa el volumen más bajo desde el 2003. Ese texto subraya que esa reducción se debe en buena parte a los progresos anti tráfico de drogas en Colombia.
En cuanto a la situación específica de Colombia en materia de tráfico de drogas habría que decir que el panorama de ese negocio ilícito sigue bajo la fuerte dominación de las FARC, guerrilla-cartel de droga que comenzó en los años 1980 a percibir ingresos en ese sector, hasta llegar hoy a controlar, tras el derrumbe de los carteles de Medellín y Cali, el 70% de la producción de la cocaína del país[5], según estudios realizados por la Policía colombiana. Para conservar esa posición, las FARC han establecido alianzas con organizaciones criminales colombianas y de varios países, en especial de Perú, Panamá y México.
En el periodo 1998-2002, época en que el Estado colombiano, por razones ideológicas y financieras, carecía de una política real de contención de las FARC, más del 60% de los ingresos de esa organización provenían del narcotráfico. En el caso del ELN era el 40%. Informes de la época indicaban que al país ingresan clandestinamente cada año 5 000 millones de dólares por narco tráfico. De esa suma, el 40%, es decir unos 2 000 millones, caían en manos de las FARC.
Informes posteriores del Ministerio de Defensa colombiano, de marzo de 2003, aportaron guarismos más bajos al estimar que las FARC recibían al año, por diversas actividades, cerca de 569 millones de dólares, la mayoría por narcotráfico. El Banco Mundial dio una cifra parecida –unos 500 millones de dólares– sólo por el control de cultivos de coca. Finalmente, las agencias de seguridad de Estados Unidos estimaron en los informes de 2001-2002 que las FARC recibían por narcotráfico 600 millones de dólares.
Es probable que el ingreso anual de las FARC (por narcotráfico, secuestros, robos y extorsiones) llegó a superar en esos años los mil millones de dólares, lo que equivalía a la mitad del presupuesto nacional de la educación de Colombia. Esto hacia de ese movimiento terrorista una entidad con ingresos comparables a los de las grandes empresas del país, como Ecopetrol y Bavaria.
Con su alianza contradictoria con los pequeños carteles, las FARC vieron que era posible consolidarse como un nuevo cartel, mediante el control gradual de las fases del proceso, exceptuando la comercialización en el exterior, dominada por los grupos especializados en el manejo de las rutas marítimas o aéreas.
Las FARC son consideradas hoy como el principal cartel del narcotráfico. Sus dos principales bloques –Oriental y Sur- operan en los Llanos Orientales y en la Amazonia, donde se localiza el 70% de los cultivos ilícitos de coca y la casi totalidad de la amapola, y donde existen “cristalizaderos” y pistas clandestinas.
A su vez, ante el repliegue al que se vieron obligadas a partir de 2003, por la política de Seguridad Democrática, las FARC desplazaron sus principales núcleos narcotraficantes al suroccidente, hasta el territorio ecuatoriano, y por el oriente hacia Venezuela. Y se aliaron con bandas criminales (Bacrim), como “los Rastrojos” y otros grupos desmovilizados o no de las llamadas autodefensas ilegales.
Los reveses sufridos por las FARC desde 2003 redujeron severamente los secuestros extorsivos y ello dejó la banda terrorista cada vez más dependiente del narcotráfico, del contrabando de combustibles y de eventuales auxilios extranjeros. Tenía, pues que aliarse con otras bandas criminales para acceder a fuentes de recursos.
Eso explica, que sea precisamente en la región suroccidental de Colombia, no lejos de la frontera con Ecuador, donde las FARC mantienen ahora una cierta actividad. El objetivo es que sus propagandistas puedan decir que hay un "resurgimiento" de la banda de Alfonso Cano. En realidad, las FARC sobreviven gracias al apoyo que les brinda masivamente el régimen cripto comunista venezolano y (con más disimulo) el gobierno ecuatoriano.
2. La muerte del señor de las “rutas del Pacífico”
Respecto de las rutas actuales de penetración de alcaloides, las FARC no tienen nada que envidiarle a los extinguidos carteles de Medellín y Cali[6], en cuanto a las cantidades exportadas y los métodos utilizados[7]. Radio Caracol, de Bogotá, informó recientemente que una interceptación telefónica, hecha en noviembre de 2009 por las autoridades, demostró que la guerrilla habló en un momento del envío hacia Centroamérica de “un submarino con siete toneladas de cocaína y de tres vuelos con una cantidad de droga similar”.
Según esa misma fuente, al menos ocho de los 30 frentes[8] en actividad hoy de las FARC (en 2001 eran 60) están dedicados de tiempo completo a la producción y exportación de alcaloides (cocaína y marihuana, en particular), luego de haber eliminado, en vastas zonas, a los intermediarios. El objetivo de la cúspide de las FARC sería el de “colonizar Europa [con la droga] a través de Centroamérica”. Para eso contarían con operadores clandestinos en Bélgica, Holanda y Gran Bretaña.
Un detalle descubierto por las autoridades de Bogotá es que las instrucciones que enviaba a sus agentes el jefe del frente 48 de las FARC, Edgar Tovar, coordinador de esas operaciones de tráfico, eran muy concretas: “contaminar contenedores e invertir utilidades en la compra de terrenos y ganado” y ocultar el resto del dinero en las “caletas". [9]
La Policía, además, dice haber encontrado en un campamento de las FARC un documento que indica que Alfonso Cano y Jojoy, los dos jefes más altos de esa banda, le reprochan a Edgar Tovar no haberles enviado “los tres mil millones de pesos que tenía que entregar cada semana por cuenta del negocio”. El documento agrega que ese dinero era requerido por Cano y Jojoy “para apoyar a sus enlaces políticos en Canadá, Australia, y los amigos de la vecindad" (probablemente Venezuela y Ecuador).
Obviamente, el manejo de las elevadas sumas de dinero ha sido siempre fuente de disputas entre los miembros y la dirección de esa organización. Una versión recogida ulteriormente por la prensa colombiana concluye que “Tovar fue sancionado por Alfonso Cano, porque estaba descuidando la producción por estar en relaciones sentimentales con 38 guerrilleras por lo que tuvo que hacer sólo 400 metros de trincheras”. Tal descubrimiento llevó a las autoridades militares a incrementar sus acciones sobre las regiones afectadas por esos frentes, para tratar de destruir esos dispositivos y “evitar que sigan creciendo sus millonarias utilidades”.[10]
Esos esfuerzos dieron resultados importantes. En la madrugada del 20 de enero de 2010, Edgar Tovar, uno de los más importantes cerebros del narcotráfico de las FARC, el amo de la “ruta del Pacífico”, perdió la vida durante un bombardeo de la Policía colombiana en el departamento sureño del Putumayo. Otro guerrillero, alias Manuel, con 15 años de vida subversiva, había vendido la ubicación exacta donde Tovar se encontraría esa mañana. La Operación Fortaleza, es considerada hoy como el más duro golpe dado a la guerrilla desde la Operación Jaque, la cual terminó con la liberación espectacular, en el Guaviare, de 15 rehenes, entre esos Ingrid Betancourt y los tres rehenes norteamericanos, el 2 de julio de 2008, sin disparar un tiro.
La acción contra Tovar, que recuerda otra similar en la que fue abatido el número dos de las FARC, Raúl Reyes, durante el bombardeo de su campamento en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008, fue el resultado, según el principal diario bogotano[11], de dos años de minucioso trabajo de seguimiento e infiltración de la guerrilla, el cual comenzó tras la captura de un guerrillero del famoso frente 48. Según un documento encontrado en el computador de Raúl Reyes, Tovar le aportaba dos millones de dólares por mes a la dirección (el llamado secretariado) de las FARC, producidos por el narcotráfico.
Tovar era uno de los elementos más peligrosos de las FARC en el sur del país. Para contrarrestar las acciones de penetración del Ejército, él había formado un grupo de contrainteligencia que le informaba, según El Tiempo, “quiénes tenían actitudes extrañas y podrían ser infiltrados”. En los documentos encontrados en el computador de Tovar, éste llegó a ordenar cerca de 26 fusilamientos, “acompañados de torturas” para que los sospechosos "confesaran". El diario reveló otros detalles inquietantes: “Allí cayeron guerrilleros de su frente y visitantes ocasionales. Además, Tovar implementó medidas para impedir que algún elemento electrónico llegara a su campamento, así que dio la orden de comprar 20 pares de botas e igual número de sudaderas, que tenían que usar los visitantes, entre los que se contaban compradores de droga y narcos”.
Pese a los éxitos de las fuerzas de seguridad, las autoridades colombianas saben que todavía queda mucho terreno por recorrer antes de lograr la destrucción durable del nuevo cartel estructurado por las FARC y el universo de las otras bandas criminales que trafican con droga. El Ejército confiscó, por ejemplo, en marzo pasado, en el departamento del Meta, a 120 kilómetros al sureste de Bogotá, 108 fusiles de asalto, nueve ametralladoras M60, cuatro lanzagranadas, un mortero, 40 granadas y abundante munición que pertenecía a un grupo de narcotraficantes del departamento del Meta (sureste), mientras que el DAS –el servicio secreto colombiano– desarticulaba en esos mismos días una red que introducía ilegalmente al país armas procedentes de Centroamérica. Cuatro miembros de esa organización fueron capturados.
El material bélico comprado en países centroamericanos era enviado a la isla colombiana de San Andrés (en el mar Caribe, no lejos de Nicaragua) para transportarlo luego al interior del país por vía aérea o marítima. "Esta red ha logrado introducir en diferentes lugares del territorio nacional, entre los que se encuentran las ciudades de Ibagué y Cartagena, cohetes, fusiles y ametralladoras para luego vendérselos a otros grupos al margen de la ley", precisó el DAS en un comunicado.[12]
3. La actual estructura de las Bacrim
Del panorama del narcotráfico colombiano hacen parte también, además de las FARC, las llamadas Bacrim (bandas criminales). Se trata de seis organizaciones principales, las cuales manejan, a su vez, 1.170 redes pequeñas que se dedican al tráfico de drogas y a ejecutar todo tipo de crímenes en 18 departamentos[13]. Esas seis bandas tienen “presencia” en 159 municipios, donde están extorsionando, cometiendo delitos, impulsando el negocio del llamado “microtráfico” de estupefacientes y manejando las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, África y Europa.
Las Bacrim son, en parte, el resultado de la reunificación de los residuos de los 27 pequeños carteles que existían en el 2006 y que fueron desapareciendo gracias a la acción de la fuerza pública. Tan sólo en 2009, la Policía capturó 2.118 miembros de esas estructuras.
Un diario colombiano[14] informó que a finales de 2009, en Caquetá, varios jefes de las Bacrim se habían reunido y acordado crear una “confederación o agrupación paramilitar", al estilo de la que en los años 1990 crearon los hermanos Fidel y Carlos Castaño, y que luego tomaron el nombre de AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), desmanteladas por el Gobierno tras una larga negociación con los jefes paramilitares, entre julio de 2003 y enero de 2007[15].
La respuesta del Estado colombiano al desafío de las bandas emergentes no se hizo esperar. En enero de 2010, el director de la Policía colombiana, general Óscar Naranjo, anunció la creación de un “grupo especial de búsqueda” cuya prioridad será capturar a los jefes de las Bacrim y desmantelar esas estructuras. Ese bloque policial incluye hombres de Antinarcóticos, de los Escuadrones Móviles de Carabineros, de la Policía Judicial y de Inteligencia.
Este es, en particular, el “organigrama” de las seis Bacrim más conocidas:
‘Los Urabeños’ : Jefe: Dairo Antonio Usuga David, alias ‘Otoniel’ o ‘Mauricio’. Tienen presencia en 95 municipios de ocho departamentos (Cesar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre). Son 1.351 hombres.
‘Los Machos’: Jefe: Hilvert Nover Urdinola Perea, ‘Don H’.Tienen presencia en dos municipios del Valle del Cauca. Maneja 30 redes criminales y tiene cerca de 60 hombres.
‘Renacer’: Jefe: José María Negrete Luna, ‘Raúl’.Tienen presencia en 11 municipios del Chocó. Maneja 15 redes criminales y un número aproximado de 90 hombres.
‘Erpac’: Jefe: Pedro Oliveiro Guerrero C. alias ‘Cuchilllo’.Tienen presencia en 22 municipios de 4 departamentos (Meta, Vichada, Guainía y Guaviare). Son 637 hombres.
‘Los Rastrojos’: Jefe: Javier Antonio Calle Serna, alias ‘El Doctor’.Tienen presencia en 48 municipios de nueve departamentos del Pacífico y el norte del país. Tiene 1.250 hombres.
‘Los Paisas’: Jefe por establecer.Tienen presencia en 26 municipios de 6 departamentos del norte del país y Antioquia. Son 350 hombres. Manejan 128 redes criminales.
La constitución del bloque especial del general Naranjo no tardó en dar sus primeros resultados. El 16 de marzo de 2010, agentes de dos cuerpos policiales, la Dijín y la Dipol, capturaron a diez presuntos jefes de Los Rastrojos. Entre ellos, estaba alias El Zarco y alias El Peludo, jefes de ese grupo en Cauca y Nariño. La operación se realizó simultáneamente en tres ciudades: Cali, Pasto y Popayán. Alias El Zarco, cuyo nombre real es Leónidas Moreno Vargas, está implicado en homicidios, secuestros extorsivos, desplazamientos forzados y reclutamiento de jóvenes. Además tenía a su cargo la vigilancia de laboratorios de droga y de las rutas de ese tráfico ilegal.
‘Los Rastrojos’ controlan las rutas del narcotráfico por el océano Pacífico. Incluso les han decomisado pequeños submarinos en Cauca y Nariño. ‘El Peludo’, encargado de las finanzas de esa agrupación, fue arrestado cuando llegaba a Pasto, por donde intentaba escapar. Se trata de uno de los golpes más fuertes que las autoridades le han dado a esa banda. Todos los capturados eran cabecillas de esa organización, y se encargaban de reclutamiento y de cuestiones logísticas.
Pero la captura reciente más espectacular e importante ocurrió el 14 de abril de 2010, cuando la policía detuvo a Héctor José Buitrago, en un camino cerca a la laguna del Neusa, en Cundinamarca. De 71 años, el hombre era el “patriarca” del paramilitarismo colombiano. Llegó a tener más de mil hombres en armas y, durante 30 años, dominó, con ellos y sus dos hijos, buena parte de los Llanos Orientales. Buitrago está acusado de haber cometido numerosos delitos: secuestros, tráfico de drogas, fuga de presos, asesinatos, concierto para delinquir, entre otros. Se le reprocha haber ordenado la matanza de una comisión judicial en San Carlos de Guaroa (Meta), en 1997, por la que fue condenado a 40 años de prisión, como reo ausente.
La carrera criminal de Buitrago comenzó el día que la guerrilla masacró a 20 personas en su finca. Para que eso no se repitiera él decidió tomar las armas. Su historia es la de muchos otros campesinos de esa época que se transformaron en paramilitares por no haber encontrado en las instituciones legales protección. La violencia de las guerrillas marxistas engendró así una violenta reacción popular que copiaba los métodos criminales de las FARC y el ELN. Colombia conocerá así uno de los periodos más sombríos de su historia.
El testimonio de Buitrago, recogido por la policía[16][xvi], es instructivo: el muestra la génesis de ese cataclismo. “Un día empezaron los rumores de que la guerrilla del ELN se iba a meter a la zona. La gente estaba nerviosa y eso fue lo que pasó. Los guerrilleros llegaron a mi finca y no tuve cómo defenderme. Por esos días había conocido a Gonzalo Rodríguez Gacha [en esa época, uno de los jefes del cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar] y me dijo que iba a realizar una reunión en el Magdalena Medio con unos señores que tenían los mismos problemas que yo con la guerrilla. Fui y Rodríguez me presentó como un líder en Casanare. Yo no era más que un campesino con ganas de no dejarse quitar su tierra. Yo tampoco tenía grandes estudios ni nada de eso. Pero bueno, yo lo dejé. Y me presentó a dos señores que estaban allí: el primero se identificó como Henry Pérez y el otro como Ramón Isaza [ellos serán jefes muy conocidos de los primeros grupos de auto-defensa de extrema derecha]. Yo salí de esa reunión con 100 fusiles que me regaló Rodríguez Gacha para que me defendiera. Y así llegué a mi finca. Y otra vez la guerrilla se metió. Yo había ya entregado los fusiles a unos trabajadores míos y a gente del pueblo. Los guerrilleros se volvieron a meter a mi finca. Mataron mucha gente, como a 20. Yo sentí que ese era el fin. Pero de nuevo Rodríguez Gacha me animó y me mandó más armas y así fue como empezó todo.” Por fortuna, las AUC ya no existen. Pero las FARC sí.
Eduardo Mackenzie nació en Bogotá. Es periodista y escritor. Trabaja en París desde 1985, donde ha sido el corresponsal de medios colombianos como Semana, Cromos, Cambio 16-América, Cambio16-Colombia, Revista Cambio, Doing Business, Radio Caracol y el Espectador. Hizo estudios de Derecho en la Universidad Libre de Bogotá y trabajó varios años como abogado de la oficina jurídica del ministerio de Trabajo. En 1977 viajó a Nueva York para consagrarse al periodismo poítico. De regreso a Colombia, colaboró con revistas como Alternativa, Nueva Frontera, Guión y Al Día. En Semana creó y dirigió durante varios años la rúbrica internacional hasta su viaje a Francia. En París ha comentado la realidad latinoamericana en distintas publicaciones, debates de radio y televisión.
Notas
[1] El Tiempo, Bogotá, 28 de marzo de 2010.
[2] El Plan Colombia fue lanzado oficialmente en agosto de 2000 en Cartagena, Colombia, por los presidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Bill Clinton, de Estados Unidos. La Unión Europea rechazó toda participación en el Plan Colombia. El presupuesto inicial del Plan Colombia es de 7 558 millardos de dólares en tres años. Estados Unidos financió 1 319 millardos, la mayoría en material militar. El resto fue financiado por el presupuesto nacional de Colombia. La meta inicial del Plan Colombia fue reducir un 50% los cultivos ilícitos, modernizar las fuerzas militares y de policía, reforzar el aparato judicial, ayudar a la población desplazada por la agresión narco-terrorista.
[3] La Junta explica que los "narcos" utilizan nuevos métodos para introducir la droga en Europa del Este, como demuestra la incautación de 164 kilogramos de cocaína líquida en Eslovaquia, embotellada y declarada como "vino tinto". El consumo de cocaína disminuyó durante 2008 en España, Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza, mientras que aumentó en Irlanda y Francia. A nivel general, se ha estabilizado o ha descendido el uso de cannabis, éxtasis y anfetaminas gracias a las campañas de prevención, aunque también se detectó en algunos países como Dinamarca, Reino Unido y España que los usuarios de esas drogas las reemplazaron por cocaína. (Efe, 24 de febrero de 2010).
[4] A finales de 2008, agencias de inteligencia europeas constataron que a mediados de ese año hubo un incremento “dramático” en la “tendencia mundial del contrabando que salía de Venezuela”. Fue el servicio secreto británico MI 6 el que lanzó esa alarma. “Estimamos que más de 250 toneladas de cocaína pasaron por Venezuela durante los últimos seis meses. Esto es cinco veces superior a lo que ocurrió en los dos últimos años”, indicó un informe del MI 6 del ministerio del Interior británico. El informe del MI 6 detalló que cinco traficantes cargaron 2, 2 toneladas de cocaína en un avión destinado a Sierra Leona, que ellos habían sido escoltados por cuatro miembros de la CICIP, una fuerza de policía de élite de Venezuela. (Ver el artículo de Gordon Thomas en G-2 Bulletin, La Grand Epoque, Paris, 13 de diciembre de 2008).
[5] Fue el secretariado (la dirección) de las FARC la que decidió involucrar a esa organización en el narcotráfico en la “Séptima Conferencia Guerrillera” (mayo de 1982). La “Octava Conferencia Guerrillera” (mayo de 1993) volvió a abordar el tema de manera reservada, enmarcándolo dentro de una reorganización de su aparato financiero. Hoy los frentes importantes de las FARC se encuentran en las áreas de producción de cocaína, sobre todo en el Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y Putumayo, además de la Sierra Nevada, el Catatumbo y sur de Bolívar. También, hay frentes dedicados a la producción de látex de amapola en las partes altas de las cordilleras Central y Oriental en Nariño, Cauca, Huila y Tolima.
[6] Se trata de estructuras colombianas pioneras en el tráfico internacional de drogas. El Cartel de Medellín surgió en 1981 y fue decapitado y desmantelado por las autoridades colombianas en diciembre de 1993. El Cartel de Cali surgió en 1980 y fue decapitado y desmantelado por las autoridades colombianas en agosto de 1995. Esas dos organizaciones realizaban todas las actividades propias de ese tráfico, desde la producción hasta la comercialización de la droga en el extranjero y su blanqueo de los dineros sucios en los circuitos financieros internacionales. Los pequeños carteles que los sucedieron se especializaban en una o dos fases del negocio. El ingreso probable de los narcotraficantes colombianos en 1887 era de 4,5 millardos de dólares (producción anual de 60 toneladas de cocaína). Ingreso probable de los narcotraficantes colombianos en 1999: 7,3 millardos de dólares (producción anual de 97 toneladas)
[7] El 8 de marzo de 2010, las autoridades de Colombia, Estados Unidos, Panamá y Honduras incautaron 2,3 toneladas de cocaína en dos lanchas rápidas que estaban en alta mar frente a las costas panameñas y hondureñas. Ocho personas fueron capturadas. Esa operación hizo parte de las actividades de interdicción que realizan de manera conjunta las autoridades de Colombia, Estados Unidos y Panamá.
[8] Las FARC han conformado siete bloques regionales. Cada uno de éstos tenían seis o siete frentes cada uno. En 2002, las FARC decían tener 60 frentes. Hoy, ante las bajas en combate, detenciones y deserciones sufridas, no tendrían más de 30 en actividad. En 2002, las FARC decían tener 18 000 “combatientes” uniformados y armados, más unos 3 000 milicianos no uniformados. Hoy podrían tener sólo 5 000 “combatientes” en total.
[9] Radio Caracol, Bogotá, 18 de febrero de 2009.
[10] Radio Caracol, Bogotá, 18 de febrero de 2010
[11] El Tiempo, Bogotá, 28 de febrero de 2010.
[12] Diario Exterior, Madrid, 23 de marzo de 2010.
[13]El Tiempo, Bogotá, 26 de enero de 2010
[14] El Tiempo, Bogotá, 26 de enero de 2010.
[15] En julio de 2003 se firmó el “pacto de Santa Fe de Ralito”, destinado a desmontar los grupos paramilitares de las AUC que aceptaron cesar su actividad criminal, negociar con el Gobierno y entregar sus armas. Avalaron tal acuerdo, Sergio Caramagua, jefe de la misión de Verificación de la OEA, y dos delegados de la Iglesia: los monseñores Julio César Vidal y Germán García. Ese proceso siguió los lineamientos exigidos por la ley 782 del 23 de diciembre de 2002, llamada “ley Justicia y Paz”, aprobada por el Congreso de Colombia. El balance final de ese proceso, el 29 de diciembre de 2006, es de 31 687 personas desmovilizadas, de las cuales 25 929 están recibiendo ayuda humanitaria. (Ver El País, Cali, 29 de diciembre de 2006). El 4 de noviembre de 2006, el ministerio del Interior entregó a la Fiscalía nacional colombiana la lista de 2 695 ex paramilitares desmovilizados de las AUC para que sean sometidos a la Ley Justicia y Paz. El listado fue certificado por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. La Fiscalía investigará cada caso antes de decidir quién será cobijado o no por esa ley. Otros datos de la Policía colombiana sobre desmovilizaciones de irregulares en Colombia hasta el 29 de diciembre de 2006: 42 951 personas, entre paramilitares y guerrilleros. De ellos, 35 213 son ex AUC y 7 738 son ex miembros de las FARC, del ELN y del ERG. Hasta el 7 de enero de 2007, 960 ex paramilitares han sido detenidos por las autoridades, desde agosto de 2002, por haber retomado las armas o incurrido en actos delictivos (Ver El País, Cali, 8 de enero de 2007). El 13 de mayo de 2008, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe extradita a los Estados Unidos a los 14 más altos ex jefes de las AUC.
[16] El Espectador, Bogotá, 17 de abril de 2010.