Otra de mercenarios

image

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Otra de mercenarios

  2. Bajo el Penoco, El Día: La ideología dominante

  3. Los Tiempos: El fracaso de Unasur

  4. El Deber: El país y las pugnas del MAS

  5. La Razón: Punto Final

  6. Cambio: Dignidad y soberanía alimentaria

  7. La Prensa: Un pedido poco racional

  8. El Diario: El Gobierno debe actuar sin soberbia ni demagogia

  9. El Mundo: Poca memoria

  10. Opinión: La lucha antidroga y temores del Gobierno

  11. Clarín, Argentina: Consensos para superar la excepcionalidad


El Día: Otra de mercenarios

Los que vivieron para contarla, recuerdan que eran argentinos los militares que los interrogaban y los torturaban en los centros de detención ilegales del régimen de Luis García Meza. A los más memoriosos aún les suena el nombre “Claudio San Román” un esbirro de origen chileno que los emenerristas trajeron al país para que realice el trabajo sucio en los campos de concentración que instaló el gobierno revolucionario en los años ‘50. Cómo no recordar a Klaus Barbie, el nazi al que los regímenes de René Barrientos, Hugo Banzer y García Meza le brindaron un refugio seguro por casi treinta años a cambio de trabajos de asesoramiento en diversas materias. En esta lista no se puede dejar de mencionar al italiano Marino Diodato, un ex policía de fuertes nexos con la mafia que llegó a ser un peso pesado en el Ejército boliviano y que hizo fortuna al amparo de líderes políticos que supieron apreciar sus aportes.



En esa misma línea se encuentra el ciudadano alemán Dirk Smith, un hombre de oscuros antecedentes, muy apegado a las armas y que había llegado a ser un elemento de gran confianza en el Ministerio de Gobierno y la Policía. El hombre está munido de amplia documentación que señala con precisión los servicios que le ha estado prestando durante los últimos años al Gobierno del MAS, en tareas de represión, inteligencia, mediación y otras acciones, que por su sensibilidad, deberían ser encomendadas a instituciones y funcionarios que gozan del respaldo legal, como son la Fiscalía, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Dónde queda el concepto de soberanía que tanto enarbola este régimen, si es capaz de delegar responsabilidades tan delicadas en un extranjero con facha de mercenario?

El ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, quien firmó uno de los memorandos que avala las actividades de Smith, ha reconocido que este hombre cumplía funciones que eran del conocimiento pleno de las autoridades relacionadas con la seguridad en el país. Con esto trató de desvirtuar las afirmaciones del ministro de Gobierno Sacha Llorentty, quien sigue tratando de sacar los pies del plato, pese a que las coordenadas pasan cada vez más cerca suyo. El pasado jueves, luego de la audiencia cautelar, Smith se dirigió al presidente Morales, a quien le pidió que intervenga. “Yo le he cuidado sus espaldas”, fueron las palabras exactas que usó el alemán, quien además es casado con una mujer que fue concejal del MAS en Porongo.

En su intento por defender las actividades de Smith y hacer ver que todo este caso es una patraña, Gustavo Torrico dijo que el hecho de haber encontrado a un extranjero con armas no es prueba de “alzamiento armado” como trata de hacerlo ver el ministro Llorentty. Ese razonamiento deberían aplicarlo entonces al caso Rózsa, otro típico ejemplo de los que se han descrito líneas arriba. Al constatar la manera cómo ha estado operando este Gobierno con el alemán detenido en Palmasola, es más fácil llegar a conclusiones sobre el húngaro que ejecutaron en el hotel Las Américas. Ahora cobran más sentido las fotografías y videos de Rózsa con el capitán Andrade y toda una serie de evidencias sobre los vínculos de la gente del Gobierno con el supuesto grupo terrorista-separatista.

El caso del alemán Smith se parece mucho a la forma de operar de las viejas dictaduras. También es muy similar al caso Rózsa.

Ir al Indice

Bajo el Penoco, El Día: La ideología dominante

El presidente Morales decía hace poco que el narcotráfico está mejor equipado que la Policía y las FFAA en Bolivia. “Me doy cuenta que no había sido tan pequeño, tienen mucha tecnología”, afirmaba el Mandatario, quien debería también reconocerles a los narcos una gran habilidad para la penetrar la interculturalidad boliviana, a no ser que haya sido muy fácil convencer al amauta Valentín Mejillones de instalar una fábrica de cocaína en su casa. Ya lo dijo el representante de la embajada de EEUU en Bolivia, John Creamer, el narcotráfico no tiene ideología, a lo que debería agregar que tampoco distingue raza ni religión. En los últimos años se ha visto que las mafias pueden convivir con la plurinacionalidad de Bolivia, al punto que es más fácil para un pichicatero ser aceptado en algunos ayllus de Potosí, mientras que seguramente a un autonomista del oriente lo desollarían como hicieron con 4 policías. Alguien debe estar haciendo de “facilitador” del entendimiento en un caso y de la discordia en el otro. Además de dominante, la “ideología” de la droga está siendo integradora.

Ir al Indice

Los Tiempos: El fracaso de Unasur

NUESTRA PALABRA
Este diferendo nos enseña que en la región nos falta aún mucho para construir espacios de pacífica convivencia

La reunión de Cancilleres de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) realizada en Ecuador para encontrar un cauce de solución al diferendo entre Colombia y Venezuela concluyó en un rotundo fracaso que trató de ser maquillado con la sugerencia que se hizo a los Jefes de Gobierno para que se reúnan con similar objetivo en las próximas semanas.

Sobre la base de algunos entretelones se puede sostener que una razón para este fracaso es el elevado contenido ideológico que le han dado el gobierno venezolano y sus aliados (entre ellos, Bolivia) al proceso de construcción de este mecanismo de integración. Esta visión opacó los objetivos que guiaron al ex presidente Fernando H. Cardoso para lanzar esta iniciativa y que en un principio fueron retomados por el presidente Inacio Da Silva. Esta elevada intromisión ideológica hizo que sea imposible arribar a acuerdos entre diferentes.

Además, la reunión de Cancilleres no podía tener éxito porque es evidente que muchos gobiernos de la región (entre los que lamentablemente no está el nuestro) no comparten ni parece que permitirán que se haga realidad la vocación hegemonista del gobernante venezolano. Éste, por lo que se ha visto, sólo acepta lo que él cree que es la verdad y la solución. Además, no se debe pasar por alto que pronto en Venezuela se realizarán elecciones parlamentarias en las que, de acuerdo a muchas previsiones, no obtendrá el apoyo popular al que está acostumbrado, razón por la que necesita encontrar enemigos externos que le permitan recuperar sus bases de sustentación, particularmente en el estamento militar.

En esta línea, el gobierno venezolano quiso aparecer como víctima cuando fue el que decidió el rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia y se negó a que se investigue en forma imparcial la existencia o no de campamentos de guerrilleros de las FARC y el ELN en su territorio, como denunció Colombia. Ayuda a dar la imagen de víctima la manipulación informativa del canal Telesur que no hace sino tergiversar los hechos en forma por demás aviesa (valga un comentario: si éste es el tipo de comunicación que postula el Socialismo del Siglo XXI, en los países que siguen este modelo la desinformación será la norma).

Lo señalado, empero, no significa que el gobierno colombiano sea sólo una víctima. Hay también una serie de indicios de que su mandatario -que deja el poder la próxima semana– ha decidido sentar una línea de acción a su sucesor, la misma que es de enfrentamiento antes que de conciliación. Además, busca mantenerse dentro del sistema colombiano como una voz fuerte, más aún si hay elementos que pueden afectarlo seriamente, particularmente en el campo de los derechos humanos y la corrupción.

Lo más lamentable del caso es que este diferendo nos enseña que en la región nos falta aún mucho para construir espacios de pacífica convivencia, y que había sido fácil desbaratar lo poco o mucho que se hizo en estos últimos 30 años, en los que probablemente como nunca antes en la historia de la región predominaron los regímenes democráticos, por el surgimiento de liderazgos -cualquier sea su signo ideológico- que se pretenden insustituibles y quieren resumir en sí mismos toda la institucionalidad estatal.

Ir al Indice

El Deber: El país y las pugnas del MAS

El panorama que presenta el partido de gobierno, con pugnas que alcanzan hasta los niveles más altos de la administración pública, tiene que preocupar al presidente Evo Morales.

Algo que inquieta a la opinión pública es el temor de que un partido fragmentado, confrontado internamente, no sea capaz de ofrecer ninguna garantía de una buena y coherente conducción del país.

Para que el país avance, o por lo menos para que la propuesta del Gobierno produzca resultados, hace falta que la nave del Estado fuera manejada con criterios precisos. En esas circunstancias, más de una corriente interna equivaldría a tener más de un timón en una misma nave.

Dejar que las corrientes internas se enfrenten a vista y paciencia de los bolivianos es algo que no solamente afecta a la imagen del partido de gobierno, sino que también llega a dañar la reputación del país.

Como se ha dicho más de una vez en estas páginas, un clima de armonía y de convivencia, o por lo menos uno de coherencia en la conducción de la cosa pública, ayuda a crear confianza en el país. Y eso lleva a atraer inversiones, que son las que hacen falta para generar empleo y riqueza. Los cambios que ha vivido Bolivia en los últimos años son suficientes motivos para que las inversiones sean esquivas, pero si a eso se le ha de añadir un clima de desencuentros dentro del Gobierno, lo que se tiene es una realidad que crea desconfianza y ahuyenta las inversiones.

Los mensajes que está produciendo esta realidad de tensiones internas son, por lo menos, contradictorios.

En efecto, por un lado se dan estas pugnas y por otro el vicepresidente Álvaro García Linera reconoce públicamente que el MAS se propone conquistar el “poder total”.

A este respecto, sería muy bueno que el partido de gobierno mostrara que con el poder ‘todavía no total’ que controla es capaz de producir efectos positivos para el país. Si no lo hace y sigue exhibiendo una fuerte incapacidad en el manejo de la cosa pública, la perspectiva de que alcance el poder total es algo que tendría que asustar.

También sería bueno que el Gobierno comience a cuidar más el criterio con el que se organizan los eventos públicos. El lamentable episodio del amauta Valentín Mejillones es algo que daña al Gobierno, pero también afecta a la imagen externa del país. Una revisión de las condiciones necesarias para acceder al rango de amauta parece ahora algo imperioso.

Con igual criterio, sería bueno que las autoridades eligieran a los funcionarios a cargo de importantes proyectos nacionales. El desaprensivo manejo de la política económica, que fue descuidada los últimos cuatro años, como ha reconocido el presidente Morales, impone al Gobierno un cambio de actitud.

Pero el tema de las pugnas internas es algo que merece un tratamiento muy cuidadoso. Las denuncias que se cruzan entre funcionarios del Ministerio de Gobierno en los últimos días parecen señales incompletas de una guerra interna mucho más amplia y peligrosa. El apego de los bolivianos por la democracia se merece un más cuidadoso comportamiento por parte de las autoridades.

Ir al Indice

La Razón: Punto Final

La amenaza del presidente Evo Morales de ordenar cambios profundos en la Policía, si ésta no busca una salida a la crisis de valores por la que atraviesa, al parecer, va dando resultados. El mandatario calificó de “dramática” la realidad de aquella institución, al haber recibido información de que oficiales están involucrados en contrabando, narcotráfico y atracos.

A esta situación se añaden problemas internos que aquejan, especialmente, al área de Gobierno encargada de velar por la seguridad ciudadana, una cuenta pendiente de las autoridades en los últimos años. Dos casos graves han concitado la atención en el país: el de la muerte del sospechoso de atracar la oficina de Vías Bolivia, David Olorio, y el del alemán Dirk Schmidt, personaje oscuro que aparentemente trabajaba para Régimen Interior en temas de seguridad.

Las contradicciones han sido la tónica en este último escándalo, que todavía está en curso. No es la primera vez que la población atestigua cómo se pasan la pelotita en un asunto complicado; para el embrollo del súbdito alemán, la palabra “terrorismo” resurgió de entre las cenizas del hotel Las Américas, aunque el involucrado no tuviera relación alguna con la banda de Eduardo Rózsa.

La cuestión es que el ministerio a cargo de Sacha Llorenti no sólo debe atender y resolver este nuevo entuerto, sino también tiene la misión encomendada por el mismísimo Presidente y que trata de llegar al fondo del problema que tiene a la Policía sumida en un pozo, para muchos, sin salida.

La corrupción enquistada en las bases de los uniformados se ha vuelto insostenible y, a partir de la exhortación presidencial, el comandante de la Policía, general Óscar Nina, presentó el plan denominado Punto Final. En el discurso, por lo menos, se lo ve decidido, firme. Y, es cierto, en las últimas semanas se ha advertido un inusual movimiento de efectivos en las calles de las ciudades capitales, donde los controles de tránsito son una constante.

Pero el problema abarca a casi todas las reparticiones policiales. El compromiso de Nina, por lo pronto, es bastante ambicioso y, siendo realistas, improbable: llegó a decir que erradicaría la corrupción en un 99 por ciento.

El Comandante tiene razón en pedir la colaboración de todos, desde el Gobierno hasta la ciudadanía en general. Ahora, falta poner en práctica el plan y esperar resultados. Con la intención, solamente, no se logra mucho.

Ir al Indice

Cambio: Dignidad y soberanía alimentaria

Una de las mejores maneras de sostener el sometimiento de un pueblo es por el hambre. Cuando una sociedad entra en estado de desabastecimiento alimentario, pueden ocurrir las mayores degradaciones humanas.

Cuando Bolivia nació a la independencia tenía soberanía. Sus valles y huertas en el entorno de las ciudades permitían al país vivir con tranquilidad, sin miedo al hambre. Alguna vez se presentaban fenómenos naturales que generaban pobreza y, por tanto, epidemias; situaciones que dejaban a la población a merced de circunstancias de riesgo. Eso pasó en la Guerra del Pacífico, la hambruna producida por la sequía dejó un país sin fuerzas para enfrentar a un enemigo poderoso.

El siglo XX se caracterizó por la pérdida paulatina de esta capacidad de autosustentarse. Sin duda alguna, el alimento diario de los bolivianos y bolivianas es el pan, sea marraqueta, pan de mina, de toco, o pan collita como el de Santa Cruz. No hay mesa boliviana que no tenga su pan de cada día.

Sin embargo, ese pan nuestro no era nuestro, como rezó una campaña por la soberanía alimentaria y la dignidad nacional. Sin discurrir sobre el cómo y el cuándo perdimos el pan de cada día. La cosa es que Estados Unidos —cuándo no— subvencionó a sus productores y envió su trigo a Bolivia a título de ayuda. El cereal fundamental llega a Arica, a unos depósitos mal acondicionados, y luego es ‘vendido’ a las molineras. El producto de la venta, millones de dólares, a través del PL 480, va como "ayuda del pueblo de los Estados Unidos" a mantener inversiones para el desarrollo. Esta cantidad de dinero también ha sido y es motivo de corrupción, pese a los controles de la embajada.

En consecuencia, la "ayuda al desarrollo" impedía el desarrollo de la producción triguera nacional y mantenía la dependencia de nuestros estómagos a la voluntad del "pueblo de los Estados Unidos".

Una situación realmente maquiavélica, quitar la soberanía a un pueblo y entregarla a sus campesinos, y encima tenemos que dar las gracias. Si realmente era ayuda para el desarrollo, debió haber una inversión efectiva para que los productores de los valles bolivianos logren cosechas de trigo abundantes y de buena calidad, para que seamos soberanos. Ahí sí nos sentiríamos agradecidos y dispuestos a una franca amistad.

Por supuesto que los gobiernos liberales, dictatoriales y neoliberales hicieron todo lo posible para mantener la dependencia, como el estómago del pobre no era su problema, no pusieron atención a tan dura situación.

Hoy, con Evo a la cabeza, pese a las resistencias y acciones desestabilizadoras de la derecha, podemos decir con admiración: nuestra producción de trigo cubre un impensado 43 por ciento de la demanda interna, y para 2014 llegará al 90 por ciento.

Este anuncio, nos atreveríamos a decir, tiene mayor trascendencia que el crecimiento de las reservas internacionales, claro que éstas son claves para nuestra estabilidad económica, pero comer cada día un pan producido por bolivianos va más allá de la fría economía, hace a la dignidad. El año 2014 tendremos que organizar una gran fiesta, porque será el día en que el trigo extranjero, sobre todo el del norte, no tendrá incidencia política sobre nuestra libertad.

Estos logros económicos y humanos sólo son posibles porque Bolivia ha escogido, aunque sea en desorden, el camino de la soberanía, camino que hace que los y las bolivianas nos veamos al espejo como seres humanos, con pie firme en el mundo, con un grito efectivo para la existencia con calidad, por el vivir bien.

¿Podríamos decir que logramos el suma q’maña si el pan nuestro de cada día no es nuestro? Muchos y muchas recién nos ponemos a pensar en esto cuando leemos que la dependencia está casi en el 50 por ciento, y que hay planes que la llevarán a su erradicación.

Una realidad que nos hace vislumbrar, como nunca, que en poco tiempo Bolivia será un país con capacidad, no sólo de decisión, sino que su palabra y propuesta tendrán un peso como jamás tuvo en el concierto de las naciones, primero de nuestra región, y luego del mundo. No queremos decir que seremos potencia, pero sí seremos ejemplo de cómo vivir bien con dignidad y respeto a la Madre Tierra. Sólo cuando podamos decir con orgullo que nuestros estómagos no dependen de la "ayuda externa", que toda comida importada, por necesidad o escasez, la pagamos con nuestro trabajo y dinero, seremos realmente libres y soberanos.

Evitar esta situación ha sido el exitoso esfuerzo del colonialismo, el mantenerla y reconocerla como algo bueno e inevitable ha sido la labor de sus custodios internos, ya sean criollos, mestizos e incluso indígenas.

Pensamos que en materia de descolonización, que casi nadie la ve o declara no ver, la soberanía alimentaria, con este inusitado avance del 43 por ciento, ha dado un paso que si no lo ven es porque no quieren hacerlo. 

La descolonización no pasa por el discurso o las teorías, pasa por la acción descolonizadora, el aumento de producción de trigo es un ejemplo de esa acción, ¿puede haber acción más efectiva que descolonizar el pan? Creemos que no, porque el pan es de todos y para todos.

El Vivir Bien tiene como sustento esencial la soberanía alimentaria, es decir, la posibilidad y la certidumbre de poder comer lo que nosotros mismos producimos, sin depender de la caridad externa que, por décadas, fue la cadena del imperio.

Ir al Indice

La Prensa: Un pedido poco racional

Se ve cómo en Europa, donde se aplica y no se puede salir del sistema de reparto modernizado, las edades de jubilación no bajan de los 65 años.

Los profesores y trabajadores de Bolivia insisten permanentemente en que la edad de jubilación debe reducirse a 55 años para hombres y 50 para mujeres, sin tomar en cuenta que, de darse curso a esta demanda, el sistema de pensiones colapsaría irremediablemente.

Los rentistas aumentarían de forma alarmante, mientras que se reduciría significativamente la cantidad de trabajadores activos que, si se vuelve al sistema de reparto, como pretenden algunos sectores sociales, serían los que mantendrían mayoritariamente el sistema jubilatorio.

Aunque es, evidentemente, producto de la política neoliberal adoptada en Bolivia desde 1985, el actual sistema de pensiones es el mejor que se conoce porque asegura a los trabajadores una pensión vitalicia razonable al final de su vida laboral.

Es necesario hacer ajustes para otorgar pensiones relativamente decentes a quienes, habiendo cumplido 65 o más años de vida y que se encuentran en una pobreza real, puedan tener una renta vitalicia que les ayude a enfrentar los problemas y gastos de la siempre tormentosa vejez.

Los expertos deberían estudiar la posibilidad de que la renta de jubilación tenga mecanismos de aportes extraordinarios de quienes ganan más para que, junto a un necesario respaldo económico del Estado, puedan ir a una bolsa común para financiar las rentas de personas mayores de 65 años que no tuvieran derecho a una jubilación y que demuestren estar en situación de pobreza.

Lo que no debería hacerse es poner en riesgo el sistema de pensiones, cualquiera que fuera, mediante acciones que podrían satisfacer exigencias coyunturales de algunos sectores, pero que en un futuro no muy lejano dejen a las personas de la tercera edad sin una jubilación digna.

Es probable que la ya excesiva demora en elaborar el proyecto definitivo de la esperada nueva Ley de Pensiones se deba, precisamente, al estudio cauteloso de las autoridades para encontrar una solución basada en cálculos cuidadosos y certeros que no permitan caer en la equivocación irresponsable que lleve el sistema de pensiones a su desaparición o a incumplir los principios básicos de la seguridad social de largo plazo.

Se está viendo cómo en países europeos, donde se aplica y no se puede salir del sistema de reparto modernizado, las edades de jubilación normal no bajan de los 65 años. Es más, esa edad se busca ampliar a los 67 años para evitar el colapso que se avecina debido a la cada vez mayor cantidad de jubilados que, por efecto del desarrollo científico y las condiciones de vida, viven más tiempo, y por la disminución constante y permanente de los trabajadores activos que hace que disminuya el monto de los aportes.

Es natural que la gente quiera jubilarse lo más temprano posible y recibir una renta vitalicia sin tener que trabajar. Sin embargo, esa posición parece poco racional cuando se empieza a hacer los cálculos matemáticos, a menos que tuviéramos un Estado poderosamente rico que tenga la capacidad económica de cubrir los déficits que se generarían, lo que no es el caso de Bolivia.

Ir al Indice

El Diario: El Gobierno debe actuar sin soberbia ni demagogia

Cuando se trata de mostrar las actitudes del Gobierno -no sólo del actual sino de todos los pasados- se critica o alaba su obrar, es, simplemente, que se lo hace en interés del propio país porque toda acción gubernamental está dirigida, en sus resultados o consecuencias, al pueblo, al país en su conjunto.

La susceptibilidad porque los medios de comunicación se refieran al comportamiento de los integrantes de un Gobierno ha sido motivo de fricciones en el pasado y, en casos, para que grupos interesados, a veces mimetizados en la oposición, busquen en ello ventajas o dividendos populistas. La verdad es que para los medios de comunicación -prensa, radio y televisión- mostrar realidades en que está inmerso un régimen no es otra cosa que cumplir con su obligación de informar, analizar y orientar esas conductas o acciones porque, de todos modos, tienen que ver con los intereses generales.

En el actual Gobierno hay exceso de susceptibilidad sobre lo que los medios expresan; parecería que hay la convicción de que Gobierno y medios sirven a distintos fines y la verdad es que ambos, directamente o no, estamos al servicio del bien común y buscamos que las condiciones de pobreza y subdesarrollo sean superadas.

Las críticas, mientras estén hechas bajo principios de respeto y responsabilidad, no tienen por qué ser tomadas en cuenta en sentido contrario al que tienen y no corresponde que la soberbia, característica del actual régimen, sea siempre la respuesta a cualquier posición del pueblo que reflejan los medios de comunicación. Esas posiciones -se ha visto en los últimos meses- provienen hasta de grupos pertenecientes al mismo Gobierno y es su partido que muestra debilidades y situaciones inconvenientes por parte de quienes deberían observar conductas más acordes con su condición de servidores, como son los integrantes de la burocracia gubernamental.

El Gobierno, muchas veces cegado por la soberbia y buena dosis de demagogia, propala información sobre realizaciones que no corresponden o, peor, busca manipular a los otros poderes del Estado, como son el Legislativo y el Judicial, olvidando que la propia Constitución establece la independencia de poderes; obrar en sentido contrario es desconocer ese principio e ingresar en los campos del totalitarismo, donde sólo es válido el partido y la autoridad maxima se refleja en una sola persona.

Es importante que los dirigentes del Gobierno despejen los temores de que se busca su derrocamiento o se pretende poner trabas en su administración, cuando la verdad es que se busca que haya gestión, que se cumplan deberes y obligaciones, que se sirva al país y no sea éste instrumento al servicio de un partido. Los medios de comunicación querrían que el Gobierno tenga éxito porque sería en beneficio del país; lo contrario, el fracaso, implica perjuicio y atraso para toda la nación.

La experiencia del pasado, que tendría que tomar en cuenta el MAS, es clara y terminante: la soberbia y la petulancia son siempre causa de libertinaje y caos; sus frutos, siempre negativos; sus perspectivas, nada buenas para quien las practica; sus resultados para el país son mayor pobreza, atraso y subdesarrollo. Es urgente, pues, cambiar conductas y entender la importancia de la concordia, la humildad y la responsabilidad.

Ir al Indice

El Mundo: Poca memoria

Muchas veces, cuando las personas tratan de eludir responsabilidades sobre sus acciones pasadas, acuden a la excusa de su falta de memoria, es decir que si alguien les recuerda que hicieron algo que les incomoda, finalmente no se acuerdan, de todos modos, es bueno de vez en cuando refrescarles la memoria.

Resulta que al cumplirse los 30 años del famoso golpe de estado del narco gobierno de García Meza, el ex presidente defacto que hoy purga sus culpas en la cárcel de Chonchocoro, finalmente no sabe por qué esta allí. Nos imaginamos que ya ha sido sustituida la suite que tenía organizada en ese lugar, no vaya a ser que eso también esté favoreciendo a su falta de memoria.

Resulta que el ex dictador ha indicado que no fue él quien dio la orden de asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, posiblemente eso sea verdad, pero ha de acordarse que le dijo a su tocayo Luis Arce Gómez, con el que hoy comparte actividades nuevamente, luego de algunos años de separación, que haga las cosas como él quiera, o todavía mejor, como sólo él sabía hacerlas.

Y también ha debido recibir informaciones sobre el lugar donde fue ultimado el líder socialista, ya que algunas fotografías que se publicaron en la prensa de la época, lo mostraron desfigurado y ello no ha debido ser ocasionado por los disparos que recibió en las gradas de la Central Obrera Boliviana.

En esa oportunidad, los grupos paramilitares tenían la misión de silenciar a aquellas personas que tenían informaciones sobre las actividades del narcotráfico, en las que estaban involucrados varios miembros de las Fuerzas Armadas y que prefirieron hacer las cosas en persona, antes de seguir actuando con intermediarios.

Como verán los lectores, no se trata de una novedad que algún comando de paramilitares, o una unidad técnica especializada, se encargue de incursionar en una reunión o en un hotel, para borrar las huellas de una información que puede ser incómoda.

Han pasado ya treinta años de ese hecho; sin embargo, la familia de las víctimas, las personas afectadas e inclusive quienes compartieron las informaciones en ese momento, mantienen interrogantes que podrían quedar aclaradas, pero poco se hace por poner en claro la situación.

Volvemos a recordar el tema de los archivos especiales de las Fuerzas Armadas que pese a las órdenes fiscales, a disposiciones de gobierno y otras, no han podido ser intervenidos hasta el presente.

Los secretos pueden ser mantenidos por un tiempo, a veces extenso, pero al final se aclaran, así se tenga falta de memoria o se trate de eliminar las pruebas e inclusive a las personas que pueden aportar información, para poner en claro determinadas situaciones.

Cuando nos referimos a esos temas, recordamos a Nicolás Maquiavelo y sus recomendaciones al príncipe, para que pueda gobernar con éxito, han pasado alrededor de cuatrocientos años, desde que se hicieron tales publicaciones y las recordamos con frecuencia, recordamos también cómo las recomendaciones que pudo hacer en ese momento, no siempre dieron los resultados esperados.

Ir al Indice

Opinión: La lucha antidroga y temores del Gobierno

El presidente del Estado Plurinacional Evo Morales ha hecho conocer, hace algunos días, sus temores respecto a la lucha antidroga, denunciando un sabotaje de Estados Unidos y puntualizando que este país lo acusaría de narcotraficante dentro de sus intereses geopolíticos para controlar los recursos naturales.

Como se puede apreciar, se trata de una afirmación muy seria porque lo dice el Presidente, quien además considera que Estados Unidos no tiene responsabilidad, pues el tema del narcotráfico y del terrorismo lo usa ?con fines políticos y geopolíticos?. El presidente Morales, en esta línea de denuncia, está seguro que el país del norte crea problemas con el propósito de controlar a los países social y políticamente.

Las palabras del Presidente tienen relevancia inusual porque fueron expresadas en la Cancillería durante el acto de bienvenida al representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDI), César Gedes, quien expresó su deseo de cooperar en la erradicación de las drogas.

No cabe duda que el problema de la producción de coca excedentaria con fines ilícitos y la producción de cocaína representan uno de los problemas más graves de Bolivia y de soluciones complejas, aunque lo más importante, como se ha dicho en muchas oportunidades, es que los países de la comunidad internacional y en aquellos donde existe un mayor consumo de droga, como es el caso de Estados Unidos, cumplan cada uno con su responsabilidad en la lucha contra el tráfico y consumo de cocaína. Es importante que en este propósito el Gobierno de Bolivia establezca metas concretas en la lucha antidroga, más allá de la acusación reiterada contra lo que considera injerencia de Estados Unidos con el pretexto de intervenir en asuntos internos a través de la lucha antidroga.

Es difícil ocultar por más tiempo dos situaciones que se presentan durante los últimos años en esta problemática. Una de ellas es el incremento de los cultivos de hoja de coca tanto en el Chapare como en Los Yungas e incluso en parques y reservas naturales. El Gobierno tiene la obligación de establecer de la manera más clara posible cuáles son los índices de incremento de hectáreas de producción de coca, que según estimaciones de las 20 mil autorizadas se habrían casi duplicado, lo que mostraría que el aumento de la coca ilegal ha sobrepasado los límites establecidos y en consecuencia los excedentes estarían destinados a la producción de cocaína.

Por otra parte, no se puede ignorar que la producción de droga se ha desplazado de los sitios tradicionales del Chapare y del oriente del país a zonas de los valles cochabambinos y del altiplano boliviano.

El último hallazgo de una fábrica de cocaína en la casa de una autoridad espiritual indígena, el amauta Valentín Mejillones, que de paso le entregó el cetro al Presidente durante su posesión, se añade a otros donde las comunidades campesinas han establecido una especie de pequeños territorios donde se produce droga resguardada por comunarios, como ocurre por ejemplo en la localidad de Pantipata, en Vinto, Cochabamba, además de otras factorías en El Alto y zonas cercanas.

El país está frente a una realidad que tiene que merecer explicaciones claras  de las autoridades de Gobierno que tienen a su cargo la lucha antidroga. Es que más allá de los discursos y los temores que puedan surgir respecto al papel de Estados Unidos en esta materia, y a sus posibles fines de expansionismo y control de los países, estamos frente a un asunto que cada vez se torna mucho más grave.

Ir al Indice

Clarín, Argentina: Consensos para superar la excepcionalidad

La convención nacional constituyente de 1994 estableció la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública y por un plazo determinado. Además, mediante una cláusula transitoria, dispuso la caducidad de la legislación delegada preexistente a los cinco años de vigencia de la reforma constitucional. Ese término de caducidad originario ?previsto, entonces, para 1999? ha recibido sucesivas prórrogas legislativas, la última de las cuales concluirá el 24 de agosto. A partir de esa fecha, entonces, debería abrirse un capítulo nuevo en la historia institucional que debiera estar marcado por el respeto de las competencias de cada uno de los poderes de la República y el fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Pero, a pesar de la cercanía del plazo de un episodio de tanta relevancia política y jurídica, todavía se carece de los consensos necesarios para superar la excepcionalidad y la anormalidad que afectan la relación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el funcionamiento del Estado nacional ya que la situación vigente ha posibilitado actuaciones arbitrarias del Ejecutivo y la Administración Pública, lo cual ha dado lugar a un clima de inseguridad jurídica.

La principal responsabilidad de EDla ausencia de acuerdos básicos sobre el cambio que se avecina le cabe al Gobierno nacional, que no ha impulsado el debate imprescindible para acercar las diversas posiciones, con el propósito de mantener una cuota de poder mayor que la dispuesta para períodos que no pueden caracterizarse por excepcionales o de emergencia.

Así, entonces, resulta indispensable prudencia y responsabilidad para superar un ordenamiento de validez dudosa.

Un punto básico de apoyo lo debe constituir el trabajo de la Comisión Bicameral Especial, que ha analizado la legislación nacional desde los albores de nuestra organización constitucional. También la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación ha confeccionado su informe de este delicado tema, del cual surgen discrepancias sobre las normas alcanzadas por el plazo de caducidad. Si bien, entonces, se deberá alcanzar la óptima precisión técnica, el escollo más grave es de naturaleza política e involucra a un puñado de marcos legales clave.

Una de las disposiciones en juego en esta coyuntura es el Código Aduanero, de cuyo articulado depende la fijación de aranceles de importación y retenciones a las exportaciones. Esta facultad delegada caduca y los juristas discuten sobre el efecto que ello traerá, pero sería un logro evitar la judicialización del tema a través de un consenso básico, que deberá tener al Congreso como ámbito protagónico. El conflicto que originó en su momento el Gobierno al pretender subir las retenciones a las exportaciones ?un conflicto cuyas heridas aún no han cerrado? vuelve a ofrecer una posibilidad para que se alcance un acuerdo político y legislativo que impulse el dinamismo del sector agropecuario.

Además deberá legislarse sobre otras disposiciones relevantes como las referidas a la coparticipación y distribución de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), al procedimiento tributario y a la contratación de obra pública.

Se trata, en suma, de un conjunto de normas que han recibido un uso muchas veces arbitrario y que dan cuenta de la supremacía de criterios de excepcionalidad también bajo el estado de derecho. Se está, entonces, ante la oportunidad de fortalecer la división de poderes y, con ello, el estado de derecho y la seguridad jurídica.

La Constitución de 1994 estableció la prohibición de delegación legislativa, salvo en situaciones excepcionales. La caducidad de la delegación preexistente fue postergada sucesivamente. Ahora se acerca una nueva meta, pero no se han logrado los consensos para dejar atrás una excepcionalidad que genera inseguridad jurídica y que afecta la separación de poderes y el funcionamiento del Estado.

Ir al Indice