En la Bolivia de Evo algunos tienen licencia para delinquir; la impunidad depende de si es indígena, mestizo o blanco. La «justicia» mide con diferentes raseros a los ciudadanos.
El suboficial Nelson Alcócer murió el lunes, a causa de picotazos que recibió en el cráneo. Sus camaradas fallecieron hace diez días. Sólo se les reconoció por la ropa. Los ayllus no querían que se practicaran las autopsias de ley. El Gobierno hizo poco, aseguran los familiares con indignación. La FELCN halló contrabando y narcotráfico cerca de Uncía (foto La Prensa)
Día que pasa tenemos más claras cuales son las características del tan cacareado “Estado Plurinacional”. Resulta que de ahora en adelante cualquier persona podrá asesinar y para entregar el cuerpo de la víctima exigirá la más absoluta impunidad. Como van las cosas, en el futuro nadie tendrá las más mínimas garantías, esas garantías que todo Estado está obligado a hacer respetar con todos los mecanismos legales y coercitivos de que dispone.
Las perspectivas son simplemente aterradoras. Algunos sectores sociales o ayllus indígenas se han arrogado el derecho de matar y el gobierno del MAS ha mostrado su impotencia o su falta de voluntad para frenar esta violencia que no llevará al país a nada bueno. Estamos retornando a las épocas del más primitivo tribalismo con las consecuencias que son fáciles de prever.
En el caso de los cuatro policías asesinados en la región de Uncia no se trata de si estos cometían abusos. De ser este el caso, para sancionarlos existen leyes, mecanismos e instancias encargadas de aplicarlas. Si asumimos que cada persona o comunidad puede hacer justicia por su propia mano deberemos aceptar que el Estado es innecesario por cuanto no está cumpliendo una de sus funciones básicas.
De acuerdo a Thomas Hobbes, el Estado surge como producto de la decisión de cada persona de renunciar a una parte de su libertad y darle a este la atribución de normar sus relaciones y la convivencia con sus semejantes. Esto significa que renunciamos a hacer justicia por mano propia y aceptamos que el Estado se encargue de aplicarla. Este mecanismo se ha ido perfeccionando a través del tiempo y ni duda cabe, el proceso no concluirá nunca.
Sin embargo en Bolivia estamos caminando en dirección contraria. No buscamos perfeccionar el papel rector del Estado sino que lo estamos menoscabando. La igualdad del ciudadano ante las leyes está pasando a ser una ficción. Existen grupos particulares, llámense “comunidades”, “ayllus” o lo que sea, que pretenden tener derechos especiales y los están utilizando de manera sangrienta frente a la permisividad del gobierno de Evo que hasta intenta justificar tales acciones, simplemente porque se trata de indígenas que dan su voto por el MAS.
Ya se ha visto en más de una ocasión lo que en la práctica significa la “justicia comunitaria”. A riesgo de que se nos tilde de “racistas”, se trata de una expresión bárbara y primitiva que no debiera tener cabida en una sociedad civilizada. ¿Qué la justicia formal no satisface en muchos casos nuestras expectativas como ciudadanos? Es probable por cuanto adolece de muchas deficiencias, pero en este caso lo que corresponde es mejorarla.
No existe justificativo alguno para los linchamientos que no son otra cosa que tortura y asesinato, a menos que los argumentos sean estrictamente políticos y estén dirigidos a mantener tranquila y controlada a una base electoral. Al parecer a tono con la parafernalia de rituales que ha puesto de moda el gobierno, algunos campesinos ya no se conforman con ofrecer sangre de algún pobre animalito a la Pachamama, ahora prefieren la sangre humana.
Todo lo que estamos observando es producto de la concepción demagógica del poder del régimen masista, que está tratando de ocultar el verdadero trasfondo del asunto (campesinos e indígenas metidos en contrabando y narcotráfico) y mostrarlo como una legítima reacción de la población ante supuestos abusos de los policías.
El país contempla azorado los extremos de la presente situación, que no es la única, ya se dieron otros hechos en poblaciones de concentración campesina, tal el caso de Achacachi, donde uno de los líderes de los linchadores que torturaron a varios ladronzuelos hombres y mujeres, ahora es senador de la Asamblea Legislativa.
El ladrón es ladrón, el asesino es asesino, sea indígena, mestizo o blanco, pero en Bolivia el gobierno de Evo Morales y la justicia a su servicio, mide con diferentes raseros a los ciudadanos. Todo depende de que lado está el «delincuente»; si es afín al MAS se presume la inocencia y si es opositor será perseguido por un ejército de fiscales, detenido en cárceles paceñas y condenado sin proceso; así funciona la justicia en el nuevo Estado Plurinacional.