Linchamientos: forense ratifica informe inicial sobre el último policía asesinado

Ratificación desvirtúa las afirmaciones del Gobierno que pusieron en duda el informe forense dado a conocer por el director del IDIF.

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Protestas en Oruro en contra del Gobierno por la muerte de los policías en Uncía, ayer. – Agencias Agencia



Por Redaccion Central – Los Tiempos – 8/06/2010

Linchamientos: forense ratifica informe inicial

La médico forense Vilma Gabriel, que examinó los cuerpos de los 4 policías linchados en Uncía, confirmó en la Red UNO que el cuerpo del suboficial Nelson Alcócer, al momento de la necropsia, presentaba signos de hacer estado con vida de 4 a 6 días antes de la entrega de su cuerpo. Esta ratificación desvirtúa las afirmaciones del Gobierno y la Fiscalía de Potosí que pusieron en duda el informe forense dado a conocer por el director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes, exigió ayer otra necropsia de los cuatro policías porque no se respetaron los protocolos oficiales y calificó el informe de la forense de Oruro de oficioso. Aseveró que es “irregular y carente de objetividad debido a que no se respetó los protocolos necesarios”.

El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, por su parte, aseveró que los cuatro policías ajusticiados el 25 de mayo murieron, todos, el mismo día e incluso fundado en un “informe oficial” precisó la hora: «a las 05:15 de la tarde».

«El informe forense donde se hizo una actuación muy ligera de parte del mismo abogado y de otros miembros de ponerle fecha al deceso de uno de los policías, no menciona ninguna fecha. Menciona las causas probables y no le pone una fecha. Es un tema de manejar muy ligeramente la información y que está causando mucho más dolor a los dolientes de nuestros policías. Hay que tener un poco más de cuidado. Cuando tengan la información completa es cuando se tiene que hablar», argumentó Torrico ante las acusaciones contra el Gobierno por no haber actuado oportunamente.

Ante los intentos de desvirtuar el informe forense, la médico Vilma Gabriel, anoche en una entrevista en Canal 11 de La Paz, aseveró que ella practicó la necropsia de ley a requerimiento fiscal y ratificó el informe dado a conocer el viernes.

El abogado de los familiares de los policías fallecidos, Johnny Castelú, por su parte, anunció que recurrirán a instancias internacionales para tratar de evitar una “manipulación de la investigación”. Mónica Corrales, viuda de Alcócer, no coincidió con el fiscal Fuertes y reveló que una vez concluida la autopsia llevó el cadáver de su esposo a su casa, abrió el cajón y lo besó.

“No tenía ningún olor. Mi esposo ha sido el último en morir. Lo han matado para devolvérmelo”, dijo Corrales a Erbol.

La forense explicó que los cuatro policías murieron por traumatismo encéfalo-craneano expuesto y con relación a Alcocer, dijo que se hizo un examen cadavérico externo y este no presentaba signo de putrefacción, a diferencia de los otros tres cadáveres que tenían signos de putrefacción avanzada, otra coloración y estaban hinchados, por lo que se concluye que no tienen la misma data de muerte.

“Sabemos que los fenómenos cadavéricos comienzan a los 24 y 48 horas, pero considerando el clima, el cadáver no presentaba cambio de color, no había entrado en putrefacción. La putrefacción muestra una mancha verde abdominal desde las 48 horas y este cadáver no muestra esa coloración”, argumentó la forense en la entrevista televisiva.

Llorenti niega negligencia

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, negó que tanto su Cartera como la Policía hayan actuado con negligencia en el caso de la recuperación de cuerpos de los cuatro policías linchados en Uncía y lamentó que la oposición esté utilizando este caso con la única intención de generar aun más violencia.

“Nosotros hemos actuado con la mayor responsabilidad en este caso. Se tiene que investigar no solamente las muertes de los Policías, estos asesinatos ameritan una investigación profunda, independiente, imparcial y hasta encontrar a los responsables, sabemos que el contrabando está involucrado”, dijo.

Sobre la muerte de uno de los policías durante el proceso de negociación para la recuperación de los cuerpos, Llorenti tomó la palabra del fiscal de Potosí, que cuestionó el informe forense y pidió esperar a tener un reporte oficial y no hacer especulación.

FAMILIARES Y AMIGOS MARCHARON EN ORURO

UN presenta denuncia contra Llorenti y Nina

La bancada legislativa de Unidad Nacional (UN) formalizó ayer ante el Fiscal General de la Nación una denuncia contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el comandante General de la Policía, Oscar Nina, por su «actuación negligente» en el rescate de los cuatro policías asesinados por los ayllus de Sacaca, norte de Potosí.

El diputado Jaime Navarro (UN) dijo que en el asesinato de los infortunados uniformados las autoridades de gobierno cometieron más de siete delitos por los que deberán ser procesados. Los familiares de los cuatro policías linchados, según su abogado Johnny Castelú, tomaron hoy una determinación sobre las acciones que van a seguir a las autoridades gubernamentales y policiales por no haber actuado oportunamente.

Los familiares y amigos de los policías, además de pobladores, marcharon ayer por las calles de Oruro y se concentraron en puertas de la Defensoría del Pueblo exigiendo la investigación de lo sucedido con los cuatro uniformados y la sanción de los responsables.

«Como bancada de Unidad Nacional, formalizamos la denuncia para investigar y establecer las responsabilidades en contra del ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) y el Comandante de la Policía (Oscar Nina). Aquí hubo una acción negligente por parte de las autoridades, concretamente, el ministro de Gobierno y comandante de la Policía. Hubo omisión de socorro que se constituye en delito penal», dijo Navarro.

INVESTIGACIONES

• El linchamiento de cuatro policías será motivo de investigación, así exista acuerdos firmados entre partes, porque los delitos de orden público no pueden quedar en la impunidad, precisó ayer el fiscal general en suplencia legal, Julio Cesar Sandoval.

• La autoridad fue consultada sobre el caso porque los familiares de los cuatro policías supuestamente víctimas de un asesinato indicaron que para recuperar los cuerpos de sus seres queridos tuvieron que firmar un acuerdo con los ayllus comprometiéndose a dejar sin efecto todo tipo de denuncia en su contra.