Familiares y allegados de los fallecidos, manifestaron sus dudas. Foto: composición Visión 360.
Suman cuatro muertes de personas relacionadas con denuncias y casos de corrupción durante el gobierno del MAS. Dos presuntos suicidios, con cartas póstumas cuyas firmas son cuestionadas, además de un accidente en Estados Unidos y ahora un infarto cardiaco, han dejado una sombra de dudas sobre el trabajo de investigación de la Fiscalía y la Policía Boliviana.
El caso más reciente es el del exgerente de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, quien era investigado por un supuesto daño económico al Estado de 425 millones de bolivianos. De haber sido condenado, la exautoridad corría el riesgo de permanecer 14 años encarcelado.
Montenegro falleció ayer miércoles y la amiga personal y abogada de la víctima, Audalia Zurita, detalló que el informe forense señala que la muerte se debió a una falla cardíaca. Al parecer, fue consecuencia de una enfermedad que aquejaba a su excliente desde hace varios años. El exejecutivo dejó una nota en la que se declaró inocente y pidió disculpas a sus allegados «por el dolor que seguramente les provocará esta mi decisión».
“No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, dice la nota firmada por el exejecutivo.
Al respecto, el presidente Luis Arce expresó su pesar por la muerte del exgerente Montenegro, y llamó a no instrumentalizar “el dolor de esta pérdida con fines políticos mezquinos”.
“Hago un llamado para que no se instrumentalice el dolor de esta pérdida con fines políticos mezquinos. Es momento de respeto y solidaridad ante el dolor de la familia”, dijo el Mandatario en un post en redes sociales con la imagen de la exautoridad.
Testigo protegido
La primera muerte controversial fue la del “testigo protegido” del Caso ABC, Felipe Sandy Rivero, cuyo deceso fue revelado el 17 de marzo de 2023, en medio de una polémica declaración del ministro de Justicia, Iván Lima, quien dijo que éste había perdido la vida en un accidente de tránsito en Estado Unidos. Pero el fallecimiento, oficialmente, fue registrado por los servicios médicos de las autoridades del Condado de Miami-Dade, el 20 de enero de ese año, a las 16:55, sin especificar la causa del mismo.
Sandy fue conocido por ser quien destapó el presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) a la empresa china CHEC. El empresario había prestado una declaración, fotos y documentos sobre ese caso bajo la norma de protección a testigos, pero luego decidió mudarse a Estados Unidos, por las presuntas amenazas de muerte.
En Bolivia, el impulsor de la denuncia penal fue el diputado «evista», Héctor Arce. En el caso de corrupción de la ABC, se manejaba la versión de un soborno de nueve millones de bolivianos en favor de los funcionarios, entre los que se incluía al presidente de la entidad caminera, Henry Nina. Si bien se encarceló al ciudadano chino que representaba legalmente a la CHEC, además de otros funcionarios, el caso nunca se esclareció.
Abogado de Camacho
Una segunda muerte polémica es la del presunto suicidio del abogado Christopher Balcázar, reportado el 2 de mayo de 2023, quien era abogado del Gobernador electo del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El reporte policial señala que el joven jurista cayó desde el piso 11 del edificio donde vivía, en el segundo anillo de esa capital.
Además de otros casos de relevancia, el abogado fue parte de la defensa del gobernador cruceño, en el caso de presunto “golpe” de Estado, iniciado por el Gobierno de Arce, sobre las protestas por el fraude electoral en 2019, las que derivaron en la renuncia y fuga de Evo Morales. Balcázar, también colaboró en la denuncia por la cámara espía que supuestamente Régimen Penitenciario instaló en la celda de Camacho, en el penal de Chonchocoro.
Las causas de la caída del abogado nunca fueron esclarecidas, pero el reporte del comandante de la Policía de Santa Cruz, Erik Holguín, señaló que en el departamento de la víctima se hallaron sustancias presuntamente alucinógenas.
Interventor de Banco Fassil
El tercer caso de una muerte controversial, en medio de un caso de corrupción en el que el Gobierno de Arce fue apuntado, se trató de otro presunto suicidio. La noche del 27 de mayo se reportó que el interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, había muerto luego de caer del piso 15 del edificio Ambassador en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Solo unos días después, urgidos por la presión social y las sospechas de que Colodro había sido víctima de un asesinato, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dio una conferencia de prensa en la que brindó detalles del caso y concluyó que se trató de un suicidio. El hecho fue criticado también, debido a que esa era una atribución de la Fiscalía y no de la Policía ni del Ministerio de Gobierno.
“Revisando todos los indicios, pruebas, testimonios e investigaciones, podemos decir que lo acaecido el pasado sábado 27 de mayo de la gestión en curso, a las 20:30 horas aproximadamente, en el municipio de Santa Cruz, fue un suicido”, aseveró la autoridad.
Al marcen del caso de corrupción interna, que consistía en cuantiosos créditos que los gerentes de Banco Fassil autorizaron en favor de personas sin solvencia, la muerte de Colodro fue cuestionada, porque se presumía que autoridades de la gestión de Evo Morales y del actual Gobierno estaban involucradas en lavado de dinero, teoría que no se investigó luego del presunto suicidio.
Firmas y teorías
En los cuatro casos, tanto legisladores del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), como los de Creemos y Comunidad Ciudadana, señalaron al Gobierno de Arce como principal sospechoso, por presuntamente tratar de encubrir casos de corrupción que implicarían a varias autoridades.
“¿Por qué estas personas están falleciendo, por qué están apareciendo muertos en nuestro país y no se esclarece nada?”, cuestionó este jueves el senador «evista», Leonardo Loza. El mismo hizo referencia al contenido de la carta de Montenegro y afirmó que la falta de confianza en la justicia sería uno de los factores que influyeron en este deceso.
“Recalco, esta justicia es totalmente manejada, dirigida por este Gobierno que tenemos. Estos son casos consecutivos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. En Bolivia no podemos seguir muriendo por no enfrentar a este régimen que maneja la justicia. Alguien tiene que parar esta situación, el Gobierno no puede seguir entrometiéndose en la justicia, para asesinar o que la gente se mate. La comunidad internacional tiene que hacer algo”, declaró Loza, luego de conocer la noticia de la muerte de Montenegro.
En contraparte, el analista y periodista, Andrés Gómez, criticó la postura «victimista» del ala evista. “Los que antes perseguían ahora se sienten perseguidos, pero no hacen nada para devolver a la justicia su independencia, porque los que hoy denuncian persecución quieren volver a tener el control de la justicia para perseguir a los que hoy les persiguen y reproducirse en el poder”, escribió en su cuenta en la red social X.
En los casos de Montenegro y Colodro, presuntos suicidios, se hallaron notas póstumas, cuya legitimidad en la letra y firma aún está en duda.