Un ex presidente de la República y ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia deben ser investigados por el Ministerio Público porque autorizaron pagos de bonos ilegales en el Poder Judicial que suman los 200 millones de bolivianos, informó el martes el Contralor del Estado, Gabriel Herbas.
Dijo que se trataban de bonos de antigüedad que no correspondían en base a recursos que eran transferidos de los depósitos judiciales de los litigantes que los utilizaban a libre albedrío.
Señaló que la Contraloría General del Estado entregó el viernes en Sucre a la Fiscalía General las pruebas documentales de una auditoria al uso de esos recursos los años 2007, 2008 y parte de 2009.
En declaraciones a Radio Patria Nueva manifestó que "La denuncia fue presentada por dos tipos de irregularidades detectadas inicialmente en el Consejo de la Judicatura, la primera sobre el destino de los depósitos judiciales que son los que los litigantes entregan en calidad de garantía para que la parte ganadora los retire a la conclusión del proceso".
Dijo que esos depósitos eran transferidos al Tesoro del Poder Judicial en calidad de fondos propios, lo que era avalado con resoluciones en reuniones de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los presidentes de ese Poder del Estado era el ex Presidente de la República, Eduardo Rodríguez Veltzé.
"Estos depósitos eran transferidos como recursos propios para el Poder Judicial, con el consiguiente problema para el Estado que tenía que encargarse del pago de estos depósitos judiciales cuando salía el fallo sobre los juicios", indicó.
Herbas enfatizó que solamente entre los años 2007 y 2008 se encontraron esas transferencias ilegales por un monto de 10 millones de bolivianos.
Agregó que estos recursos servían para pagar bonos a algunas instancias del Poder Judicial. "A partir de esa bolsa grande se los utilizaron en diversos asuntos, entre ellos el pago de bonos ilegales", dijo.
Recalcó que desde 1985 todos los bonos fueron soldados al salario principal, con excepción de los bonos de antigüedad y de frontera.
Sin embargo, en el Poder Judicial se pagaba sin el respaldo legal ó el bono de antigüedad, hasta de forma diferente al de la norma que establecía una escala del 5 al 50 por ciento en el trascurso del tiempo, una vez que en esta entidad lo hacían en índices del 26 al 100 por ciento.
"Por ejemplo un funcionario judicial con 2 a 5 años de servicio recibía el 26 por ciento de bono de antigüedad y a los 25 años y un día el 100 por ciento", anotó.
El Contralor puntualizó que en el Poder Judicial también se pagaba un bono extra a partir de 1992, denominado Pantaleón Dalence, que sumó los 60 millones de bolivianos junto al de antigüedad.
Señaló que la justificación de las autoridades judiciales era que el Poder Judicial "tenía autonomía de gestión y podían reconfigurar sus recursos".
Manifestó que son 17 ex autoridades del Poder Judicial que firmaron las autorizaciones de pago en su calidad de Presidentes de la Corte Suprema de Justicia.
"En total, una vez auditada la utilización de los fondos judiciales pagados en forma ilegal, llega a 200 millones de bolivianos", afirmó.
Herbas agregó que el proceso "debe ser igual para todos en cumplimiento de la Constitución Política del Estado porque no existen más privilegios para ningún servidor público".
Lo que corresponde ahora es que en base a las constancias probatorias de la Contraloría, el Ministerio Público debe ampliar las investigaciones y emitir las imputaciones que correspondan ante un juez que procese el caso por actividades anti económicas contra el Estado y violación de los mandatos de la Constitución, indicó.
Dijo que el artículo 35 de la Ley 1178 señala que si las entidades fiscalizadoras del Estado encuentran indicios, es su obligación presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado "para no convertirse en cómplices de ilegalidades".
Por Adalid Cabrera Lemuz, ABI