Militares militantes

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: La misión de la ONU en Bolivia

  2. Bajo el Penoco, El Día: Cuba, Corea del Norte y Bolivia

  3. Los Tiempos: UN MENSAJE OPORTUNO

  4. El Deber: Militares militantes

  5. Cambio: Una pésima señal

  6. La Prensa: Los impuestos a las bebidas

  7. El Diario: La comunidad internacional y la libertad de expresión

  8. El Mundo: Compromiso

  9. Opinión:

  10. Clarín, Argentina: Lavado de dinero: mejorar el control


El Día: La misión de la ONU en Bolivia

Bolivia tuvo el privilegio de recibir la visita de una gran personalidad mundial del derecho internacional en estos días. Más allá del cargo que ostenta hoy la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, la sudafricana Nayanethem Pillay es una de las juristas más destacadas del mundo; fue una gran luchadora contra el apartheid en su país natal; se desempeñó como sindicalista y fue activista por los derechos de la mujer; fue la fundadora de la organización no gubernamental Equality Now y ha participado en diversas entidades relacionadas con la infancia, los presos, las víctimas de tortura y la violencia doméstica.



La doctora Pillay, con un título de Harvard y con cargos desempeñados en los más importantes tribunales internacionales como La Haya y el Tribunal especial para Ruanda, llegó al país en un momento clave y muy álgido. Justo cuando el Gobierno se apresta a dar el paso decisivo que podría llevarlo a cometer el mayor atropello en contra de las libertades civiles y los derechos humanos. La sola presencia de la alta funcionaria en un contexto de esta naturaleza, debe ser entendida como una llamada de atención, tal vez la última para este Gobierno que parece decidido a instaurar una dictadura en Bolivia.

La llegada de Pillay se produjo días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibiera las quejas de las organizaciones de prensa de Bolivia sobre atropellos contra la libertad de expresión que se están cometiendo mediante la Ley contra el racismo que el Gobierno del MAS ha aprobado y pretende reglamentar a través de mecanismos totalmente inconstitucionales. Si bien en Washington se ponderó el hecho de crear mecanismos legales para luchar contra la discriminación, quedó claro que este derrotero no significa la conculcación de libertades elementales, argumento que fue ratificado con absoluta claridad por la representante de la ONU, durante una conferencia de prensa que ofreció a modo de conclusión de su gira en Bolivia, donde se entrevistó con diversos sectores de la sociedad y la política nacional.

La Alta Comisionada de la ONU vino a dejar en claro la posición de este organismo, luego de que algunos representantes suyos en el país hicieran declaraciones bastante contradictorias con lo que hoy afirma Pillay y que fueron usadas por el régimen como efecto propagandístico a favor de la que ha sido calificada como una Ley Mordaza. La delegada internacional le ha dicho al Gobierno que la lucha contra el racismo no es legítima cuando se está violando la libertad de expresión y le ha pedido que la reglamentación de dicha norma debe estar a cargo de una entidad independiente no del Poder Ejecutivo como está sucediendo. En tal caso, le ha solicitado a las entidades de la prensa del país que deben participar en el diálogo para llegar a un acuerdo sobre los límites y los procedimientos que se van a aplicar en el combate a la discriminación.

Así como este Gobierno consideró fundamental el apoyo de los funcionarios de la ONU que trabajan en La Paz a la Ley contra el Racismo, de la misma manera debe tener en cuenta las recomendaciones de Nayanethem Pillay. No se trata de una orden, sino de la advertencia sobre el camino de aislamiento que puede tomar Bolivia en relación a estándares jurídicos del mundo civilizado.

El Gobierno debe tomar en cuenta el informe de Pillay. Es una advertencia sobre el camino de aislamiento que puede tomar Bolivia.

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Bajo el Penoco, El Día: Cuba, Corea del Norte y Bolivia

¿Qué tienen en común Cuba, Corea del Norte y Bolivia? Los dos primeros son países donde el socialismo ha sido aplicado a rajatabla y donde las consecuencias las pagan sus pobladores. En Cuba cada vez hay menos qué comer y en Corea del Norte, sus 24 millones de habitantes son sometidos a hambrunas constantes. Los cubanos han ganado fama mundial por la “exportación” de médicos, a los que manda a decenas de países para que no sufran las penurias que padecen sus familiares en la isla y, obviamente permiten el ingreso de divisas. Es una suerte de canje, el mismo que hace Nor Corea, pero de forma menos humanitaria. Cada vez que los coreanos están pasando hambre, los líderes de esta nación se ponen a hacer jugarretas con sus armas nucleares, asustan a medio mundo y al final terminan cambiando fierros por comida. ¡Su habilidad a ver!, dirían por ahí. ¿Y Bolivia? Bueno pues, por aquí andamos haciendo los primeros pininos en el socialismo y la falta de comida ya tiende a agravarse. Habría que pensar cuál será la “moneda” de cambio. Alguien ya propuso: “erradicación de coca por comida”. No sería mala idea.

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Los Tiempos: UN MENSAJE OPORTUNO

Los oídos de nuestras autoridades están cerrados a las críticas. La soberbia los ha dominado y son incapaces de reconocer errores y, sobre todo, enmendarlos

El mensaje que ha dejado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un importante aporte, si hay oídos receptivos, para reencauzar este proceso de cambio por los senderos de la consolidación democrática y la justicia social.

Habrá que reconocer que, dada la inclinación de su representante a favorecer el criterio gubernamental, hubo temor por que esta visita ratificase, más bien, la tendencia autoritaria del régimen, que escudándose en la lucha contra la desigualdad adopta medidas violatorias de libertades esenciales, como son las de expresión y opinión, así como al disenso político.

Esta importante funcionaria internacional ha reconocido -como corresponde- los pasos positivos que el Gobierno del MAS ha dado para eliminar las desigualdades y ampliar los derechos de la ciudadanía, pero, seguramente por la experiencia que tiene al provenir de un país también en vías de desarrollo, no ha quedado obnubilada por la retórica, sino que ha ido al fondo de las cosas como se desprende de las declaraciones que ha hecho al finalizar su misión. El meollo de ellas es su pedido a las autoridades de mantener la ruta del cambio pero respetando el disenso y los derechos fundamentales consagrados en las declaraciones y tratados universales como los ya mencionados y principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, ambos violados en forma sistemática desde 2006.

Es posible parangonar esta visita con la que hiciera una delegación sudafricana poco tiempo después de que el presidente Morales asumiera por primera vez la Presidencia de la República. En esa oportunidad, como en ésta, se le recomendó -a contramano del consejo de otros asesores regionales- buscar acuerdos y consensos para que el proceso que comenzaba tenga sustento en el tiempo. Obviamente, ese discurso no gustó, por lo que los diferentes voceros gubernamentales comenzaron a lanzar agravios al proceso sudafricano y sus dirigentes, incluido Nelson Mandela.

En este sentido, debe resaltarse que hay una diferente relación entre personajes que vienen tributarios de la cultura occidental y los de naciones equivalentes a la nuestra. Los primeros tienen una especie de "complejo" colonial que les obliga a aceptar a fardo cerrado el discurso oficial. En cambio, los otros tienen capacidad de observar sin anteojeras la realidad, hecho que les permite aquilatar lo que de veras sucede en el país.

Lamentablemente, los oídos de nuestras autoridades están cerrados a las críticas. La soberbia los ha dominado y son incapaces de reconocer errores y, sobre todo, enmendarlos. A las 24 horas de la salida de la Comisionada del país, se ha sentenciado al ex alcalde de Potosí a tres años de cárcel; se mantiene la decisión de no abrogar los artículos 16 y 23 de la Ley 045 y el vicepresidente, en un tono que no corresponde a su alta investidura, pide que la Iglesia Católica no se convierta en un partido político.

Pese a estas reacciones, los cierto es que lo dicho por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una semilla que terminará de germinar en el país porque, como ella ha dicho, los cambios que requiere el país no deben -ni necesitan- violentar los derechos básicos de la ciudadanía.

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El Deber: Militares militantes

Las Fuerzas Armadas de Bolivia, según acaba de revelarlo el comandante en jefe, general Antonio Cueto, han adoptado la ideología socialista y antiimperialista.

Una decisión tan importante, cuando se trata de otro tipo de instituciones, surge después de una profunda deliberación, pero es probable que en este caso eso no haya ocurrido porque, como se sabe, los militares no deliberan: sólo cumplen órdenes.

Aquí se aplica el sentido vertical de las decisiones, vertical pero de arriba hacia abajo, al contrario de lo que ocurre con instituciones democráticas como los partidos o los sindicatos.

Cuando se trata de este tipo de verticalismos resulta difícil saber qué piensan quienes están en la base de la pirámide, en este caso los oficiales de rango inferior, porque ellos cumplen rigurosamente aquello de que no deben deliberar.

Lo que sí ocurre en circunstancias referidas a las FFAA es que se pronuncian los oficiales en retiro. Esta vez algunos de esos oficiales no dejaron pasar muchos minutos desde que se había producido el discurso del general Cueto para hacer sus observaciones, todas ellas críticas.

Del discurso del general Cueto se desprende que este radical cambio en las preferencias políticas de los militares bolivianos surgió del ejercicio de los jefes oficiales de leer la Constitución que creó el Estado Plurinacional de Bolivia.

Algo parecido ocurrió con los militares del tiempo del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que llegaron a organizarse en ‘comandos militares’ del MNR después de leer las bases ideológicas del partido dominante de entonces.

En esa época, también por influencia de la corriente política dominante, los oficiales que ocupaban el mando llegaron a suscribir acuerdos con sectores específicos de la sociedad, como el “pacto militar-campesino”.

Los bolivianos que no eran campesinos estaban excluidos del círculo de amistades preferidas por los militares. Los mineros, por ejemplo, nunca tuvieron un pacto semejante con los militares.

Es que en esa época la ideología de las FFAA estaba inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, consecuencia de la guerra fría. Los militares llegaron a atacar con armas a los mineros de Siglo XX en 1967, y a matar a muchos de ellos, porque habían apoyado a los guerrilleros dirigidos por el Che Guevara.

Casi medio siglo después de aquella experiencia, las FFAA bolivianas asumen la ideología antiimperalista del comandante guerrillero abatido por sus camaradas de aquella época.

Como dijo Heráclito, nadie baja dos veces al mismo río. Tantos años después de aquella experiencia, el imperialismo no es el mismo y las propias FFAA bolivianas no son las mismas.

Todo esto parece legítimo pues muestra que todo cambia, lo que también es una advertencia para quienes controlan el presente.

Hay un solo detalle que hubiera sido bueno cuidar en la ceremonia en que se dio a conocer este cambio de los militares bolivianos. El anuncio del general Cueto fue seguido de la decisión del presidente Evo Morales de ratificar en sus cargos a los jefes militares que habían tomado tan trascendente decisión ideológica.

Para que no parezca una compensación, un premio, hubiera sido mejor que el alto mando fuera cambiado por otro. De esa manera se habría dado la sensación de que los rangos inferiores están de acuerdo con la nueva tendencia.

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Cambio: Una pésima señal

Representantes de las corrientes ultraconservadoras de América se reunieron ayer en Washington, Estados Unidos, para definir acciones políticas en contra de los gobiernos de los países de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y aunque la reunión se barnizó de legitimidad, los antecedentes y los intereses que representan quienes participaron en ese encuentro señalan todo lo contrario. Desde el nombre de la convocatoria: Peligro en los Andes, amenazas a la democracia, a los derechos humanos y a la seguridad interamericana, refleja las intenciones que reunió a tan ‘selecto’ grupo de políticos vinculados a golpes de Estado, intentos de magnicidio e incluso al terrorismo.

Según reporte de la agencia de noticias AVN, entre los nombres que figuraron en el panel estuvo el de Otto Reich, quien fuera el enviado estadounidense en la región durante el gobierno del ex presidente George W. Bush y artífice de la llamada ‘diplomacia pública’ del republicano Ronald Reagan para atacar la revolución sandinista entre 1979 y 1990.

El periodista Jean Guy Allard detalló que Reich —mientras trabajaba como embajador de Washington en Caracas— fue quien logró sacar de la cárcel al terrorista Orlando Bosch para organizar luego su "inserción" en Estados Unidos. Además, el prontuario de Reich incluye su activa participación en el golpe de Estado en contra del presidente venezolano Hugo Chávez en 2002, así como en el perpetrado contra el mandatario José Manuel Zelaya en Honduras.

Otro de los participantes del encuentro fue el prófugo de la justicia y accionista de uno de los canales radicales de la oposición venezolana, Guillermo Zuloaga, quien aprovechó para acusar al gobierno del presidente Chávez de ser una "amenaza para Estados Unidos". Zuloaga, quien huyó a Miami acusado por los delitos de usura genérica y agavillamiento, aseguró que el mandatario venezolano "tiene una actitud antinorteamericana", aseveración que carece de asidero frente a la posición del presidente Chávez, quien ha reiterado en repetidas oportunidades su afecto por el pueblo estadounidense.

Al "foro" asistió también Ileana Ros-Lethinen, la congresista republicana vinculada a la mafia cubanoamericana y a los terroristas Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Mientras Zuloaga dedicó gran parte de su ponencia a arremeter contra los nexos de hermandad entre Venezuela e Irán, Ros Lethinen hizo lo propio al fustigar la relación del presidente Chávez con sus homólogos de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Bolivia, Evo Morales.

Para Ros Lethinen, los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua —pertenecientes al ALBA— son un "desgaste en la democracia y un riesgo para la seguridad del continente".

La "representación" de Ecuador —conformada por el abogado derechista Edgar Terán, el congresista Enrique Herreria y otros representantes de institutos de la derecha estadounidense— también esgrimió acusaciones contra el mandatario de ese país, Rafael Correa, quien recientemente fue víctima de una intentona golpista organizada por grupos de oposición.

En este encuentro participaron por Bolivia miembros de grupos separatistas como el dirigente cívico Luis Nuñez; el director legal de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, y Víctor Hugo Velazco, un indígena acusado de conspirar contra el gobierno del presidente Morales.

El-Hage afirmó que todos los países del ALBA se han "auto-expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sus posiciones", mientras que Velazco criticó la recién aprobada ley antirracista en Bolivia.

La abogada y analista norteamericana, Eva Golinger, estimó en un artículo publicado este miércoles que el encuentro pautado en Washington es la clara evidencia de "la escalada en agresiones imperiales hacia la región (…). Todos estos personajes tienen una historia de agresión y hostilidad contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y han promovido, apoyado y financiado golpes de Estado en Venezuela, Bolivia, Honduras y Ecuador durante la última década, y permanentemente atentan contra la paz y estabilidad de Cuba".

En la jornada también participaron el presidente saliente de la SIP, Alejandro Aguirre; el ex candidato presidencial y acusado de corrupción, Manfred Reyes Villa, y legisladores demócratas y republicanos. Es decir, lo más ‘granado’ de personajes vinculados a corrientes neofascistas, entre muchos otros, y aunque los informes preliminares aseguraban la participación en el "foro" del prófugo de la justicia boliviana, Carlos Sánchez Berzaín, los reportes no confirmaron su presencia.

No obstante y más allá de que ‘El Zorro’ haya o no participado de ese encuentro, lo cierto es que quienes estuvieron delinearon los planes de desestabilización de los gobiernos latinoamericanos que asumieron el camino de la dignidad y la soberanía. Y una de las primeras acciones —a la luz de los hechos y la victoria del Partido Republicano en las recientes elecciones legislativas de Estados Unidos— será constituir en el seno de su Congreso una corriente ultraderechista, radical y dura para reasumir el control de América Latina, otrora su patio trasero.

Es que la ultraderecha continental nunca se resignará a acatar la voluntad de los pueblos latinoamericanos que optaron por procesos políticos de liberación del secular dominio imperial. Por eso y ante su orfandad de respaldo popular, los nostálgicos de gobiernos serviles diseñan escenarios de conflictos sociales y delinean estrategias desestabilizadoras que, alerta, constituyen una pésima señal para la democracia de los pueblos de América Latina.

La ultraderecha no acata la voluntad de los pueblos que optaron por procesos políticos de liberación del secular dominio imperial. Por eso y ante su orfandad de respaldo popular, diseñan escenarios de conflictos sociales y estrategias desestabilizadoras.

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La Prensa: Los impuestos a las bebidas

Queremos pensar que la intención de la ley es evitar que los jóvenes consuman alcohol. Pero eso sólo se logra a través de campañas educativas?

El Gobierno de don Evo Morales anunció su intención de incrementar los impuestos al tabaco y las bebidas alcohólicas. Los objetivos de la medida apuntarían a la búsqueda de un ingreso adicional de 122 millones de bolivianos, de los cuales 49 millones financiarían las prácticas deportivas. Una primera idea al hablar del incremento en los impuestos a las bebidas es la intención de hacer inaccesibles estos productos a la economía de la gente. Además, se habla de que gran parte de estas ganancias irá al fomento de la práctica deportiva, entonces la medida merece un brindis.

Pero he aquí que no se puede dejar de pensar en cierta industria naciente, como aquélla de vinos que emerge en el departamento de Tarija o la posibilidad del desarrollo y expansión de la industria del singani, objetivos que la nueva ley frenaría, ya que finalmente el desarrollo de esos productos redundaría en beneficio del país creando importantes fuentes de trabajo. Algo curioso, la medida anunciada por el señor Presidente y su Ministro de Economía incluye una lista de bebidas y los impuestos con los que éstas serían gravadas, aunque extrañamente no se incluye a la chicha, que por donde se lo vea también es una bebida alcohólica. ¿Tal vez goza de algún privilegio o es por simple discriminación?

Ya en los años 60, y aún antes, la cerveza se vendía con un precio adicional que supuestamente estaba destinado a solventar el deporte. En verdad, los beneficios que entonces recibió esa área siempre han sido un misterio, pues de ninguna manera se ha solucionado la falta de, por ejemplo, campos deportivos, tampoco se recuerda competencias de alto nivel que se hubieran encarado con dichos fondos. En verdad, la práctica deportiva, así como toda actividad de desarrollo humano, tradicionalmente ha sido ajena a cualquier programa de gobierno a lo largo de nuestra historia.

Si al encarar el proyecto se ha pensado en reducir el acceso al alcohol, la idea sería bastante discutible, ya que, generalmente, el consumo de alcohol llega aparejado por recursos donde los consumidores abaratan el producto. Subterfugios a los que acuden esencialmente los consumidores más jóvenes. En nuestro país no es raro conseguir bebidas de marcas privilegiadas en el mundo a costos reducidos, aunque, claro, todos sabemos que estas bebidas han sido alteradas. En este sentido, creemos que uno de los primeros efectos de tal ley será el crecimiento del contrabando de bebidas que, naturalmente, llegarán al consumidor completamente trastornadas.

Queremos pensar que más que buscar fondos para cancelar jugosos sueldos a asesores deportivos extranjeros, la intención radica en evitar que los jóvenes consuman alcohol. Pero ese objetivo sólo se lograr a través de campañas educativas, más aún si pensamos que el uso del alcohol en nuestro país ya tiene raíces culturales.

Si, por el contrario, los objetivos apuntan al simple incremento de los ingresos estatales, también podría pensarse en crear impuestos a otros ítems, como los automóviles de lujo, por ejemplo, o evitar las subvenciones a ciertos artículos que el Gobierno importa. Por todo ello, creemos que la medida anunciada por el señor Presidente contiene muchos recovecos que deberían ser cuidadosamente analizados antes de su ejecución.

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El Diario: La comunidad internacional y la libertad de expresión

Organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la OEA y la Sociedad Interamericana de Prensa, debido a informes recibidos de dirigentes de entidades empresariales y de periodistas de nuestro país, han tomado conocimiento de lo que significa la Ley antirracismo aprobada por el Legislativo y que atenta seria y contundentemente contra la libertad de pensamiento que da lugar a la libertad de expresión en todas sus formas.

Las reacciones han sido contundentes y condenatorias contra el régimen porque nadie esperaba que con el tinte del antirracismo y la discriminación, se pretenda violentar y violar la libertad de expresión. El Gobierno, mediante sus personeros, también estuvo presente en similares reuniones con esas organizaciones internacionales, sin poder justificar lo hecho.

No obstante el repudio internacional, expresado en diversos medios de comunicación y mediante la voz y protesta de infinidad de entidades periodísticas y empresariales, no sólo del continente, sino de países europeos, no hay argumento que convenza a las autoridades de lo equivocada que es su medida, especialmente los artículos 16 y 23.

Para las organizaciones periodísticas -y muy especialmente para quienes actúan directamente en los medios de comunicación social- la libertad de expresión es básica y determinante para un trabajo eficiente, honesto y responsable: de un trabajo que no precisa de subterfugios ni acciones ocultas para cumplir sus deberes; de un periodismo que sólo está al servicio del bien común y, con ello, de la democracia, las libertades y la justicia; entidades y medios que condenan permanentemente y no conforme a las circunstancias, al racismo y a la discriminación.

Pese a todo lo hecho hasta ahora por las entidades y organizaciones de comunicación social -labor que nunca terminará porque irá siempre unida a la defensa de lo más sagrado que existe para la comunicación social que es la libertad y, con ella, la justicia, la solidaridad, la hermandad, la paz y la democracia en pro del pueblo-, continúa la presión gubernamental mediante un “spot” que repite un error del pasado: utilizar adjetivos calificativos y obscenos que muestran un racismo ignorante, absurdo y ajeno a las más elementales condiciones de respeto y consideración que merecen lectores de prensa, televidentes y audiencia de radio.

La pretensión de reglamentar la ley del antirracismo continúa y, antes de su consideración y aprobación oficial, ya está en funcionamiento y cumplimiento de lo dispuesto por los artículos controvertidos, con las acciones que son seguidas contra un periodista y un medio de comunicación de Potosí. Persiste la intención de reglamentar lo que en circunstancias normales y en uso de la racionalidad, no debería ser posible porque el pensamiento y las libertades de expresión y prensa no pueden ser reglamentadas, sino practicadas solamente conciencial y responsablemente, por quienes ejercen la función de periodistas, comunicadores, empresarios de la comunicación, editorialistas, columnistas, pensadores, escritores y quienes, libremente, utilizan el lábaro que es la comunicación social para informar, entretener, orientar y guiar al público, que es el único que podría juzgar -y lo hace- las funciones cumplidas. Esas labores sólo pueden ser efecto claro, sincero, honesto y responsable del ejercicio de una libertad con responsabilidad; de otro modo, sería accionar con libertinaje que propicia la anarquía y demás males que pudiesen cernirse contra el país.

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El Mundo: Compromiso

Las autoridades del Estado Plurinacional, en su afán de honrar a la patria y sus instituciones, en ocasión del bicentenario, han encontrado propicia la ocasión para hacer otras conmemoraciones que nos parecen importantes, por el valor cívico que conllevan, una de ellas es precisamente la que se hace para recordar la creación del Himno Nacional. Para honrar el Himno, se han realizado importantes actos, como aquel de rendir homenaje a la partitura escrita por el italiano Benedetto Vincenti, por encargo del presidente José Ballivián, a la que luego José Ignacio de San Gines puso la letra que se ha convertido en un compromiso de los bolivianos con la patria y la repetición de este Himno representa algo así como un juramento de lealtad y patriotismo a la patria y sus símbolos.

El Himno nos habla de la soberanía e independencia nacional y en el coro repetimos con fervor que preferimos morir antes que esclavos vivir.

Durante las celebraciones, se ha recordado cada una de las partes del Himno, de las cuales repetimos en casi totas las oportunidades, solo la primera estrofa y el coro, y dejamos de lado las otras tres estrofas que resumen el contenido de este compromiso de patriotismo.

La primera estrofa nos muestra cómo agradecemos los bolivianos al hado propicio, es decir a un símbolo de divinidad, cualquiera que sea la religión que se practique, porque ha satisfecho nuestras aspiraciones, coronando nuestros votos y anhelos y dándonos la ansiada libertad; alejándonos de la condición de servilismo, damos por terminada la guerra y cantamos himnos de paz y de unión, sin discriminaciones; de esa manera reiteramos la vocación de pacifismo que nos alienta.

La segunda estrofa nos recuerda a los héroes que lucharon por darnos la libertad con heroico valor y que merecen que su nombre sea recordado con imágenes en mármol y bronce para la posteridad, repitiendo la existencia de la libertad.

En la tercera estrofa hablamos del trono de la justicia que la vil opresión desconoce; sería injusto que en estas condiciones la justicia pudiera ser manoseada para oprimir y perseguir ciudadanos, termina indicando que esta tierra es donde el hombre goza de la dicha y la paz, no habla sólo de La Paz como se ha tratado de interpretar en varios momentos de la vida republicana.

Finalmente en la cuarta estrofa se advierte a cualquier poder extranjero, no discrimina si de derecha o de izquierda, que pretende sojuzgar a Bolivia, le espera un destino fatal, porque la agresión sería un acto de soberbia.

En la última línea de la última estrofa, se afirma que los bolivianos han jurado morir antes que ver humillado el augusto pendón; en alguna oportunidad hemos visto nuestra bandera equiparada con algún otro símbolo e inclusive relegada por otra bandera que no representaría al total de la nacionalidad, sino a algunos sectores, como sucede por ejemplo con las banderas departamentales que representan a algún sector de la nacionalidad.

El coro que cuando se entona el Himno, acompaña a cada una de las estrofas, habla del nombre de la patria que debe ser honrado, manteniéndolo en un sitial de esplendor y juramos morir antes que vivir esclavos, en una clara invitación a defenderla con la vida si es necesario.

En esta conmemoración de los 165 años de creación del Himno sería importante que nuestras autoridades nacionales dispongan la obligatoriedad de entonarlo en toda su extensión y lo que es más que el Himno sea practicado por todos lo bolivianos en cada una de sus líneas, de las cuales hemos hecho una lectura somera que merece ser profundizada por los maestros en las escuelas y los militares en los cuarteles, evitando de esa manera que sus intensiones sean violadas al calor del entusiasmo.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Lavado de dinero: mejorar el control

La política pública del país en materia de prevención y sanción del lavado de dinero sigue siendo objeto de un análisis internacional crítico, lo cual obliga a adoptar cambios y enfoques especializados y pertinentes a la materia.

Nuevamente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le advirtió a la Argentina que en cien días deberá demostrar su voluntad en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aplicando la mayoría del medio centenar de medidas que le recomendó.

Esta advertencia se suma a la fiscalización que viene realizando el organismo internacional a partir de un compromiso asumido por el país.

Como resultado de recomendaciones anteriores, Argentina fue modificando normas penales y establecimiento instancias de control administrativo. Sin embargo, estos cambios han estado teñidos de una voluntad política vacilante, que ha delegado responsabilidades a personal sin antecedentes en la materia y que ha usado el poder fiscalizador con objetivos no siempre transparentes.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera ha manifestado su compromiso en cumplir con las recomendaciones del GAFI y es de esperar que esto se haga efectivo con rigurosidad profesional.

También se requiere una mayor cooperación entre los contralores administrativos y la acción judicial, ya que desde que ha entrado en vigencia la legislación sobre lavado de dinero no se registra condena alguna en el país.

Nuevamente el Grupo de Acción Financiera Internacional ha formulado advertencias sobre la política de prevención y sanción del lavado del dinero en el país, las cuales deben ser atendidas.

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