Ahora que el vicepresidente García Linera puso de moda un nuevo eufemismo para hablar de las trampas (“estrategias envolventes”), sería interesante aplicar el término a lo sucedido en Ecuador el pasado jueves. A medida que transcurren los días se conocen más detalles de los hechos, que en la jornada del conflicto quedaron ocultos o distorsionados por el cerco informativo decretado por el gobierno de Rafael Correa, quien obligó a los medios privados a ponerse en cadena nacional permanente, transmitiendo la versión única del canal estatal. Y todas las piezas del rompecabezas parecen confirmar que no hubo el tal “golpe de Estado”, sino una manipulación oportunista de parte del presidente de una protesta que él mismo contribuyó a crear y radicalizar. Para empezar, en todo golpe una de las primeras acciones es tomar el control de los medios de comunicación, cortándoselas al gobierno en ejercicio para aislarlo de la población. Eso en Ecuador no ocurrió. En segundo lugar, iniciado un golpe de Estado el factor tiempo se torna relevante, por lo que deben producirse rápidamente ciertos hechos, como anunciar la destitución de las autoridades del gobierno y la conformación de uno nuevo mediante proclamas. Esto tampoco ocurrió en Ecuador. Extraño “golpe de Estado” éste, donde el presidente se dirigió caminando a pie, rodeado por sus asistentes y escoltas, al lugar de su “secuestro”, donde en todo momento permaneció en comunicación telefónica con sus ministros y los principales jefes militares, es decir, que siguió al mando del país y hablando con la prensa internacional. Según el testimonio del Dr. Fernando Vargas, bioquímico del hospital policial, Correa “nunca estuvo en calidad de secuestrado, sino que fue atendido por el personal médico”. “Su seguridad, el personal del GOE (Grupo Operativo Especial) lo resguardó permanentemente”, añade Vargas, quien también cuenta que “Minutos antes del salvaje asalto militar a esta casa de salud con armas de grueso calibre y municiones reales, ya se estaba cantando el Himno a la Policía Nacional y preparando la calle de honor por la que se disponía a sacar al Sr. Presidente para ser trasladado al Palacio de Gobierno, acción que se mantenía durante más de dos horas, con motocicletas policiales esperando escoltar a dos vehículos de la caravana presidencial que nunca llegaron”. De donde el médico deduce que “la incursión fue provocada para ganar protagonismo”. Vargas agrega que la incursión militar afectó a “mujeres, niños y ancianos, la mayoría de ellos graves, pues nadie va a un hospital de vacaciones sino con diferentes dolencias, y por la gran lluvia de gases y la balacera sin medida resultaron con asfixia y crisis nerviosas”. Simples daños colaterales -dirán tal vez algunos asesores del gobierno ecuatoriano o los integrantes de cierta “mesa situacional” en Caracas-, que no afectan al éxito de la “estrategia envolvente”…
Populistas desfinanciados
Una clave importante para entender el trasfondo del reciente conflicto ecuatoriano, que también arroja luces sobre la situación de otros países, es la situación límite de sus finanzas públicas. Durante la administración Correa el déficit fiscal se disparó a 2.000 millones de dólares anuales, los salarios destinados a burócratas pasaron de 3.000 millones de dólares en 2009 a 6.500 millones este año, y la cantidad de empleados públicos llegó a 470.000, totalizando ¡un 40% de los empleos formales del país! Ante este desbarajuste, alimentado por el propio mandatario con sus políticas prebendalistas de los primeros años, llegó la hora de poner un pie en el freno y el presidente tuvo que declarar a regañadientes que “no dan para más las sábanas”, mientras anunciaba un plan de recortes del gasto público. Los problemas financieros se repiten en otros gobiernos del bloque del ALBA, con una Venezuela en retro cuya economía decrece un 3,5%, una Cuba que se dispone a despedir a medio millón de funcionarios y una Bolivia que acumula la deuda pública -interna y externa- más grande de toda su historia. Son 13.500 millones de dólares a la fecha, que el Ministerio de Hacienda pretende ampliar hasta alcanzar los 32.000 millones, lo que significará hipotecar el destino del país por los próximos 70 años. Es la ley histórica que rige a los gobiernos populistas: fuertes y en expansión en tiempos de bonanza fácil, lograda en base a los altos precios internacionales, y tambaleantes cuando llega el momento de reordenar la casa.