Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: 1561: Nuestra lucha
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El Día: Incongruencias petroleras
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El Día: Bolítica
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El Día: ‘Azucarazo’ de Emapa
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El Día: ¿Valió la pena?
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Los Tiempos: ¿HACIA DÓNDE MARCHAMOS?
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El Deber: Vamos por el satélite
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Cambio: Superávit por quinto año consecutivo
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La Prensa: Subvenciones, excepciones y donaciones
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El Diario: Fuerza y soberbia contra la libertad de expresión
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El Mundo: Desubicado
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Opinión: El Defensor del Pueblo pone en evidencia graves deformaciones
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Clarín, Argentina: El incremento en la presión fiscal
El Día: 1561: Nuestra lucha
Pensando en Voz Alta
El argentino Levillier escribió que nuestra historia es “patética en su sostenido heroísmo”. Este “sostenido heroísmo” se traduce en la constante lucha que hemos sostenido los cruceños –casi desde el mismo momento de la fundación—para ocupar el lugar que nos corresponde y ser protagonistas de nuestra propia historia.
Los cruceños nacimos a la historia como una “sociedad de frontera”. Esto significa tener como misión la defensa de la heredad y, por otra parte, estar lejos de todas partes, lo que significa estar aislados. La lucha se inició con Cristóbal de Mendoza, como ya lo hemos visto hace un par de semanas. Después de esta rebeldía, que fue ahogada con sangre, durante el período colonial la lucha fue por la sobrevivencia y por mantener los escasos privilegios que nos había otorgado la corona. “Eran hermosos como el sol y pobres como la luna”, dice Gabriel René Moreno de los cruceños de esa época.
La creación de la república paradójicamente nos acercó al Estado, porque ya no pertenecíamos a un inmenso imperio que era como una enorme telaraña cuyo centro era Madrid que cada vez era más lejano y ajeno; pero al mismo tiempo nos alejó, pues mientras que Sucre primero y La Paz después eran mucho más cercanas que Madrid, la política andinocentrista nos alejó cada vez más. Pienso que la apreciación que tuvo D’Orbigny de que a los cruceños no les interesaba para nada la política nacional es una verdad a medias. No les interesaba la politiquería criolla que se practicaba encerrada entre montañas, pero sí le interesaba la política de Estado, por eso es que los cruceños hemos tenido visión de país. Esto se demostró claramente en 1868 cuando la dirigencia cruceña protestó por el tratado de límites que la política andinocentrista había firmado con Brasil y que según este manifiesto nos estaba cerrando nuestro paso al Atlántico.
Uno de los momentos estelares de nuestra lucha la constituye, sin lugar a dudas, el Memorándum de 1904. Se trata, no me cansaré de repetirlo, de uno de los documentos más luminosos de la historia nacional. La dirigencia cruceña defiende los intereses cruceños y se lanza frontalmente a la lucha con argumentos sólidos e inteligentes en el que se muestra un país formado en su mayor parte por llanuras y montañas. Este documento, entre otras cosas sentó las bases de lo que debería ser nuestra lucha y estableció claramente que, porque tenemos una clara visión de país, Santa Cruz es primero.
A mediados del siglo XX se reactivó nuestra lucha. Para ello los cruceños enarbolamos la bandera de las regalías petroleras: hacer realidad la ley del 11%. Para ello se creó una institución para que lleve adelante esta lucha, el Comité pro Santa Cruz. La lucha fue larga y desigual; una lucha con altibajos que en muchos momentos pareció condenada al más absoluto fracaso. Sin embargo, después de mucha sangre, sacrificios y lágrimas, se logró el objetivo y se inició una nueva etapa de nuestra historia. Y la lucha siguió y se consiguió la elección democrática de los alcaldes primero y de los prefectos después; y se empezó la gran batalla por las autonomías departamentales, que es una lucha pendiente en la que se han perdido batallas, pero no la guerra.
Si miramos atrás a nuestra historia inmediata fácilmente caemos en la cuenta de que las victorias que hemos conseguido en nuestra lucha han sido gracias al trabajo tesonero de una dirigencia que ha sabido dirigir a un pueblo con un objetivo común, dejando de lado intereses subalternos. En estos últimos años los cruceños lamentablemente hemos caído en ciertos vicios que nos han hecho perder de vista nuestro objetivo principal y en muchos casos los propios cruceños nos hemos convertido en nuestros propios verdugos. Creo que la conmemoración de los 450 años de nuestra ciudad es el momento oportuno de dejarnos de complejos, de pedir permisos, de querer convertir a nuestro Comité pro Santa Cruz en un remedo de sindicato y una vez más tener claro que primero es Santa Cruz.
El Día: Incongruencias petroleras
Tribuna.
El gasolinazo de Navidad y su posterior abrogatoria ha obligado a las autoridades del sector a explicar la versión gubernamental sobre la situación petrolera del país, forzándolos a realizar un recorrido por diferentes medios de comunicación. Las opiniones de analistas y de innumerables “expertos” se convirtieron en una avalancha, que pretendió contenerse con extensas explicaciones del Ministro de Energía e Hidrocarburos y del Presidente de YPFB.
Las autoridades se vieron obligadas a aceptar hechos que hasta entonces no habían sido admitidos como verdades y surgieron contradicciones que pusieron al descubierto la precariedad y el deterioro del desarrollo petrolero al que llevaron las políticas equivocadas del Gobierno en los últimos cinco años. Si algo de tangible se pudo obtener del conflictivo gasolinazo es que se ha demostrado que la política petrolera del Gobierno no tiene resultados positivos y que en tanto no se la rectifique mayores serán los costos económicos y políticos para el propio gobierno y para el país. Sería conveniente que los diseñadores de políticas tomen esto muy en cuenta.
Veamos algunos aspectos de la controversia desatada por las explicaciones del Gobierno.
Sobre las reservas.
El presidente de YPFB afirmó que “…() las reservas probadas de gas natural certificadas por Degolyer & MacNaughton (D&M), a diciembre de 2004, de 26,7 TCF son ficción”, que las reservas un año después eran de algo más de 12 TCF’s. Sin embargo de lo anterior, las mismas autoridades decidieron utilizar las cifras del año 2004 para elaborar los planes estratégicos de desarrollo (PND, Estrategia de Hidrocarburos y otros). Esto que no se puede llamar equivocación, ha sido un engaño masivo a la población para crear la imagen de un emporio petrolífero en Bolivia capaz de sacarla de la pobreza. Es por eso que ha tardado cinco años en contratar una nueva empresa certificadora de reservas y ahora, cuando los estudios están concluidos, se niegan a hacerlos públicos, a transparentarlos.
Pero la crisis del gasolinazo ha despertado otra duda que puede ser más grave aún: ¿Cuáles son las reservas de petróleo? A modo de adelanto y como ejemplo, se puede afirmar que las reservas de petróleo del Bloque Mamoré (en el cual se encuentran los campos, Surubí, Surubí NW y Paloma), que de acuerdo al informe de D&M tenía reservas remanentes de 6,9 millones de barriles (MMBls), ahora, de acuerdo al informe preliminar de Ryder Scot estas son de 5,4 MMBls, lo que quiere decir que la reserva probada de este bloque cayó en 21% y significa que en tres años y medio este Bloque se habrá agotado.
YPFB incentivará la exploración
El mismo Presidente de YPFB afirmó que como mecanismo para incentivar la exploración, se devolverá, a la empresa que haya culminado proyectos exploratorios con descubrimientos comerciales, todas las inversiones que haya efectuado en la fase exploratoria. Este incentivo no es ninguna novedad, se encuentra en aplicación desde inicios del año pasado mediante la Resolución 089 del Ministerio de Hidrocarburos. La política exploratoria del Gobierno, como se viene reiterando en varios artículos, no tiene futuro y el anuncio de viejas medidas como esta, solo tiene el propósito de engañar a la población, las petroleras no se tragaron el anzuelo. Si se desearía dinamizar la exploración, el Gobierno tendrá que revisar todo el pesado andamiaje armado desde el 2007.
Importación de gasolina.
El gobierno se ha negado sistemáticamente a aceptar que se importa gasolina para abastecer el mercado interno. Según la versión oficial sólo se importaron insumos y aditivos para elevar el octanaje de una gasolina de baja calidad producida en las refinerías bolivianas. Después del gasolinazo, las autoridades tuvieron que admitir que se importó gasolina el año 2010 por un monto de 85 millones de dólares. Ese momento les convino decir la verdad porque servía para justificar la elevación de precios.
El Día: Bolítica
Es preocupante que la formación que ofrecen las comunidades religiosas estén en peligro u obstaculizado por proyectos de Ley que amenazan con crear un monopolio estatal en materia escolástica, como sucede en algunos países de América".
Benedicto XVI
SUMO PONTÍFICE DE LA IGLESIA CATÓLICA
Se dice que: El presidente Evo Morales negó que en Bolivia exista un monopolio mediante la aplicación de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez y criticó a los sectores que se oponen a la nacionalización de la educación".
Antes de la aplicación de la nueva CPE había un monopolio, una religión, la Iglesia católica era como el Estado, ahora, cuando se trata de buscar igualdad, hay protestas. Por supuesto tenemos la obligación de nacionalizar la educación".
Evo Morales
Presidente de Bolivia
El Día: ‘Azucarazo’ de Emapa
Bajo el Penoco
Lo dice uno de los diarios que conforma la red oficialista de información en una nota titulada: “El azúcar que sale de Bolivia sin control vale el doble en el Perú”: “Nadie controla el contrabando de alimentos en la frontera con Perú. Cada martes y viernes los camioneros bolivianos llegan a Desaguadero con azúcar, arroz, soya y harina. El azúcar es el producto más demandado en la ‘feria’ boliviana”, dice la noticia. El reportaje no habla de mamaderas ni de llamas y menos de burros o mulas y en la primera línea del texto enfatiza que todo ese movimiento comercial se produce “a plena luz del día”. Como el Estado Plurinacional, la Aduana y las poderosas Fuerzas Armadas “de la panadería” parecen no enterarse de lo que sí son capaces de ver los periodistas, el Gobierno, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción (¿no será importación?) de Alimentos (Emapa) ha decidido aumentar el precio del azúcar en un 11,63 por ciento, con el objetivo de evitar la especulación. Que conste que por estos días ha empezado a venderse azúcar importada por los ingenios, los que han solicitado que ese producto subsidiado por privados, no termine en la mesa de los peruanos.
El Día: ¿Valió la pena?
Editorial
Acaban de cumplirse cuatro años del oprobio ocurrido en la ciudad de Cochabamba, el 11 de enero de 2007. Ese hecho marcó el inicio de una serie de enfrentamientos fratricidas entre bolivianos promovidos por el Gobierno que han cobrado decenas de vidas humanas y han dejado heridas profundas que tardarán mucho en sanar. Después aquel “enero negro” vinieron “La Calancha”, “El Porvenir”, “Tiquipaya”, “Caranavi”. ¿Valió la pena?
La pregunta parece cínica, pero es necesario que se la hagan los numerosos seguidores que tiene Maquiavelo en el Gobierno del MAS para quienes “el fin justifica los medios”. Esos mismos aventureros, herederos de una tradición facinerosa que asegura que la sangre y la violencia son las parteras de la historia, se propusieron la refundación de Bolivia y, creídos de que estaban conduciendo una revolución, no ahorraron esfuerzos en la aplicación de métodos propios del más crudo estalinismo para eliminar a sus enemigos.
Ha quedado demostrada la forma vil y sañuda con la que actuaron los agentes políticos del MAS en Cochabamba y los otros sitios donde corrió sangre y se produjeron horrendos crímenes que siguen impunes por el desinterés de las autoridades judiciales controladas por el Poder Ejecutivo. Los objetivos del oficialismo fueron cumplidos. Casi todas las plazas del país fueron conquistadas ya sea por la violencia, el fraude o las maniobras pseudo legales aplicadas en los últimos meses. Nadie duda que en Bolivia Evo Morales desató una guerra y él ha resultado ganador. Y otra vez llega la pregunta ¿valió la pena?
La pregunta cobra vigencia y la reflexión resulta imprescindible después de que se ha puesto en evidencia que tanto empeño, tanta violencia y muerte, apenas han servido para apuntalar un régimen hueco, sin proyecto, sin perspectivas de cambio, fracasado en lo económico y sin posibilidades de cambiar el triste mapa social del país.
El MAS tampoco puede huir de la responsabilidad por las muertes en la denominada “Guerra del Gas” de octubre de 2003, episodio que marcó el inicio de aquella política de recuperación de los recursos naturales y que terminó en la mal llamada nacionalización de los hidrocarburos. Esa también fue sangre derramada en vano, no sólo porque jamás puede haber una muerte justificable, sino porque todo el proceso nacionalizador resultó un fracaso y derivó en la destrucción de toda la industria gasífera nacional.
Todo ha sido vanidad, porque hoy el MAS ya ni siquiera conserva el discurso que proponía inclusión y dignidad para los bolivianos. Mejor dicho, ya nadie le cree. Los únicos que viven bien son los de siempre y por supuesto, los contrabandistas, los narcotraficantes, los cocaleros y los del Gobierno, con sus aviones, sus helicópteros, sus 20 ministerios, sus viajes y sus restaurantes, donde –como nuevos ricos-, ni siquiera preguntan por los precios.
¿Valió la pena? es la pregunta que deben hacerse los que proponían cambio y acabaron con la democracia y la libertad; los que hablaban de industrialización y convirtieron al país en importador de hidrocarburos; los que se declararon enemigos de la producción y la inversión y están amenazados por una grave crisis alimentaria; los que prometían justicia y llevaron al país al odio y la venganza.
La pregunta cobra vigencia y la reflexión resulta imprescindible después de que se ha puesto en evidencia que tanto esfuerzo, tanta violencia y tanta muerte, apenas han servido para apuntalar un régimen hueco, sin proyecto, sin perspectivas de cambio, fracasado en lo económico y sin posibilidades de cambiar el triste mapa social del país.
Los Tiempos: ¿HACIA DÓNDE MARCHAMOS?
Si no fuera que hay muchas lagunas a la hora de explicar este proceder, se podría creer que existe la disposición de destruir la institucionalidad vigente
La arremetida del oficialismo en contra de la Iglesia, de los medios y de aquellos opositores que mediante voto han copado algún espacio del Estado ha permitido que pasen sin la importancia que tienen varias acciones que parecería están dirigidas a dar fin con la institucionalidad vigente.
De hecho, la forma en la que se abordó el tema de los precios de los carburantes es un ejemplo de ello. De funcionar el sistema democrático, medidas como la promulgación del decreto incrementando los precios, y a los días el decreto eliminándolo, hubieran ocasionado que los parlamentarios, así estén en receso, presionen para convocar a sesiones extraordinarias y exijan informe al gabinete y generen un debate que pudiera dar luces sobre el rumbo a tomar.
Pero ni al presidente del Estado ni a su gabinete les importó nada ese teórico primer poder del Estado. Lo que produjo los cambios y les provocó angustias fueron las movilizaciones sociales y la decisión de la población de resistir en las calles esa medida. Fue determinante que el primer mandatario se reuniera con sus bases cocaleras para que ordene dar un paso atrás, así esté convencido de que no es la decisión correcta.
En el campo municipal, la destitución de los alcaldes de la oposición que ganaron las elecciones del pasado abril está dando lugar a que las diferentes corrientes del MAS -divididas, como se comprueba día que pasa, por intereses cantantes y sonantes y no tanto por razones ideológicas- conviertan ese espacio en botín de guerra que se reparten sin rubor y eludiendo la ley. Y el Órgano Electoral, que en situaciones de esta naturaleza está obligado a organizar elecciones ante las renuncias que se han presentado, pone pretextos a cual más irrelevante para no cumplir su deber.
Se debe sumar la entrega de dinero a los alcaldes fuera de los canales establecidos para realizar obras a través del programa "Evo cumple" (presumiblemente financiado por Venezuela). Seguramente esta experiencia ha hecho que el Presidente decida hacer lo mismo, ahora con recursos del Tesoro General, para realizar obras de riego a simple entrega de un proyecto. ¿De qué sirve toda la normativa creada dificultosamente desde que se recuperó la democracia en el ámbito municipal en 1985 y que se especializó con la Ley de Participación Popular e incluso la Ley de Autonomías? Para nada. El Presidente "benefactor" concede dinero a su arbitrio sin que importen las leyes vigentes.
Algo similar ha ocurrido con el pedido de agradecimiento que ha hecho el primer mandatario a las mujeres, pues, a su criterio, él les ha abierto muchas oportunidades de trabajo en el Estado. Se repite, lamentablemente, la figura del benefactor que da dádivas a sus vasallos, por las cuales estos le deben lealtad y sumisión.
Si no fuera que hay muchas lagunas a la hora de explicar este proceder, se podría creer que existe la disposición de destruir la institucionalidad vigente para, presuntamente, crear una nueva. Es decir, una vez que su arribo al poder fue por elecciones y no por revolución, sólo les queda este camino para conseguir que una cúpula dirigencial tenga el control total de la sociedad, como con transparencia anunció el Vicepresidente hace algunos meses.
El Deber: Vamos por el satélite
Sin más esfuerzo que levantar dócilmente la mano, el pleno de la Cámara de Diputados -donde la mayoría oficialista lleva la voz cantante- acaba de dar luz verde al contrato de préstamo para la compra del satélite de comunicaciones Tupac Katari, que le costará al Estado boliviano la friolera de $us 250 millones que serán financiados por el Banco de Desarrollo de China. Es posible deducir que será cuestión de mero trámite que la operación pronto sea aprobada en su totalidad.
Se tiene informado de que para la cobertura del millonario emprendimiento se echará mano de las reservas internacionales mientras se espera que Naciones Unidas facilite la asistencia técnica sobre las posiciones en órbita y bandas de frecuencia del satélite.
Las explicaciones de la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, a los parlamentarios sobre los alcances de la operación financiera y las bondades del costoso artefacto que construirán los chinos para permitir a los bolivianos comunicarse alcanzando los niveles del Primer Mundo, terminaron apagando las protestas de la bancada opositora, que cuestionó la inversión en el satélite por su excesivo costo para el país.
El satélite chino junto al avión presidencial representan las más elevadas erogaciones de recursos económicos encaradas en los últimos tiempos por el Gobierno nacional, aunque para la compra de la aeronave, que es la principal ‘herramienta de trabajo’ del jefe de Estado, no se siguieron los procedimientos que son de rigor en estos casos.
Otra millonada, unos $us 100 millones, se prevé gastar en equipamiento militar y de logística encargado a Rusia para las Fuerzas Armadas bolivianas. Queda por negociar el monto final del crédito y sus condiciones. En tanto, y como para desterrar las susceptibilidades del vecindario en el continente ante la anunciada operación, el Gobierno ha descartado que esté ingresando en una carrera armamentista indicando que el acuerdo con los rusos únicamente permitirá la reposición de material obsoleto de las FFAA.
Es conveniente hacer notar que la próxima incorporación de Bolivia a la ‘era satelital’ viene a cristalizar un sueño del presidente Evo Morales en el marco de unas ‘políticas macro’ en beneficio de todos los bolivianos y que él describió sin mayores detalles.
Nadie en su sano juicio podría oponerse al desarrollo tecnológico del país. Los entendidos en el asunto han explicado que poseer un satélite propio facilitaría y abarataría los costos para los bolivianos en muchos sectores como el de las telecomunicaciones, el acceso a la Internet, además del fomento a las actividades científicas y económicas.
Vamos por el satélite. Aunque no es precisamente el mejor momento para gastarse un montón de plata cuando en un país de tantas carencias como el nuestro otras son las prioridades. Cuando en imagen y credibilidad se ha registrado un brusco descenso del Gobierno mientras entre su hartazgo y angustia la ciudadanía sigue formando largas colas detrás de un kilo de azúcar o de una bolsa de cemento en la mayoría de las ciudades del país.
En tales circunstancias y otras igualmente preocupantes, como el agio y la especulación en los centros de abastecimiento o el brote mortal de la epidemia del dengue en Beni, anteponer la compra de un satélite suena a desconocimiento de la lacerante realidad nacional.
Cambio: Superávit por quinto año consecutivo
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, aseguró ayer que nuestra economía registró — durante la gestión 2010— un superávit fiscal del 2%; lo que certifica el responsable manejo de la macroeconomía boliviana, pese al boicot de sectores opositores que —a través de analistas y jefes políticos— difundieron infundadas versiones sobre el supuesto "fracaso" de la gestión económica del gobierno nacional.
Es que el superávit fiscal, que se da por quinto año consecutivo a partir del año 2006, cuando inicia la actual gestión gubernamental y luego de 66 años de permanente y crónico déficit fiscal, desnuda esas posturas políticas maquilladas de "informes" de presuntas entidades serias y de trascendidos como el ya famoso "se dice que…", que provocó el 29 de diciembre del pasado año una corrida de 200 millones de dólares del sistema financiero nacional.
Las cifras oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB) señalan que el año 2006 cerró con un superávit fiscal del 4,5%; el 2007 llegó a 1,7%; el 2008 el superávit fue de 3,2%; el 2009 se registró 0,1% y el año 2010 llegó al 2%. Es decir, los ingresos de Bolivia fueron mayores a sus gastos, lo que refleja una estabilidad macroeconómica sólida y el responsable manejo de los recursos públicos por parte de las autoridades.
En ese sentido, Morales informó que evaluó los indicadores económicos para elaborar su informe de gestión que será comunicado a todo el país este 22 de enero, primer aniversario de su gestión de gobierno en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.
Por eso el Primer Mandatario expresó que se sentía "muy contento, muy alentado, ya informaremos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (…), mediante ustedes, los periodistas, al pueblo boliviano; son muy alentadores los datos, aunque no siempre muy fácilmente se puede erradicar la pobreza, la extrema pobreza". Asimismo, Morales destacó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la gestión 2010 superará el 4%, aunque aclaró que fenómenos naturales, como la sequía y el paro que se dio en el departamento de Potosí, mermó ese crecimiento económico.
Como efecto de la sequía —a lo que se sumaron los incendios forestales— el año pasado la producción de algunos productos agrícolas se redujo en alrededor del 30%; en tanto que el paro que enfrentó Potosí por 19 días en agosto también paralizó parte de la economía nacional y redujo el impulso al crecimiento.
Al cuestionar los criterios de algunos analistas económicos que dicen que la economía boliviana crece por los altos precios de las materias primas en el mercado internacional, el Presidente sostuvo: "Yo puedo demostrarles a esos economistas, que hemos crecido en números, en números sobre temas financieros, temas económicos, pero también en volúmenes".
Y por el buen desempeño económico, las calificadoras Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poor´s destacaron la gestión gubernamental y por ello subieron la calificación de riesgo de Bolivia por tres gestiones consecutivas.
Además, la fortaleza de la economía boliviana impidió que el sistema finciero sea seriamente afectado tras las desafortunadas declaraciones del empresario Samuel Doria Medina, quien, la noche del 28 de diciembre pasado, difundió el rumor artero en sentido que el gobierno boliviano decretaría una drástica devaluación del dólar respecto del boliviano, lo que causó una millonaria corrida financiera. A este rumor se sumaron irresponsables versiones sobre supuestos corralitos financieros, congelamientos de depósitos y otros que intentaron desestabilizar el sistema financiero y generar confusión y preocupación entre la población.
Lo que los "terroristas financieros" —apóstoles del rumor falaz y malintencionado— no tomaron en cuenta es que ese tipo de medidas no son parte, de ninguna manera, de las políticas económicas del gobierno ni del Banco Central de Bolivia, y olvidaron, ofuscados por sus intereses políticos, que la estabilidad económica y financiera del país es patrimonio de todos los bolivianos.
El ente emisor ratificó que el sistema financiero presenta actualmente una gran fortaleza, porque la calidad de los préstamos es alta, la mora es de sólo el 2,5%, mientras que en 2005 —antes de la posesión como presidente de Evo Morales—, la mora era de 10,08%. Por otra parte, las entidades financieras cuentan con una elevada liquidez como para atender toda la demanda de crédito de todas las empresas bolivianas.
Y como si fuera poco, el Banco Central de Bolivia posee un nivel históricamente alto de reservas internacionales: 9.898 millones de dólares al 28 de diciembre de 2010. Es decir, un monto mayor al de los depósitos totales del sistema (9.240 millones de dólares) y más del doble de los depósitos en moneda extranjera (4.248 millones de dólares).
Estas cifras son las que certifican la fortaleza del modelo boliviano y desnudan las mentiras sobre las que una oposición, que añora un pasado marcado por el privilegio y el saqueo de la patria, intenta sembrar dudas y cizaña respecto de la salud de nuestra economía.
Las positivas cifras macroeconómicas certifican la fortaleza del modelo boliviano y desnudan las mentiras sobre las que una oposición, que añora un pasado marcado por el privilegio y el saqueo de la patria, intenta sembrar dudas y cizaña sobre la salud de nuestra economía.
La Prensa: Subvenciones, excepciones y donaciones
Gran mentira que la subvención de los hidrocarburos beneficia sobre todo a las mayorías empobrecidas; lo mismo vale para el régimen simplificado y menos para el microcrédito.
De manera general, los privilegiados con la subvención de los hidrocarburos desde el 2000 (Banzer) —cuando ya YPFB invirtió en exploración como nunca, de cuyos exitosos pozos encontrados varios fueron después regalados a multinacionales— son los mismos favorecidos con la creación del régimen simplificado en 1990 (Paz Zamora) y con los Fondos Financieros Privados (FFP) en1995 (Sánchez de Lozada).
Están los productores del agro cruceño propietarios de equipos, máquinas pesadas y camiones de alto tonelaje, usualmente dueños de importantes patrimonios, a los que por simpatías políticas pasadas concedieron tierras fiscales y apoyaron con aranceles preferenciales, autores parciales del incremento de la inflación del 2008, que resultó más acción política opositora y enriqueció a la banca con las OMA’s del BCB para absorber liquidez excedentaria.
Luego los del transporte público, familias propietarias de puestos en mercados y de kioscos callejeros, explotadores de menores, contrabandistas también y actividad campesina para sacar provecho de tierras comunitarias; al presente presionan para que el decreto del régimen simplificado tenga rango de ley. Es la nueva burguesía propietaria de inmuebles y que también escuda a muchos importadores grandes. Medidas demagógicas atentatorias contra el erario público desde el 2000 y los que pagan impuestos desde 1990.
Finalmente, las ONG’s, varias convertidas en FFP’s, cuyas carteras crecieron ya no con créditos a los pobres para que se conviertan en microproductores —la nueva fuerza productiva de Bolivia, cantar inicial utilizado para atraer importantes recursos internacionales concesionales al 2% año y donaciones para otorgarles créditos al 65% año—, sino favoreciendo a los comerciantes del régimen simplificado. En parte, ahora varias cumplen su rol cobrando intereses promedio del sistema financiero ¡Bravo! Pero no faltó la que desde marzo 2010 retiró 200 empleados y no quiso saber más de microcréditos, originada con know how y how to do boliviano, para transformarse en banco, a tiempo de proyectarse como multinacional reemplazando sus principios y capitales sociales iniciales por meras utilidades para sus accionistas, actuando como simples capitalistas, así como otra, que con lo ganado vendiendo su FFP S.A. y para que no digan que es guarida con buenos sueldos de muchos que tuvieron roles importantes en los gobiernos anteriores al 2006, por lo menos está entrando fuertemente al crédito rural. Sin que falte la dedicada a los créditos educativos, cuyos ejecutivos se miman más que el objetivo de sus tareas.
¿Seguimos insistiendo en que las subvenciones a los hidrocarburos y régimen simplificado favorecen a los pobres? En algo sí los microcréditos.
Economista
Francisco Xavier Iturralde Jahnsen
El Diario: Fuerza y soberbia contra la libertad de expresión
El Gobierno, pese a las múltiples condenas del país en defensa de la libertad de pensamiento, de la que deriva la libertad de expresión -bien que es propiedad indiscutible de todo ser humano-, aprobó un reglamento por el cual aplicará el derecho de la fuerza y la soberbia para imponer lo que cree que debe ser la conducta de los medios, de los periodistas, editorialistas, analistas y escritores que cumplen la labor diaria de informar y orientar a la colectividad nacional.
La aprobación de dicho reglamento resulta, en la práctica, una especie de castigo por haber protestado contra la ley antirracismo y discriminación que en sus artículos 16 y 23, impone condiciones de vida y existencia de periodistas y medios de comunicación; un castigo que seguramente el Gobierno considera que será “ejemplarizador” (término utilizado por muchos dictadores en la historia del mundo).
¿Quiénes serán los “analistas” y juzgadores de la comunicación social, de la conducta de profesionales que dedican su vida y tiempo a servir al país? ¿Qué preparación y autoridad moral tendrán los que impongan normas de conducta a la comunicación social? ¿Qué será publicable o no en criterio de “sabios por reglamento” que asumirán las funciones de violadores constantes o censores de las libertades de prensa y comunicación?
El futuro se oscurece cada vez más frente a disposiciones del Gobierno que hacen temer todo y dejan en la indefensión a empresas periodísticas, televisivas y radiales conjuntamente periodistas que saben lo que es la libertad, que viven y entienden la extensión de estos beneficios para toda la comunidad y para el mismo Gobierno que dicta las medidas restrictivas.
Dada la situación planteada, surgen incógnitas difíciles de entender y menos responder: ¿no es posible comprender que la libertad de pensamiento es algo inalienable, incuestionable, indestructible, absolutamente personal, irremplazable, importante, prioritaria para la vigencia de las libertades que consagra la Constitución Política del Estado y la Declaración de Derechos Humanos, ambas aceptadas y propugnadas por el régimen que trata de violarlos en toda forma?
Si en el país se está supeditado al juicio, personal y arbitrario, de empleados que respondan sólo al régimen y sus razones, ¿cuál puede ser el futuro de la Democracia en que se supone vivimos, de las libertades que practicamos, de las esperanzas que precisamos mantener en mejores días para el país? ¿Cuál será la seguridad y tranquilidad del propio régimen si atenta contra un principio que es de su propia conveniencia?
Conforme se producen los hechos siempre contrarios a la libertad de expresión, surge la impresión de que se busca, con el estilo netamente comunista, implantar sólo medios de comunicación que respondan a los intereses del Gobierno y su partido; que nadie pueda publicar nota, comentario, análisis o artículo sobre cualquier tema si éste no ha sido aprobado por los dueños de la libertad suprimida. ¿Se va al cierre de muchos medios de comunicación con miras a implantar sólo la comunicación en empresas dependientes del régimen político?
El momento es preocupante y angustiante; es, además, imprevisible y contrario a toda lógica que justifique las medidas aprobadas. Anulada la libertad de expresión, se anulan todas las libertades, y la democracia en que vivimos dejará de serlo, porque se habrá pasado, de hecho, a un régimen netamente dictatorial.
El Mundo: Desubicado
El pleito que se ha desatado entre en Secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza y el obierno de Venezuela, nos obliga a dar un paseo sobre las últimas actuaciones de ese personaje que tuvo oportunidad de estar en nuestro país, cuando lo escuchamos en declaraciones que eran diametralmente opuestas a las que ahora expresa.
Hemos recalcado en reiteradas oportunidades sobre las acciones del Gobierno que resultan copia fiel de lo que sucede en Venezuela, inspirada a su vez por el comunismo cubano y que como ya lo dijo el mismo Fidel Castro, no lleva a ninguna parte.
Recodemos que Insulza, cuando se encontraba de visita en nuestro país, tuvo oportunidad de expresar su admiración por la marcha de la democracia boliviana, que en el fondo tiene las mismas características de la venezolana.
En la mencionada oportunidad, el Secretario de la OEA mostró su respaldo a las declaraciones que buscaban un entorpecimiento de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica y que más adelante se fue acentuando contra todas las iglesias cristianas e inclusive otras que trabajan en el país al amparo de la Constitución Política, la que contempla la libertad de cultos.
El señor Insulza puso también especial énfasis en lo que entonces era un proyecto de Ley Contra el Racismo y la Discriminación y que dentro de su contenido, tiene dos artículos que expresan claramente la intención de sancionar a los medios y los periodistas que con su trabajo informativo no satisfagan los intereses de los gobernantes.
Recordemos que en ese momento, la posición del Secretario de la OEA contradecía expresiones de la Sociedad Interamericana de Prensa y de los representantes de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quienes ponían en evidencia el riesgo que corría con esa norma, el derecho a la libertad de expresión y más que todo el derecho a la información que son expresamente nombrados, no solo en los documentos de la ONU sino también el carta de la OEA.
En la actualidad, el secretario de la OEA se ha convertido en un critico del gobierno venezolano, por la acumulación de poderes en manos del presidente Chávez, que le permite manejar a su arbitrio los destinos de su país y que dentro de esa forma de actuar, ha tenido mano dura con los medios de comunicación con el cierre de varios canales de televisión y estaciones de radio.
El hecho de que el mencionado representante hubiera preferido, en situaciones muy parecidas, asumir posiciones diferentes muestra claramente la falta de principios y hace ver que en su condición de diplomático, prefiere caer simpático antes que salir por los fueros de la institución que representa y que tiene bajo el mismo paraguas a los países de Unasur que se ha constituido en un proyecto neosocialista que acepta diferentes tipos de posiciones y los otros que incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, que también forma parte de la organización y tiene su sede en la capital de ese país.
Sería conveniente conocer la opinión de Insulza sobre el tema Cossio, que actualmente mantiene la atención internacional, sobre las relaciones entre el Gobierno y las autoridades paraguayas que en buena parte, aprovechan la situación actual para recordar el amparo que se dio a los autores de un asesinato cometido en ese país.
Opinión: El Defensor del Pueblo pone en evidencia graves deformaciones
El informe elaborado por el Defensor del Pueblo, en cualquier lugar del mundo, aun en los países menos avanzados jurídicamente, hubiese sido motivo de grandes debates y movilizaciones, aquí muy pocos y quizá nadie le ha dado la importancia que tiene. Los medios de comunicación son víctimas de acontecimientos escandalosos y secundarios, no logran ver los asuntos de fondo. El informe al que nos referimos, pone en evidencia no sólo debilidades, sino faltas fundamentales en relación con el sistema de principios, valores y normas que hacen de los grupos humanos categorías históricas trascendentes. No tenemos el documento completo, pero los aspectos esenciales que han sido publicados, demuestran que el Defensor del Pueblo ha cumplido valiente y honestamente su función.
La entidad a la que representa el Dr. Rolando Villena es uno de los avances más importantes en la horizontalización del poder. Se trata de una estructura concebida y organizada para defender a la población frente a los excesos, abusos y delitos del poder constituido. Desde el siglo XVIII, quienes toman el poder, pretenden hacernos consentir que lo hacen a nombre del pueblo y para defender al pueblo. Los que concibieron la entidad a la que nos referimos, pusieron en evidencia algo que todos soportaban sin poder explicarse claramente las razones y los modos de poner en evidencia ese sistema represivo. En esa línea de razonamiento, la verdad es que el Estado, es una forma política que prolonga lo esencial de todo orden en el que muy pocos se atribuyen la facultad de dominar a la mayor parte de la población.
La Defensoría del Pueblo es pues, como su nombre lo dice, una estructura moderna encargada de poner en evidencia los actos del poder constituido que siendo, aparentemente, favorables a la colectividad, no son sino ideas y acciones que limitan la libertad e imponen obligaciones a favor de los que mandan y en relación más amplia en beneficio de los grupos de donde surge ese poder que esencialmente es opuesto a la libertad de la gente. Lamentablemente, todavía no tiene los medios ni las condiciones necesarias como para equilibrar la fuerza del sistema impuesto. Los de arriba, a nombre de la democracia, siguen restringiendo la libertad de la gente e imponiéndole obligaciones injustas. El mantenimiento de la burocracia represora significa mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Con lo que se gasta, paradójicamente, en la mantención de los que restringen la existencia de la gente, se podría haber resuelto necesidades fundamentales de la población. Desde el punto de vista de la producción y de la productividad, la administración pública, es decir, muchas personas no producen absolutamente nada, cobran a los súbditos por el poder que ejercen sobre los súbditos.
El Defensor del Pueblo, en una actitud, ciertamente novedosa y valiente, se refiere a 15 derechos humanos vulnerados, entre los que están la vida misma, la seguridad, la presunción de inocencia y los medios de los que la gente debe disponer para defenderse de ese poder que bajo varias formas ficticias atenta contra las personas. El desafío consiste en descubrir que el informe de este funcionario revela la realidad y en algunos aspectos no precisamente en su dimensión total. Este documento, a esta hora, debería haber sido analizado en todos los sectores de la población y con mayor exigencia en las universidades, en los colegios de profesionales, en los medios de comunicación, en todos los lugares donde todavía sobrevive la pasión auténtica por el honor y la libertad. Lo lamentable es que muy pocos han tomado este informe en su verdadero significado. Parece que para los bolivianos de la actualidad, los derechos humanos y la libertad quedan subordinados a los pequeños objetivos en el marco de un pragmatismo no sólo conservador sino retrógrado.
Clarín, Argentina: El incremento en la presión fiscal
En los últimos años el Gobierno aumentó sustancialmente el gasto público, el cual fue financiado fundamentalmente con el incremento de la presión impositiva. Según un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en 2003 la presión tributaria fue del 24% del PBI, un porcentaje superior al alcanzado en la década precedente. Aún así, a partir de ese momento siguió creciendo llegando al 31,6% en la actualidad. Esta evolución se explica por el incremento en la recaudación de impuestos al cheque y de retenciones, pero también de impuestos al consumo y de Ganancias, tributo que, debido al atraso en la actualización de los mínimos, alcanza cada vez más a trabajadores de ingresos altos.
La creciente presión tributaria afecta, a los contribuyentes individuales que, en promedio, deben aportar al fisco 83 días de sus ingresos. Para las empresas y los productores que pagan retenciones, la carga impositiva implica una reducción de beneficios y un desaliento a la inversión.
La creciente obligación tributaria, sería aceptable, no obstante, si estuviera destinada a financiar gastos e inversiones públicas razonables desde el punto de vista del bienestar general y realizadas con transparencia.
Pero el gasto público está compuesto por enormes partidas de subsidios de destino y efecto dudoso, por inversiones sospechadas de favoritismos y sobreprecios y por un gasto social distribuido en función de intereses clientelares y no de racionalidad social.
El Gobierno aumentó la presión fiscal a niveles históricos. Los ingresos financian gastos e inversiones afectadas por falta de transparencia, sobreprecios y arbitrariedad.