Familiares de policías anuncian juicio al Gobierno por matanza. Delitos: Asesinato, privación de libertad, tortura, instigación, apología al contrabando, homicidio culposo y encubrimiento.
Entierro. En Oruro, policías llevan el féretro de su camarada asesinado.
Herbert Herrera – La Paz, La Razón
Justicia. Campesinos y dirigentes, la Policía y la Fiscalía habrían cometido las faltas
Asesinato, privación de libertad, tortura, instigación, apología al contrabando, homicidio culposo y encubrimiento, por parte de campesinos y sus dirigentes, son los delitos que identifican dos juristas en el linchamiento de cuatro policías en ayllus de Uncía, Potosí.
“El principal derecho que se ha violado es el de la vida y sin saber exactamente las circunstancias en las que han muerto los policías. También se establece la privación de su libertad y la vulneración a su integridad física a partir de la tortura”, afirmó la abogada Audalia Zurita. Además, mencionó otros ilícitos referidos a la actuación de dirigentes y líderes de los ayllus, como la instigación, el homicidio culposo y el encubrimiento.
El lunes 24 de mayo se denunció la desaparición de cuatro policías de Diprove Oruro en Potosí. Los originarios de ayllus de Uncía admitieron que los lincharon. Tras la firma de un desistimiento de los familiares de las víctimas para enjuiciarlos, los campesinos devolvieron los cadáveres el viernes 4.
El constitucionalista Carlos Alarcón sostuvo que en este hecho hay delitos referidos al asesinato como tal y a una apología a través de la declaratoria de zona libre en una región donde hay contrabando.
“Hay figuras vinculadas a la comisión y apología de otros delitos relativos al contrabando, lo cual se involucra a una figura criminal”, recalcó.
Explicó que las instancias que están obligadas a intervenir de forma inmediata son la Policía, el Ministerio Público y la “justicia penal” para llevar adelante todas las actuaciones establecidas en la norma “hasta tener un resultado definitivo”.
Zurita señaló que hay delitos de encubrimiento sobre aquellas personas que conocen y permiten que se evada a la justicia. “Los grados de participación establecen si son autores o cómplices de un hecho criminal”, argumentó.
Agregó que aquellos que no participaron de forma directa, pero que motivaron a que se cometa el asesinato, incurrieron en el delito de instigación. “Esto podría pesar sobre líderes o dirigentes que motivan a una actuación colectiva”, dijo.
Omisión. La penalista explicó que además incurrieron en delito aquellos que facilitaron a que se eluda la justicia o que hicieron desaparecer evidencias, por lo cual podrían ser juzgados por homicidio culposo.
Alarcón sostuvo que el Gobierno tenía condiciones para el ejercicio de la fuerza pública que podía ser aplicada en este caso. Indicó que no puede omitir su uso porque hay normas que establecen acciones y límites que le dan lugar a tener un procedimiento adecuado para evitar más delitos. “Si el Estado de manera anticipada renuncia al uso de la fuerza pública, está facilitando la comisión de un delito.
Claramente no está cumpliendo con sus deberes”, señaló. Expresó que el uso de la fuerza pública razonable se justifica más para preservar la vida de las personas.
Actores y normativa del hecho
Directos
De forma directa estarían involucrados de forma penal los comunarios, dirigentes y funcionarios públicos que evadieron sus responsabilidades.
Normativa
Todos los delitos están sancionados en el Código Penal, en el marco de la defensa del derecho a la vida a través de la Constitución Política del Estado (CPE).
Estado
Tiene la obligación de castigar dichos delitos con penas adecuadas sobre las que se debe tener en cuenta el daño a la persona.
No descartan procesos a través de un tribunal internacional
La no intervención del Gobierno en los hechos acaecidos en ayllus de Uncía, en los que cuatro policías fueron asesinados, puede derivar en procesos contra el Estado ante tribunales de justicia internacional por violación a tratados y normativas vigentes.
Según el constitucionalista Carlos Alarcón, el Estado está obligado a actuar en todos los casos donde exista una inminente violación, peligro o riesgo de los derechos fundamentales. “Si por omisión no hace este trabajo, entonces incurre en la violación de los derechos fundamentales como la vida”, argumentó.
De acuerdo con el jurista, hay instancias en el Estado que tienen el deber de intervenir en estos hechos, como la Policía y la Fiscalía, que son las entidades encargadas de evitar la consumación de los delitos y de establecer las acciones oportunas “para la investigación y el procesamiento penal de los delitos”.
Las acciones que deben ser asumidas por los Estados en casos de agresiones a personas están definidas en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), vigente desde el 26 de junio de 1987, entre otras.
Al respecto, la penalista Audalia Zurita señaló que primero se tienen que agotar todos los procedimientos internos para acudir a una instancia internacional.
Dijo que en un tribunal externo los procedimientos se demoran por varios años y, si bien cualquier persona natural puede acudir a ello, se necesita de recursos y tiempo o el respaldo de una organización no gubernamental.
Familiares anuncian juicio al Gobierno por matanza
Ministro informó de la elaboración de un plan para restablecer el orden en la zona del crimen
Entierro de los policías linchados, el sábado. – Apg Agencia
Los Tiempos – 7/06/2010
El abogado de los familiares de los cuatro policías linchados en Saca Saca (municipio de Uncía), Johnny Castelú, anunció que tomarán acciones legales en contra de la Policía y el Ejecutivo, porque no actuaron oportunamente para el rescate de los uniformados y, “lo que es peor, negociaran con los asesinos”.
El Gobierno justificó otra vez su inhibición con el argumento de que esperaba que los indígenas se calmen, por lo que se limitó durante dos semanas a rogar a los asesinos para que entreguen los cadáveres.
El abogado dijo que van a buscar que los responsables de esa inacción sean sancionados. Además, en declaraciones a radio Erbol, señaló que exigirán el resarcimiento para los familiares, puestos de trabajo para las viudas y que garanticen la subsistencia de sus familias.
Los familiares para recuperar los cuerpos de los policías firmaron un documento desistiendo de seguir cualquier acción para dar con los responsables de las muertes, pero este documento no les impide seguir procesos contra otras personas ajenas a los ayllus.
La semana pasada, varios legisladores de la oposición también anunciaron que iniciarán acciones contra los responsables del Gobierno y la Policía, por no haber tomado acciones para rescatar a los policías que según un informe médico forense de la necropsia de los 4 cuerpos, presuntamente estaban aún con vida cuando se iniciaron las gestiones con los comunarios, luego de que se reportó la desaparición de los uniformados.
Recuperados los cuerpos de los policías el pasado viernes y luego de conocerse el informe forense, las acusaciones por lo sucedido se volcaron contra el Ejecutivo y los jefes policías, quienes en su defensa argumentaron que hicieron lo que estaba en sus manos y que no se intervino a la fuerza en la zona para evitar una mayor tragedia.
Además, responsabilizaron a los contrabandistas de autos, de manejar a los indígenas y haber provocado esa situación con los policías. Así expresaron, por separado, los ministros de Justicia, Nilda Copa y de la Presidencia, Oscar Coca, en declaraciones a los medios. Este último anunció que el Ejecutivo trabaja en un plan para restablecer orden en la zona, considerada roja por la presencia de contrabando de vehículos y narcotráfico.
Indiferencia
Gastelú denunció ayer en sus declaraciones a Erbol, una actitud de indiferencia por parte de la Policía Nacional en la atención del caso de los cuatro policías de la Dirección de Prevención contra el Robo de Vehículos (Diprove) que fueron linchados.
Argumentó que tanto la policía como las autoridades del gobierno en reiteradas ocasiones restaron importancia al caso y que de no ser por las denuncias públicas que realizaron los familiares de las víctimas, a través de diferentes medios de comunicación, jamás hubieran sido atendidos.
“Nadie nos escuchó, ni autoridades de gobierno ni policía, hasta que sentamos denuncia pública en un medio de comunicación y recién recibimos un llamado del Comando de la Policía Boliviana para atender nuestro caso”, indicó al agregar que el comandante de la institución del orden se comprometió a intervenir la zona hasta el medio día del lunes pasado, cosa que jamás ocurrió.
Al hacer una cronología de los hechos recordó que cuando se hizo cargo del caso, hace dos semanas, junto a los familiares de los torturados, fue echado de la Plaza Murillo por policías, mientras declaraban a los medios de comunicación.
Sobre la declaración del Comandante Departamental de la Policía de Oruro, Guido Espinoza, en el sentido de que los linchados eran excelentes profesionales, manifestó que también les falló porque también se comprometió a ingresar a la zona para rescatar los cuerpos, pero nunca lo hizo.
«Lo asesinaron cuando las negociaciones estaban en curso para que no delatara a quienes mataron a sus camaradas», declaró el abogado.
Castelú, por otra parte, señaló que a catorce días del crimen no ha comenzado una investigación y dijo que eso da motivos para presentar demandas por «incumplimiento de deberes».
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, también criticado por los familiares por no haberles apoyado, dijo el sábado que ya van «siete muertos (en Uncía) en los últimos seis años, y tanto la Fiscalía como la Policía no hicieron mucho (…) La Fiscalía demostró total inacción y por parte de la Policía no asumieron sus funciones».
Aguardan informe forense
Los familiares aguardan el informe final forense para determinar las acciones que seguirán, manifestó el abogado Johnny Castelú.
Tras conocerse el informe preliminar de la necropsia y durante el entierro, el sábado en Oruro, los familiares maldijeron al presidente Evo Morales, por no haber hecho nada para ayudarlos ni aplicar la ley a los asesinos.
«Hemos tocado tantas puertas, pero a mi esposo recién lo han matado, no tiene nada de descomposición. El Gobierno no hizo nada, más bien entorpeció», afirmó la viuda del sargento Nelson Alcocer, Mónica Corrales.
Corrales confirmó la versión de fuentes forenses y judiciales de que su marido fue asesinado por los «ayllus guerreros» de Potosí tres días antes de la entrega de su cuerpo. Sin embargo, este informe fue puesto en duda por el fiscal del Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, quien descartó en declaraciones a Fides el sábado que alguno de los cuatro policías haya estado con vida tan solo tres días antes por el grado de descomposición de los cuerpos.