Paúl Antonio Coca Suárez Arana
Después de bastante tiempo, sectores ciudadanos salieron a las calles a protestar por medidas que afectaban la economía familiar; si bien el Decreto Supremo 0748 fue abrogado, el capítulo no está cerrado, ya que se viene un incremento que, según afirman fuentes gubernamentales, oscilará en un 10%.
Propios y extraños fuimos sorprendidos cuando el día domingo 26 de diciembre de 2010 se promulgó el Decreto Supremo 0748 cuyo objeto central era "nivelar con los países de la región los precios de los carburantes" con el objeto de "proteger la economía del país" para así "luchar efectivamente contra el contrabando de carburantes que beneficia a países vecinos" en donde el Estado "decide terminar con la subvención que viene dando a los mencionados". Esta medida tuvo dos términos de referencia a nivel nacional: "gasolinazo" y "dieselazo" para sectores de la oposición y para quienes se opusieron a esta medida; mientras que para el Gobierno y quienes la defendían era "nivelación del precio de los carburantes". El mencionado DS fue promulgado por el Vicepresidente Álvaro García Linera en su calidad de Presidente en ejercicio, ya que Evo Morales Ayma se encontraba en la República Bolivariana de Venezuela con el Presidente Hugo Chávez Frías.
Ahora bien, esta medida que ponía fin momentáneamente a la subvención estatal del precio de los carburantes, decidió que sea el propio ciudadano el que lleve la cuesta económica, debiendo pagar por litro de carburante prácticamente el doble del precio, lo cual tiene un efecto dominó en la economía nacional puesto que si el precio del carburante se incrementa (y en los porcentajes que indicaremos a continuación), subirá el precio del transporte público; luego lo propio con los alimentos básicos para la subsistencia, para pasar a los bienes y servicios que adquirimos, y es una cadena que pasa factura al ciudadano. Algunos dirán que existen personas que no saben de economía, pero lo cierto es que si tenemos a un vendedor de pastillas y ve que el precio del transporte público se incrementa, deberá incrementar el precio de su producto; este ejemplo nos sirve para tener idea de la situación. Dicho de otro modo, todos los bolivianos, sin importar condición económica, íbamos a vernos afectados pero el peso mayor caería con toda su fuerza sobre los más pobres.
La excusa que dio el Gobierno Nacional fue que el Estado gasta cerca de 120 millones de dólares en la compra de diésel y gasolina, pero que en 2010 los costos subieron a 660 millones de dólares, razón por la cual tomaron esta medida justo al medio de dos festividades (Navidad y Año Nuevo) y decidieron hacerlo en forma total y no gradualmente. Por supuesto que los precios de los hidrocarburos a nivel internacional inciden internamente ya que la producción actual no abastece el mercado interno, por lo que debemos importar carburantes y la compra se lo hacer al precio internacional. Esto es algo que debe terminarse ya que Bolivia debería ser capaz de satisfacer la demanda interna produciendo el suficiente carburante y teniendo excedentes para exportar y hacerlo a precio internacional. Ello es tarea pendiente para quienes están a cargo de la política hidrocarburífera en nuestro país.
Elevación de precios en las dos últimas décadas
La característica de los últimos Gobiernos bolivianos, en lo que nos concierne, fue incrementar al precio de los carburantes, a través de medidas que son conocidas popularmente como "gasolinazos", lo cual supone que cada vez que se las lleva a cabo, el ciudadano debe pagar de su bolsillo. Siempre son medidas que acarrean rechazo popular, el cual se siente con medidas de presión, pero que en Bolivia no se las sabe manejar ya que no se tiene la visión adecuada puesto que siempre debemos ver el punto de vista gubernamental y el punto de vista del conjunto de la ciudadanía para poder encararlas.
Durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, se produjo incremento en el precio de la gasolina en un 35% (año 1993) y al año siguiente se incrementa en un 14%. En la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada se tienen incrementos que fueron considerados, en su momento, como "bajos" pero fueron incrementos al fin ya que en 1993 la gasolina se incrementa en un 9% y en 1996 en un 8%; en el gobierno democrático de Hugo Banzer Suárez existe un verdadero incremento en 1997: 28%, y en la gestión de Carlos Mesa se produce un incremento del 10% (2005).
Ahora bien, en la segunda gestión del Presidente Evo Morales (2010) se incrementa el litro de gasolina de Bs. 3,74 a Bs. 6,47 lo que significó un aumento del 73%; la gasolina especial pasó durante la duración del DS 0748 de Bs. 4,79 a Bs. 7,51 bolivianos (57% de incremento) y el diésel de Bs. 3,72 a Bs. 6,80, representando un 82% de incremento.
Aumento de salarios
Los diversos sectores exigían una aclaratoria del Gobierno Nacional, y el 29 de diciembre de 2010, el Presidente Morales confirma la medida pero decide incrementar el salario en un 20% para los sectores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, salud y educación, además de doble aguinaldo en 2011 para los trabajadores del sector público; además se ofreció montos para inversión a los municipios rurales entre otras medidas que fueron consideradas como insuficientes por varios sectores, lo cual dio lugar a diversas medidas de presión en donde, muchas de las cuales culminaron en vandalismo.
Debemos tomar en cuenta que si bien es importante un incremento salarial, no todos los sectores se ven beneficiados con esta medida, por diversidad de factores como que el salario de los trabajadores del sector privado no se verá incrementado en el mismo porcentaje que se decida subir; existen sectores que no perciben una remuneración fija por mes, sino que son personas que tienen ingresos diarios y que varían dependiendo lo bien o mal de sus ventas diarias; los profesionales que ejercen libremente sus profesiones, entre otros factores pero debemos tomar en cuenta que, en determinadas situaciones, el incremento salarial, por más superior que pareciese, no refleja en lo absoluto el nivel económico de la situación, por lo que un incremento salarial puede resultar insuficiente frente a precios altos.
Al presente, y luego de la abrogatoria del DS 0748, se mantiene el salario mínimo nacional en Bs. 679,50 ya que así como el incremento del precio de los carburantes fue dejado sin efecto, el mencionado incremento del 20% en los salarios siguió el mismo camino.
Peticiones ciudadanas
Las demandas pasaban por la abrogatoria del DS. 0748, pero de ello se derivó a solicitar la renuncia del Presidente, del Vicepresidente y de los Ministros de Estado, en donde diversas autoridades gubernamentales acusaron al Movimiento Sin Miedo (MSM) y a su Jefe Nacional, Juan Del Granado, de ser los gestores de las movilizaciones que, a decir de las autoridades oficialistas, "buscaban desestabilizar al Gobierno" aunque no debemos descartar que ciudadanos molestos y afectados con esta medida, sin importar el color político que tengan, salieron a las calles ya que sus bolsillos estaban afectados.
La abrogatoria del DS y tareas para realizar
Mientras diversos sectores movilizados hicieron una pausa en sus medidas de presión por la festividad del Año Nuevo, dejando para el lunes 4 de enero de 2011 las movilizaciones, se veía que ellas iban a tener mayor fuerza pero el 31 de diciembre de 2010, a las 22:10 aproximadamente, en un mensaje al país, el Presidente Morales abrogaba el DS 0748 que mantuvo en preocupación al país por cerca de una semana.
Sin embargo, cuando todos pensaban de que se volvería a normalizar los precios de los alimentos, bienes y servicios en el país, nos encontramos con sectores que no quieren bajar los precios de lo que ofrecen, y más bien hablan de "incrementos razonables", por lo que debemos esperar a que los precios de los productos que necesitamos no estarán al mismo precio en el que se encontraban hasta antes de la promulgación del DS 0748, lo cual ya es un efecto negativo que incidirá en la economía de las familias, principalmente de las más pobres.
Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, si bien es cierto que los operarios del sistema del transporte público buscaban desde hace diez años atrás el incrementar los pasajes, con la vigencia del mencionado DS incrementaron la tarifa de Bs. 1.50 a Bs. 2.50; con la abrogatoria del DS 0748, supuestamente se debería volver todo al estado anterior, pero el sector transporte no dará su brazo a torcer, y el pasaje ya no será Bs. 1.50 en la tarifa para mayores.
Y es que cuando los precios de los alimentos de la canasta familiar se incrementan, pueden llegar a bajar, pero no al precio original que estaba hasta antes del hecho que dio lugar al incremento. Ahora, la posibilidad de nuevos incrementos no debemos descartarla ya que los precios no son fijos, sino que varían en incremento y no en bajada.
Es allí en donde incurrimos en un gran error: no podemos pretender tener, en corto tiempo, la economía de Suiza cuando vivimos en un contexto tercermundista y hablamos de nivelar los precios de los carburantes para estar a la par de países vecinos, cuando las economías son completamente diferentes. ¿Cómo es posible compararnos, económicamente e hidrocarburíferamente hablando, con Chile, Argentina o la potencia emergente del Brasil? Si bien vendemos petróleo a Chile, y gas a Argentina y Brasil, los problemas internos de Bolivia hacen que la dependencia de estos países por el hidrocarburo boliviano vaya a menos, lo que significa que un país vecino (Perú) está trabajando para ser un nuevo proveedor.
Se habló de nivelación del precio de carburantes, pero se sabía que dicha medida afectaría a la población, que tiene un salario mínimo cuyo monto anteriormente fue señalado y que en términos de moneda extranjera, no llega a los $us. 100.-; no se señala que en los países vecinos no existe incremento en el precio de los carburantes, pero el nivel económico es otro y el salario mínimo mensual es entre seis a diez veces superior al nuestro.
Por otra parte, se habla de que el contrabando fue el responsable de tal medida, pero debemos tomar en cuenta de que el resguardar las fronteras es tarea conjunta del Gobierno Nacional, de la Aduana Nacional y de sus controles operativos, de las Fuerzas Armadas, de los Gobiernos Municipales fronterizos y también de los Comandos Conjuntos que fueron creados para el desarrollo y resguardo de fronteras. Sabemos que el contrabando es una plaga que destruye el país, pero se ha evidenciado en más de una oportunidad, que comunidades fronterizas protegen esta acción ante el inoperante accionar de los gobiernos de turno. Es necesario desincentivar a los contrabandistas y, al mismo tiempo, fortalecer el control fronterizo, sin alterar el derecho a la libre circulación pero protegiendo los intereses nacionales.
La nacionalización trajo consigo un nuevo panorama en materia de hidrocarburos para el país, y es la esperanza que no debemos dejar que se diluya por más que existan desaciertos; es necesario enmendar errores y corregir aciertos ya que ello no será para bienestar de unos cuantos, sino para el bienestar general. Es necesario institucionalizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en donde se tenga personal competente para los cargos que ejerzan, que operen por capacidad y no por factores políticos. De igual forma, los interinatos deben llegar a su fin; el propio Presidente Nacional de YPFB, Carlos Villegas, es Presidente interino, lo cual es un ejemplo de que no estamos en el camino correcto en materia de institucionalización de los cargos públicos de la empresa estatal que quiere ser corporación al estilo PETROBRAS.
Es necesario captar inversión extranjera en base a las reglas que la CPE en vigencia nos otorga ya que se necesita que el capital extranjero aporte a la construcción de nuevos proyectos y consecuente exploración y explotación de campos, lo cual debe traducirse en reinversión de ganancias y el otorgamiento de empleos a compatriotas bolivianos.
Si se maneja adecuadamente la inversión, a mediano plazo es posible dejar de importar carburantes y que así seamos capaces de satisfacer nuestras propias demandas internas y tener excedente para la exportación; pero si vendemos hidrocarburos, debe hacérselo al precio internacional y no a "precio solidario" como aconteció con el gas a Argentina y éste país le revende a un mejor precio a Chile.
Respecto al subsidio que se efectúa a los carburantes y que cuya suspensión fue el eje central del DS 0748, no debemos olvidarnos que Bolivia otorga diversidad de subsidios y que no es el único en vigencia; tenemos por ejemplo los subsidios en formas de bonos (Juana Azurduy, Juancito Pinto, Dignidad).
Ahora, concordamos que no se puede seguir subsidiando el precio de carburantes que se compra a precio internacional para venderlo al precio local, por lo que la eliminación del mencionado debe ser en forma gradual y paulatina, y para hacerlo es necesario crear las condiciones económicas necesarias para que el ciudadano esté en capacidad de hacer frente a esta medida. Mientras no se tengan empleos sólidos, con salarios acordes a la situación, será un fracaso cualquier eliminación de la subvención a los carburantes.
La ciudadanía debe tener en cuenta que en un futuro, existirá incremento al precio de los carburantes. Para ello, debe tomarse desde ahora medidas que fortalezcan la economía boliviana para estar preparados para las eventualidades.