Polémica. PAT difundió imágenes de presuntos abusos en el Colmilav, pero sus autoridades aclaran que corresponden a un entrenamiento. La Fiscalía investiga el caso de Challapata. El Comandante del Colmilav desvirtuó las torturas y tranquilizó a los padres de los cadetes.
Imagen. La red PAT difundió ayer un video en el que se ve maltrato a los uniformados del Colegio Militar de Aviación
M. Chuquimia y H. Ugarte, El Deber
Las Fuerzas Armadas, el Gobierno y el Poder Judicial desataron ayer una polémica sobre quién debe juzgar los actos de presunta tortura en el Regimiento de Fuerzas Especiales Méndez Arcos, con asiento en Challapata (Oruro), cometido el año pasado por militares a la cabeza del teniente Jhon Henry Rojas Catacora en contra del cabo Guido Álvaro López Cortés.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, almirante Jorge Bothelo, afirmó que el caso sucedió en un cuartel y los involucrados son militares y por tanto están sujetos a ser procesados por normas castrenses.
Para el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) sólo puede juzgar casos del ámbito militar; sin embargo, lo que se vio en las imágenes no corresponde a un curso o una práctica y es claramente un acto de tortura en contra de un conscripto, por lo tanto pasará a la justicia ordinaria.
El presidente de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, Williams Alave, explicó que la tortura está establecida en el artículo 114 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que para ese caso se rige por el Código Penal, que está vigente porque la ley militar no está desarrollada en el ámbito del nuevo texto constitucional.
Es el segundo caso en el que el Gobierno interviene directamente, aunque sin resultados. El caso del presunto atracador David Olorio Apaza, que involucra a cuatro policías de la ciudad de El Alto, no avanza por acciones judiciales de los propios policías.
Dos oficiales consultados que hicieron el curso de tropas especiales en la Escuela de Cóndores en Sanandita explicaron, por separado, que las imágenes corresponden a un entrenamiento o una práctica que se realizaba en los recintos de instrucción especial; pero lo llamativo, afirmaron, es que esos cursos ya no se dan desde hace más de 12 años, por lo que si lo de Challapata corresponde a un ejercicio en 2009 puede ser sancionado porque ya estaba descartado como curso en las tres unidades rangers que tiene el Ejército Nacional.
El almirante Bothelo adelantó que en diez días se tendrá un informe acerca de los implicados y también las sanciones que establecerá el juez sumariante que ya está en esa unidad militar. Añadió que por las imágenes se puede calificar como “un hecho irregular”, pero dijo que no puede adelantar mayor criterio porque se inhabilitaría cuando conozca el caso.
Paralelamente al trabajo de las autoridades militares, funcionarios de la Defensoría del Pueblo también se encuentran en esa unidad militar y ya realizan el seguimiento del conscripto que aparece en las imágenes recibiendo castigos.
Ellos identificaron al afectado como Guido Álvaro López Cortés y el defensor del Pueblo en Oruro, Marco Aguilera, informó de que la investigación desplegada determinará si fue entrenamiento o un castigo militar como parte de una materia de enseñanza.
La Defensoría hizo pública una invitación a la familia del cabo López para conocer de primera mano qué pasó en esa oportunidad. También dijo que desean conocer si ya hubo una denuncia por esa causa.
En el Tribunal, certificaron que no existe ningún informe o denuncia sobre supuestos maltratos que hubiera elevado algún conscripto de esa unidad militar. Bothelo descartó la existencia de presiones sobre la familia o sobre los conscriptos para que eviten las denuncias.
Según los conscriptos, si alguien denuncia los malos tratos en los cuarteles pueden sancionar al oficial, pero la represalia es a la hora de entregar la libreta de Servicio Militar.
Ayer, mientras el fiscal general del Estado, Mario Uribe, instruyó una investigación de oficio al fiscal orureño Gino Martínez, por los delitos de vejaciones y torturas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Ortiz, repudió los actos de tortura a los que fue sometido el conscripto López Cortés.
Militares incumplen sus normas
Ángel Paz | Pdte. Colegio de Abogados de Santa Cruz
Los abusos, atropellos y torturas producidos en los cuarteles del país van más allá de una interpretación legal, porque ha movido a la sociedad a pronunciar su rechazo de forma enérgica y contundente.
Pretender dejar el rumbo de la investigación y la posibilidad de sanciones sólo en el ámbito militar es un error, porque más allá de que se amparen en que los soldados están bajo bandera y las acciones de los cuarteles se deban juzgar de acuerdo a sus códigos, se ve que los militares incumplen sus propias normas, por lo tanto, amerita juzgarlos por la vía ordinaria.
Las acciones de vejámenes y torturas a los soldados son fehacientes y no puede tratarse por igual a un soldado que circunstancialmente está prestando su servicio a la patria que a un militar que ha adoptado la carrera.
Pero, además, históricamente los cuarteles están mal ubicados cuando se pretende afirmar que han sido creados para resguardar la integridad de la patria y encima los militares siempre han estado al servicio de los gobiernos de turno más que prepararse para una guerra.
Es importante y necesario a la vez que los militares abran las puertas de los cuarteles para que los padres de los conscriptos conozcan qué hacen adentro con sus hijos.
El cuartel de Challapata es parte de Oruro
Challapata es una población del altiplano orureño y es capital de la provincia Eduardo Abaroa; tiene una altitud de 3.739 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicada a 117 kilómetros de Oruro sobre la carretera a Potosí.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas cuenta con una población estimada de 27.500 habitantes que se dedican sobre todo a la agricultura.
En los últimos años ha visto incrementada su población debido a la llegada de campesinos de Quillacas, Pampa Aullagas y Salinas de Garci Mendoza. Cuenta con ganado vacuno por lo que comercializan leche y queso; producen también haba, trigo y quinua.
En esta población se encuentra un gran mercado negro de vehículos indocumentados que entran desde Chile y hasta donde llegan compradores de todo el país.
La población alberga al Regimiento de Fuerzas Especiales 24 de Infantería Tte. Méndez Arcos Ranger.
En esta unidad castrense se produjo el año pasado la tortura del conscripto Guido Álvaro López Cortés, que prestaba su servicio militar y que por haber llegado con retraso a una clase de instrucción fue objeto de vejámenes por parte de sus superiores.
Aparece nuevo video y crece el debate sobre el servicio militar
Abusos. La red PAT mostró imágenes de violencia en el Colmilav. Su comandante desvirtuó las torturas y tranquilizó a los padres de los cadetes. Varios sectores cuestionan la obligatoriedad
Respuesta. La plana mayor del Colmilav, encabezada por el coronel Marvin Molina, dio la cara ante los medios de prensa
Henrry Ugarte A. El Deber
Aparece un nuevo video sobre maltratos y prácticas violentas en los cuarteles del país y resurge el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar.
La red PAT difundió ayer al mediodía un video con imágenes similares a lo ocurrido en el cuartel de Challapata (Oruro), en el que se ven a miembros del Colegio Militar de Aviación (Colmilav) sometidos a maltrato por parte de superiores e instructores.
Según explica en el video una ex cadete que fue dada de baja el año pasado, este tipo de prácticas era común entre los instructores del Colmilav y sus comandantes conocían los hechos, pero poco o nada hacían para castigar los abusos.
Al respecto, el comandante del Colmilav, Marvin Molina González, negó que en el interior de su unidad se realicen torturas a los cadetes, pero reconoció que hasta hace dos años se impartía la materia de Prisioneros de Guerra, que tenía el objetivo de inculcar una enseñanza superior por si se producía una guerra contra enemigos externos.
“Los militares estamos preparados para la guerra y esa materia nos permitía una enseñanza superior para garantizar la seguridad del Estado. Imagínense ustedes qué podía pasar si el enemigo capturaba a un soldado nuestro; habría puesto en riesgo la vida de toda una unidad”, justificó Molina.
Sin embargo, el comandante del Colmilav tranquilizó a los padres de los caballeros cadetes y aseguró que desde que se incorporó a las Fuerzas Armadas la oficina de derechos humanos la materia Prisioneros de Guerra fue suspendida.
“Que los padres de familia se queden tranquilos porque en el Colmilav nadie toca a los cadetes; tenemos todo bajo control”, afirmó Molina.
Entre tanto, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece la obligatoriedad del servicio militar, a raíz de los videos de Challapata y del Colmilav resurgió el debate en el país sobre la norma referida.
En La Paz, la Asociación de Padres de Familia de Conscriptos, liderada por Nicasio Araúz, realizó ayer una marcha y se declaró en emergencia llegando a advertir que en las próximas horas acudirán a los cuarteles a retirar a sus hijos.
“No es posible que los traten de ‘sarnas de mie…’, que los golpeen y encima los torturen; el servicio militar debe dejar de ser obligatorio y pasar a ser voluntario”, dijo Araúz.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, si bien la Carta Magna dice que el servicio militar es obligatorio, sin embargo, se debería abrir las puertas de los cuarteles para que una comisión de derechos humanos verifique de forma constante lo que hacen los instructores con los conscriptos.
Dos militares del servicio pasivo, que pidieron reserva, recordaron que antes los castigos eran moneda corriente; empero, sostienen que el servicio militar debe continuar siendo obligatorio, pero con mayor control a los militares.
Lo que dice la carta magna
– Art. 244. Las FFAA tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado.
– Art. 245. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política.
– Art. 249. Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de acuerdo con la ley.
Investigan maltrato en Buenavista
La Defensoría del Pueblo investiga un caso de maltrato físico a un soldado, supuestamente registrado el mes pasado en el Regimiento X de Caballería Gral. José Manuel Mercado, con asiento en la localidad de Buenavista (provincia Ichilo).
El representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, informó ayer de que el caso fue conocido mediante la denuncia telefónica de una persona que prefirió mantener su identidad en el anonimato, pero que aportó las primeras pistas para abrir el proceso de investigación.
“Se trata de una agresión física a un soldado que fue víctima de varios golpes por parte de un superior. Una vez recibida la denuncia, pedimos un informe al comandante de esta guarnición y entre hoy y mañana vamos a inspeccionar el lugar. El caso está en investigación y en 10 días esperamos contar con un informe completo”, manifestó Cabrera.
Debido a las agresiones y maltratos a los soldados se abrió el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar. /FL
El Defensor del Pueblo plantea un referéndum
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, planteó la posibilidad de llevar a referéndum el servicio militar obligatorio por las imágenes difundidas sobre maltratos dentro de los recintos cuartelarios; pero la iniciativa fue desechada por el Gobierno y el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó que la Constitución Política del Estado señala este servicio como obligatorio y que también prevé la forma de llevar adelante una consulta de esta naturaleza.
El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Conscriptos, Nicasio Cruz, adelantó que esta asociación está en emergencia y los padres ya plantearon la posibilidad de sacar a sus hijos del Servicio Militar por los constantes maltratos que sufren.
En el Defensor del Pueblo informaron que luego del acuerdo con el Ministerio de Defensa y las FFAA, se logró capacitar a 8.800 suboficiales e instructores en materias de derechos humanos y que en la Policía ese número asciende a 11.500; pese a ese trabajo los maltratos no se detuvieron y se prepara un informe sobre las denuncias que existen actualmente.
Ayer, los senadores convocaron ante el Comité de Defensa y Fuerzas Armadas para un informe oral al Comandante en jefe de las FFAA, general Ramiro de la Fuente Block; el presidente de la comisión de Defensa, Adolfo Mendoza, adelantó la elaboración de una nueva ley castrense.