El presidente de Venezuela prepara con tenacidad, desde hace al menos dos años, un casus belli con Colombia. Es decir, que busca la manera de justificar un enfrentamiento armado externo que le sea útil para terminar de cerrarle el cepo a los opositores internos y, al mismo tiempo, le provea cierto oxígeno a sus aliados de las FARC. Lo preocupante del caso es que la política de “relaciones carnales” seguida por el gobierno de Evo Morales hacia Chávez podría terminar arrastrando a Bolivia a participar en el eventual conflicto. Recordemos que sólo un día después de asumir como presidente en enero de 2006, el primer documento firmado por Evo fue el Convenio de Defensa con Venezuela que establece -además de la instalación de bases “bolivarianas” en Riberalta y Puerto Quijarro- la “complementación de las capacidades de defensa” y la cooperación en la “gestión de crisis”. Tarea para algún parlamentario lúcido de la oposición: elevar un pedido de informe al Ministerio de Defensa demandando se explique hasta qué punto queda comprometida una asistencia militar de Bolivia a Venezuela en caso de guerra.
Una oposición con testículos
No hablamos, lógicamente, de los parlamentarios que acudieron a sentarse a la concertación de la Ley Marco y que luego cuasi festejaron la norma junto a Rubén Costas. No. Hablamos del frente conformado por ex masistas que, sin pelos en la lengua, le cantaron las cuarenta a Evo Morales. Hay un remezón en las bases sociales del MAS y eso comienza a traducirse en un nuevo instrumento político.
Minicortas, minimarcos
Cuando todavía no termina de pasar el vendaval de críticas desatado por la pobre actuación de los parlamentarios cruceños, el senador Antelo parece decidido a “pelarle al gajo” nuevamente. El legislador acaba de proponer que la región se enfoque en promover “leyes especiales, área por área”, para subsanar los problemas generados por la Ley Marco. De esta forma, la oposición se irá restringiendo a temas de discusión cada vez más acotados e irrelevantes, en lugar de cuestionar el gran marco político del MAS que es el ordenamiento constitucional.