Investigación. La Fiscalía General solicitó suspender el secreto militar. Hermetismo en el regimiento 24 de Fuerzas Especiales Félix Méndez Arcos Ranger. Otra denuncia involucra al Colmilav.
Visita. El fiscal Jacinto Aguilar llegó hasta el cuartel para solicitar la nómina del personal de ese recinto de la gestión 2009
Marcos Chuquimia. Oruro, El Deber
Herméticos. Así se muestran los militares acantonados en el regimiento 24 de Fuerzas Especiales Félix Méndez Arcos Ranger, en la localidad de Challapata, quienes no dejan siquiera circular por las aceras de este recinto; pese a ello, el fiscal Jacinto Aguilar, después de dos días, logró ayer entregar un memorial al comandante de la unidad, teniente coronel Wilson Mercado Vargas, pidiendo las listas del personal en la gestión 2009.
“Las listas nos permitirá saber quiénes eran los oficiales y quiénes eran los conscriptos que prestaron servicio militar y conocer de ese modo los nombres de las personas que estuvieron involucrados en esos hechos”, afirmó el representante del Ministerio Público, luego de salir del recinto a donde ingresó sólo para dejar el requerimiento.
Hasta ahora, prosiguió, se conocen los nombres de manera extraoficial y los únicos que pueden tener los datos exactos de las personas son los jefes militares de la Segunda División, acantonada en la ciudad de Oruro, y los archivos del propio recinto.
Según los pobladores y reservistas del cuartel, se reconoce al teniente John Henry Rojas, que era conocido como ‘teniente John’ y que participó en varios actos de la comunidad donde los rangers tienen bastante popularidad.
Asimismo, ellos informaron que se trata de dos tenientes y un suboficial los que habrían participado en este presunto acto de tortura, ya que reconocen lo que sucedió y recuerdan que ya había pasado antes.
Explicaron que no es ejercicio ni castigo, porque en el primer caso se debería observar en el video a los asistentes al ejercicio. Florentino Cruz dijo que siempre que se realizaba este tipo de ejercicio como ‘prisionero de guerra’, había mucha gente observando.
“Tampoco es castigo, porque si fuera así se puede ver a los conscriptos, se hace eso para escarmentar a los infractores; de que se cometen faltas, se cometen, pero esto no era ejercicio y tampoco castigo”, afirmó convencido, y sus palabras fueron confirmadas por otros dos vecinos que también hicieron su servicio militar en esa unidad.
Además, dijeron que no es en Ventilla, en la represa de Tacagua, como se informó inicialmente. “Aquellos que hemos hecho nuestro servicio sabemos que es cerca de la cancha del frontón. Ésta se encuentra al fondo del inmenso cuartel, en la parte derecha, y está cerca de la cocina y de los baños; entonces, tenían que haber visto la cocinera y el médico porque la posta también es cerca”, afirmó Cruz.
Pero otro grupo de vecinos no comparte la denuncia y calificó de ‘llorón’ al que realizó la denuncia. “Todos hemos pasado lo mismo”, dijo Silverio F., al que sus amigos llaman ‘uturunku’. Con la cabeza salpicada de canas relató que hasta hace una decada se realizaba incluso ‘el salto de la muerte’ que es en la represa de Tacagua precisamente, y el ejercicio consistía en saltar de ese lugar hacia abajo sin protección y salir nadando.
Un tercer grupo considera que la denuncia nunca fue hecha pública por una razón. “Cómo él va a tener un video donde le están torturando, esto fue entregado por alguien que le tiene bronca al teniente”, afirmó convencido Alfredo C. Pero el criterio coincidente es que no se trató de ejercicio ni de castigo, porque el acto sólo se comete por cuatro personas a las que intenta identificar el fiscal.
En Oruro, el defensor del Pueblo interino, Marco Antonio Ribera, adelantó que existe una intensa búsqueda de la familia López-Cortez para conocer lo que pasó con el conscripto en 2009; hasta ahora visitaron hogares con esos apellidos, pero no conocen a la supuesta víctima.
En Challapata el apellido López es conocido, pero no así Cortez. Una comerciante con ese nombre dijo que no conoce al conscripto y negó cualquier familiaridad.
A pocas horas de oficializarse la solictud de la nómina del personal de la gestión pasada, la Fiscalía General del Estado pidió ayer levantar el secreto militar para aclarar la tortura y vejación a un conscripto en el cuartel de Challapata, informó la fiscal de Recursos, Mirna Arancibia. Esa petición se hizo en el marco del compromiso de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, para esclarecer la responsabilidad individual y personal de las personas involucradas en ese hecho que provocó rechazo general no sólo en la clase política, sino también en la ciudadanía general.
El senador de PPB-CN, Germán Antelo, aseguró que las imágenes de la tortura contra un soldado es sólo una muestra de los abusos que se cometen en los cuarteles, mientras que el comité juvenil Melchor Pinto Parada pide que se castige a los autores intelectuales de la agresión.
La población tiene cinco policías
Challapata tiene 25 mil habitantes, según sus propias autoridades, y la principal actividad agropecuaria fue desplazada desde hace años por el contrabando de vehículos indocumentados. La quinua, leche y carne de llama, son las principales actividades, pero fueron desplazadas por el comercio de vehículos.
En esta zona, la circulación de vehículos sin placas y con el volante a la derecha es normal, incluso los militares conducen ese tipo de autos. Los adolescentes quieren aprender a manejar vehículos rápidamente porque tienen la oportunidad de ser ‘chuteros’, que son los choferes que viajan en caravana de autos usados.
Todos recuerdan y tienen grabaciones de noviembre de 2008 cuando el presidente Evo Morales visitó esta zona y el comandante regional de la Policía, coronel Saturnino Pilco, saluda y dice: “Presentado parte sin novedad señor Presidente”, y Morales le responde: “Todo está lleno de contrabando y cómo dice sin novedad”, lo que provocó la carcajada de los asistentes.
Challapata tiene apenas cinco policías y nadie recurre a los rangers porque está en las afueras del pueblo. Todas las casas tienen garajes y en cada uno hay por lo menos un vehículo indocumentado. Los pobladores comentan jocosamente que “comete delito el que no tiene un transformer”. La zona franca de autos está a una cuadra del cuartel y no tiene necesidad de ocultar nada porque todo está descubierto.
En los garajes se puede leer “se cambian volantes”, como en los restaurantes, ofreciendo platos de comida.
Otra denuncia involucra al Colmilav
Familiares de un cadete del Colegio Militar de Aviación (Colmilav) llegaron ayer hasta las oficinas regional del Defensor del Pueblo para denunciar al menos a cuatro instructores militares por supuestas agresiones contra un conscripto, que quedó con secuela permanente.
De acuerdo con la madre del cadete que en 2007 cursaba el segundo año, y tras una agresión que sufrió en noviembre del mismo año en otra unidad militar, el estudiante fue arrestado 15 días y ese castigo impidió que se realice el examen médico forense para que proceda la denuncia.
La denunciante afirmó que debido a la agresión, su hijo fue sometido a una cirugía por rotura de ligamento y menisco de la rodilla izquierda. “Ahora mi hijo tiene impedimento porque no puede hacer ejercicios ni estar parado más de 15 minutos”, dijo la mujer, que pidió la reserva de su identidad y la de su hijo por temor a represalias.
El representante de la Defensoría del Pueblo, Hernán Cabrera, se comprometió a hacer seguimiento y anunció que la próxima semana visitará a las autoridades del Colmilav para indagar sobre la supuesta agresión que sufrió el cadete en 2007. También dijo que hoy estará en la base militar Ranger y del Regimiento X de Caballería Gral. José Manuel Mercado, de Buena Vista, para informarse sobre otra imputación contra militares. AR