Para juristas, analistas y politólogos la reunión entre el jefe de bancada del MAS Isaac Ávalos y el fiscal del caso Imbolsur Gilbert Muñoz es una evidencia más de que el Ministerio Público es el “epicentro” de la crisis de independencia de la justicia boliviana y el nivel donde más influencia y penetración logró el gobierno en su intervención de la administración judicial.
El escritor Emilio Martínez, el jurista Alex Brañez y el politólogo Marcelo Varnoux rechazaron, por separado, los argumentos del oficialismo para justificar la expuesta reunión entre Muñoz y Ávalos y aseguraron que el Ministerio Público fue desinstitucionalizado y convertido en “comisaría política”.
Para el escritor uruguayo autor del libro “Relaciones Peligrosas: El eje Teherán-Caracas-La Paz” el origen del problema es la ley corta de nombramiento de autoridades judiciales interinas, que puso la justicia, pero en especial a los fiscales, al servicio del MAS. “Apoyados en una ingeniería legislativa, que el MAS denominó de leyes “cortas” o transitorias, el partido gobernante penetró la administración de justicia pero ningún otro nivel tanto como el Ministerio Público”, dijo Martínez.
“Si bien el Fiscal General Uribe fue ratificado, su carácter interino le permitió al gobierno imponer el nombramiento de fiscales cuyo alineamiento político no se puede negar, es el caso de la fiscal de distrito en Santa Cruz o el fiscal de distrito de Cochabamba, que salieron de filas del MAS”, agregó.
En criterio del jurista cochabambino Alex Brañez el Ministerio Público es el “talón de Aquiles” de la justicia, consideró que los fiscales se han prestado con demasiada facilidad a los requerimientos del Ejecutivo y que hay autoridades políticas que se ocupan de designar administradores de justicia en Cochabamba, tal como denunció días atrás el exiliado ex gobernador Manfred Reyes Villa.
“En Cochabamba es común ver vicios de incompatibilidad como poner de fiscal a un sobrino del ex ministro Juan Ramón Quintana (Mauricio Julio Quintana) en demandas contra opositores o nombrar fiscales a ex funcionarios del Ejecutivo, como el caso de Juan Pedro Ortuño que hasta hace poco era abogado del gobierno en los juicios contra el ex vocero de Reyes Villa y hoy es fiscal”, denunció.
Por su parte el presidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) Marcelo Varnoux Garay, consideró que el rol de los fiscales es “patético”, “represor” y de corte “paramilitar”.
“Por ejemplo, el caso de los fiscales (Ministerio Público) es patético. La actuación de la gran mayoría de esos funcionarios es servil y funcional al poder. Son los nuevos "paramilitares" que en vez de armas de fuego, disponen discrecionalmente de los instrumentos normativos y la infraestructura estatal para cumplir el triste papel de represores”, aseguró.
Rechazó que fiscales se presten a irregularidades procesales como ir a reuniones, sin solicitar autorización superior y sin respetar el procedimiento legislativo. “A tal extremo ha llegado el sometimiento que altos dirigentes del MAS se dan el lujo de citar a los fiscales para ‘recabar informes’ sin respetar los procedimientos y las formas democráticas que juraron defender”, agregó.
“Los parlamentarios tienen facultades de fiscalizar a otros órganos, pero hay procedimientos y mecanismos legislativos para ejercer formalmente esa jurisdicción; hay Peticiones de Informe Escritas u Orales que pueden ser expedidas, pero no convocar verbalmente a reuniones subrepticias”, aseguró Varnoux.
ANF