Victimarios siguieron un rito andino por miedo a las almas. Gobierno se lava las manos y deja a la Justicia el caso del linchamiento. Policía tiene plan para actuar pero no recibe orden de Evo.
Anuncio: Boris Colque y Delfín Chocotea leen, ayer en Uncía, sus decisiones
La Prensa
Ayllus linchadores plantean un pliego de apoyo al contrabando
Conflicto: Los campesinos se reunirán hoy en cabildo para decidir si devuelven los cadáveres de sus víctimas.
Uncía/La Prensa.- El Consejo de Mallkus de los cuatro ayllus de Uncía, Layme, Aymaya, Paraka y Qaracha, presentó ayer por la tarde un voto resolutivo que contiene cuatro puntos que favorecen al contrabando de automóviles, rechazan nuevamente una investigación en su contra por la muerte de los cuatro policías linchados el lunes 24 y anunciaron que hoy analizarán la probable devolución de esos cadáveres.
En conferencia de prensa, Boris Antonio Colque y Delfín Chocotea Huanca, mallkus de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosino (FAOI-NP), presentaron el documento aprobado en la reunión que se reanudó ayer después de un cuarto intermedio abierto el lunes.
El primer punto del documento señala que el Consejo autoriza una “investigación de las causas de por qué ingresaron los cuatro policías a la región”.
Se plantea además la “aplicación y el respeto a la justicia comunitaria”.
El tercer acápite exige la inmediata “nacionalización de los autos ‘chutos’ pertenecientes a los comunarios”.
El cuarto y último establece la “ratificación de la declaratoria de ‘zona roja’”, entendida como aquel territorio por donde pueden circular sin problema algunos vehículos sin documentos y mercadería de contrabando y a la que no podrán ingresar ni la Policía ni la Fiscalía.
De hecho, esta decisión se tomó el miércoles 26 en un cabildo campesino.
Los representantes de los cuatro ayllus mencionaron que convocaron a un cabildo, que se realizará hoy y que tendrá la finalidad de analizar la devolución de los cadáveres.
La sesión de las autoridades originarias cumplida ayer contó con la participación del vicario católico del norte potosino, sacerdote William Ugarte, con cuya finalidad recibió la autorización correspondiente de los campesinos.
En principio, La Prensa mencionó que en este conflicto estaba involucrado el ayllu Jucumani, que forma parte del nuevo municipio de Chuquiuta, donde estos comunarios están asentados.
Una de las autoridades originarias de este ayllu declaró a este diario: “Nosotros nada tenemos que ver con ese problema. Nosotros ahora somos otro municipio”, pero no quiso identificarse.
Los campesinos de Uncía se niegan a que la justicia investigue el linchamiento de los cuatro policías, sino exclusivamente por qué llegaron a esa zona. Aseguran haberles aplicado justicia comunitaria, pues los acusaron de haber asesinado a un taxista de 19 años, Adalid Escapa, el viernes 21 de mayo y de haber extorsionado a otros comunarios.
Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Roberto Coraite Cruz; la viceministra de Justicia Indígena Originaria y Campesina, Isabel Ortega, y estudiosos en la materia coincidieron en definir el hecho como un asesinato, no como justicia comunitaria.
Horas antes de que se conociera ese documento, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró: “Con mucha claridad que no va a haber ningún tipo de indulto ni amnistía. Cualquier crimen de esta naturaleza tiene que ser investigado, y los responsables, procesados y sancionados. Esta situación es absolutamente innegociable y en ese sentido reitero que continúan las gestiones”.
Llorenti y el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, visitaron la zona en conflicto el lunes, pero ninguno llegó a entablar conversaciones con las autoridades originarias, pues exigieron la devolución de los cuerpos de los victimados para que reciban cristiana sepultura. Ante la negativa de los lugareños, retornaron a La Paz.
El Ministro informó que conversó “con el Fiscal de Distrito de Potosí sobre este tema y entiendo que él ahora se encuentra en la zona, el Estado va a actuar, ya que tiene el tiempo para hacerlo”.
La Fiscalía comienza a indagar
El fiscal de Potosí, Sandro Fuertes, llegó ayer a Uncía, desde donde anunció: “Me voy a quedar hasta solucionar este problema”, según un informe de Radio Pío XII de Siglo XX, población ubicada a 7,5 kilómetros de la capital de la provincia Rafael Bustillo.
Por la mañana, el Director del Ministerio Público potosino sostuvo una reunión privada con representantes de los ayllus en Llallagua y posteriormente se dirigió a la población de Uncía.
Según la Red Erbol, allegados a la autoridad indicaron que ésta averigua datos sobre la muerte de los policías.
Sin embargo, el mismo Fiscal aclaró: “En las jornadas precedentes estuve fuera (del país) en un curso, por lo que no sé mucho sobre este problema y no quiero dar declaraciones”.
Por la tarde, el jurista dialogó con miembros de la Iglesia Católica en Uncía.
La CSUTCB condena linchamientos
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) condena los actos de violencia cometidos en Cala Cala, municipio de Uncía, que no fueron un hecho de justicia comunitaria, informó ayer a La Prensa Roberto Coraite, secretario ejecutivo de la matriz agraria nacional.
“La justicia originaria campesina no admite los linchamientos, que son actos delincuenciales. De manera contundente, digo que somos respetuosos ante la vida, así como estipula nuestra Constitución, que nosotros mismos hemos elaborado”.
La matriz sindical campesina solicitó que se haga una investigación minuciosa del caso, “que se busque a los culpables, de dónde emergió y cómo nació esta situación. Repito: el linchamiento no se puede admitir bajo ninguna justificación”.
Una de las políticas trazadas por la CSUTCB, desde su fundación, dijo el dirigente, es la defensa de la vida, “por lo tanto, el Ministerio Público se encargará de investigar. Sus autoridades verán los mecanismos para encontrar a los autores y la forma de que el Estado controle Uncía”.
Consultado en torno al fuero que deberá procesar a los responsables de las cuatro muertes, Coraite afirmó que “deberá ser la justicia ordinaria, que está vigente, mientras no tengamos debidamente delimitados los alcances de la justicia comunitaria”.
Reiteró que en cuanto estos mecanismos de administración de justicia sean debidamente reglamentados, “no significará que se repitan esos actos. De ninguna manera. La justicia indígena tiene formas para disciplinar a la gente, a través de castigos ejemplarizadores, pero que no alcanzan características de hechos criminales”.
Si bien no pudo precisar las circunstancias en las que ocurrió la muerte violenta de los cuatro policías, denunció que no hay presencia de administradores de justicia en la región y cuando los campesinos denunciaron abusos y excesos en los que incurrían los policías “jamás avanzaron las investigaciones y todo quedó en la impunidad. Creemos que ese factor ha dado lugar a una reacción de los hermanos del norte potosino y éstos cometieron semejantes atrocidades”.
Este fenómeno de ausencia de procedimientos de reparación se presenta en casi todas las áreas rurales del país. “La justicia se ha ausentado del país y, en alguna medida o exagerada según algunos compañeros, es injusticia, cuya balanza se inclina hacia el lugar donde pesa más el dinero”.
Pese a ello, “los cadáveres de los policías deben ser devueltos. Es algo racional y humanitario. Si los hermanos saben dónde están los cadáveres, deben decirlo para que sus familiares les den sepultura conforme a su conciencia”.
Victimarios siguieron un rito andino por miedo a las almas
Espera: familiares de los muertos hablan el lunes en Uncía con su abogado
La Prensa.- Un periodista, un sociólogo, un historiador y un aymara coincidieron ayer en que, en la cosmovisión andina, las almas de los cadáveres sepultados boca abajo quedan atrapadas en sus tumbas y no pueden clamar por justicia, atormentar a sus asesinos o causarles la muerte a ellos o sus familias.
En la cosmovisión andina, los enterrados con la vista hacia la tierra no pueden elevar la mirada al cielo, donde se encuentran las divinidades, a las que podrían reclamar venganza.
El periodista Andrés Gómez, oriundo del norte potosino e investigador de la cultura de su tierra, confirmó la versión.
El sociólogo Juan Yonny Mollericona amplió el concepto del entierro boca abajo al asegurar que es una práctica de los delincuentes, quienes incluso han adoptado cierto tipo de rituales que los protegen en sus andanzas.
El historiador Carmelo Corzón refirió que esta práctica es muy reciente, pues en los restos arqueológicos de las culturas prehispánicas no se han encontrado sepulturas en las que los cuerpos hubiesen sido colocados en posición decúbito ventral.
Después de mucha insistencia, un yatiri aymara, quien exigió guardar su identidad en reserva, explicó que en el mundo andino existe la creencia de que, cuando una persona es inhumada con la boca hacia abajo, su alma queda atrapada en esa tumba.
Aymaras y quechuas creen que, por las noches, las almas de sus seres queridos los visitan y se pasean en especial por los cementerios en los que sus restos fueron depositados o cerca de sus nichos, pero para ello es necesario que yazcan boca arriba.
En caso de que un asesinado sea colocado en esta posición, el alma tendrá la posibilidad de atormentar a su victimario y, en algunos casos, causarles la muerte, a ellos o a sus familiares.
Los cuerpos de las personas no identificadas son igualmente enterradas con la cara hacia el suelo, pues no se sabe si en vida hicieron daño o no.
De esta manera, tampoco se causa la condenación del alma, sino que ésta queda recluida en su última morada.
Los estudiosos consultados opinaron que el linchamiento de los cuatro policías no fue una acción de justicia indígena, originaria o comunitaria.
Visiones distintas
El doctor en antropología Ramiro Molina, el historiador Pedro Portugal Mollinedo y el periodista Andrés Gómez, a su turno, solicitaron que los hechos de violencia sean colocados en su cabal dimensión y coyuntura.
Molina, director del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef), vivió mucho tiempo en el norte potosino, donde investigó la cultura del lugar.
“Puedo decir que los pobladores de los ayllus son gente de bien, aunque por la ubicación geográfica de la zona en que viven, ésta es un paso obligado de vehículos y mercadería de contrabando, lo que generó algunas redes de corrupción que protegen a los delincuentes”.
Sin embargo, aseguró que se trata de una parte minoritaria de las personas asentadas en Uncía y sus alrededores.
“Hay crimen semiorganizado en el lugar, que tiene mucho poder económico, lo que se agudiza con la ausencia de Estado, pero es posible apuntar que también se produjo una crisis de la justicia comunitaria”.
Las autoridades originarias, explicó, administran justicia según sus propios códigos y costumbres, por lo que durante años han resuelto problemas que desde las ciudades no se conocen.
Portugal Mollinedo dijo que se observa una mala interpretación de las demandas indígenas, que ha dado lugar a una manifestación deformada traducida en el linchamiento de cuatro policías.
“Ésta es una buena opción para dar respuestas políticas la situación”.
Gómez advirtió que no hacía apología del delito, pero refirió que desde siempre ésa es la zona más pobre de Bolivia, donde hubo una ausencia total del Estado, que se tradujo en falta de medios de transporte, educación, salud e incluso de realización individual.
Por ello, esas personas encontraron un medio para generar algunos recursos y en la lógica de quienes siempre consideraron al Estado como un ente lejano, cuando éste atenta contra su incipiente prosperidad, la reacción natural es de rechazo, protesta y acciones como las acaecidas en Cala Cala.
Rutas del contrabando
Según una autoridad municipal de Uncía, la ruta del contrabando de vehículos comienza en la Zona Franca de Iquique.
Desde ese puerto, hay muchos caminos que conducen a Bolivia, la mayor parte de ellos a través de pasos no habilitados.
Por rutas abiertas en medio de la pampa altiplánica, los coches llegan a la población orureña de Challapata.
Desde allí, los autos ilegales siguen ruta a Ancacato y Uncía, desde donde alcanzan la provincia Charcas de Potosí.
A partir de ese sitio los motorizados de contrabando son llevados a las ciudades de Sucre o Cochabamba.
Una vía alternativa fue abierta por los contrabandistas y rodea Uncía antes de llegar a la provincia Charcas.
Entre 2003 y 2005 entraban 30 vehículos de distinto modelo por caravana. Esa cantidad se redujo, ahora, de cinco a diez.
Policía tiene plan para actuar pero no recibe orden
La Prensa.- El Alto Mando de la Policía diseñó un plan para intervenir en Uncía y recuperar la presencia estatal en ese municipio, pero no recibe una orden política para actuar.
Un efectivo de Inteligencia reveló que la institución del orden tiene informes de los puntos vulnerables por los que se puede ingresar en las comunidades y neutralizar una posible reacción de algunas personas.
Los reportes reservados dan cuenta de que hay división entre los campesinos, algunos de quienes no ofrecerán resistencia a una eventual acción policial y que incluso hay un cálculo de la cantidad de armas y explosivos que serían utilizados en contra de los efectivos si es que se ejecutara la irrupción policial.
A pesar de los riesgos, Inteligencia logró introducirse en las reuniones de los comunarios y conoció que una importante corriente de opinión se inclina por desenterrar los cuerpos de los cuatro policías victimados la madrugada del lunes 24 de mayo y sepultarlos en otro punto del municipio.
Incluso se conoció que los ayllus podrían enterrar los cuerpos en un determinado sitio, replegarse de ahí y anunciar a alguna autoridad gubernamental o eclesiástica las coordenadas para que sean recuperados y entregados a sus familiares para darles sepultura.
Se advierte entre los policías cierto malestar porque no se imparte la orden de actuar no sólo para rescatar los restos de sus camaradas, sino también para imponer principio de autoridad en una región en la que no se advierte en la actualidad la presencia del Estado. La fuente dijo que si un problema similar se hubiera presentado en otra región del país, particularmente en el oriente, ya se habría intervenido, como sucedió recientemente en Caranavi, pero “como se trata de ayllus y de campesinos del occidente, pareciera que son intocables o que tienen privilegios especiales”.
Para destacar
En 2008 y 2010, siete policías fueron linchados al haber sido acusados de cometer excesos y abusos.
El 25 de febrero de 2008, tres efectivos fueron ajusticiados en Epizana a manos de presuntos “chuteros”.
El juicio de 13 de 21 implicados avanza con lentitud. El martes se suspendió una audiencia.
Ese acto procesal fue postergado para el miércoles 9 en el Tribunal Cuarto de Sentencia de Cochabamba.
Gobierno deja a la Justicia el caso del linchamiento
Uncía. No habrá indulto para los indígenas
En Uncía. Un efectivo policial camina cerca de la iglesia con su mochila.
Daniela Romero – La Paz, La Razón
El Gobierno dejó en manos de la justicia la tarea de investigar las circunstancias en que se produjo el linchamiento de cuatro policías, a manos de comunarios de cinco ayllus de Potosí.
“Existen instancias en el Estado de Derecho que tienen facultad investigativa y la dirección funcional de las indagaciones las lleva adelante el Ministerio Público, y en ese sentido se tiene que avanzar”, dijo ayer al respecto, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Añadió que el fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, que desde ayer se encuentra en Uncía, avanza en el diálogo con gente de la zona para poder identificar los lugares donde estarían los cuerpos de los uniformados, que son reclamados por los familiares.
Llorenti señaló que el Ejecutivo continuará con las gestiones para garantizar que los cadáveres sean entregados. “El Estado va a actuar. Tiene tiempo para hacerlo”, aseguró el ministro.
A 11 días de la desaparición de los efectivos que pertenecían a la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, los ayllus que los ejecutaron se niegan a devolver los cadáveres a pesar de sostener al menos tres reuniones con el Gobierno y el Defensor del Pueblo.
Ante esa negativa, Llorenti ratificó que el Ejecutivo no militarizará la zona. “No se llevará adelante un operativo que seguramente podría ocasionar peores consecuencias en términos de violencia”, manifestó la autoridad gubernamental.
Los comunarios de cinco ayllus potosinos, reunidos el martes en un cabildo, condicionaron la entrega de los cadáveres de los policías linchados a que la justicia ordinaria no investigue el caso.
Al respecto, Llorenti dijo enfáticamente que no habrá ningún tipo de amnistía y que la pesquisa del caso debe continuar.
“Con mucha claridad: no habrá ningún tipo de indulto. Cualquier crimen de esta naturaleza por supuesto que tiene que ser investigado, y los responsables, procesados y sancionados. Esa es una situación absolutamente innegociable”, expresó el ministro.
Entretanto, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó a La Razón que el indulto planteado por los ayllus es una contradicción. “El delito es de acción pública. El fiscal tiene que actuar. No se puede jugar con el dolor humano”, señaló Villena.
Asimismo, sostuvo que hasta la tarde de ayer no recibió ninguna llamada de parte de los ayllus, cuyas autoridades se comprometieron a dar una respuesta sobre la entrega de los cuatro cadáveres.
“La Iglesia Católica está haciendo un trabajo de convencimiento. Estamos a la espera de señales”, afirmó el Defensor.
Los familiares de los cuatro uniformados, que llegaron a Uncía el martes para intentar ingresar a la zona y rescatar los cuerpos, anunciaron que si los cadáveres eran entregados, ellos no iniciarían ningún proceso a los autores del crimen. Villena señaló que esa intención no está en el marco de la legalidad. “El caso no es sólo de interés de los familiares, involucra a toda la sociedad”, sostuvo.
El fiscal está en Uncía
El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, quien llegó el martes a Uncía, manifestó que no se irá del lugar hasta tener resultados. “Me voy a quedar hasta solucionar el problema”, indicó en un contacto con radio Pio XII, luego de reunirse con algunos dirigentes de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP) en Llallagua.
Condenan el pedido de ‘indulto’
Un delito no puede ser negociado ni transado y las personas que cometieron un asesinato deben someterse a la ley, coincidieron en señalar dos ministros de la Suprema y el representante de los fiscales de Bolivia, en relación al pedido de indulto planteado por comunarios de los ayllus de Uncía.
El fiscal Milton Mendoza, representante de los fiscales de Bolivia, afirmó que “un delito no puede ser negociado”, y más bien se tiene que actuar conforme manda el ordenamiento jurídico. “Si se ha cometido un asesinato, esas personas tienen que ser detenidas y procesadas, de otro modo sería un relajamiento de los valores más importantes que tiene la sociedad como es el respeto a la vida y a la integridad”.
El ministro de la Corte Suprema Hugo Suárez sostuvo que de ninguna manera se puede transar la justicia. “Eso no pasa en ninguna parte del mundo, eso sería un barbarismo, ni siquiera en la edad media se dio algo así”. La decana de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, dijo que la figura del indulto no está permitida en estos casos.
Explicó que se tiene que hacer una diferencia entre la justicia ordinaria y la comunitaria. Esta última está basada en los usos y costumbres de los pueblos y no incluye el asesinato, porque el derecho a la vida es un derecho constitucional.
El indulto, dijo, es perdonar la comisión de un delito; y “éstos son hechos vandálicos; no están en el ámbito de la justicia comunitaria”.
Solicitan a indígenas obrar con compasión
El Gobierno y la Iglesia pidieron a los comunarios de los ayllus potosinos que entreguen los cuerpos de los cuatro policías linchados por un acto de humanidad y compasión con sus familiares.
“Hay una razón fundamentalmente en términos humanitarios para que devuelvan los cuerpos. Es imprescindible para obviamente satisfacer las demandas de las familias que están conmovidas por la muerte de los miembros de la Policía”, manifestó ayer el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Asimismo, el obispo de El Alto, monseñor Jesús Juárez, pidió a los ayllus potosinos que entreguen los cuerpos de los uniformados ajusticiados a sus familias por “compasión” y para que tengan una cristiana sepultura.
La autoridad eclesiástica hizo el pedido ayer a través de un mensaje en el que llamó a un tiempo de reflexión para la celebración católica de Corpus Christi.
Sugirió que se promueva una salida a través del diálogo y la concertación. “Tiene que haber por parte de los comunarios una actitud generosa para que entreguen los cuerpos a los familiares”, aseveró monseñor Juárez.
Llorenti indicó que el fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, realiza gestiones para que los indígenas indiquen el lugar donde fueron enterrados los cuatro cadáveres, en respuesta a un pedido humanitario por parte de los familiares que actualmente se encuentran desesperados.