Preocupación: Los empresarios privados de La Paz piden una revisión de la normativa para evitar perjuicios. Gremiales contra la Ley de Aduanas
Comerciantes de la Uyustus y la Eloy Salmón, agrupados en la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, se movilizaron ayer por el centro paceño en contra del proyecto que endurece el control aduanero.
La Prensa
El secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, Carlos Andia, expresó a ANF su preocupación porque la decisión del Gobierno de prohibir el ingreso a las zonas francas de las mercaderías que requieren autorización y certificación puede generar mayor burocracia y pérdidas económicas para el sector privado.
La Prensa informó el jueves que en abril y julio, el Gobierno emitió los decretos 470 y 572, respectivamente, mediante los cuales restringió el ingreso de esas mercaderías. Las zonas francas ya no podrán acoger a los productos que requieren previa certificación, como vehículos antiguos; y autorización, como productos químicos comprendidos en la Ley 1008 que también son usados en la industria.
“Si se generan congestiones como hemos vivido hace dos años, los perjudicados son desde los importadores hasta los transportistas, nosotros los despachantes de aduana y una serie de operadores de comercio exterior que por las demoras (en la que) tienen que incurrir en costos adicionales y tiempos de espera que no son adecuados”.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Enrique García Ontiveros, sugirió la revisión técnica de la normativa para evitar el aumento de la burocracia en los trámites de desaduanización de la mercadería y las consiguientes pérdidas económicas
El experto en aduana del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Antonio Rocha, dijo a La Prensa que estas medidas provocarán una disminución del 50 por ciento del ingreso de mercadería en las zonas francas.
“Estas regulaciones, a partir de sus restricciones, tienden a reducir el número de zonas francas y, por otro lado, a un mayor control sobre ellas, como es parte de la política gubernamental”.
Andia recordó, según ANF, que en los últimos dos meses se tuvo problemas en los recintos aduaneros como efecto del congestionamiento de los trámites de nacionalización de mercadería, lo que desembocó en una serie de desfases y demoras en perjuicio de su sector y de los empresarios privados.
La demora en los trámites significará pérdidas económicas que repercutirán en “mayores costos de almacenamiento, financieros, falta de cumplimiento de contratos y una cadena de problemas”. El ejecutivo de los Despachantes de Aduana considera que la medida que ejecutará la Aduana debe ser evaluada en la primera quincena de agosto.
“En los recintos (aduaneros) parece que ha habido un problema de congestionamiento por falta de capacidad profesional (en) las gestiones de nacionalización de las mercancías, probablemente, si no se toma las medidas del caso, esto repercuta en el movimiento y en el flujo de las mercancías que estaban en los recintos aduaneros”.
El entrevistado mencionó que los importadores de mercancías utilizan las zonas francas para bajar los costos de almacenaje y la preocupación de este sector está referido a que en estos espacios, así como en los recintos, se presenten congestionamientos y demoras en los trámites.
Rocha señaló que las aduanas interiores, y peor las de frontera, carecen de infraestructura de almacenaje.