Propuesta del Gobierno vulnera principios autonómicos. CNA: Indígenas tendrán mas representantes; Municipios piden equilibrio. Cívicos plantean modificar la CPE para adecuarla a sus estatutos
Reunión. Los cívicos Patricia Galarza, Felcy Guzmán, Vicente Rocha y Luis Núñez tras firmar el manifiesto (foto La Razón)
La Prensa
Ley autonómica causa roces en el MAS y hay 40 observaciones
Disposición: La propuesta del Gobierno vulnera principios autonómicos. En el MAS surgen discrepancias.
La propuesta de Ley Marco de Autonomías y Descentralización causa roces internos en el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el modelo autonómico oficialista tiene 40 observaciones.
La Comisión Mixta de Organización Territorial y Autonomías iniciará hoy el tratamiento en grande y se prevé que hasta el martes será remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
El ministro de Autonomías y proyectista de la Ley Marco, Carlos Romero, planteó en la propuesta normativa que se pueden constituir autonomías indígenas sobre la base poblacional de 1.000 habitantes como mínimo; sin embargo, la misma autoridad desechó ese requisito durante su exposición ante la Comisión Mixta, pues este nivel de gobierno es inviable porque recibirá apenas 60.000 bolivianos, que no abastecerán para su funcionamiento institucional.
Esto generó la molestia de la presidenta de esa instancia legislativa, Gabriela Montaño (MAS), quien consideró que Romero “es poco ético” porque en “su ley plantea 1.000 habitantes y luego nos dice que es irresponsable (ese planteamiento). Habrá que definir dónde estuvo la irresponsabilidad”.
Asimismo, la autoridad gubernamental criticó el acuerdo firmado entre una comisión de senadores del MAS con dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). “No son temas de fondo los que se han modificado, entonces no hay ningún problema porque sus demandas están reflejadas en el proyecto de ley”.
A la Comisión Mixta que durante más de 15 horas recibió las demandas y propuestas a la iniciativa de Ley Marco de Autonomías llegaron 40 observaciones de 17 instituciones, entre ellas las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Tarija; la Federación de Asociaciones Municipales (FAM); Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq); CIDOB y representantes del Chaco tarijeño.
Las observaciones centrales giran sobre la vulneración del principio constitucional de dotación de recursos a la asignación de competencias en todos los gobiernos autónomos, la limitación de las atribuciones legislativas a las asambleas departamentales y la injerencia del Estado en atribuciones constitucionales de las entidades departamentales.
Una demanda común de las gobernaciones opositoras es que se la suspensión de autoridades sea reglamentada en los estatutos autonómicos.
Las principales demandas para la modificación
Debate. Los oficialistas de la Comisión Mixta de Autonomía se quedaron solos en la discusión del proyecto de ley (foto El Deber)
1) El proyecto pretende legislar inconstitucionalmente temas como las bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía, marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales autónomas.
2) Priva a las entidades territoriales autónomas de una autonomía plena, condicionando el ejercicio legislativo, reglamentario y ejecutivo que tienen estas entidades, a una subordinación total al nivel central del Estado, para lo cual se extralimita y define aspectos inconstitucionales como la creación de un servicio estatal de autonomías.
3) Se pretende redistribuir, mediante ley, los recursos departamentales, transgrediendo la autonomía fiscal de las entidades autónomas,y no se establece la delegación de recursos por parte del nivel central del Estado para
las nuevas competencias de las entidades territoriales autónomas.
4. Sometimiento de las autoridades de las entidades territoriales autónomas a los ministerios y a la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
5) Permite al Gobierno nacional fiscalizar, controlar e intervenir los gobiernos autónomos de forma directa, o a través de un control social, que más se asemeja a un control estatal.
6) La contratación de deuda pública de los niveles autonómicos está subordinada al nivel nacional.
7) Se somete el presupuesto de las entidades autónomas al Presupuesto General del Estado.
8) Se condicionan las decisiones sobre iniciativas de reparto fiscal de las entidades autonómicas a dictámenes de entidades dependientes del nivel central.
9) Los planes de desarrollo de las entidades autonómicas se someten a un órgano rector y fiscalizador, dependiente del nivel central.
10) La creación de tributos por las entidades autónomas requieren de la aprobación nacional.
11) Se define arbitrariamente el porcentaje de los recursos destinados al deporte, sin considerar las características de cada unidad territorial autónoma.
12) La asignación a gasto de funcionamiento se fija unilateralmente a través de una norma nacional.
13) Se establece un sistema de control social con facultades de intervención y de iniciativa para referéndum revocatorio en las entidades autónomas.
14) Intervención en las relaciones, conciliaciones, acuerdos y/o convenios entre los gobiernos autónomos.
15) Se desconoce el voto de los ciudadanos de cuatro departamentos que ya accedieron a las autonomías departamentales,
cuyos estatutos fueron aprobados y puestos en vigencia y están reconocidos por la CPE.
16) La propuesta determina qué contenido tendrán las cartas orgánicas y estatutos.
17) Establece que para la reforma de los estatutos y cartas orgánicas, se requiere de un referéndum, pero los procedimientos deben instituirse en los estatutos.
18) El proyecto no brinda seguridad jurídica, no proporciona los suficientes recursos económicos y no garantiza la preservación de los ya existentes.
19) No se contempla un pacto fiscal entre el nivel central del Estado y las entidades autónomas.
20) Pretende confrontar a las autonomías por la administración de las regalías.
21) Crea leyes de armonización que no tienen ninguna base constitucional.
22) Otorga tanto al nivel central como a las entidades territoriales autónomas la potestad de reglamentar y ejecutar sobre competencias concurrentes.
23) Determina que las competencias de la autonomía regional serán conferidas por norma expresa, sin determinar qué tipo de norma será la que confiere estas competencias.
24) Sobre las competencias compartidas, nuevamente extralimita el mandato constitucional, al indicar que estas competencias serán reguladas por una ley básica.
25) Sobre las competencias en materia de salud, el Gobierno central dirige los programas epidemiológicos a nivel departamental, siendo que ésta debería ser una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y los gobiernos departamentales.
26) En materia de hábitat y vivienda, se establecen disposiciones y competencias para el nivel central del Estado; los departamentos y municipios sólo ejecutan y cumplen con la normativa nacional.
27) En asuntos de energía, el proyecto pretende restar a los departamentos y a los municipios las competencias exclusivas sobre materia energética que la CPE les transfiere en sus artículos 300 y 302; pretendiendo que la distribución de estas competencias sean establecidas en una ley especial.
28) Con respecto a los recursos naturales, dispone facultades limitativas para los departamentos, y para las otras unidades territoriales autónomas, simples competencias de ejecución sobre reglamentaciones establecidas por el Estado.
29) Sobre el transporte, solamente se determinan competencias departamentales para planificar y promover el transporte interprovincial.
30) Se crea el Consejo Nacional de Autonomías y el Servicio Nacional de Autonomías como órganos especiales, otorgándoles funciones que no le competen al nivel nacional, pretendiendo tener tuición sobre las entidades territoriales autónomas que tienen igual rango constitucional.
31) El Servicio Estatal de Autonomías debe ser eliminado, pues tanto sus atribuciones como la Autoridad Nacional de Unidades Territoriales y Límites se duplican con
las del Ministerio de Autonomías.
32) Se dispone la facultad del Gobierno nacional de “conformar regiones estratégicas”, violando flagrantemente la coordinación entre entidades territoriales autónomas, pues los gobiernos departamentales sólo pueden coordinar.
33) El régimen de la Suspensión de Autoridades de las entidades territoriales autónomas deberá regularse dentro de los estatutos y/o cartas orgánicas.
34) Establece que la contratación de deuda pública externa deberá ser autorizada por ley de la Asamblea Legislativa a pesar de que en ningún caso el Gobierno nacional garantizará dicha deuda o asumirá el repago de ésta.
35) Se condiciona la creación de tributos de las entidades territoriales autónomas a un dictamen técnico del Gobierno central, a pesar de que la naturaleza de dichos tributos está definida para los gobiernos autónomos.
36) En la Disposición Transitoria Cuarta se destina el 3% de sus recursos para el desarrollo deportivo, cuando ésta es una atribución del gobierno departamental.
37) Las autoridades de los gobiernos autonómicos están obligados a presentarse personalmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para responder a peticiones de informe oral, convocatoria extraordinaria y otros procedimientos establecidos por ley.
38) Determina que el Gobierno central puede adoptar las medidas que considere necesarias contra autoridades de los gobiernos autonómicos, para que asuman sus obligaciones, preserven la unidad e integridad nacionales o para la reconstitución de su institucionalidad.
39) Se faculta de forma extraordinaria al Gobierno nacional de intervenir en caso de incumplimiento de acuerdos o convenios entre entidades autónomas, mediante débito automático de recursos.
40) Se prohíbe la federación de los gobiernos departamentales, autorizando al Órgano Ejecutivo a intervenirlos; norma que vulnera la autodeterminación. No ocurre lo mismo con las otras entidades autonómicas.
Cívicos piden modificar la CPE para adecuarla a sus estatutos
Resistencia: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija piden la aplicación de sus estatutos que fueron aprobados en consultas populares en 2008.
Trinidad / ANF.- Los dirigentes cívicos de los departamentos de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, reunidos en Trinidad, proponen a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar la Constitución Política del Estado a la voluntad popular expresada en los referendos de aprobación de los estatutos autonómicos.
Esta propuesta surgió tras la reunión del Movimiento Cívico Nacional celebrada ayer en Trinidad, donde además rechazaron el proyecto de Ley Marco de Autonomías del Gobierno, por considerar que se trata de una normativa que centraliza el régimen autonómico y recorta aún más los recursos provenientes de las regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Al mismo tiempo, los cívicos se declararon en emergencia y movilización y expresaron su respaldo al proyecto alternativo de Ley Marco de Autonomías elaborado por los parlamentarios autonomistas, la sociedad civil y los comités cívicos del país.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, aseguró que si los parlamentarios oficialistas aprueban la nueva ley sin incluir las propuestas de los congresistas autonomistas se estará consolidando el proyecto político totalitario y centralista del Gobierno nacional.
“El movimiento cívico nacional considera que los estatutos autonómicos son legales y legítimos, porque fueron aprobados por más del 86 por ciento de los votos de los ciudadanos, en cada departamento, mientras que el proyecto de ley oficialista vulnera 17 artículos de la Constitución, por eso es necesario hacer ratificar y respetar la voluntad popular expresada en las urnas”.
Patricia Galarza, presidenta del Comité pro Intereses de Tarija, afirmó que la ley oficialista es más centralista que el actual régimen, por dejar sin capacidad legislativa a la Asamblea Legislativa Departamental y otorga esa facultad a un funcionario del Gobierno nacional.
El presidente cívico de Beni, Felcy Guzmán, aseguró que el Gobierno centralista pretende subordinar la autonomía a sus caprichos políticos. Declaró que la lucha por la autonomía recién ha comenzado. El secretario general de la Gobernación de Beni, Carlos Dellien, subrayó la necesidad de hacer una defensa conjunta de los estatutos.
Para resaltar
El movimiento cívico de la oposición también se declaró en estado de emergencia, pero no tiene poder de movilización.
El movimiento cívico cobró vigencia en 2008 cuando logró articular la protesta contra el Gobierno central, ahora está debilitado.
Municipios piden equilibrio en el CNA
En el Consejo Nacional de Autonomías, máxima instancia de consulta y coordinación para llevar adelante el proceso autonómico en Bolivia, habrá cinco representantes de las “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, y sólo dos de los municipios del país, según el proyecto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según Enlared, la Declaración de Tarija emitida por los alcaldes de ciudades capitales que se reunieron el fin de semana establece que “el municipalismo estaría incorrectamente representado con sólo dos miembros —de veintiún totales con los que contaría el Consejo—, tomando en cuenta que existen actualmente 326 municipios; la representación es especialmente observable si se la compara con aquella de otros niveles de gobierno”.
El artículo 126 del proyecto gubernamental (que señala la composición del Consejo Nacional de Autonomías) establece que dicho Consejo estará formado por 21 miembros: el Presidente del país, tres ministros, los nueve gobernadores, dos representantes de FAM-Bolivia, cinco de las autonomías indígenas y un representante de las autonomías regionales.
Según la duodécima disposición transitoria del mismo proyecto de ley marco, los cinco representantes indígenas en el Consejo Nacional de Autonomías, al menos por ahora, provendrán de “los gobiernos autónomos indígena originario campesinos de cada uno de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz”, distritos donde, precisamente, están los 11 municipios que en el referéndum del 6 de diciembre de 2009 decidieron ser autonomía indígena.
De modo que, al menos por ahora, de los 337 gobiernos locales que existen el país, 11 autonomías originarias tendrán cinco representantes ante el Consejo Nacional, y 326 municipalidades (menos las once anteriores) estarán representadas sólo por dos delegados.
Indígenas tendrán más representación en el futuro Consejo
Norma. El proyecto de ley de autonomías otorga a los originarios cinco delegados
La Razón – La Paz
El futuro Consejo Nacional de Autonomías tendrá cinco representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, lo que les dará mayor representación de la que tienen, según el proyecto de Ley Marco de Autonomías.
De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, el futuro Consejo —máxima instancia de consulta y coordinación para llevar adelante el proceso autonómico— tiene cinco representan- tes de las «naciones y pueblos indígena originario campesinos», y sólo dos de los municipios, según una nota de Enlared municipal.
«El municipalismo estaría incorrectamente representado con sólo dos miembros —de 21 totales con los que contaría el Consejo—, tomando en cuenta que existen actualmente 326 municipios. La representación es especialmente observable si se la compara con aquella de otros niveles de gobierno», señalaron los alcaldes de Tarija reunidos en la capital.
Con ello, de los 337 gobiernos locales que existen en el país (municipios más autonomías indígenas), 11 autonomías originarias tendrán cinco representantes ante el Consejo —como señalaron los alcaldes tarijeños— y 326 municipalidades (menos las 11 anteriores) estarán representadas por sólo dos delegados.
El artículo 126 del proyecto dice: el Consejo se conformará por 21 miembros, el Presidente, tres ministros, nueve gobernadores, dos delegados de la FAM, cinco de autonomías indígenas y uno de autonomías regionales.