Desde el gobierno se alista toda la artillería contra algunos dirigentes campesinos que están resultando respondones. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro está elaborando una especie de manual de funciones para que el Conalcam se erija en una especie de supra poder frente al cual nadie podrá replicar.
Nadie estará fuera de su control y la principal característica es que actuará de manera discrecional, al margen de toda norma. Cualquier juez que dice una sentencia que no sea de su agrado será inmediatamente expulsado (el término es el más adecuado) de sus funciones. Los dirigentes campesinos que manifiesten la más mínima inclinación crítica caerán también bajo su acción. El Conalcam tendrá la atribución de decidir quienes son los legítimos dirigentes. En los hechos, será el brazo operativo de Evo Morales para actuar contra todo aquel que le resulte incómodo.
Las órdenes no se discuten
Ya estamos acostumbrados al estilo de “diálogo” del MAS y sabemos también qué es lo que entiende el partido en función de gobierno por acordar o concertar. Se trata en realidad de un lapso en el que se aparenta dialogar pero siempre se acaba imponiendo la propia voluntad al amparo de una incontrastable pero eventual mayoría.
Ahora más que nunca hemos tenido la posibilidad de comprobar esta situación. Algunos senadores intentaban mostrar una cierta disposición al diálogo para concertar la llamada “ley de lucha contra el racismo” pero fue suficiente que se escuchara la voz de mando desde el palacio de Gobierno para que todos acaten disciplinadamente la orden. “Escucharemos a los periodistas pero de la ley no se cambia nada”, dijo el senador Eugenio Rojas, elegido por una región que no se caracteriza precisamente por su tolerancia. ¿Alguien olvidó que en Achacachi fueron degollados dos perros como advertencia de lo que podría ocurrir a los sucrenses si insistían en su pedido de capitalidad? Para el gobierno, que tiene una visión sesgada e interesada de muchos aspectos eso no fue una expresión racista.
La ley suprema
Pareciera que la única ley que rige en el país es la “ley del embudo” y que es este criterio el que dicta las pautas del funcionamiento de un sistema jurídico totalmente sumiso y dependiente. El ex prefecto pandino, Leopoldo Fernández lleva dos años recluido en la cárcel de San Pedro sin que se le inicie un proceso por su supuesta participación en los difusos sucesos de Porvenir.
El consejero departamental por el MAS, Gabriel Pinto recibió una condena de 30 años por la muerte y quema del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, pero una jueza, por algún tipo de presiones, le acepta su recurso de libertad y ahora se pasea por las calles y la Gobernación paceña enrostrándonos su impunidad emergente del poder político.