Claudio Paolillo
Muchas veces, las dictaduras tratan de esconder durante algún tiempo su condición. Suprimen las libertades, liquidan la separación de los poderes, pisotean las garantías individuales y encarcelan personas “disidentes” inventándoles delitos que jamás cometieron. Pero sus laderos y diplomáticos hacen su mejor esfuerzo para contentar a sus jefes, cumpliendo el triste papel de encontrar argumentos de la peor leguleyería en un intento por hacerle creer a la comunidad internacional que los regímenes a los que sirven en realidad no son lo que todo el mundo ve sin mayor problema, sino alguna otra cosa especial, cuya conducta está perfectamente justificada, generalmente por algún “enemigo externo” que todo lo explica y todo lo justifica. Ese paragolpes de mentiras a veces tiene un éxito temporario. Pero, en todos los casos, al final los hechos derrumban esos edificios de embustes como si fueran castillos de naipes. Y los bienmandados que complacían al dictador, una vez descubiertos, terminan chapoteando en el barro del desprecio general. Algunos, a quienes la conciencia no les permite dormir tranquilos, acuden al expediente del suicidio para acabar con la insoportable tortura interior que no consiguen apartar de sus vidas.
Pues bien: en la Venezuela del comandante Hugo Chávez ha llegado la hora en que ni siquiera las apariencias “democráticas” importan. En las últimas semanas, la policía política del régimen arremetió sin pudor contra individuos únicamente por el “delito” de manifestar públicamente sus discrepancias con la dictadura “bolivariana”. Sólo por citar los casos más notorios, los esbirros de Chávez arrestaron a los políticos Oswaldo Alvarez Paz y Wilmer Aguaje, y al presidente del canal de televisión para abonados, Guillermo Zuloaga.
Alvarez Paz, un conocido político y activista demócratacristiano, ex gobernador del estado Zulia y candidato a la Presidencia en 1993 está preso, acusado de “instigación pública a la criminalidad”, “difusión de información falsa” y “conspiración”, luego de aludir en un programa de televisión a las vinculaciones del gobierno venezolano con las organizaciones terroristas ETA (España) y FARC (Colombia), denunciadas por el juez español Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional. Alvarez Paz enfrenta penas de 13 a 27 años de cárcel.
Mientras tanto, Zuloaga cometió la imperdonable infracción de criticar al régimen que lo tiene maniatado a él y a millones de venezolanos durante la última asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Aruba. Zuloaga fue luego liberado, pero el régimen le prohibió salir del país, sometiéndolo a uno de esos procesos “judiciales” kafkianos, en donde los “fiscales” y los “jueces” fingen independencia, mientras ejecutan la orden política que el mandamás ha bajado como un rayo para que sea cumplida sin más consideraciones.
Tuve ocasión de participar, como miembro de la SIP, en la asamblea de Aruba, que desató la ira del comandante. Y pude registrar lo que Zuloaga dijo allí, el 21 de marzo. Zuloaga afirmó que Chávez “ganó unas elecciones en el año ‘98 y tiene una legitimidad de origen. Pero él después en vez de ser el presidente de todos los venezolanos se ha dedicado a ser el presidente de un grupo de venezolanos y tratar de dividir a Venezuela por algo que llama ‘socialismo del siglo veintiuno’. Dice que es marxista; nunca fue electo con esos atributos”. También recordó Zuloaga que en abril de 2002, cuando Chávez fue, primero, expulsado del poder por las Fuerzas Armadas y, luego, repuesto en el cargo por las mismas Fuerzas Armadas, el comandante “mandó a disparar” y a “echar plomo” contra una manifestación de más de un millón de personas, que protestaban contra casi 50 leyes que él quería hacer aprobar de un día para otro y contra el despido de 24.000 empleados de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). También negó, como dijeron en esa asamblea amanuenses de Chávez enviados especialmente para provocar, que él hubiera tenido participación en aquél extraño golpe de Estado. Por haber expresado estas cosas, Zuloaga fue aprehendido no bien pisó suelo venezolano por decenas de hombres armados a guerra.
El terminante informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela, publicado en febrero, tiene cada vez más vigencia a medida que los nuevos hechos van teniendo lugar en el territorio ocupado por Chávez y su cohorte de militares corruptos, políticos a sueldo, fiscales sin vergüenza, jueces indignos y fuerzas de choque fascistas a la orden para castigar en la calle a los que apunte El Gran Dedo del comandante.
En un apartado sobre el derecho a la protesta pacífica, la CIDH recordó que “la participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades” pues “el intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información”. Así, las manifestaciones públicas, “como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés social imperativo y forma parte del buen funcionamiento del sistema democrático inclusivo de todos los sectores de la sociedad”. Y, por ese motivo, “el Estado no sólo debe abstenerse de interferir con el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, sino que debe adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo”.
Nada más lejos de lo que ocurre en la Venezuela del comandante.
A la CIDH les preocupan especialmente las graves limitaciones que ha constatado para que los ciudadanos ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente, dado el “uso excesivo de la fuerza” empleado por el régimen y sus “camisas rojas” para reprimir las protestas y el empleo de “figuras penales para detener a personas” que se expresan en contra de las políticas oficiales.
Veamos qué tiene para decirnos la CIDH en esta particular materia: “la Comisión nota que en el ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente, se producen a menudo violaciones a la vida y a la integridad personal, que en muchos casos son consecuencia del uso excesivo de la fuerza estatal, así como de las acciones de grupos de choque. Asimismo, la Comisión observa con preocupación cómo en Venezuela la respuesta institucional a las manifestaciones pacíficas se ha caracterizado por la criminalización de la protesta social a través de la persecución penal a las personas involucradas (…). Esta situación resulta de particular preocupación en tanto la represión y las penas privativas de la libertad para las personas que participan en acciones de protesta tienen por efecto inducir a los actores sociales a no participar en manifestaciones pacíficas”.
La CIDH identificó la existencia de “una política de Estado orientada a reprimir por vías diversas la protesta social en Venezuela”. Aumentó la cantidad de manifestaciones reprimidas, los juicios penales contra individuos por asistir a esas protestas pacíficas y “el número de víctimas fatales de la violencia en el marco de manifestaciones, tanto a manos de los cuerpos de seguridad del Estado como de grupos de choque como el Colectivo La Piedrita, Alexis Vive, y Lina Ron y sus seguidores”.
¿Qué respuesta tiene el régimen del comandante ante estos señalamientos? La misma que cualquier dictadura: que el Estado tiene que “garantizar la paz y la seguridad” del país y que los manifestantes participan en actos “ilegales”.
De acuerdo con la Comisión, durante los últimos cinco años unas 2.250 personas fueron sometidas a juicios penales o a regímenes “de presentación”, luego de asistir a diversas manifestaciones. La criminalización de la protesta social supone, entre otras cosas, la continua aplicación de “medidas judiciales que prohíben la realización de asambleas y huelgas dentro de las empresas estatales”. Es que allí, hay que ser “rojo rojito” para poder trabajar. Si no es así, la regla es simple: a la calle o a la cárcel.
Después de 11 años en el poder, la ciudadanía ha empezado a despertar del letargo al que Chávez había logrado sumirla en los albores del régimen. La gente ha comenzado a perderle el miedo y por eso, simultáneamente, la dictadura aprieta las tuercas. En 2009, hubo casi el doble de manifestaciones de protesta que en 2008.
Citando informes de ONGs venezolanas, la CIDH precisó que “las manifestaciones por demandas políticas son las más susceptibles a ser reprimidas” y que “la actuación inadecuada de los cuerpos de seguridad con frecuencia ocasiona que protestas que se realizan de manera pacífica se tornen violentas, sea por provocación de la propia fuerza pública o por no agotar el diálogo para controlar provocaciones”.
Con desparpajo, el gobierno del comandante le contestó a la CIDH que “tiene lógica” la represión desatada contra los manifestantes.Como también “tiene lógica” para la dictadura que entre enero y agosto de 2009, la represión gubernamental y la acción de las fuerzas de choque paragubernamentales hayan provocado la muerte de seis personas. Y que, entre ellas, los estudiantes son los más afectados. Los estudiantes vienen siendo apaleados y asesinados en las calles de Venezuela por los pistoleros del régimen desde el año 2007.
“Tiene lógica”, pues, prever un recrudecimiento de la violencia política en Venezuela, mientras la dictadura permanezca en el poder.
La Nación – Paraguay