Corrupción. 3 funcionarios judiciales, un fiscal y dos abogados fueron aprehendidos ayer de manera flagrante en la Casa Judicial de la Villa Primero de Mayo recibiendo supuestamente dinero para liberar a un detenido. Los sospechosos supuestamente exigieron 10 mil dólares para que un detenido por agio recupere su libertad.
Aprehendido. El magistrado José E. Fernández Peñaranda sale escoltado de su juzgado para ser llevado a la Felcc
Berthy Vaca Justiniano | El Deber
Funcionarios judiciales caen por extorsión
Corrupción. Recibían dinero para largar a un preso. Hay 6 implicados
Tres funcionarios judiciales, un fiscal y dos abogados fueron aprehendidos ayer de manera flagrante en la Casa Judicial de la Villa Primero de Mayo recibiendo supuestamente dinero para liberar a un detenido, según fuentes oficiales.
Los acusados son el magistrado José Ernesto Fernández, titular del juzgado undécimo de Instrucción en lo Penal; Mario Vaca Pereira N. y Miguel Ángel Brito N., secretario y diligenciero de dicho despacho, respectivamente; el fiscal Rony Vidal Quevedo y los juristas Rafael Antezana N. e Isidro Rodolfo Asistiri N., que están aprehendidos en la Felcc para ser procesados por el delito de concusión y otras transgresiones a la ley.
De acuerdo con el presidente de la Corte Superior de Distrito, William Torres, estas seis personas son sospechosas del ilícito que se investiga, debido a que fueron halladas dentro del juzgado de Fernández cuando una mujer entregó la plata que serviría de llave para conseguir la libertad de su esposo Edward Algarañaz Justiniano, enviado el viernes 5 a la cárcel de Palmasola por el delito de agio, luego de ser descubierto en posesión de 150 quintales de azúcar ocultos en un depósito en el barrio 2 de Agosto, acción calificada de especulativa y que las autoridades jurisdiccionales han estado combatiendo por la escasez de este producto de primera necesidad en el país.
Se conoce que los implicados en la extorsión habían exigido $us 10.000 para largar al procesado, pero la esposa de éste, Jovita Rosángela Ramos, les dijo que no tenía esa cantidad y ofreció $us 4.500, suma que llevó ayer al juzgado, como a las 10:30, pero previamente había denunciado el caso a la Corte Superior y a la Fiscalía, que junto con la Policía acordonaron el edificio situado al frente de la plaza principal de la Villa Primero de Mayo y arrestaron a los sindicados. Asimismo, se decomisó documentación del juzgado de Fernández.
“Las cosas están claras. Existe flagrancia. El hecho es grave, porque el acto extorsivo de estas autoridades derivó en el aborto de la mujer del detenido, debido a la presión por conseguir el dinero. La Corte no va a tolerar estas acciones, porque hemos entrado para combatir la corrupción”, dijo Torres.
Por su parte, la fiscal de Distrito, Arminda Méndez, indicó que todos serán procesados sin gozar de ningún fuero. “La Ley Marcelo Quiroga agrava la pena para los malos funcionarios públicos. En este caso, el delito de concusión tiene de tres a ocho años de cárcel. Los delitos son personales, por lo que no afecta al Ministerio Público”, subrayó.
Ninguno de los acusados tuvo la oportunidad de decir su verdad a la prensa. Sólo René Vidal Rosado, padre y abogado defensor de su hijo Rony, alegó su inocencia. “Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, señaló Vidal.
Escándalo
– Operativo. Policías a la cabeza de la fiscal Mabel Andrade, del presidente de la Corte Superior, William Torres, y del titular del Consejo de la Judicatura, Jaime Cernadas, cercaron, a las 10:30, el edificio donde funciona la Casa Judicial y no dejaron entrar ni salir a nadie.
– Inspección. Tras realizar un minucioso chequeo a litigantes y abogados que quedaron retenidos en el edificio, los agentes fueron liberándolos hasta que sólo quedó el personal del Poder Judicial. Los sospechosos fueron llevados a la Felcc a las 16:05.
– Comunicado. El fiscal general Mario Uribe fue informado del caso e instruyó a la fiscal de Distrito de Santa Cruz aplicar la ley con todo rigor.
– Conferencias. La Corte y la Fiscalía anunciaron para hoy ruedas de prensa para dar más datos.
Detienen a un fiscal y juez por escandalosa extorsión
La Policía, en trabajo coordinado con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, arrestó con fines investigativos a seis abogados en la Casa Judicial de la Villa Primero de Mayo. Los sospechosos supuestamente exigieron 10 mil dólares para que un detenido por agio recupere su libertad.
El Día, 13 de Noviembre, 2010
La Policía, en trabajo coordinado con la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, arrestó con fines investigativos a seis abogados en la Casa Judicial de la Villa Primero de Mayo acusados exigir 10 mil dólares a la esposa de un detenido para que recupere su libertad.
Entre los sospechosos destacan el juez Onceavo de Instrucción en lo Penal, José Ernesto Fernández Peñaranda; el fiscal de Materia, Rony Vidal Quevedo; Rafael Antezana, Isidoro Rodolfo Aróstegui, Miguel Ángel Brito (diligenciero), Mario Enrique Vaca Pereira (secretario de juzgado), según informó en conferencia de prensa el Ministerio Público.
Según el Presidente del Tribunal de Justicia Departamental, William Torres Tordoya, se recepcionó una denuncia en sentido que el juez Fernández habría pedido 10 mil dólares a Jovita Rosángela Ramos para que su esposo, Eduard Algarañaz Justiniano, detenido en la cárcel de Palmasola por esconder 150 quintales de azúcar, recupere su libertad. Sin embargo, la mujer les habría manifestado que no tenía esa suma de dinero por lo que acordó entregarles 4.500 dólares.
En este sentido, un equipo de policías que conoció el caso allanó sorpresivamente el juzgado de Fernández a quien encontró en supuesta flagrancia con el dinero entregado por la víctima por lo que fue conducido después de tres horas de interrogatorio hasta la Fiscalía donde hasta anoche continuaban recepcionando sus declaraciones.
“Estos actos deben ser sancionados con la mayor dureza posibles. Quienes estén en esta actitud dentro del órgano jurisdiccional, es preferible que piensen dos veces y ver la posibilidad inclusive de marcharse”, advirtió Torres.
sin fuero alguno. La fiscal de Distrito, Arminda Méndez, que se interiorizó del caso al estar involucrado un fiscal, dijo que todos serán procesados sin fuero especial ni particular alguno, más aún cuando se trata de un funcionario público. “La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz agrava la pena en la condición y calidad de un funcionario público. Ellos van a responder ante la ley como responde un ciudadano común, como responde el ciudadano boliviano”, informó.
El padre del fiscal Rony Vidal, Daniel Vidal Rosado, calificó de un abuso policial el operativo de ayer.