Talibanes también en la economía

Desde que comenzaron a subir los precios, por las nefastas medidas del Gobierno, el régimen político decidió culpar a los productores.

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Talibanes también en la economía

2. Bajo el Penoco, El Día: El dato de Arce Gómez

3. Los Tiempos: Insulto contra verdad

4. El Deber: La ley de inversiones

5. Cambio: Y George W. Bush escribió un libro…

6. La Prensa: Una ley para evitar desastres

7. El Diario: Finalmente, ¿al océano Pacífico por Ilo?

8. El Mundo: Peligroso

9. Opinión:

10. Clarín, Argentina: El Presupuesto, un signo de fallas institucionales

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El Día: Talibanes también en la economía

Para un talibán el mundo se divide entre creyentes y herejes y todo aquel que no está con ellos merece la muerte. Eso se ve todos los días en el mundo de hoy y, lamentablemente, Bolivia va por ese camino. En este país, cualquiera que tenga la osadía de criticar el proceso de cambio es un “terrorista”, un “corrupto”, un “racista”; categorías maniqueístas, absolutamente simplistas, que el régimen usa para estigmatizar y descalificar a sus adversario y colocarlos en una situación de indefensión frente a la sociedad.

Hoy le ha tocado el turno a los empresarios, a los que producen, a cualquiera que hace negocios por la vía legal y formal, porque los ilegales y los informales pueden estar tranquilos. Este Gobierno está con ellos; es su principal defensor.

Desde que comenzaron a subir los precios, principalmente por las nefastas medidas que ha tomado el Gobierno en contra de la producción, el régimen político decidió echarle todo el fardo del problema a los productores, que ahora son estigmatizados como “especuladores”, “agiotistas” y todo tipo de apelativos destinados a desacreditarlos y a judicializar las actividades económicas, tal como ha sucedido con la política y la libertad de expresión. Y así como a los opositores se les aplica la persecución y en el campo se impone con fuerza el linchamiento como sinónimo de justicia, las integrantes de un grupo de campesinas al oficialismo han amenazado con sacar sus chicotes y arremeter contra cualquiera que ellas señalen como “especulador”. Obviamente está descartada cualquier visita de esas señoras a los mercados populares, donde ciertos comerciantes con facha de humildes, son los que más contribuyen al incremento de los precios, además de lucrar con la diferencia de peso y la mala calidad de sus productos.

Además de estas estrategias, que aparentemente surgen por iniciativa de los movimientos sociales, pero que son especialmente dirigidas por un régimen que se ha puesto como meta destruir el capitalismo  y la iniciativa privada (formal y legal), también se ha expresado una fiscal amenazando con la cárcel incluso a los dueños de las pequeñas pulperías por vender azúcar más allá del precio estipulado por el Gobierno, método que no le ha dado resultado a nadie en la historia de la economía. Pero el objetivo es otro, lógicamente. Lo que se busca es terminar de destruir el aparato productivo del oriente boliviano y, hoy por hoy, las banderillas están clavadas sobre la industria azucarera, uno de los puntales de la economía regional. Es muy probable que entre las metas figure la nacionalización, hecho que sería nefasto, pero está demostrado que eso es lo que menos le importa a un régimen que ya destruyó toda la industria del gas, que supuestamente era la “gallina de los huevos de oro”.

También está en carpeta otro mamarracho de propuesta legislativa consistente en obligar a los agricultores a reforestar los campos que hoy están produciendo soya, maíz o arroz, como si eso fuera a solucionar el problema ecológico del país. En lugar de esos planteos tan retrógrados, el Gobierno debería actuar con mayor determinación para evitar los incendios forestales, detener la invasión de reservas y parques, controlar el saqueo de madera de los montes y, sobre todo, parar la expansión de la coca y el narcotráfico, que están destruyendo bosques, ríos y lagunas más que ninguna otra actividad.

Desde que comenzaron a subir los precios, por las nefastas medidas del Gobierno, el régimen político decidió culpar a los productores.

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Bajo el Penoco, El Día: El dato de Arce Gómez

El cuento de Luis Arce Gómez se parece a ese del acreedor que le cobra a un deudor moroso en pleno velorio. Ni corto ni perezoso, el estafador contesta que hace mucho le mandó la plata… pero con el muerto. El ex hombre fuerte de la dictadura de García Meza acaba de decir que los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz están sepultados en una hacienda ubicada en Santa Javier que le perteneció al ex presidente Hugo Banzer Suárez. El primero en dudar ha sido justamente un militar y senador por el MAS, Freddy Bersatti, quien podría estar metiendo la pata y arruinando los verdaderos propósitos del show montado alrededor del ex líder socialista, cuyas cenizas deben estar en cualquier lugar de la atmósfera terrestre. El dato de Arce Gómez le da la posibilidad al régimen de contar con un buen estandarte simbólico en estos días tan terrenales de precios altos e inflación. Tampoco le vendría mal la expropiación de la hacienda de la familia Banzer y obviamente, le serviría para terminar de cobrar venganza con el entorno político del ex mandatario.

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Los Tiempos: Insulto contra verdad

NUESTRA PALABRA

El mensaje de la CEB es duro, pero transmite verdades irrebatibles. Los funcionarios de Gobierno, antes que insultar, lo que deberían hacer es recogerlo

La irrespetuosa como desmesurada reacción de algunas autoridades de Gobierno contra el discurso pronunciado por el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana en la inauguración de su 90 Asamblea General ordinaria muestra, una vez más, el grado de soberbia e intolerancia que los domina, características que, por un lado, son las que han denunciado los prelados y, por el otro, hace que intenten conducir este proceso a un derrotero autoritario.

¿Qué han dicho los obispos que tanto ha molestado a estas autoridades?

Por un lado, que este proceso se está dando "en un clima de desconcierto por la falta de claridad y transparencia en indicar las metas que, a veces, parecen ocultar otras intenciones, por la ausencia de un diálogo sincero, por no escuchar el clamor y la opinión de los grupos, por un lenguaje que alimenta desencuentros entre sectores y regiones, por excluir a las personas o sectores opuestos, pisoteando incluso los derechos inalienables como el respeto a la vida y la dignidad de la persona, y las libertades personales y democráticas".

Además, se advierte que "si se recurre a medios injustos no sólo no se logra la meta propuesta, sino que también se corre el riesgo de que quede en la nada lo que se ha alcanzado y, peor aún, que se instaure una democracia puramente formal, sin valores y principios éticos". Y agrega: "No podemos hablar de una nueva Bolivia si reeditamos los métodos del pasado que tanto daño han causado al país".

¿Alguien se animará a afirmar que el Vicepresidente de la CEB no dice la verdad?

Por otro lado se recuerda que "los bolivianos, como en otras ocasiones difíciles de la vida democrática, podemos revertir el rumbo y construir juntos una Bolivia justa, solidaria y en hermandad. Esto es posible si todos, autoridades y ciudadanos, nos comprometemos cada cual de acuerdo a sus responsabilidades, a restablecer un clima de paz y serenidad, fomentando la reconciliación y el perdón, hablando y practicando la verdad, recurriendo al diálogo sincero, escuchando y respetando al otro, al que piensa distinto y buscando los consensos más amplios posibles".

¿No se trata, acaso, de una exhortación que todo ciudadano que quiere vivir en paz acepta?

Además, en el mensaje se expresa preocupación porque mucha gente sigue sin poder acceder a alimentación y servicios básicos, el deterioro del medio ambiente y el narcotráfico "que se va extendiendo y envolviendo sus tentáculos como pulpo en distintas regiones del país por el crecimiento del cultivo de la hoja de coca, y que se ve involucrados a grupos criminales de otros países". Por ello, se llama a adoptar medidas coercitivas y de control, y también a "sensibilizar y concientizar a la opinión pública acerca de esta problemática, desde los principios éticos y los valores humanos y cristianos".

Por donde se enfoque este mensaje es duro, sí, pero transmite verdades irrebatibles y los funcionarios de gobierno, -que cuando se encontraban en el llano siempre recurrían al amparo de la Iglesia porque entonces les parecía una virtud que ésta opine sobre este tipo de temas– antes que insultar, lo que deberían hacer es recogerlo y esforzarse por hacer de Bolivia un país mejor, que es, finalmente, el objetivo que a todos nos debe interesar.

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El Deber: La ley de inversiones

El presidente Evo Morales ha estado repitiendo últimamente, con aparente propósito de mostrar que está hablando en serio, que su gobierno se propone dar todas las seguridades jurídicas a las inversiones privadas, nacionales o extranjeras.

La última personalidad internacional que escuchó esas promesas fue la ministra de Relaciones Exteriores de España, Trinidad Jiménez, quien aseguró que, si es así, ella alentaría a los empresarios de su país a invertir en Bolivia.

Se podría decir que ha cambiado también la actitud de algunos funcionarios del Gobierno hacia el sector privado, como se ha visto en las nerviosas gestiones que están haciendo para coordinar acciones con los empresarios en la lucha contra la inflación.

Entonces, quizá haya llegado el momento de traducir todas esas palabras y actitudes en una ley que refleje el nuevo temperamento del Gobierno frente al sector privado: la nueva ley de inversiones.

La única manera que tiene el Gobierno de mostrar que, de veras, se propone respetar el sector privado y proteger las inversiones, es pasando esas ofertas a un texto que contenga todas las seguridades que esperan los inversionistas.

Esa ley está en preparación por parte de los asesores del Gobierno desde hace varios meses. Se ha aludido a ella en varias oportunidades, aunque jamás se ha mencionado cuál es el grado de avance que tiene el documento.

Tampoco se sabe que los empresarios privados nacionales hubieran sido convocados a hablar sobre el tema, a exponer sus puntos de vista y, si fuera posible, a aconsejar.

Algo se sabe sobre esa ley, aunque sea solamente por algunas reacciones que ha provocado. En efecto, los pueblos originarios dicen que el Gobierno habría decidido condicionar y reglamentar el derecho a la consulta previa que tienen los pueblos originarios cuando se trate de la aprobación de proyectos que puedan afectar el medio ambiente.

El Gobierno, en efecto, dijo que esas consultas serían solamente eso, unas consultas, pero que la última palabra sobre los proyectos de inversión la tendría siempre el Gobierno.

Eso, por ejemplo, aparte de merecer un ajuste del texto de la Constitución, tendría que figurar de manera expresa en la nueva ley de inversiones. Incluso los empresarios nacionales verían con muy buenos ojos una definición clara sobre estos temas, ya que son muchas las empresas que han sido afectadas por la acción de pueblos originarios que se oponen a algunos proyectos.

Si el Gobierno va a tener siempre la última palabra sobre este tipo de consultas, y si el Gobierno tiene una actitud positiva hacia las inversiones, lo que queda solamente es traducir todo ello en una ley.

Será necesario también que el Gobierno llame a los pueblos originarios para explicarles cuáles serían los alcances de las reformas que se propone introducir.

Todo indica que éste es el momento oportuno para tomar esas decisiones. El Gobierno ya ha hecho lo más difícil, que es admitir la necesidad de cambios a sus primeras inclinaciones. Lo que queda por hacer ahora es dar forma de ley al nuevo clima que ha surgido para favorecer las inversiones.

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Cambio: Y George W. Bush escribió un libro…

Si algo es propio del sistema capitalista, eso es sin duda alguna, además del consumismo irracional y desmedido, la banalidad. Han sido precisamente los exponentes paradigmáticos de esta fase del desarrollo de la humanidad quienes se han encargado de mostrar a plenitud el peso que tiene la banalidad para el quehacer cotidiano de esta sociedad basada en el dinero. La historia del fascismo presenta con crudeza a esos exponentes del crimen convertidos en ‘imperdibles humoristas’ o en desvergonzados asesinos. La versión moderna de esto que parece ficción es, qué duda cabe, el señor Silvio Berlusconi, aquel mandatario italiano que ha hecho de la política  y del gobierno de un país una verdadera payasada. De más está referirse a otras facetas que dejaron claro que para estos personajes no existen barreras entre lo público y lo privado, y viceversa. Ya el señor Bill Clinton enseñó al mundo entero las barreras que puede romper el presidente de una nación y los escándalos que se pueden desatar, sin que en definitiva se melle su imagen. Hoy el señor Clinton es un respetado e influyente señor y la becaria Monica Lewinsky, una triste anécdota.

El mundo de los poderosos es ése. Siempre lo fue y al parecer lo seguirá siendo, pues ‘el dinero lo puede todo, incluso comprar la felicidad’, señalan los militantes ortodoxos del capitalismo. Bajo el supuesto de la libertad plena, éstos aseguran que en este tipo de sociedad todos tienen las mismas oportunidades para ser ricos.

Pero más allá de ese debate -no tan banal  por cierto- acerca del enriquecimiento de unos pocos o, mejor para no herir sentimientos, la acumulación de riqueza de manera lícita de prósperos empresarios, resulta que en los últimos días viene causando sensación en las librerías un libro escrito nada menos que por un pistolero como George W. Bush, en su calidad de ex presidente de los Estados Unidos. Allí, como no podía ser de otra manera, quien resulta siendo el autor confeso de los crímenes que se cometen en Irak, admite en su Decision Points (Puntos de decisión) ser partidario, entre otras cosas, de la tortura y de haber aprobado personalmente el uso del ahogamiento simulado en interrogatorios,  llevando aquel hecho inhumano y cruel, es decir aquel delito de lesa humanidad, a un nivel de superficialidad extremo lindante con el cinismo, otra de las ‘virtudes’ propias del sistema imperialista.

Bush se mofa pues del mundo. Y lo hace en  1,5 millones de ejemplares de su ‘obra’, que para los estadounidenses será ‘un referente’ para leer su historia y considerarla como verdadera. Se trata de una parodia. Entre las críticas que se han conocido, acerca de las poco menos de 500 páginas, están aquellas que consideran que el libro, en sí mismo, tiene poco que sorprenda al público. "Competente, legible y chato" fue el titular de la crítica de The Washington Post. Se ha escrito además acerca de la Decision Points: "Los momentos de su vida y la Presidencia, que consiguen una particular atención, incluyen su abandono del alcohol, los ataques del 11-S, las invasiones de Afganistán e Irak, el desastre del huracán Katrina y el colapso económico y la elección de 2008. Que el libro será un best seller, no cabe duda. Seis presidentes (uno de ellos todavía en el poder) han logrado ser el número uno en la lista de no ficción del New York Times… Richard Nixon escribió no menos de 12 libros luego de dejar su función de manera vergonzosa, pero nunca llegó a ser número uno. El hombre que lo reemplazó, Gerald Ford, era medio inútil como autor, aunque lo trató. Los escriben, por supuesto, para asegurarse de que pueden contar su historia antes de que historiadores menos amigables tengan una oportunidad…".

Los mandatarios estadounidenses, como otros ‘todopoderosos’ del mundo, se han dado el lujo de pintarse a gusto de cuerpo entero, hacer juicios acerca del futuro de la humanidad y "desnudar" sus intimidades, sin el menor rubor. Claro que las ‘obras’ de los dictadores y criminales vienen cargadas de una alta dosis de hipocresía y no menos cinismo. "Mucha gente creía que no sabía leer, mucho menos escribir", bromeó Bush en una de sus recientes presentaciones como escritor, y ante la pregunta de si lamentaba la decisión de invadir Irak, admitió sentirse "terrible" y "nauseoso" por haberse equivocado, pero culpó de aquel baño de sangre que continúa a Sadam Husein.

Por la región también se han dado casos de dictadores y presidentes que banalizaron -corrompieron- el ejercicio del poder. Nombrarlos sería ocioso, pero quizás un solo apunte acerca de uno de ellos que ante los tribunales dice no recordar nada, pero que a la hora de dejar testimonio escrito, es decir, mostrarse al país como ‘escritor’, recuerda y escribe aquello que le conviene hacer público y que pretende perpetuarlo en la historia y en la memoria de sus víctimas. Tal el caso de Luis García Meza, quien -en ese marco de burda banalidad mercantil- se dio el lujo de circular con su obra en la pasada Feria Internacional del Libro, realizada en La Paz. El uno, un ex mandatario que se vanagloria de la tortura y los crímenes que comete el ejército estadounidense en Irak y Afganistán, y el otro, el ex dictador que se ensalza en sus miserias. Ambos devalúan y banalizan sin remedio el libro, es decir, el hermoso arte de concebirlo, escribirlo y publicarlo.

Será bueno recuperar el sentido del libro y, desde luego, de la lectura.

Bush se mofa pues del mundo.

Y lo hace en 1,5 millones de ejemplares de su ‘obra’, que para los estadounidenses será ‘un referente’ para leer su historia y considerarla como verdadera.

Se trata de una parodia.

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La Prensa: Una ley para evitar desastres

El riesgo no desaparecerá si no existe, además de una ley de riesgos, una política de prevención municipal?

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz elaboró un proyecto de Ley de Riesgos que busca disminuir las construcciones ilegales en zonas de desastre. El proyecto parte de un estudio que realizó el municipio paceño, que establece que más del 75 por ciento del área urbana es inestable y que el cinco por ciento es de alto riesgo. Hace ya varios años que la ciudad sede del Gobierno soporta deslizamientos provocados por el debilitamiento de terrenos, en algunos casos por las intensas lluvias que cayeron, en otros por el peso de las viviendas y por la falta de instalación de alcantarillado.

Tras conocerse el contenido de la norma legal propuesta, se abrió el debate principalmente por dos artículos que son cuestionados por la Federación de Juntas Vecinales de La Paz y por los habitantes de cuatro zonas en riesgo de deslizamiento.

La protesta justificada de los vecinos es porque la gente invierte sus ahorros de casi toda su vida en la construcción de viviendas, y perderlas por un desastre como el de Pasankeri en los 90 o el de hace poco en la zona de Huanu Huanuni, Bella Vista o el de Arrumani, es catastrófico para la estabilidad económica de una familia de recursos medios.

Pero debemos ser conscientes que, dadas sus características geológicas e hidrometeorológicas, la ciudad de La Paz cada vez es más vulnerable a deslizamientos, derrumbes, inundaciones, mazamorras y sifonamientos; por lo que es necesario tomar previsiones a través de una ley de riesgos, donde vecinos y el gobierno municipal asuman responsabilidades y obligaciones concretas.

Una de las obligaciones de los ciudadanos es no asentarse en zonas declaradas rojas, pues se trata de evitar el riesgo de vivir bajo un constante estado de incertidumbre por el riesgo que ello entraña. La obligación y deber del municipio es evitar esos asentamientos, y para ello existen dos vías: la pacífica y la fuerza legal. Es precisamente a ese segundo punto al que hace referencia el cuestionado artículo 21, que señala que, tras la identificación del riesgo, se puede elevar una instrucción de evacuación a través de notificaciones. Si la persona no las acata, se hará uso de la fuerza pública y, si aun así no evacua la zona, advierte sobre el inicio de acciones penales contra los afectados. Si bien los vecinos no están de acuerdo con ello, no existe otra forma de prevenir la muerte.

Si bien las personas notificadas, aun vulnerando la norma y arriesgando sus vidas, permanecen en las zonas declaradas de desastre o rojas y deciden asentarse en la zona, no es justo compensar económicamente, pues eso significaría alentar la ilegalidad, significaría que cualquier persona puede construir como quiere y donde quiere sin tomar las mínimas previsiones. Es más, si lo permiten, el gobierno municipal estaría fomentando esta situación ilegal al cobrar impuestos.

Tal situación justifica la existencia del cuestionado artículo 23, que señala que por ninguna circunstancia, en la fase de prevención o emergencia, y/o desastre, el municipio está obligado a efectuar compensación, indemnización o resarcimiento alguno a favor de los afectados y/o damnificados.

Pero está claro que el riesgo no desaparecerá si no existe, además de una ley de riesgos, una política de prevención municipal en la que se contemple una estrategia de control y fiscalización para evitar los asentamientos ilegales, pero fundamentalmente la legalización de esos asentamientos en la Dirección de Catastro o Derechos Reales.