La Policía boliviana purgó a 429 de sus efectivos y mandó a la cárcel a 25 de sus agentes, al iniciar el viernes una reforma institucional contenida en el Plan Punto Final de lucha sin cuartel contra la corrupción.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el Subcomandante de la Policía, Reynaldo Iturri, en El Alto en un operativo de prevención contra el delito, la noche del 23 de julio pasado.(Foto: Daniel Espinoza/ABI)
ABI. Acorralada por la corrupción en sus filas y en el umbral del descrédito, la Policía puso en marcha su más ambicioso programa de reforma interna, destacó su comandante general Oscar Nina en un acto público.
La reforma se registra «en el marco de la depuración de nuestros cuadros policiales, de los malos elementos que haciendo mal uso del uniforme se inmiscuyen en problemas de índole delincuencial y, en algunos casos, se comprometen con bandas de narcotraficantes o delincuencia común», fundamentó el mandamás policial.
En el umbral del anuncio, la Policía movió la noche del jueves al viernes 35.000 efectivos en todas las ciudades principales del país para restituir la seguridad ciudadana, asignatura pendiente en su labor constitucional.
La lavativa institucional se registra días después que el presidente Evo Morales intimara la necesidad de reestructurar la Policía y hasta se dijera dispuesto a instrumentar un plan de contingencia por cuenta propia.
La reforma anticorrupción urgió luego que un sospechado de atraco y asesinato, David Olorio Apaza, muriera en celdas policiales en circunstancias confusas y en medio de denuncias de tortura.
También, tras el asesinato de 4 agentes, a manos de una poblada, acusados de extorsión sistemática a contrabandistas al menudeo en las localidades de Saca Saca y Cala Cala, vecinas del yacimiento minero de Uncía.
Nina destacó que en lo que va del año más de 270 uniformados fueron cesanteados por acusaciones de corrupción y colusión con bandas de criminales.
«Este año se procedió acelerar los trámites de separación» de la institución de cuadros tocados por el delito, dijo Nina que exhibió cuadros estadísticos.
Se trata de 2 capitanes, 5 tenientes, 7 subtenientes y 3 coroneles y tenientecoroneles.
También de un suboficial, 9 sargentos, 24 cabos y, el grueso, 223 policías rasos.
Asimismo fueron desafectados, de manera definitiva, 156 uniformados, entre ellos un coronel, 3 tenientecoronoles, otros tantos capitanes, 9 tenientes, 6 subtenientes, 18 sargentos, 40 cabos y 76 policías, sorprendidos en actividades delictivas, por lo que el Ministerio Público los imputó en varios distritos del país.
Los uniformados observados incurrieron en la comisión de delitos tales como tentativa de homicidio, homicidios, robo, tentativa de violación, estafa, lesiones, tráfico de sustancias controladas, cohecho pasivo, uso de influencias, extorsión, encubrimiento, asociación delictuosa, falsedad material e ideológica, conducción peligrosa, aborto, peculado y otros, precisó Nina.
Probadas las acusaciones, 25 funcionarios policiales fueron enviados a la cárcel: 3 en La Paz, 7 en Santa Cruz, 8 en Cochabamba, 3 en Sucre, 2 en Oruro y uno en Potosí.
Además, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico procesó y encarceló a 9 agentes connividos con grupos mafiosos.
La purga institucional, la de mayor calado en la última década, se encuadra en el Plan Punto Final, destinado a erradicar los focos de corrupción en la Policía.
«Para ello, desde el momento que asumieron su cargos, los comandantes departamentales y directores nacionales, tenían 15 días para que organicen sus comandos y 30 días más para implementar una serie de mecanismos, medios, recursos y otros para garantizar el éxito del Plan Punto Final», dijo Nina.
El plan se radicará, principalmente, en las dependencias de Tránsito, Identificación Personal, Prevención y Robo de Vehículos, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y otras instancias policiales, donde «predomina el estigma de la corrupción», de acuerdo con Nina.