¿Democracia sin comunismo, de Alfredo Stroessner? O ¿democracia sin imperialismo, de Evo Morales? Ambos extremos ideológicos tienen un factor común: rechazan toda oposición a un proyecto político totalitario. En la Bolivia de Evo Morales no es posible expresar disenso. El Estado de derecho se convirtió en una utopía, de la mano de fiscales y jueces fieles al MAS, antes que a la Constitución Política del Estado, sostienen especialistas en derecho constitucional.
Alfredo Stroessner no aceptaba el disenso con el argumento de que los comunistas deseaban destruir su “revolución pacífica”.
Evo Morales rechaza todo cuestionamiento con el argumento de que los disidentes son “agentes de la Embajada yanqui”.
El objetivo final de ambos extremos de la derecha y la izquierda es destruir la capacidad de la sociedad civil para resistir a un proyecto político totalitario. Evo Morales no lidera un proyecto democrático, su gobierno tiene todas las características de una dictadura.
Resulta paradójico comprobar cómo organizaciones de izquierda de Paraguay cierran filas en torno a Evo Morales, mientras condenan las consecuencias de la dictadura de Alfredo Stroessner en nuestro país.
Peor aún, personas que fueron perseguidas por Stroessner aceptan que Morales tenga en la cárcel a disidentes. En la penitenciaría de San Pedro, en La Paz, 22 bolivianos se declararon perseguidos políticos por no comulgar con el régimen. Para Evo Morales son “agentes del imperialismo”.
En Paraguay, los opositores a Stroessner eran “agentes del comunismo ateo”. Palabras más, palabras menos, el resultado es el mismo: ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a disentir.
Sin derecho a trabajar
Carlos Alarcón, periodista, analista político, docente universitario, no puede ejercer su profesión. Vive de lo poco que gana enseñando en la universidad, con el temor de que en cualquier momento el Gobierno pueda modificar la autonomía universitaria.
“Aún puedo trabajar porque la autonomía universitaria se defiende contra viento y marea, pero el Gobierno ya dio señales de que busca quebrar ese espacio de libertad”, comentó.
Alarcón definió a los centros universitarios como “burbujas de libertad”. En su opinión, el gobierno de Evo Morales no ataca directamente la autonomía universitaria para evitar cuestionamientos de los movimientos juveniles.
“Opta por perseguir dirigentes, arrinconar a rectores y consolidar grupos del Movimiento Al Socialismo para copar la dirigencia. El resultado es el inocultable temor a involucrarse en política, porque esa posibilidad es fuente de problemas”, agregó.
¿La vida en Bolivia? A esta pregunta respondió de la siguiente forma: “Existe miedo, es mejor no hablar mucho. No opinar sobre política y tratar de que el tiempo pase. El ciudadano boliviano sabe que los opositores tienen como destino seguro la cárcel de San Pedro y nadie quiere arriesgarse”.
Del mismo modo que es mejor cerrar la boca, también es necesario ser militante del MAS para intentar un puesto público. “Al Gobierno no le interesa idoneidad, menos aún honestidad. Basta con participar de las movilizaciones del MAS para asegurar trabajo en la administración pública”.
Estado de derecho, utopía
El abogado Alarcón, especialista en derecho constitucional, fue lapidario: “En Bolivia no existe un Estado de derecho. Las leyes se convirtieron en una utopía y el Gobierno controla todas las instancias legales”.
Como ejemplo, mencionó que el presidente Morales nombró por decreto a los miembros de la Corte Suprema, sin participación del Congreso. Todos los ministros son militantes activos del MAS.
“La represión interna está a cargo de agentes del Ministerio Público.
Los fiscales, en su mayoría jóvenes recién egresados de la Facultad de Derecho, se encargan de inventar procesos contra toda persona que pretenda ejercer su derecho de libertad de opinión”, señaló.
Sobre los jueces, dijo que “los magistrados se limitan a cumplir lo que disponen los fiscales, de esta forma se obtiene visos de legalidad en los procesos. Esto se nota sobre todo en los juicios penales. Muchos magistrados honestos optaron por retirarse, porque no tenían alternativa”.
Manifestaciones públicas
Las marchas lideradas por la oposición o grupos sociales disidentes raramente son reprimidas con violencia por la Policía Nacional: los efectivos policiales se ocupan de resguardar el área mientras agentes de la fiscalía se ocupan de tomar fotografías.
La gente siente mayor temor a una cámara fotográfica en manos de fiscales que a las cachiporras de los policías. Una foto en una concentración de la oposición puede ser suficiente para recibir una citación y de allí a un proceso penal, apenas se tiene un paso.
En caso de represión policial, una buena corrida puede ser suficiente para salvarse de golpes, en cambio ¿cómo librarse de la prueba que significa una fotografía en poder de la fiscalía?
Esto explica el miedo de la ciudadanía boliviana en general. Aparte, el gobierno de Morales demostró que es capaz de modificar leyes solo para mantener en la cárcel a opositores, tal como le sucedió a Leopoldo Fernández.
ABC – Paraguay