La miopía del Defensor

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Mala entraña

2. El Día: La realidad está prohibida en Bolivia

3. El Día: Los intocables

4. El Día: Bolítica

5. El Día: Yo golpeo, tú me derrocas

6. El Día: La miopía del Defensor

7. Los Tiempos: EL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

8. El Deber: Señales de descontrol

9. Cambio: Samuel no sabe manejar la economía

10. La Prensa: Rechazo a la gestión gubernamental

11. El Diario: Es urgente reponer el servicio ferroviario

12. El Mundo: Inscripciones

13. Opinión: El Defensor del Pueblo pone en evidencia graves deformaciones

14. Clarín, Argentina: Degradación del lenguaje político

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El Día: Mala entraña

¿Es o no es Verdad?

El mal se presenta bajo formas diferentes. Me refiero a las maldades que cometen los seres humanos, unos contra otros. Una de las más repulsivas que hoy en día vemos cometer es el ensañamiento en la venganza. El deleitarse o complacerse en dañar al enemigo caído en desgracia e inferirle el mayor daño y dolor posibles, aún innecesarios. La misma legislación penal considera al ensañamiento como una circunstancia agravante para quien lo comete. Buscando un calificativo aplicable al protagonista de los actos de ensañamiento y de venganza yo les llamaría “malaentrañas”. Entre los malaentrañas más connotados hay que inscribir a los represores, que los hay en todos los regímenes políticos autoritarios y dictatoriales.

¿A qué viene esta descripción de esa gente malvada? Pues a los hechos repetidos que observamos cada día, probatorios del ensañamiento en la persecución  y la revancha que se ha implantado como método para combatir y aplastar a la oposición política al Gobierno. Los múltiples casos son de conocimiento público. Y tanto se repiten que mucha gente ya ni les hace caso. Lamentablemente, han entrado a formar parte de las costumbres urbanas. A fuerza de repetición, se va perdiendo la sensibilidad humana. Algo así como ocurre con el griterío de las marchas de protesta desbordadas, que se dan por inevitables. Como los inciviles bocinazos de los choferes semisalvajes. O las pintarrajeadas obscenas y agresivas. O el empapelamiento de cualquier superficie horizontal como paredes, puertas, ventanas, árboles y postes. Se toleran – Ministerio de Gobierno y Policía incluidos – como una forma de vivir en una gran urbe, multiétnica, plurilingüe, cosmopolita pero, al fin, inhabitable.

Puestos a recubrir el ensañamiento con ropaje académico, lo llamamos “criminalización de la política”. Estar y actuar contra el Gobierno merece la persecución seudolegal, si es necesario, hasta más allá de las fronteras. Lo primero es la acusación de delitos inexistentes o magnificados a capricho del denunciante. Por comprar unos vehículos de segunda mano para ahorrarle dinero a la alcaldía se apresa al alcalde potosino, mientras que otras autoridades adictas al Gobierno escandalizan al pueblo empobrecido, exhibiendo vehículos de lujo. Y ningún fiscal les señala con el dedo inquisidor.

La malaentraña de los actuales vengadores, venenosa de por sí, emponzoña los corazones de tal modo que los ahora vejados, perseguidos, acogotados, y su amplio entorno de familiares y amigos, ya están anotando en una negra agenda, los nombres, apellidos, cargos habidos, atropellos cometidos, negociados camuflados, enriquecimiento ilícito acumulados y un largo etcétera de maldades impunes. Los están anotando, y esto contribuye a crear un ambiente extremadamente malsano en el país. Dicho esto, me imagino una escena dantesca en donde la barca de Caronte deposita en los infiernos a los sátrapas perseguidores y a los crueles malaentrañas.  Allí, en el lugar de los tormentos, el príncipe del mal les leerá la cartilla en donde anotó los actos de malaentraña. Sí señores, adelanto esta advertencia precisamente para evitar que se multipliquen los promotores de lo que se  ha llamado la criminalización de la política.

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El Día: La realidad está prohibida en Bolivia

Enfoque Internacional

En Latinoamérica se tiende a glorificar el pasado como una “etapa de oro” en la historia mundial, a pesar de que la mayoría de los estados nacionales surgieron recién en el siglo XIX y en estas dos centurias la mayor parte del relato cronológico estuvo protagonizado por dictaduras y guerras; además de ello, se pretende justificar una supuesta “superioridad” geográfica y humanista en la región, despreciando ideas libertarias fuera del hemisferio.

Esta línea de pensamiento está fuertemente respaldada por gobernantes mesiánicos, altamente autoritarios y marcadamente socialista-populistas. Uno de los mayores propulsores de la corriente de adoración del pasado es Evo Morales, un presidente que se jacta de ser el “más demócrata” de los últimos años.

Autoridades electas son perseguidas por supuestos hechos de corrupción y “faltas graves al Estado” en Bolivia. Varios líderes opositores están suspendidos en sus cargos, presos, sin proceso judicial o en el exilio. Las protestas sociales escasean cada vez más, no por el descontento generalizado, que realmente existe, sino por la falta de liderazgos alternativos al oficialismo, y las manifestaciones que hay son cruelmente reprimidas, como en los antiguos gobiernos conservadores.

Hace pocos días, Evo promulgó un decreto por el cual se clausurará y censurará por un año a todos aquellos medios de prensa que “reincidieran en publicar declaraciones o artículos racistas” en el país. Si bien es cierto que existe mucha discriminación étnica, no es menos real que de esta forma se violan directamente los principios universales de libertad de expresión y de prensa.

Todo individuo que osara criticar por razones incluso políticas o ideológicas, a través de la prensa, puede ser castigado   “en el país democrático” de Morales.  En pleno siglo XXI lo que menos necesita una dictadura son botas y armas; hoy se impone con leyes sancionadas en un Parlamento sometido.

Es terrible leer a diario los atropellos a los derechos fundamentales por parte del gobierno de Morales. Amedrentamientos a la oposición, persecución a periodistas críticos, amenazas de utilizar legislaciones en contra de la disidencia, expropiaciones a empresas extranjeras, recortes presupuestarios a regiones independentistas, etc. Sin embargo, algo muy distinto es corroborar de manera sistematizada, sorprendente y en “carne propia” qué tan desarrollado está un sistema autoritario que se jacta de ser “democrático, histórico y popular”.

Hace unas semanas, durante unas investigaciones periodísticas sobre el “Caso Cossío” en la ciudad de Tarija, con otro colega, fuimos testigos del poderoso control ejercido por el Estado a todo aquello que esté fuera de lo normal. Durante dos horas fuimos interrogados por la policía local, detenidos en un hotel, con el “único delito” de informar a la población lo que verdaderamente está ocurriendo hoy en día en Bolivia. Aunque no estábamos acusados por alguna actividad ilegal en el país, la seguridad pública boliviana quiso saber qué hacíamos en el país, en dónde estábamos informando y qué contenido tenían nuestras informaciones.

Como en todo régimen despótico, retuvieron nuestros documentos, y tras ver que todo estaba en orden, no tuvieron otra opción que devolvérnoslos. El gobierno socialista explicó posteriormente que se trababa de “un control rutinario” a extranjeros. Sin embargo, la policía exigió detalles de nuestra labor en la ciudad, solicitó nuestras acreditaciones de prensa y requirió los nombres de todas las personas a quienes entrevistamos durante la investigación. ¿Qué clase de gobierno democrático interroga a periodistas por varias horas con el fin de saber que “todos sus documentos están en regla”?

Solo un Estado totalitario teme a la prensa libre y a las opiniones disidentes. Lamentablemente, en Bolivia hay mucho temor por parte de la población, cada vez menos gente quiere involucrarse en “cuestiones políticas”, en reuniones de comités cívicos, en debates sobre la realidad nacional y levantar la voz contra el sistema imperante.

En todos los países del mundo los gobiernos carcomen la libertad individual de sus propios patrones; sin embargo, en la actualidad, Bolivia está dando un paso más hacia la supresión total de la realidad y con ella  la imposibilidad de vivir acorde a la libertad que no le pertenece a ningún Estado y mucho menos a un presidente adorador de la miseria y esclavitud humanas.

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El Día: Los intocables

Tribuna.

La etiqueta de este matutino al gabinete ministerial para describir el blindaje que lo rodea, es algo que sólo comprendemos acá a puertas cerradas. Amén de los idearios del famoso gasolinazo que no pudo ser, dos de los más renombrados Ministros de Estado han puesto al país en evidencia logrando ser noticia titular en periódicos  internacionales. Esos mismos medios, deben estar aún a la espera de una crisis de gabinete con al menos estos ejemplares pasados a la cuenta de los pasivos.

Luego del viaje de la Ministra Suxo al Paraguay, no hay duda que la independencia de poderes en Bolivia es cuento de exportación. Así como el ex Embajador norteamericano Manuel Rocha catapultó a Evo Morales, la ministra Suxo ha sido factor determinante para el inminente status de refugiado político del Gobernador Cossío en la República del Paraguay. La altanería de la ministra Suxo no sólo con los miembros del Gobierno paraguayo sino en el trato mismo a los medios de comunicación, ha sido la mejor carta de recomendación para que Cossío logre su objetivo.

La Ministra es probable que ignore, o no recuerde, que fue justamente el actual gobierno el que no extraditó a los asesinos de la hija del ex Presidente Cubas de vuelta a Paraguay.  Un detalle que a otros, no les ha pasado desapercibido.

Y como cereza encima de la torta, el Vice recrimina agriamente a su par paraguayo, sin ocultar su indignación por la olímpica indiferencia con la que el Presidente Lugo toma a los muchachos bolivarianos.

Las visiones conspirativas en las que el Gobierno nacional se ha apoyado a lo largo de los últimos años, con argumentos sobre revelación de amagos de golpe de las oligarquías, terrorismo, planes de derrocamiento y todo ese verso rocambolesco que hemos estado oyendo, ya no hace el más mínimo impacto ni en Ancoraimes ni en Timbuktú.

Para culpar a terceros por errores u omisiones se necesitaba con urgencia algún instrumento de renovado impacto. El recurso de supuestos afanes conspirativos de la oposición como método de coerción se desgastó y se fabrica entonces la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (con el perdón a su memoria), de alcances inquisitoriales. Lucha a muerte a la corrupción suena irrebatible y  la vengadora, guadaña en mano para la utilización de esta Ley -más embudo que ninguna otra- es una autoridad nítidamente híbrida entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

El tema pasa porque el encandilamiento por este súbito y grosso poder del grupo en función de gobierno es tal, que les hace confundir las formas y obviar fronteras lanzándose con alteradas declaraciones a las que nosotros ya estamos habituados, pero que deja pasmados a los de afuera. Pato mata a escopeta.

Este accionar trae consecuencias objetivas. Más allá, en la frontera de lo subjetivo, como para no darnos respiro, salta a las primeras planas internacionales nuestro sublime Canciller. Bolivia dijo, recurrirá al Tribunal Internacional de La Haya en airada protesta porque Chile se niega a darnos soberanía en la costa pacífica. Pero más allá de la bravuconada, es la aclaración efecto de lo dicho lo que esta vez pasma a propios y extraños:

“El Canciller chileno ha comunicado que se ha recibido una aclaración por parte del Gobierno boliviano, en sentido que lo expresado por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, no representa el pensamiento del Gobierno de Bolivia sobre la materia.”

Joder. Eso es serio. Si lo que dice el Canciller boliviano en materia primordial de nuestras relaciones internacionales no expresa lo que piensa el Gobierno boliviano, me suscribo plenamente a lo que diría con absoluta propiedad el chileno Condorito,  “exijo una explicación”.

La Cancillería chilena cuyo profesionalismo es reconocido en todo el mundo, tolerando como anécdota y ocultando sonrisas sardónicas, acepta la aclaración y nuevamente acá no pasa nada.

Y tan no pasa nada, que en burgués local exclusivo, a hurtadillas -tanto cómo permiten a las cámaras de la televisión husmear el encuentro de evaluación del ejecutivo -vemos libres de cualquier peligro y confiados, tanto a la Ministra de la Lucha contra la Corrupción,  cerquita del sonriente Quintana, como al original Canciller en actitud complacida y expresión autosuficiente en el súmmum del surrealismo.

Y acá estamos,  movimientos sociales incluidos, observando como Los Intocables ganan exención. La responsabilidad pública sobre los actos cometidos, no se sabe con qué se come en nuestro país.

Lo obvio, es redundante.

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El Día: Bolítica

Hay que pedirle al presidente (Evo Morales) que reflexione. La educación boliviana siempre se ha visto fortalecida con colegios que no sólo promueven la formación de valores sino también el fortalecimiento de una fe cristiana".

Bernard Gutiérrez
Diputado de Convergencia  Nacional

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Se dice que: El papa Benedicto XVI está preocupado por las reformas educativas en países de América Latina con leyes que amenazan con crear una posible hegemonización política en materia escolástica".

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El Vaticano hizo un criterio generalizado, no se refirió específicamente a nuestro país, pero la soberanía de nuestros pueblos, la autodeterminación, nos permite definir los destinos que vayamos a tomar sobre cualquier estamento".

René Martínez
Presidente Cámara de Senadores (MAS)

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El Día: Yo golpeo, tú me derrocas

Bajo el Penoco

Otro golpe de Estado se produjo en Sucre, pero esta vez la víctima ha sido una militante del MAS, la ex alcaldesa Verónica Berríos, quien a su vez, derrocó al alcalde legalmente electo en la capital boliviana, Jaime Barrón. El flamante golpista ¡oh sorpresa!, es otro masista, José Santos Romero, cuyo juramento se produjo inmediatamente después del golpe (no vaya ser que aparezca otro “comedido”). De esa manera, Sucre ha sumado su tercer alcalde en menos de seis meses y todo indica que la inestabilidad puede dar nuevas sorpresas este año. La autoridad destituida por el Concejo Municipal, donde por cierto, el MAS es minoría, ha denunciado la existencia de traidores dentro de su partido y anuncia la impugnación de la votación que terminó con su interinato. Tanto Berríos como Santos aseguran tener el respaldo de Evo Morales y de los movimientos sociales. Este episodio y lo ocurrido en Warnes no hace mucho, recuerdan aquella historia del guerrero Gedeón, cuya estrategia fue sembrar la confusión entre sus enemigos, los que terminaron matándose entre ellos. La cosa es buscar a ese Gedeón, aunque tal vez ese aporte también surja desde el interior del MAS.

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El Día: La miopía del Defensor

Cuando en el oriente boliviano exigen democracia y respeto a la autonomía, el Gobierno habla de “golpe cívico-prefectural” y ordena cercar a Santa Cruz. Cuando los gritos vienen de otra parte y hacen temblar la plaza Murillo, Evo Morales retrocede y asegura que lo hace porque “hay que escuchar al pueblo”.

Los muertos y perseguidos políticos también tienen diferente tratamiento según el lugar de procedencia y eso se puede observar en un reciente informe del Defensor del Pueblo, referido al manejo de la justicia que hace el Estado Plurinacional donde, según el reporte, “no se cumple adecuada e imparcialmente con el debido proceso, la presunción de inocencia y muchos menos con el derecho constitucional del acceso a un juicio justo, de modo que satisfaga la sed de justicia de todo boliviano y boliviana”.

El Defensor del Pueblo incluye en su informe diez casos que ejemplifican esta perversión de la justicia boliviana y si bien está perfectamente fundamentada su denuncia, lamentablemente no refleja el verdadero problema, consistente en la instrumentalización del Poder Judicial para perseguir a líderes opositores, eliminar las libertades individuales, cercenar derechos elementales y acabar con el pluralismo político en el país. En la lista de los episodios citados no figura ninguno de los 36 líderes procesados ilegalmente, algunos de ellos en ausencia, tampoco las autoridades que han sido derrocadas y no aboga por los presos políticos que este régimen mantiene en la más absoluta ignominia.

Los casos “emblemáticos”, que según el Defensor, reflejan la sistemática violación a los derechos ciudadanos, tienen que ver con el linchamiento de cuatro policías en Uncía; el asesinato de dos manifestantes en Caranavi; la muerte del peruano David Olorio en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en El Alto y el posterior ajusticiamiento de su compatriota, Carlos Alberto Junco Cáceres, en la cárcel de Chonchocoro. También menciona el caso del conscripto que fue torturado en un cuartel militar y a la negativa de las Fuerzas Armadas a abrir los archivos de las dictaduras para esclarecer numerosas muertes y desapariciones.

Insistimos, no se trata de cuestionar la validez de las denuncias, pero sí advertir sobre el reducido alcance del informe, de una institución cuya finalidad es velar por el respeto a los derechos humanos de todos los bolivianos, no sólo de una parte de ellos. Los casos citados están referidos a fallas que comprometen el accionar no sólo de la Justicia, sino también de la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema penitenciario. Estos problemas se arrastran desde hace mucho tiempo en el país y si bien se puede afirmar que el “proceso de cambio” no ha hecho nada por repararlos, lo que conviene es llamar la atención sobre la sistemática destrucción del Estado de Derecho que proviene justamente de las élites políticas que mantienen controlada la plenitud del sistema republicano.

El Defensor del Pueblo debería reparar esta omisión. Ignorar lo que está sucediendo con la justicia y la persecución de ciudadanos bolivianos, cuyo único “delito” es pensar diferente al régimen autocrático dominante, es convertirse en cómplice de la destrucción de la democracia.
 

El Defensor del Pueblo incluye en su informe diez casos que ejemplifican esta perversión de la justicia boliviana y si bien está perfectamente fundamentada su denuncia, lamentablemente no refleja el verdadero problema, consistente en la instrumentalización del Poder Judicial para perseguir a líderes opositores.

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Los Tiempos: EL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Resulta tranquilizador saber que esta institución se resiste a transformarse en "Defensor del Gobierno", como en algún momento se le pidió

El informe del Defensor del Pueblo correspondiente a las actividades de esa institución durante la gestión 2010, titulado "Construyendo discurso, haciendo gestión", ha sido recibido con expresiones que van desde el entusiasmo, en un extremo, hasta la indisimulada ira, en el otro.

El entusiasmo al que nos referimos, a veces desmesurado, proviene de quienes consideran que causas como los derechos humanos no tienen valor en sí mismas, sino sólo en la medida en que coinciden con sus propios intereses, por mezquinos e injustos que éstos sean. Muchos de los exponentes de la oposición política tradicional que creen haber visto en el informe del Defensor del Pueblo un espaldarazo a sus posiciones son un buen ejemplo de lo dicho.

En el otro extremo se ubican quienes no tienen más referente que las circunstanciales conveniencias del aparato gubernamental.

Ni siquiera del Estado, sino del grupo de individuos que en nombre de la sociedad pretende monopolizar su administración. Para ellos, las severas críticas del Defensor del Pueblo dirigidas contra diversas instituciones estatales sólo pueden ser entendidas como una afrenta personal, como una deslealtad e incluso como una traición.

Entre unos y otros, el párrafo del informe que más impacto parece haber causado es el que indica que en Bolivia "no se cumple adecuada e imparcialmente con el debido proceso, la presunción de inocencia, mucho menos con el derecho constitucional del acceso a un justo juicio, de modo que satisfaga la sed de justicia de todo boliviano y boliviana".

Tal párrafo, como es evidente, se refiere a deficiencias de nuestro sistema judicial que, sin ser nuevas, se han agravado durante los últimos tiempos. Es tan clara, precisa e inequívoca la frase, que sólo con mucha mala fe o mala conciencia se la puede rebatir con términos tan displicentes y despectivos como los empleados en la primera reacción gubernamental, la expresada a través del vocero presidencial. Y mucho menos se la puede interpretar como un afán de socapar a individuos que, sean opositores o no, tienen cuentas pendientes con la justicia.

Igualmente controversiales han sido las menciones en el informe a los reiterados casos de torturas en celdas policiales y a la vulneración del derecho a la búsqueda de la verdad. Sobre el primer tema, el de los abusos policiales, el desafío gubernamental a que el Defensor "presente pruebas", siendo por todos conocido que la misma Policía ya ha reconocido el mal, es de por sí elocuente.

Pero más lamentable aún es la reacción que en filas gubernamentales recibió la mención del Defensor del Pueblo a la tenaz desobediencia de los altos mandos militares a reiteradas órdenes judiciales para abrir los "archivos de las dictaduras". Que el portavoz presidencial haya dado por aludido e involucrado en el caso al presidente Morales es un error y es intolerable que intente desacreditar el informe con expresiones cuya falacia ya no se puede disimular.

En síntesis, el informe resulta tranquilizador porque muestra que pese a las presiones, prevalece su condición de Defensor del Pueblo sobre la de "Defensor del Gobierno", como en algún momento se le exigió ser al titular de esta importante institución.

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El Deber: Señales de descontrol

Los acontecimientos nacionales han comenzado a mostrar signos de descontrol, parecidos a lo que por lo general se llama crisis de autoridad.

La toma del puesto policial en Minero, la destitución de la alcaldesa de Sucre, el cierre de la frontera en Yacuiba, la escasez de alimentos, el encarecimiento de precios, la inoperancia de Emapa, el desabastecimiento de azúcar y de carne… en fin, son muchos los signos de que la crisis sólo parece crecer.

Los esfuerzos que hace el Gobierno por reducir el desabastecimiento han chocado con un obvio aunque inesperado obstáculo: la Confederación de Gremiales dice que los almacenes de Emapa son una competencia desleal, pero además inconstitucional, al comercio establecido. Se refiere esta organización al hecho de que los almacenes estatales compran productos a un precio mayor al del mercado para venderlos a un precio menor, con lo cual dejan fuera de competencia a los comerciantes, que no tienen otra forma de ingreso.

Se trata, dicen, de un monopolio, que está prohibido por la Constitución Política del Estado.

Por otro lado, los comercios que remarcaron los precios durante los días de impacto del ‘gasolinazo’ no los han vuelto a bajar, primero porque el propio Presidente dijo que en lugar de ajustes abruptos del precio de los combustibles se aprestaba a aplicar ‘mini ajustes’, de 10% cada uno. Ante esa perspectiva, los comerciantes optaron por no bajar los precios que acababan de elevar, en espera del primer ‘mini-ajuste’. Ahora, los nuevos precios están consolidados.

Mientras la inflación amenaza con crecer, los indicadores de la economía no son alentadores, comenzando por los de la producción. Las exportaciones están o prohibidas o no tienen mercados, mientras el contrabando desangra al país, como dijo el propio presidente Morales.

En lo político, el Gobierno parece haber perdido el timón de su propio partido, a juzgar por lo que ocurrió en Sucre, mientras un aparato punitivo sigue buscando el derrocamiento de gobernadores y alcaldes de la oposición.

En el frente  externo, el hecho de que el departamento Central de Paraguay haya declarado huésped ilustre al gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, viene a mostrar que el balance político regional ha cambiado. Del mismo modo que la realidad interna ha salido del control del Gobierno, el clima externo ha dejado de ser favorable al presidente Morales.

En momentos como estos, lo que corresponde es que el Gobierno nacional replantee sus prioridades. Seguir insistiendo en el afán de acabar con los opositores y los críticos es perverso, pero sobre todo es un error que perjudica al país, porque lo paraliza.

Por ahora, lo que corresponde es que el Gobierno opte por privilegiar a los productores, sin detenerse en el detalle de si son grandes, medianos o pequeños. Las condiciones para la producción deben ser mejoradas. En la agricultura esas condiciones deben presentarse antes, durante y después de la cosecha.

El clima de guerra política, de confrontación ideológica a muerte que ha reinado desde 2006, debe dar paso a un ambiente de trabajo productivo. Es decir que debe cumplirse lo que ofreció el presidente Morales, que después de cuatro años dedicados a la política, ahora era el tiempo de la economía. Sólo así el país podrá salir adelante.

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Cambio: Samuel no sabe manejar la economía

"Samuel sabe manejar la economía" y por lo tanto "el pueblo cree más en Samuel que en el gobierno del MAS", aseguró ayer la diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, al ser consultada sobre la presentación de una demanda legal en contra de Samuel Doria Medina por los presuntos delitos de agio y sedición —interpuesta ante el Ministerio Público por la senadora Mary Medina—, por sus declaraciones que provocaron la corrida, en un sólo día, de 200 millones de dólares del sistema financiero.

Reyes no halló otro argumento para justificar el exabrupto financiero que expresara su jefe político la noche del 28 de diciembre pasado, 24 horas antes de que el presidente Evo Morales explicara los alcances del ahora derogado Decreto Supremo Nº 748 que nivelaba los precios de los carburantes, y anunciara un incremento salarial del 20% para las Fuerzas Armadas, Policía, Salud y Educación —porcentaje de referencia para el sector privado— y el pago de doble aguinaldo para la administración pública en tanto y cuanto se nivelara la escala salarial.

Lo que llama poderosamente la atención no es la defensa a ultranza de Doria Medina que asumió la diputada Reyes —está en su legítimo derecho—, sino que afirmara que el empresario cementero "sabe manejar la economía". Los hechos y el estado de la salud financiera del país, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, del que Samuel fue su ministro de Planeamiento y Coordinación, desmienten categóricamente a la legisladora, ya que no es cierto que el político opositor "sepa manejar" la economía nacional, aunque es posible que sí sea un experto en manejar su economía particular.

Y para corrobar que Doria Medina no sabe manejar la economía nacional, citaremos un informe del analista económico Carlos Gustavo Machicado —www.iisec.ucb.edu.bo—, de donde se desprende que durante los años en que el empresario cementero se desempeñó como ministro de Planeamiento y Coordinación, en su condición de militante del MIR, el crónico déficit fiscal se mantuvo incólume en los niveles que siempre manejaron los gobiernos neoliberales. El año 1989, cuando asumió el gobierno de Jaime Paz Zamora, el déficit fiscal alcanzó al 5,01%; en 1990 se situó en 5,96%, en 1991 registró un 5,01%, en 1992 un 5,96%, y en 1993 el déficit fiscal marcó un 8,58%. Es decir, el Estado boliviano —bajo el gobierno del MIR y la gestión de Doria Medina al frente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación— nunca cubrió las mínimas necesidades de la población. Por eso extendía la mano a organismos financieros internacionales para cubrir esa gran brecha fiscal entre sus ingresos y egresos.

Estos son los pequeños detalles que la diputada Elizabeth Reyes se olvidó de analizar antes de asegurar que "Samuel sabe manejar la economía", y que "el pueblo cree más en Samuel que en el gobierno del MAS". Los hechos demuestran que Doria Medina no sólo no sabe manejar la economía, sino que sus intereses corporativos y particulares están por encima de los intereses del pueblo boliviano.

No obstante y para dejar constancia de que Doria Medina no es ni por asomo una alternativa en cuestión del manejo macroeconómico del país, las cifras del gobierno de Evo Morales señalan que desde que asumió la Presidencia, Bolivia dejó atrás el crónico déficit fiscal que caracterizaba a los gobiernos neoliberales.

En noviembre de 2010, el representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Bolivia y Perú, Luis Brewer, aseguró: "Vemos una situación positiva en Bolivia, hay unas buenas perspectivas económicas para este año y para el año que viene", y reconoció la fortaleza de nuestra economía.

"La proyección que tenemos nosotros para la economía boliviana para este año y el próximo es que el superávit en el comercio internacional, en la cuenta corriente, comercio de bienes y servicios, se va a mantener; por lo tanto, se espera un incremento moderado de las reservas", apuntó Brewer. Es que a diferencia de países que optaron por fuertes apreciaciones de su moneda respecto del dólar, lo que encareció el precio de sus productos de exportación, Bolivia mantuvo una política económica mucho más coherente que garantiza su estabilidad macroeconómica.

Dicho de otro modo, el representante del FMI reflejó los indicadores económicos bolivianos que señalan y certifican la solidez de una economía que durante los gobiernos neoliberales —como del que formó parte Doria Medina— era altamente dependiente de la cooperación externa, sujeto a una serie de condicionamientos y créditos de entidades internacionales, tanto para proyectos productivos, infraestructura y ajustes estructurales, como para equilibrar la balanza de pagos.

Durante los cinco años de gobierno del presidente Evo, las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia (BCB) llegaron a más de 9.750 millones de dólares, respecto de los 1.700 millones de dólares que recibió en enero de 2006. Este logro fue posible por las políticas coherentes en materia económica y sin la participación de políticos, como Doria Medina, que "saben de economía". Además, algunas cifras macroeconómicas señalan que durante 2009 el PIB boliviano creció un 3,36% —el más alto de la región y en plena crisis financiera internacional— y en 2008 marcó un récord de 6,15% gracias a la expansión de la minería, la construcción, la industria manufacturera y la inversión estatal.

Y como corolario de la fortaleza del modelo económico boliviano, el FMI pidió a la Argentina —en octubre de 2010— seguir los pasos del gobierno de Evo, al asegurar que "el ejemplo de Bolivia es ilustrativo, ya que muestra que una gestión cuidadosa de los ingresos generados por los productos energéticos es perfectamente compatible con un gasto social correctamente focalizado y genera importantes réditos en términos de estabilidad". Por eso, Samuel no sabe manejar la economía.

Durante los cinco años de gobierno del presidente Evo Morales, las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia (BCB) llegaron a más de 9.750 millones de dólares, respecto de los 1.700 millones de dólares que recibió en enero de 2006

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La Prensa: Rechazo a la gestión gubernamental

Las consecuencias de ese desprecio son los resultados de lo que se advierte en las calles, mercados, oficinas y donde se vaya a conversar?

El Gobierno salió al frente de las encuestas para criticarlas y restarles credibilidad porque considera que no reflejan la opinión del pueblo, después que los diarios del Grupo Líder publicaron los resultados obtenidos por la empresa Captura Consulting y que reflejan un fuerte rechazo de la población de cuatro ciudades del eje a la gestión del presidente Evo Morales y su Gobierno.

Nunca antes la credibilidad del Mandatario, del Vicemandatario y sus ministros estuvo tan baja como ahora, debido, en gran parte, a la equivocada decisión de elevar el precio de los hidrocarburos a niveles sin precedentes y luego revocar la medida por la rebelión que amenazaba agudizarse en todo el país, con efectos impredecibles.

Los esfuerzos gubernamentales por echar la culpa de esa reacción a partidos opositores, a la derecha oligarca y a los intentos desestabilizadores fueron inútiles, como inútil es el intento oficialista de echar sombras a las encuestas para desprestigiarlas. Basta salir a las calles, hablar con la gente y encontrar, cuando menos, expresiones de desencanto por la gestión que realiza el Gobierno.

Los medios de comunicación, incluyendo La Prensa, desde sus páginas editoriales, han señalado frecuentemente los errores que cometían las autoridades para que corrigieran y mejoraran su gestión administrativa y su imagen. Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido el desprecio y la soberbia o la acusación infundada de que los medios son sus enemigos.

Se advirtió constantemente que por dedicarse a la persecución de opositores políticos y buscar mecanismos para deshacerse de ellos, como Joaquino, Cossío, Fernández y otros, se estaba descuidando la administración del país y se quiso barnizar la ineficiencia aferrándose a pregonar que las reservas estaban creciendo como no lo habían hecho jamás. Se criticó la política petrolera para que se empezara a trabajar en serio, se señaló la nacionalización de los hidrocarburos como un eufemismo y ahora se sabe que las empresas extranjeras que operan en el país estuvieron a punto de recibir 57 dólares por barril de petróleo explotado cuando su costo de producción está en aproximadamente cinco dólares. Se alertó sobre la falta de seguridad jurídica que ahuyenta las inversiones, sobre la necesidad de que se restablezca la presunción jurídica de inocencia y el debido proceso a los acusados, sobre la ausencia de la necesaria independencia de poderes o de las violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos, pero nada se tomó en cuenta.

Las consecuencias de ese desprecio, de suponer que las cosas se están haciendo bien, de pensar que todos los sectores aliados están o deben estar de acuerdo con lo que el Gobierno hace o si no son traidores; el creer que todo el que critica es derechista, oligarca o enemigo, son los resultados no de las encuestas formales y científicas, sino de lo que se advierte en las calles, mercados, oficinas y donde se vaya a conversar con los hombres y mujeres corrientes.

El presidente Morales y su Gobierno deben analizar su gestión y hacer profundas reflexiones y autocríticas, y buscar las soluciones adecuadas para evitar que todo el apoyo popular que en algún momento habían capitalizado continúe bajando por un tobogán.