Bernardo Valdivia*
La Nueva Ley de Pensiones (NLP), ha sido observada por varios agentes económicos y sociales, los sindicatos de maestros y la federación de fabriles rememorando el viejo Sistema de Complementario de Pensiones reclamando la contribución de recursos económicos del Estado, que permita la jubilación con el 100% del salario, a este proceso se han sumado diferentes analistas económicos y políticos, unos preocupados por la sostenibilidad del sistema y principalmente del fondo solidario, otros en sentido de la confiabilidad de la administración en manos del Estado que ha demostrado una gran debilidad en la administración de recursos públicos y en la producción de bienes, también se ha establecido correctamente que esta Ley de pensiones no de manera oculta si no directa se está gravando un impuesto a los ingresos y que tendrá una disminución de su capacidad adquisitiva por efecto de un incremento de los precios al aumentar la demanda efectiva, discurso reiterado que fue utilizado por los gremios y sindicados laborales ante las “políticas neoliberales” de incremento de los impuestos a la renta, que actualmente están callados y complacientes.
Claro que existen otras opiniones, criticas y aportes, a esta NLP que sin lugar a dudas tendrá serias consecuencias en la competitividad de las empresas y en los procesos de formalización, considerando un aporte patronal de 3%, que al final pasaran al precio, o disminuirán trabajadores aumentando el esfuerzo de los que se quedan y otras también creativas, para no incidir en el precio de venta, en su grado de competitividad y participación en el mercado.
Un aspecto relevante en el análisis es que en las últimas gestiones se han disminuido en el orden del 10% los ingresos por impuestos no hidrocarburíferos, esto implica que existe la necesidad de creas nuevos impuestos nacionales para cerrar el déficit fiscal de acuerdo a lo programado del 4.5% y las proyecciones para el 2011.
También en el marco de la implementación del Proceso Autonómica y las transferencia de recursos de las Prefectura antes ahora Gobernaciones a los Gobiernos Municipales y la disminución de las regalías hidrocarburíferas, la Gobernación se encuentran en un estado de crisis económica y financiera, que más temprano que tarde crearan nuevos impuestos departamentales para cumplir con las demandas institucionales y sociales, que ameritara una ingeniería financiera esperando que esta vez de manera seria se amplié en universo tributario y no se grave solamente a las empresas legalmente establecidas.
Esta NLP como se la diseñado, aprobado y se implementara promoverá una mayor informalidad de las empresas, si actualmente existe un 65% a 70% de economía informal los próximos años la informalidad se incrementara hasta un 80% a 85%, se crearan emprendimientos con alta utilización de tecnología en maquinaria y equipo, se incentiva el comercio y no a la producción, evitando la contratación mano de obra y trabajadores, este escenario tendrá un efecto directo a la disminución de las inversiones privadas nacionales e inversión extranjera directa sumados a factores normativos establecidos en la CPE, con efecto negativo en el crecimiento económico y en el empleo.
La NLP tendrá un efecto negativo en la competitividad de las empresas y de la económica, si los indicadores de competitividad global de Bolivia nos muestran una disminución en el ranking: del puesto 108 con una calificación de 3,64 puntos en esta gestión 2010 cuando en la gestión 2005 se ocupaba el puesto 95 con una calificación 3.46 estamos yendo para atrás. Los fundamentos de la calificación son la estabilidad macroeconómica, liberación de mercados y la apertura económica. Los factores más problemáticos como la inestabilidad política, bajo acceso al financiamiento, corrupción, burocracia gubernamental, regulaciones laborales restrictivas, burocracia gubernamental ineficiente, normas tributarias entre otros, situación que nos clasifica a nuestro país en los últimos lugares.
*Economista e internacionalista