Un entusiasta comandante

La ciudadanía debe saber -porque es su derecho y porque su memoria histórica así se lo exige- cuál es la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: El ‘socialismo’ de los militares

2. Bajo el Penoco, El Día: Cuál modelo vamos a imitar

3. Los Tiempos: UN ENTUSIASTA COMANDANTE

4. El Deber: Duras realidades

5. Cambio: El racismo no es libertad de expresión

6. La Prensa: El Gobierno debe ser tolerante

7. El Diario: Claro pronunciamiento de la prensa a nivel internacional

8. El Mundo: Otro bono

9. Opinión:

10. Clarín, Argentina: Con Uruguay, por la ruta del acuerdo

---

El Día: El ‘socialismo’ de los militares

A nadie debería sorprenderle el pomposo gesto de genuflexión del comandante general del Ejército, Antonio Cueto, quien se declaró socialista, antiimperialista, anticapitalista y fiel seguidor del "proceso de cambio" que impulsa el Gobierno. El hombre acababa de ser ratificado de un plumazo por un año más en el cargo, junto con todo el Alto Mando Militar, hecho que significa no sólo doce meses más de sueldo asegurado, sino una cantidad enorme de dádivas y prebendas que este Gobierno les otorga a los jefes castrenses, de la misma forma que lo han hecho todas las administraciones de la era democrática. Cuando se trata del bolsillo y de la buena vida, los militares son más burgueses que cualquiera.

Tampoco es sorpresivo el supuesto acto de lealtad, porque los militares que hoy ocupan los principales cargos en las Fuerzas Armadas, pertenecen a la misma promoción del ex ministro de la Presidencia, ex capitán de Ejército y actual hombre fuerte de las fronteras, Juan Ramón Quintana, quien gracias a ese factor tiene el control pleno de las unidades militares, que básicamente están ejecutando planes digitados desde Venezuela y otros menesteres como la intervención en las minas de oro. Los amigos de Quintana fueron promovidos de forma irregular ya que la promoción de 1979, a la que le correspondía el ascenso, fue jubilada con anticipación. El favor fue doble, por lo tanto, la retribución tiene que estar a la misma altura.

La lealtad de los militares y la correspondiente retribución pecuniaria de los gobiernos de turno ha sido en los hechos un mal necesario, ya que en 28 años, la democracia boliviana aún no da señales de maduración y fortalecimiento por la vía de la institucionalidad y el respeto a las leyes. Lo lamentable es que ese proceso camina en forma involutiva, justamente durante el Gobierno de mayor legitimidad de estas tres décadas, lo que hace imprescindible el apuntalamiento de las Fuerzas Armadas ante posibles y bastante probables ya, amenazas de inestabilidad. En ese sentido, los militares siempre han estado al lado de los gobiernos constitucionales, en las buenas y en las malas, sobre todo, para reprimir y contener a las fuerzas sociales disconformes. Estuvieron con Goni, con Banzer, con Jaime Paz y con Carlos Mesa, aunque la lealtad se acabó cuando las cosas llegaron hasta cierto límite como sucedió en el 2003 y luego en el 2005.

La declaración de amor de algunos jefes militares no debe entenderse como una actitud del pleno de las Fuerzas Armadas. Recordemos que cuando el Gobierno impuso el dichoso saludo “Patria o muerte..”, el descontento en la tropa fue tal que al poco tiempo el grito de guerra guevarista había sido olvidado y hoy se lo expresa en muy raras ocasiones. Declararse socialistas y seguidoras de todos los lineamientos de este Gobierno es un hueso duro de roer para muchos militares de honor que saben de historia y que se consideran patriotas. Significaría tragarse las loas y homenajes al Che Guevara, por ejemplo, al que ellos siempre han considerado un invasor del territorio boliviano y por otro lado, mantener un silencio cómplice sobre la causa marítima, tal como lo está haciendo la diplomacia miope del oficialismo.

Los militares siempre han estado al lado de los gobiernos constitucionales, en las buenas y en las malas, sobre todo, para reprimir y contener a las fuerzas sociales disconformes.

Ir al Indice

Bajo el Penoco, El Día: Cuál modelo vamos a imitar

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer en Santa Cruz que él es un “marxista hasta los tuétanos” cuando se trata de hablar de economía y anunció que el Estado también incursionará en la producción agrícola, con el fin de equilibrar los precios. Mientras la dogmática autoridad hablaba ante los transportistas, camaleónicos por excelencia y los únicos empresarios del mundo que se hacen llamar sindicalistas, en Cuba se llevaba adelante el VI Congreso del Partido Comunista donde ya no se discute sobre la necesidad o no de introducir reformas capitalistas, sino cómo camuflarlas, para que sus octogenarios líderes sigan gritando viejas consignas y sobre todo, mantengan el control férreo de los instrumentos de dominación, tal como en China. El Congreso ha aprobado tres premisas básicas del liberalismo económico. Respeto a los contratos, atracción de inversiones extranjeras y fomento a la iniciativa privada. Las tierras estatales, esas que el MAS pretende expropiar para la producción pública, Cuba la está otorgando en arriendo para que las produzcan los privados. Ahora sí se puede imitar el modelo cubano.
 

Ir al Indice

Los Tiempos: UN ENTUSIASTA COMANDANTE

La ciudadanía debe saber -porque es su derecho y porque su memoria histórica así se lo exige- cuál es la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas

Ha dejado asombrados a muchos la adhesión del comandante general de Ejército, Gral. Antonio Cueto, al rumbo socialista, antiimperialista y anticapitalista que ha tomado el Gobierno, en el acto de conmemoración del 200 aniversario de esa rama de las Fuerzas Armadas.

Por donde se analice, se trata de una identificación política con el Gobierno de turno que trasciende lo que norma la Constitución Política del Estado -como han señalado entendidos en este tema- así sea que diversos voceros del oficialismo, comenzando por el Vicepresidente, le han buscado justificativos constitucionales sin asidero alguno.

En el marco institucional, habrá que esperar qué dicen sus colegas de las otras dos armas de las Fuerzas Armadas (Fuerza Aérea y Armada) así como el comandante en jefe de la institución castrense para saber si lo dicho por el comandante del Ejército expresa al conjunto de las Fuerzas Armadas, sólo al Estado Mayor del Ejército o exclusivamente a él.

Pero, algo ya se puede adelantar en un intento por comprender este entusiasmo militante del comandante. De hecho, no es poca cosa que el primer mandatario -y capitán general de las Fuerzas Armadas- haya anunciado que prorrogará un año en sus cargos al Alto Mando Militar y que, una vez más, haya dispensando a los sucesivos dictadores militares que asaltaron el poder político en el país de toda culpa pues ésta recaería -en su sui generis interpretación histórica- en los políticos vigentes cuando se daban los golpes de Estado y en el imperialismo, que era quien finalmente los digitaba. Obviamente, liberó de pena y culpa a aquellos militares que la mitología que sigue el jefe de Estado ha convertido -sin mucho justificativo- en transformadores de realidades.

Por último, que hasta ahora no se abran los archivos militares para conocer el destino de los desaparecidos durante dictaduras militares es otro apoyo que la cúpula militar debe reconocer.

Desde otro enfoque no deja de inquietar que esta impertinente adhesión político-ideológica del comandante del Ejército -que dejaría de serlo si el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas con los comandantes de sus tres fuerzas la ratifican como doctrina institucional- es hecha a los pocos días de que en Venezuela un general -que pronto será ascendido con honores por el histriónico mandatario de ese país- afirmara muy suelto de cuerpo que si gana la oposición en las próximas elecciones generales que se realicen en ese país, las Fuerzas Armadas impedirán su ascenso al poder porque están plenamente identificadas con el proceso de cambio que sacude a ese país y con su conductor.

Además, tampoco deja de inquietar que este tipo de declaraciones dispare los mecanismos que activan la memoria y se recuerden muchas adhesiones político-ideológicas hechas a los mandatarios de turno por generales que al poco tiempo se convertían en jefes de revoluciones una vez que el desgastado poder político (sea encabezado por civil o militar) iba sustituyendo el apoyo de las masas por jefes militares audaces.

La declaración del comandante general del Ejército, pues, debe generar polémica, porque la ciudadanía debe saber -porque es su derecho y porque su memoria histórica así se lo exige- cuál es la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas. Los comandantes tienen la palabra.

Ir al Indice

El Deber: Duras realidades

Desde luego, el fenómeno dista mucho de ser exclusivo nuestro. Es más, tal vez se da con mayor crudeza en muchas otras latitudes de este planeta que, en su conjunto, padece convulsiones mayores o menores, pero todas perceptibles. Dicho de modo más directo -y no sin riesgo de pecar por juicio de falsa generalización- somos del criterio de que la humanidad avanza esforzadamente en medio de duras e incontrolables realidades.

Un orden político que tiene diversos matices en casi cada una de las circunscripciones territoriales, y según el cual, unos navegan dentro de él con cierta holgura, mientras otros quedan al margen, se alza cual barrera infranqueable delante de aquéllos que quedan fuera. Y si para éstos, los que no navegan en tal orden político, la brega por la subsistencia es áspera, demoledora más bien y hasta suele ser fatal, pues, para quienes pertenecen al ya mentado orden político en cuestión o se adaptan a él, las cosas inherentes a la supervivencia no resultan decididamente deletéreas, pero tampoco son tan simples como lo de soplar y hacer botellas, salvo para  aquéllos que gozan de vara muy alta, que manejan poder en el ya predicho orden político.

Aunque no son multitud, siempre los hay que por golpes de suerte, por azares de la fortuna y hasta porque tal es la voluntad de los dioses, pocas o ninguna confrontación tienen con las duras realidades de la sobrevivencia. El vulgo los cataloga entre los que “nacieron de pie”, pero, hay que reiterarlo, no son muchos, si se toma en cuenta a los que alcanzan estados confortables merced a golpes de suerte o a negocios lícitos y al margen de influencias subalternas.

Pueblos de aquí y de más allá, de todos los confines, en suma, conforman sus estructuras humanas con unos pocos tocados por los dioses de la fortuna, otros tantos por el diestro y abusivo recurso del poder y, aunque pocos, con peso específico ejemplar, porque salieron airosos de sus luchas cotidianas por la vida. Las duras realidades de estos tiempos que corren, hacen sombra a todas las criaturas y con similar intensidad. Bajo esas sombras el desplazamiento involucra a todos y los que salen triunfantes de las lides cotidianas, o es porque son idóneos bajo cualquier lupa, o porque se beneficiaron con golpes de suerte o porque se valieron del siempre discutido poder político que, para consuelo de muchos, es ciertamente transitorio, aunque su goce involucre hasta a los más ineptos, pero sí con presencia altamente audaz.

Las duras realidades que aquejan a la mayoría -esto es incuestionable- se hacen más punzantes e insoportables en la medida en que se imponen y adquieren características de masa, los que ejercitan el poder político con la parte de descomposición de que se lo trasmina casi siempre.

Ir al Indice

Cambio: El racismo no es libertad de expresión

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, aseguró ayer que "el discurso racista, el discurso del odio y la incitación a la violencia racial son inaceptables en una sociedad democrática. En consecuencia, no pueden estar protegidos por la libertad de expresión".

Esta posición, clara y contundente, desmiente algunas ligeras interpretaciones políticas respecto de los artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación —cuya reglamentación discute el Viceministerio de Descolonización y un centenar de organizaciones sociales, entre ellas representantes de algunas organizaciones de la prensa— que supuestamente violaría ese derecho consagrado en la vigente Constitución Política del Estado y que cimienta la democracia que construimos los bolivianos.

Es que —como sostiene la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos— la reciente adopción de la ley contra el racismo representa un avance histórico que recibió "con beneplácito, dado que también fue solicitado por las Naciones Unidas durante mucho tiempo".

El 20 de noviembre de 1963 la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración sobre la eliminación del racismo, cuyo artículo 4 emplaza que "todos los Estados deben adoptar medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales y otras políticas públicas a fin de abolir las leyes y los reglamentos que tengan como consecuencia el crear la discriminación racial y perpetuarla allí donde todavía exista. Deben promulgar leyes encaminadas a prohibir esa discriminación y adoptar todas las medidas apropiadas para combatir aquellos prejuicios que dan lugar a la discriminación racial".

Este mandato en defensa de la dignidad del ser humano, del que Bolivia es signataria, nunca fue asumido por los gobiernos —tanto dictatoriales como democráticos— que desde entonces se instalaron en el Palacio Quemado, porque su esencia residía precisamente en la exclusión de las mayorías, en el privilegio de una poderosa minoría y en el racismo latente o disfrazado.

Tuvieron que transcurrir 47 años desde aquella Declaración de la ONU hasta que una administración gubernamental —con fuerte respaldo popular, como la que lidera el presidente Evo Morales— impulsara la promulgación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación que sale, precisamente, en defensa de la dignidad y la integridad humanas.

En este contexto, la Alta Comisionada felicitó al gobierno del presidente Morales "por las profundas reformas legales, políticas e institucionales dirigidas a poner fin a la discriminación y exclusión históricas de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables", y alentó a las autoridades bolivianas a que "continúen impulsando sus esfuerzos en esa misma dirección".

Es que la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia "representa un paso histórico que envía un claro mensaje a otras naciones del continente y aún más allá: el proceso de formación de nación más sólido es aquel que toma plenamente en cuenta y promueve los derechos de todos los ciudadanos, sin que priven sus raíces étnica, cultura, género, edad, clase o lenguaje.

Pillay, además, destacó la institucionalización del sistema de justicia originaria, tal como lo indicó el Relator Especial de la ONU, James Anaya; "reconoce la innegable realidad de la existencia y la operación efectiva durante cientos de años de varios sistemas de justicia indígena correspondientes a diferentes nacionalidades y pueblos", aunque pese a "las profundas reformas legales, políticas e institucionales, dirigidas a reconocer los derechos originarios, la mayoría de los indígenas continúa sufriendo de pobreza extrema y exclusión".

En este sentido, Pillay celebró la aprobación de la ley antirracista, aunque advirtió que la "prohibición de la diseminación de ideas (a través de los medios de comunicación), si no es adecuadamente regulada puede afectar el derecho a la libertad de expresión".

Y es precisamente ante esta posibilidad, que el Viceministerio de Descolonización y más de un centenar de organizaciones sociales y representantes de algunas organizaciones de la prensa, trabajan en la elaboración del respectivo reglamento en talleres departamentales y en comisiones que recogen los aportes del pueblo para cimentar la lucha contra el racismo y garantizar plenamente la libertad de expresión.

Sin embargo y como la propia ONU reconoce, ningún derecho es ilimitado y el ejercicio de la libertad de expresión tiene como límite la responsabilidad social de quienes hacen uso de ella, pero fundamentalmente el derecho a la integridad, la dignidad y la intimidad que tienen todos los seres humanos.

Si consideramos que el racismo es un delito y por eso no puede ser autorregulado —como reivindican algunas organizaciones de prensa— sino sancionado legalmente; es trascendente que para proteger la legítima libertad de expresión y diferenciarla de expresiones que incitan al odio racial, sus limitaciones deben ser estipuladas por ley y, como acertadamente señala Pillay, definidas de forma clara y precisa para que sean implementadas por un ente independiente.

Para proteger la legítima libertad de expresión y diferenciarla de expresiones que incitan al odio racial, sus limitaciones deben ser estipuladas por ley y, como acertadamente señala Pillay, definidas de forma clara y precisa para que sean implementadas por un ente independiente.

Ir al Indice

La Prensa: El Gobierno debe ser tolerante

Quienes gobiernan el país deberían entender que no todas las críticas que se hacen a la gestión están destinadas a socavar su credibilidad?

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, arzobispo Jesús Pérez, sostuvo que los propulsores del radical cambio del país incurren en una serie de desaciertos que los llevan incluso a pisotear los derechos inalienables, como el respeto a la vida y la dignidad de las personas y libertades personales y democráticas.

El discurso pronunciado por el jerarca eclesiástico al inaugurar una nueva asamblea episcopal en Cochabamba llenó de indignación a personeros de Gobierno que no admiten críticas de ninguna naturaleza y que consideran que todo lo que está haciendo es perfecto y no tiene falla alguna. Suponen también que el estar en el poder es usarlo a su gusto y sabor, y que nadie tiene derecho a formular una opinión contraria, por muy sana y bienintencionada que sea.

Por eso, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, otrora defensor de los derechos humanos, usó toda su artillería verbal para atacar a la Iglesia Católica, en la que parece ser también una estrategia para desprestigiar a la institución que, según todas las encuestas de opinión, es la más creíble y confiable del país.

El Arzobispo de Chuquisaca dijo algunas cosas que exacerbaron el ánimo del Ministro, que no ve o no quiere ver que evidentemente existen errores o excesos en el Gobierno que mellan la dignidad de algunas personas y varios de los derechos humanos y principios democráticos, como la libertad de expresión, o el de la presunción de inocencia, o el derecho a juicios imparciales y justos, o la independencia de poderes.

El Gobierno se molestó porque el prelado dijo que el narcotráfico ?va extendiendo y envolviendo sus tentáculos como pulpo, en distintas regiones, por el crecimiento de los cultivos de la hoja de coca?.

Es cierto que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) descubre todos los días enormes cantidades de cocaína, laboratorios diseminados a lo ancho y a lo largo del país, quizás como antes no lo hizo. Pero eso no quiere decir que se esté ganando la guerra contra el narcotráfico, sino que puede significar que hay tanta cocaína y tantas fábricas de droga que es ahora mucho más fácil encontrarlas. No hay que olvidar también que el propio Presidente del Estado Plurinacional se quejó recientemente del crecimiento del narcotráfico y ello no generó ninguna reacción en el Ministro en cuestión ni en el enfático senador Eugenio Rojas, que no dudó un solo momento en atacar también a la Iglesia.

Creemos que es imprescindible que los gobernantes entiendan que no todas las críticas que se realizan en torno a su gestión de gobierno están destinadas a socavar su credibilidad, que van contra el proceso de cambio o a apoyar a la extrema derecha. Todo lo contrario, muchas de ellas están sólo dirigidas a hacerles ver sus errores para que sean corregidas y, de ese modo, hagan una mejor y más apreciada gestión gubernamental.

Quienes desarrollan la administración de un Estado debe ser más tolerante y analíticos y, antes de reaccionar emocionalmente, viendo fantasmas, opositores, terroristas y golpistas por todas partes, examinar sus propios actos y preguntarse si las críticas vertidas son justas y están destinadas a mejorar sus propias imágenes, especialmente en cuanto a sus tan mentadas vocación y conducta democráticas.